viernes, 12 de mayo de 2017

EL CICLO POLÍTICO DEL AGUA: CAUDALES TURBULENTOS



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LA CORRUPCIÓN LA PODEMOS PINTAR DE AZUL, TIPO PP; ROJO-AZULINO-PSOE; COLOR PNV O MAS-MACIONALISTA QUE EL COPÓN. PERO ESENCIALMENTE EMPIEZA POR D (D = DINERO QUE ME LLEVO DEL ERARIO PÚBLICO, Y OYES, LOS PARDILLOS A LOS QUE ROBO, NOI, QUE NI SE ENTERAN, Y ENCIMA ME VOTAN Y VOTAN Y VUEVEN A VOTAR, LOS PECES EN EL RIO NO ME ENCHIQUERARÁN. Y SE REPITE EL ESTRIBILLO. COMO TE LO ESTOY CONTANDO, COLEGUI)



EL GRUPO AGBAR HA SIDO EL MAYOR DONANTE A CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA ENTRE 2008 Y 2013 VÍA FUNDACIONES (895.000 EUROS A CATDEM Y 695.000 A BARCELONA FÒRUM)

Aigua és vida/Agua es vida es la mejor fuente para un seguimiento detallado de la privatización del agua en Cataluña. En “Así funcionaba la trama de Aquagest para quedarse con el agua” (14/11/2014), refiere el modus operandi de Agbar. Relojes a 6.000 euros, viajes, vino, jamones, estancias en hoteles de lujo…; las prácticas inveteradas. En una de las grabaciones, Laíño se quejaba de las trabas del secretario de Santiago de Compostela a un contrato que ya había cerrado con un exalcalde imputado y dimitido; en otra se jactaba de tener controlada la provincia de Ourense gracias a sus contactos con un asesor del omnipotente y proceloso presidente de la Diputación, José Luis Baltar. Esta organización destaca una práctica generalizada: la privatización provoca una caída en la calidad del suministro y cita como ejemplo el caso del municipio orensano de Punxín.

Allí el precio se triplicó; antes se conoció un trasiego de asesorías caras –veremos luego que los bufetes son una pieza clave en la fase de precipitación–, encargadas de elaborar informes aconsejando la privatización. En paralelo, la calidad del agua se deterioró. Seprona y el Servicio de Vigilancia Aduanera acusaron a la empresa de un delito contra la salud pública por proporcionar a sabiendas agua contaminada de arsénico; aunque la llegada del tóxico no fue culpa de la empresa, esta siguió utilizando el agua sin eliminar el arsénico y cuando se vio obligada utilizó una sustancia potabilizadora prohibida para el agua de boca.

Agua es vida, la plataforma formada por asociaciones vecinales y ecologistas de Cataluña, ha llegado a la conclusión, tras analizar los gastos de Agbar, de que el 56% del coste de la factura en 23 municipios de Barcelona no tiene que ver con el servicio del agua per se, sino con partidas vinculadas a créditos, impuestos, publicidad y beneficios (El País, 03/10/2014).

El agua, como la sanidad, se ha convertido en un filón. Pero como dice un principio de la economía elemental, nada es gratis. Los beneficios son bombeados en un proceso típico de la economía de la oferta.

Desde la Federación de vecinos y vecinas de Barcelona, Lluís Rabell denunciaba en su blog en Público (29/03/2013) que, en noviembre de 2012 y con los votos favorables de CiU y PSC, se constituyó por atribución directa y sin mediar concurso una nueva sociedad mixta –85% Agbar y 15% pública– en el área metropolitana, acuerdo acompañado de la entrega de 190 millones a Agbar[5]. Rabell exponía que en el año anterior, en los municipios dependientes de Agbar, se habían iniciado más de 72.000 expedientes de corte de agua por impago de recibo y que el Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua excluía a la representación del movimiento vecinal.

La justicia, ¿se moja o se pringa?

Seguimos la pista de Agbar en un episodio que no registraron las isobaras mediáticas del Mediterráneo, en cuya ribera tiene sede con emblema de torre. En efecto, fue la revista asturiana Atlántica XXII (22/07/2016) la que nos hacía saber que “Agbar dio cursos de formación a jueces durante cuatro años”. La noticia es de tal calado que uno tiene la obligación de contrastarla. En Google, las frases “Agbar” + “cursos de formación a jueces”, remiten todas –a menudo reenvíos en redes– a este artículo de Carlos Mier. Por eso hay que dar rodeos para cerciorarse. Diferentes documentos elaborados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dejan constancia de estas amistades peligrosas. La fundamental es el “Convenio marco de colaboración entre el CGPJ y la Fundación Agbar para la realización de actuaciones conjuntas en materia de formación”, firmado en Madrid el 20 de diciembre de 2011 por Félix V. Azón Vilas y Ramón Camp i Batalla, por parte del CGPJ, y Ángel Simón Grimaldos y Ciril Rozman Jurado, por parte de la Fundación.

El objetivo es “la realización de actuaciones conjuntas en materia de formación, con la finalidad de ampliar conocimientos (…) medioambientales, con miras a la creación de un foro permanente sobre Derecho de Aguas”. Se fija su duración desde el día de la firma hasta finales de 2012, prorrogándose anualmente, salvo que cualquiera de las partes exprese su deseo en contra. Hay diferentes actas que dan cuenta de la operatividad del Convenio. Así, el punto 19 del Pleno celebrado el 31/05/2012 registra la aprobación “de la participación de los miembros de la Carrera Judicial que se contienen en el Anexo III, en el ‘Encuentro con Aguas de Barcelona: Foro de Derecho del Agua’, actividad integrada en el marco del Plan Estatal de Formación” a celebrar en Barcelona los días 28 y 29 de junio de 2012”. Establece las comisiones de servicio y licencias por estudios, así como un gasto de 12.134 euros para la realización del encuentro. En la reunión de la Comisión Permanente de 25/03/2014 se acuerda aprobar “la participación de los integrantes de la Carrera Judicial que como titulares se recogen en el Anexo III […] en el ‘III Foro de Derecho del Agua’ que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria los días 5 y 6 de junio, organizado por Agbar y el CGPJ”. Se aprueba un presupuesto de gasto para la actividad, recogido en el mismo anexo (no accesible). En la permanente de 03/06/2014 se concede comisión de servicio a la vocal Roser Bach Fabregó para desplazarse al curso como ponente[6]. Por último, la Comisión Permanente de 29/10/2015 concluye así (p. 43):

AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA PÚBLICO-PRIVADA CONTROLADA POR AGBAR, TRAS AUMENTAR SUS BENEFICIOS UN 38% EN 2015, PROPUSO UNA SUBIDA DE LAS TARIFAS EN UN 1,68% EN 24 MUNICIPIOS, INCLUIDA LA CAPITAL

“Acusar recibo y toma conocimiento del escrito y documentación presentada por el partido SOBERANIA, representado por José Luis Mazón Costa, mediante el que solicita que el CGPJ rescinda el convenio firmado el 16 de diciembre de 2011 con la Fundación Agbar. Realizar los trámites necesarios en orden a denunciar el Convenio marco de colaboración entre el CGPJ y la Fundación Agbar para realizar actividades conjuntas en materia de formación […] por lo que el convenio dejará de surtir efecto el día 1 de enero de 2016”.

No hay, sorprendentemente, la menor explicación para la decisión. Tampoco de por qué no se atendió la reclamación muy anterior de un conjunto de organizaciones pidiendo un poder judicial independiente en temas de agua[7]. Sabemos por diferentes fuentes –la transparencia no es una cualidad del hidrobusiness– que a finales de septiembre del 2012 cerca de una treintena de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de diferentes comunidades autónomas y de la Audiencia Nacional participaron en las sesiones de trabajo que se celebraron en la Torre Agbar bajo el nombre de Foro de Derecho de Aguas, con el objetivo de ampliar su formación. El foro fue inaugurado por el presidente de Agbar, al que acompañaban la plana mayor de la multinacional y el presidente de La Caixa y copropietario de la empresa, Isidro Fainé. Pero había más compañías, como la consejera de Justicia de la Generalitat y abogada del Estado en excedencia –el consorcio público-privado, una vez más–, Pilar Fernández Bozal, que pronunció estas palabras proféticamente cristalinas[8]:

“El agua es un bien escaso que dentro de muy poco tiempo no podrá sostenerse. Eso de los usos generales, gratuitos, a los que todos, más nuestros abuelos que nosotros, estábamos acostumbrados, no será posible. Por eso debemos trabajar todos juntos en una única dirección, poner en común obligaciones, necesidades y esos problemas que tiene el poder judicial para aplicar la normativa. No es sencillo. Hacer llegar esas dificultades al sector económico o al sector que se ocupa de la gestión de las aguas tiene su importancia y su valor”. (Atlántica, julio 2016)

El acuerdo suscrito con el CGPJ venía a instruir a los jueces sobre el sentido de las decisiones en caso de conflicto entre la ciudadanía y la empresa; y en tal sentido, establecía que la asistencia a los cursos vendría acreditada por “la expedición de diplomas o acreditaciones” extendidos conjuntamente por ambas instituciones. Podemos imaginar la predisposición del acreditado de vuelta a su jurisdicción en caso de encontrarse ante un contencioso que implicara a la compañía que le acreditó. Como señala Carlos Mier, el zorro estableciendo las reglas de convivencia con las gallinas. Naturalmente, la empresa aseguraba el alojamiento de los participantes cuyos nombres permanecen en el secreto; pero la revista pudo saber que asistieron jueces de toda España. Como se ha señalado en la nota lacónica recogida, el convenio se canceló no por iniciativa del CGPJ y pese a las dimensiones cuantitativas y cualitativas de los casos de corrupción que afectaban a Agbar, sino por la denuncia de un colectivo de abogados agrupados en el partido Soberanía. Su representante –sigo a Carlos Mier–, José Luis Mazón Costa, se refiere a que tras los delitos consignados en el auto –sobornos, pagos en negro, compra de voluntades– utilizados por Agbar para lograr la adjudicación de concursos, “ver a los magistrados del TSJ acudiendo a actos de su fundación es como ver a jueces que acuden a reuniones de un grupo presuntamente mafioso”.
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