(3/ 5 )
LA CORRUPCIÓN LA PODEMOS
PINTAR DE AZUL, TIPO PP; ROJO-AZULINO-PSOE; COLOR PNV O MAS-MACIONALISTA QUE EL
COPÓN. PERO ESENCIALMENTE EMPIEZA POR D (D = DINERO QUE ME LLEVO DEL ERARIO
PÚBLICO, Y OYES, LOS PARDILLOS A LOS QUE ROBO, NOI, QUE NI SE ENTERAN, Y ENCIMA
ME VOTAN Y VOTAN Y VUEVEN A VOTAR, LOS PECES EN EL RIO NO ME ENCHIQUERARÁN. Y
SE REPITE EL ESTRIBILLO. COMO TE LO ESTOY CONTANDO, COLEGUI)
EL
GRUPO AGBAR HA SIDO EL MAYOR DONANTE A CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA
ENTRE 2008 Y 2013 VÍA FUNDACIONES (895.000 EUROS A CATDEM Y 695.000 A BARCELONA
FÒRUM)
Aigua
és vida/Agua es vida es la mejor fuente para un seguimiento detallado de la
privatización del agua en Cataluña. En “Así funcionaba la trama de Aquagest
para quedarse con el agua” (14/11/2014), refiere el modus operandi de Agbar.
Relojes a 6.000 euros, viajes, vino, jamones, estancias en hoteles de lujo…;
las prácticas inveteradas. En una de las grabaciones, Laíño se quejaba de las
trabas del secretario de Santiago de Compostela a un contrato que ya había
cerrado con un exalcalde imputado y dimitido; en otra se jactaba de tener
controlada la provincia de Ourense gracias a sus contactos con un asesor del
omnipotente y proceloso presidente de la Diputación, José Luis Baltar. Esta
organización destaca una práctica generalizada: la privatización provoca una
caída en la calidad del suministro y cita como ejemplo el caso del municipio
orensano de Punxín.
Allí
el precio se triplicó; antes se conoció un trasiego de asesorías caras –veremos
luego que los bufetes son una pieza clave en la fase de precipitación–,
encargadas de elaborar informes aconsejando la privatización. En paralelo, la
calidad del agua se deterioró. Seprona y el Servicio de Vigilancia Aduanera
acusaron a la empresa de un delito contra la salud pública por proporcionar a
sabiendas agua contaminada de arsénico; aunque la llegada del tóxico no fue
culpa de la empresa, esta siguió utilizando el agua sin eliminar el arsénico y
cuando se vio obligada utilizó una sustancia potabilizadora prohibida para el
agua de boca.
Agua
es vida, la plataforma formada por asociaciones vecinales y ecologistas de
Cataluña, ha llegado a la conclusión, tras analizar los gastos de Agbar, de que
el 56% del coste de la factura en 23 municipios de Barcelona no tiene que ver
con el servicio del agua per se, sino con partidas vinculadas a créditos,
impuestos, publicidad y beneficios (El País, 03/10/2014).
El
agua, como la sanidad, se ha convertido en un filón. Pero como dice un
principio de la economía elemental, nada es gratis. Los beneficios son
bombeados en un proceso típico de la economía de la oferta.
Desde
la Federación de vecinos y vecinas de Barcelona, Lluís Rabell denunciaba en su
blog en Público (29/03/2013) que, en noviembre de 2012 y con los votos
favorables de CiU y PSC, se constituyó por atribución directa y sin mediar
concurso una nueva sociedad mixta –85% Agbar y 15% pública– en el área
metropolitana, acuerdo acompañado de la entrega de 190 millones a Agbar[5].
Rabell exponía que en el año anterior, en los municipios dependientes de Agbar,
se habían iniciado más de 72.000 expedientes de corte de agua por impago de
recibo y que el Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua
excluía a la representación del movimiento vecinal.
La
justicia, ¿se moja o se pringa?
Seguimos
la pista de Agbar en un episodio que no registraron las isobaras mediáticas del
Mediterráneo, en cuya ribera tiene sede con emblema de torre. En efecto, fue la
revista asturiana Atlántica XXII (22/07/2016) la que nos hacía saber que “Agbar
dio cursos de formación a jueces durante cuatro años”. La noticia es de tal
calado que uno tiene la obligación de contrastarla. En Google, las frases
“Agbar” + “cursos de formación a jueces”, remiten todas –a menudo reenvíos en
redes– a este artículo de Carlos Mier. Por eso hay que dar rodeos para
cerciorarse. Diferentes documentos elaborados por el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) dejan constancia de estas amistades peligrosas. La fundamental
es el “Convenio marco de colaboración entre el CGPJ y la Fundación Agbar para
la realización de actuaciones conjuntas en materia de formación”, firmado en
Madrid el 20 de diciembre de 2011 por Félix V. Azón Vilas y Ramón Camp i
Batalla, por parte del CGPJ, y Ángel Simón Grimaldos y Ciril Rozman Jurado, por
parte de la Fundación.
El
objetivo es “la realización de actuaciones conjuntas en materia de formación,
con la finalidad de ampliar conocimientos (…) medioambientales, con miras a la
creación de un foro permanente sobre Derecho de Aguas”. Se fija su duración
desde el día de la firma hasta finales de 2012, prorrogándose anualmente, salvo
que cualquiera de las partes exprese su deseo en contra. Hay diferentes actas
que dan cuenta de la operatividad del Convenio. Así, el punto 19 del Pleno
celebrado el 31/05/2012 registra la aprobación “de la participación de los
miembros de la Carrera Judicial que se contienen en el Anexo III, en el
‘Encuentro con Aguas de Barcelona: Foro de Derecho del Agua’, actividad
integrada en el marco del Plan Estatal de Formación” a celebrar en Barcelona
los días 28 y 29 de junio de 2012”. Establece las comisiones de servicio y
licencias por estudios, así como un gasto de 12.134 euros para la realización
del encuentro. En la reunión de la Comisión Permanente de 25/03/2014 se acuerda
aprobar “la participación de los integrantes de la Carrera Judicial que como
titulares se recogen en el Anexo III […] en el ‘III Foro de Derecho del Agua’
que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria los días 5 y 6 de junio,
organizado por Agbar y el CGPJ”. Se aprueba un presupuesto de gasto para la
actividad, recogido en el mismo anexo (no accesible). En la permanente de 03/06/2014
se concede comisión de servicio a la vocal Roser Bach Fabregó para desplazarse
al curso como ponente[6]. Por último, la Comisión Permanente de 29/10/2015
concluye así (p. 43):
AIGÜES
DE BARCELONA, EMPRESA PÚBLICO-PRIVADA CONTROLADA POR AGBAR, TRAS AUMENTAR SUS
BENEFICIOS UN 38% EN 2015, PROPUSO UNA SUBIDA DE LAS TARIFAS EN UN 1,68% EN 24
MUNICIPIOS, INCLUIDA LA CAPITAL
“Acusar
recibo y toma conocimiento del escrito y documentación presentada por el
partido SOBERANIA, representado por José Luis Mazón Costa, mediante el que
solicita que el CGPJ rescinda el convenio firmado el 16 de diciembre de 2011
con la Fundación Agbar. Realizar los trámites necesarios en orden a denunciar
el Convenio marco de colaboración entre el CGPJ y la Fundación Agbar para realizar
actividades conjuntas en materia de formación […] por lo que el convenio dejará
de surtir efecto el día 1 de enero de 2016”.
No
hay, sorprendentemente, la menor explicación para la decisión. Tampoco de por
qué no se atendió la reclamación muy anterior de un conjunto de organizaciones
pidiendo un poder judicial independiente en temas de agua[7]. Sabemos por
diferentes fuentes –la transparencia no es una cualidad del hidrobusiness– que
a finales de septiembre del 2012 cerca de una treintena de magistrados del
Tribunal Superior de Justicia de diferentes comunidades autónomas y de la
Audiencia Nacional participaron en las sesiones de trabajo que se celebraron en
la Torre Agbar bajo el nombre de Foro de Derecho de Aguas, con el objetivo de
ampliar su formación. El foro fue inaugurado por el presidente de Agbar, al que
acompañaban la plana mayor de la multinacional y el presidente de La Caixa y
copropietario de la empresa, Isidro Fainé. Pero había más compañías, como la
consejera de Justicia de la Generalitat y abogada del Estado en excedencia –el
consorcio público-privado, una vez más–, Pilar Fernández Bozal, que pronunció
estas palabras proféticamente cristalinas[8]:
“El
agua es un bien escaso que dentro de muy poco tiempo no podrá sostenerse. Eso
de los usos generales, gratuitos, a los que todos, más nuestros abuelos que
nosotros, estábamos acostumbrados, no será posible. Por eso debemos trabajar
todos juntos en una única dirección, poner en común obligaciones, necesidades y
esos problemas que tiene el poder judicial para aplicar la normativa. No es
sencillo. Hacer llegar esas dificultades al sector económico o al sector que se
ocupa de la gestión de las aguas tiene su importancia y su valor”. (Atlántica,
julio 2016)
El
acuerdo suscrito con el CGPJ venía a instruir a los jueces sobre el sentido de
las decisiones en caso de conflicto entre la ciudadanía y la empresa; y en tal
sentido, establecía que la asistencia a los cursos vendría acreditada por “la
expedición de diplomas o acreditaciones” extendidos conjuntamente por ambas
instituciones. Podemos imaginar la predisposición del acreditado de vuelta a su
jurisdicción en caso de encontrarse ante un contencioso que implicara a la
compañía que le acreditó. Como señala Carlos Mier, el zorro estableciendo las
reglas de convivencia con las gallinas. Naturalmente, la empresa aseguraba el
alojamiento de los participantes cuyos nombres permanecen en el secreto; pero
la revista pudo saber que asistieron jueces de toda España. Como se ha señalado
en la nota lacónica recogida, el convenio se canceló no por iniciativa del CGPJ
y pese a las dimensiones cuantitativas y cualitativas de los casos de
corrupción que afectaban a Agbar, sino por la denuncia de un colectivo de
abogados agrupados en el partido Soberanía. Su representante –sigo a Carlos
Mier–, José Luis Mazón Costa, se refiere a que tras los delitos consignados en
el auto –sobornos, pagos en negro, compra de voluntades– utilizados por Agbar
para lograr la adjudicación de concursos, “ver a los magistrados del TSJ acudiendo
a actos de su fundación es como ver a jueces que acuden a reuniones de un grupo
presuntamente mafioso”.
*++
No hay comentarios:
Publicar un comentario