LA VENGANZA DEL JUEZ
LLARENA
En sus autos
judiciales, el juez del Tribunal Supremo distorsiona la realidad de lo
ocurrido en Cataluña hasta extremos difíciles de creer
Eldiario.es
24.03.2018
La
vida política de Cataluña está en manos de un juez del Tribunal Supremo con tal
capacidad de fabulación que es capaz de reescribir los acontecimientos que han
tenido lugar en esa comunidad autónoma en el último año. La desconexión
total con la realidad en boca de un político o periodista puede ser
criticable, o debe serlo, pero en el caso de un juez es mucho más grave
por afectar de forma inevitable a derechos fundamentales.
Pablo
Llarena ha decidido este viernes el ingreso en prisión incondicional
de Jordi Turull, que es candidato a la presidencia de la
Generalitat, y de Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull.
Todos ellos tendrán que responder de su actuación política y de los delitos por
los que se les acusa, pero tienen derecho a permanecer en libertad a la espera
de juicio a menos que se den una serie de circunstancias muy concretas.
En la argumentación de esas
circunstancias, Llarena distorsiona la realidad de lo ocurrido en Cataluña
hasta extremos difíciles de creer. En sus diez folios, conmina a los acusados a
renunciar a sus pecados porque los considera culpables antes de que se celebre
el juicio. Y ni aun así podrían acceder a la libertad condicional, porque
tendrían que pasar por el análisis psicológico que hace el
juez, y ahí tienen todas las de perder.
Con
Llarena, no es posible sostener que se esté aplicando el principio de
presunción de inocencia de los acusados. Va más allá, les niega en la práctica
el derecho de los políticos encarcelados a creer que son inocentes. Es
más, lo considera poco menos que un agravante que impide su puesta en libertad
tras su declaración.
"Y
puesto que esos argumentos [con los que justificaban su desobediencia de las
decisiones judiciales del año pasado] son los mismos que les llevan a entender
que no han perpetrado delito alguno, como han manifestado en la mañana de hoy,
puede concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento
potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor
vaya a ser permanente, ni por su consideración general al papel de la justicia,
ni porque acepten la presunta ilegalidad de la conducta que determina la
restricción de sus derechos".
"En
su esfera psicológica interna", escribe Llarena en calidad de perito
psicólogo, aunque antes había escrito que "lamentablemente es de imposible
percepción cuál pueda ser la voluntad interna de los procesados". Unos
párrafos después, lo imposible pasa a ser evidente.
No
aprecia que vayan a respetar las decisiones del instructor del caso, porque
además no aceptan "la presunta ilegalidad" de sus actos. Si se
consideraran culpables antes del juicio, se supone que la cosa sería
diferente.
"El
acatamiento de la decisión del Tribunal se producirá mientras su voluntad no
cambie", afirma en un castellano no muy claro. Es probable que quiera
decir que 'no habrá acatamiento del tribunal hasta que cambien su voluntad'.
Nos
encontramos ante una situación similar a la que se produjo tras la decisión de
la Audiencia Nacional sobre el encarcelamiento de Oriol Junqueras y varios
exconsellers. El entonces fiscal general José Manuel Maza afirmó en una
entrevista que la decisión jurídica sobre la situación personal de
los imputados podría haber sido diferente si hubieran acatado la
Constitución en su declaración ante la jueza de la Audiencia Nacional. Si los
acusados hubieran manifestado una determinada opinión política, la
decisión del fiscal y la jueza podría haber sido otra. “A lo mejor alguna cosa
hubiera cambiado”, explicó.
Quedó
claro entonces como ahora que la Justicia no está sólo valorando hechos, sino
también ideas políticas. No son sólo los actos que realizaste en calidad de
alto cargo de una Administración los que pueden negarte la libertad
condicional, al considerarse la gravedad del delito, sino también tus
opiniones.
Pœnitentiam agite:
appropinquavit enim regnum cælorum (Arrepentíos. El Reino del Cielo está cerca).
En el otro auto en el que procesa a
Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los demás líderes independentistas,
Llarena pone a prueba su imaginación y da a entender que los acusados
estuvieron a punto de conseguir sus objetivos, una opinión personal que no creo
que comparta mucha gente informada o en su sano juicio. Todo con la
intención de justificar la imputación del delito de rebelión, que exige una
intención, planificación y ejecución de actos violentos que nadie ha visto y
que aparentemente podrían haber concedido la victoria a los acusados.
Explica
que la actuación violenta requiere tres elementos, y que uno de ellos debe ser
de entidad suficiente para que pueda "doblegar la voluntad de aquel contra
quien se dirige". La idea de que el Estado podía doblegarse sólo por
la manifestación ante la Conselleria de Economía, por las declaraciones de los
políticos independentistas o por la celebración de la consulta del 1 de octubre
es tan absurda que casi no es necesario ni refutarla.
Los
acontecimientos posteriores al 1-O lo dejan claro, y también lo ocurrido tras
las elecciones. El Estado nunca estuvo indefenso ante el reto independentista.
La actuación de los tribunales y la decisión del Gobierno de aplicar el 155
desmienten con claridad esa supuesta capacidad de los acusados de someter
a las instituciones a su voluntad con ayuda de la violencia.
Pero
si Llarena se refiere estrictamente a la concentración ante la Conselleria
cuando agentes de la Guardia Civil estaban realizando un registro en su
interior, la cosa es aún peor. Sostiene que esa noche hubo "una real
restricción de la capacidad de actuación" del Estado a causa de la
presencia en la calle de miles de personas.
El
hecho evidente es que los agentes realizaron en el interior del edificio las
funciones que tenían encomendadas durante el tiempo que necesitaron. La
concentración sí impidió su salida normal, que tuvo que aplazarse varias horas,
sin que nunca quedara claro por qué algunos agentes sí pudieron salir unas
cuantas horas antes que los otros.
La
responsabilidad de los mandos de los Mossos por no haber despejado la calle
antes (después sí hubo cargas de los antidisturbios de los Mossos) será la que
dicten los tribunales si ese es el caso. Afirmar que el presunto carácter
violento del desafío independentista empieza y acaba en lo ocurrido esa
noche a la hora de justificar un ingreso en prisión es algo que se puede hacer
en un artículo de opinión publicado en un medio de comunicación, pero no en un
auto judicial que limita derechos fundamentales. Al autor de ese artículo se le
puede llamar manipulador, pero está en su derecho de manifestar esa opinión. Un
juez del Tribunal Supremo no es un editorialista ni un tertuliano.
Pero
parece que Llarena no resiste lo que podríamos llamar la tentación del
tertuliano cabreado y se lanza a un símil, esa figura retórica tan maltratada
en los programas de televisión. Compara la actuación violenta ante la
Conselleria con "un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al
aire", que podría ser una comparación estrambótica con
los guardias civiles de Tejero entrando a tiros en el Congreso en el golpe del
23F.
Di
lo que quieras de los tertulianos más airados pero al menos no meten a la gente
en prisión con sus elucubraciones. No se puede decir lo mismo de Llarena.
Para
hacer ostentación del peligro que suponía el enemigo, Llarena se convierte en
propagandista involuntario de la fortaleza política de los indepes (recordemos
que intenta argumentar que estuvieron a punto de conseguir su objetivo de la
independencia) hasta el punto de referirse a " un armazón internacional
desarrollado en los últimos años para la defensa de sus planteamientos y, por
tanto, en condiciones de prestar un soporte eficaz".
Muy
eficaz. Cualquiera que haya visto el ridículo internacional sufrido por los
independentistas (Puigdemont llegó a afirmar en pleno delirio en un mitin que
el Departamento de Estado y Jean-Claude Juncker prácticamente habían reconocido
la voluntad de los catalanes de formar un Estado propio). El
reconocimiento internacional que estaba casi hecho no apareció por ninguna
parte, como era previsible, excepto el apoyo recibido de los partidos
ultranacionalistas flamencos.
El
"armazón internacional" sólo existe ahora en la cabeza de Llarena, y
quizá antes en las de Romeva y Puigdemont.
Más
allá de la responsabilidad jurídica de cada uno de los encausados, estamos ante
un problema político gravísimo que no tendrá solución si no se reconstruye la
convivencia política y social en Cataluña. Tampoco será posible si los
políticos independentistas asumen su parte de responsabilidad en el fracaso de
su estrategia.
A
lo más que han llegado algunos es a afirmar que no contaban con que el Estado
reaccionara con tanta agresividad contra Cataluña, lo que es un argumento tan
penoso como falso, porque esa era una de las razones con las que justificaban
su campaña independentista.
Vendieron
a sus votantes que eso estaba hecho y que sólo tenían que depositar un voto en
una urna. La confusión del campo independentista después del 1-O y la inmensa
decepción de sus bases por una secesión que sólo duró ocho segundos han
sido la principal consecuencia de una estrategia política que sólo podía
conducir a la derrota.
Pero
ahí ha aparecido en su rescate el juez Llarena, que se presenta como el
cirujano de hierro y salvador de la patria que acabará con la enfermedad y que
lo único que conseguirá es perpetuar este cisma durante una generación. No se
puede gobernar un país desde un despacho del Tribunal Supremo y menos con la
visión deformada de la realidad de la que hace gala este magistrado.
*
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