Sánchez e Iglesias se topan con la austeridad
Entrada en vigor de la reforma del Art. 135
Eduardo Bayona
Vientosur
Público.es
11.01.2020
El nuevo
Gobierno de Pedro Sánchez será el primero de la historia de España que además
de cuadrar sobre el papel los Presupuestos Generales del Estado vaya a verse obligado
a hacer casar en la práctica el resultado de gestionar esas cuentas con los
límites que impone la ley: el pasado 1 de enero entró en vigor la polémica, por
austeritaria, reforma del artículo 135 de la Constitución por la que el PSOE de
José Luis Rodríguez Zapatero y el PP de Mariano Rajoy impusieron, con el único
apoyo de los foralistas de UPN, topes al déficit y al endeudamiento de las
administraciones.
La aplicación
de la reforma incluye la paradoja de que en el primer Ejecutivo que va a tener
que asumirla, que afronta retos como reducir el desfase presupuestario en
más de 25.000 millones de euros y rebajar la deuda pública en más de medio
billón, vaya a haber ministros de Podemos y de IU, las dos formaciones
políticas que mayor oposición han mostrado a ese cambio de normas: los morados abogan por suprimirla e Izquierda Unida por que
el gasto social pase a ser prioritario frente a la
amortización y el pago de intereses de la deuda.
La modificación
de la Carta Magna, la segunda que sufre el texto tras la que en 1992 reconoció
a los ciudadanos comunitarios el derecho a votar y ser votados en las
elecciones locales, fue aprobada en un vertiginoso proceso de apenas dos meses
entre julio y septiembre de 2011, aunque con dos condiciones temporales: una
moratoria de nueve años que establecía que “los límites de déficit estructural
establecidos en el artículo 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor
a partir de 2020” y un plazo de nueve meses para que la ley orgánica que debía
desarrollarla, la de Estabilidad Presupuestaria, estuviera vigente antes de que
terminara junio de 2012.
Esa reforma,
además de obligar a ayuntamientos, comarcas y diputaciones a “presentar
equilibrio presupuestario”, imponía a la Administración central del Estado y a
las comunidades autónomas el “principio de estabilidad presupuestaria”, que
consiste enlimitar el “déficit estructural máximo permitido” y en
poner un tope al endeudamiento público que solo pueden superar en caso de
“catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia
extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen
considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o
social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del
Congreso de los Diputados”. Todo, sin referencias a los eventuales efectos que
una regulación de ese tipo pueda tener en los servicios públicos que costean
los ciudadanos con sus impuestos.
"Ninguna
Administración podrá incurrir en déficit"
La ley que
desarrolla la reforma indica que a partir del 1 de enero de 2020 “ninguna
Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural”, aunque, en la
práctica, permite alcanzar “en el conjunto” de ellas un desfase del 0,4% del
PIB, “o el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior”,
al que, en todo caso, habría que restarle el que pueda arrojar la Seguridad
Social.
Y,
paralelamente, limita al 60% del PIB el nivel de endeudamiento que pueden
soportar las institucionescon un reparto de topes que sitúa en el 44% el de
la Administración central, en un 13% el de las comunidades y en un 3% el de las
entidades locales. Las autonomías que superen ese límite en relación con la
riqueza de su territorio “no podrá(n) realizar operaciones de endeudamiento
neto”.
Esas reglas,
teniendo en cuenta las magnitudes oficiales del PIB, tanto el estatal como los autonómicos que marca
el INE (Instituto Nacional de Estadística), y su cruce con los registros del
déficit que ofrece la IGAE (Intervención
General de la Administración del Estado), indican que en 2018 el Gobierno
central habría rebasado su límite de descuadre (0,4% del PIB) en 25.687
millones de euros, lo que le obligaría a reducirlo a menos de la sexta parte.
Eso, para el
2018, que fue el último ejercicio con los datos cerrados. En los tres primeros
trimestres pasados, entre enero y septiembre de 2019, el déficit acumulado
alcanzó los 50.067 millones de euros.
El descuadre
sigue creciendo
En cuanto a las
comunidades autónomas, el cruce de esos mismos datos dibuja tres grupos
claramente diferenciados en el que destacan las cinco que cerraron el 2018
con superávit, caso de Asturias, Canarias, Galicia, Navarra y Euskadi.
Por el
contrario, otras ocho (Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y La Rioja) lo cerraron con déficit,
aunque inferior al que permite la nueva norma, mientras las cuatro restantes
rebasaban ese tope: Andalucía por 171 millones, Catalunya por 91, la
Comunitat Valenciana por 1.131 (lo triplicó con creces) y Murcia por 292.
Varias
comunidades seguían superando los niveles vigentes desde el comienzo de 2020 al
cierre del mes de octubre de
2019, en algunos casos con peores registros que los del año anterior.
Los 420.000
millones de Rajoy
La homogeneidad
es mayor en el apartado de la deuda: tanto la Administración central
como las 17 comunidades autónomas superaban con claridad los
límites que marca la reforma del 135 al finalizar 2018, según los datos del
Banco de España.
El desfase
superaba el medio billón de euros (518.286 millones) en el Gobierno central,
donde los equipos económicos de Mariano Rajoy dejaron una profunda huella de
422.930 millones de endeudamiento (pasó de 743.043 a 1.165.973 entre el cierre
de 2011 y la primavera de 2018), mientras rondaba los 15.000 millones en
Andalucía, pasaba de 30.000 en la Comunitat Valenciana y se acercaba a los
50.000 en Catalunya.
La evolución
del endeudamiento ha sido diferente en los nueve primeros meses de este año en función del
tipo de Administración, ya que mientras la del Gobierno aumentaba en casi
27.000, la de las comunidades crecía en cerca de 5.000 (solo Baleares, Catalunya y Navarra la reducían
ligeramente) y la de la Seguridad Social se incrementaba en más de 11.000, el
de las entidades locales bajaba en más de 500.
10/01/2020
https://www.publico.es/economia/constitucion-deficit-sanchez-e-iglesias-topan-austeridad-entra-vigor-reforma-articulo-135.html
https://www.publico.es/economia/constitucion-deficit-sanchez-e-iglesias-topan-austeridad-entra-vigor-reforma-articulo-135.html
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