Honduras y la crisis invisible
tercerainformación
10/06/2019
El país
centroamericano atraviesa en este momento por una profunda crisis
institucional, producto de la aplicación de un modelo que profundiza las
desigualdades presentes desde hace décadas en una sociedad que ha tenido que
ver, casi como espectador, que desde Estados Unidos se dictan las medidas que
afectan las condiciones de vida de la población, mientras esta sufre una brutal
represión que es premeditadamente ocultada por los medios vinculados al poder.
Existe un
libreto desarrollado con el fin de aplicar la receta neoliberal que ha rendido
frutos en la mayor parte de Latinoamérica. El postulado básico es todo se
compra, todo se vende y, en la medida que todo es una mercancía, el mercado es
el centro de toda lógica de poder.
Honduras, igual
que todos los países de Centroamérica, vivió una sangrienta colonización, una
dolorosa independencia y un siglo XX lleno de inestabilidad, revueltas y
gobiernos de hecho; al final quedó una clase política ultraconservadora
atornillada a un gobierno construido para cuidar los intereses de un poder
local que siempre está a la sombra del poder norteamericano.
En 2009, cuando
casi todo el continente miraba con esperanza hacia el progresismo y se
construían grandes iniciativas integradoras que buscaban plantar cara al modelo
desarrollado hasta la fecha, un presidente al que no podría ubicarse
originalmente en términos ideológicos como un militante comprometido de la
izquierda revolucionaria, sino más bien como un liberal reformista, decidió
acercar a Honduras a los modelos de integración propuestos desde el progresismo
sudamericano por medio de Petrocaribe.
Esto marcó el
golpe que arrojó a Manuel Zelaya de la presidencia en una puesta en escena en
que la comunidad internacional asistió como testigo mudo e impotente; la OEA no
invocó la carta democrática en defensa de un gobierno elegido en las urnas, ni
se ofreció una fuerza multilateral que buscara el restablecimiento de la
democracia en ese país centroamericano, ya que las palabras usurpación e
ilegitimidad no se habían descubierto en ese momento.
De ahí en
adelante las cosas sólo pasaron a ser peores para el pueblo hondureño, el cual
hoy tiene uno de los índices de pobreza más altos del continente. Caras
& Caretas habló con Hernán Daffoncio, un uruguayo
quien desde su participación en el movimiento estudiantil internacionalista en
la década pasada se vinculó con Centroamérica y México, pero principalmente con
Honduras y su dura realidad.
Para Daffoncio,
el punto que marca un quiebre en la realidad en Honduras es el golpe contra
Zelaya en 2009, no porque antes las cosas estuvieran mejor, sino porque la
manera en que el establishment se ha sostenido desde entonces ha sido cada vez
más abiertamente autoritaria y se preocupan cada vez menos por generar, al
menos en las apariencias, un esquema republicano que simule una democracia.
En esta
perspectiva todos los gobiernos que han continuado luego del golpe han cargado
tras de sí una enorme impopularidad que han tenido que resolver por medio de
elecciones las cuales, por lo menos en el caso del presidente en ejercicio,
Juan Orlando Hernández, han estado marcadas por las denuncias de fraude que se
han hecho a nivel nacional e internacional, obviamente sin respuesta.
El descontento
popular ha estado a flor de piel debido a que este tipo de gobiernos no se
mantienen por la fuerza con un carácter decorativo, se imponen para defender intereses
particulares; desde esta perspectiva la última receta viene planteada en forma
de un proyecto de ley que cambia el carácter de la prestación de los servicios
de salud y educación en el país por un modelo privado y que termina siendo
sancionado por la fuerza.
La manera en
que el gobierno defiende su iniciativa es planteando que la población hondureña
no se vería afectada, pues la administración en manos de privados no afectaría
la gratuidad en la prestación de los servicios; en ese sentido, de acuerdo con
Daffoncio, existe un franco inmovilismo por parte de las tres centrales
sindicales del país, quienes no han logrado entablar un escenario de
movilización que aglutine el descontento general en un llamado a la huelga
general de tal manera que se logren revertir las medidas privatizadoras
aprobadas por medio de decretos de emergencia, los cuales tienen un claro
carácter antidemocrático y autoritario.
La respuesta
más contundente se ha producido desde los gremios de la salud, y principalmente
de la educación, reunidos en el Sindicato Profesional de Docentes Hondureños
(Sinprodoh), que tiene un gran nivel de afiliación y ha sido determinante, no
sólo en términos de movilización, sino a la hora de sustentar teórica y
políticamente las razones del descontento general, que van más allá de la
gratuidad en la prestación de los servicios y están vinculadas al modelo
económico y el papel mismo del Estado.
Por otro lado
es importante resaltar que, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Hernández
por deslegitimar las movilizaciones, buscando reducirlas a un ámbito sectorial
y queriendo restar autoridad a quienes las dirigen por medio de acusaciones
individuales, la crisis institucional en Honduras hoy es evidente. Una pequeña
muestra de ello no sólo se ve en el volumen de movilización que rechaza las
decisiones y mecanismos gubernamentales, sino en la violenta respuesta del
gobierno contra cualquier expresión de inconformismo desde la perspectiva legal
por medio de represión policial y judicializaciones sumarias violando los
mínimos derechos de los sindicados, y paralegal por medio de expresiones
armadas ilegales, pero amparadas por las fuerzas militares y policiales.
El modelo
paramilitar en Honduras ha estado en auge desde el golpe por medio de
asesinatos selectivos, masacres y una fuerte persecución en contra de las
organizaciones, lo que ha cobrado vidas como la de la activista Berta Cáceres,
quien cayó asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa.
La crisis
institucional en Honduras es profunda y sin duda cada vez más crítica en la
medida en que la injerencia norteamericana se ha hecho más notoria, pues las
identidades ideológicas con el discurso neoliberal no resuelven las profundas
grietas éticas que tiene la clase dirigente local, ya que los vínculos con el
narcotráfico se han vuelto inocultables y tocan a la puerta misma del
presidente Juan Orlando Hernández, quien ha estado en la mira de las
autoridades con una investigación por narcotráfico que involucra a varios
miembros de su familia.
Una muestra más
de la fragilidad institucional es que un sector de los militares hondureños ha
hecho un pronunciamiento en el que desconocen casi en su totalidad al Estado
Mayor debido a sus vínculos con la ilegalidad, y llaman a los mandos medios a
un recambio de dirección.
La situación en
ese país centroamericano es profundamente grave por los niveles de
inconformismo alcanzado por la población, el carácter represivo que tiene el
gobierno de Hernández y porque, igual que en el caso de Haití, sufre de un
tremendo cerco mediático impuesto desde los grandes emporios de la comunicación
que de forma premeditada ocultan los estrepitosos fracasos del modelo, poniendo
en riesgo la vida de miles.
*Carasycaretas
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