Las pensiones públicas son un apetitoso bocado que el Capital
quiere zamparse. La Unión Europea lo tiene claro: privatizar. Y de momento,
mantener su crecimiento por debajo de la inflación, alargar el periodo de
cotización, retrasar la edad de jubilación
15 de octubre en Madrid: un paso adelante
Eduardo Luque, Ramon Franquesa
El Viejo Topo
14 octubre, 2022
Primero fue la
epidemia y ahora la guerra. La crisis financiera está cayendo como una losa en
las espaldas de las clases populares. El aumento desorbitado de los precios en
una escalada que parece no tener fin, sumado a los recortes y las
privatizaciones que se siguen produciendo provocan que el índice de pobreza se
dispare[1].
La esperanza de vida se reduce. Mientras, asistimos atónitos a la inexistencia
de una respuesta sindical cuya consecuencia es la depreciación real de los
salarios.
Mientras se ha
iniciado la carrera preelectoral. El gobierno, acuciado por las malas
perspectivas en las encuestas, ha tomado nota de la movilización de los pensionistas.
En primera instancia, el ejecutivo intentó ningunearla; algún alto cargo del
gobierno incluso la tildó de “cosas de viejunos”; en otros casos eran
“ocurrencias” (como afirmó Unai Sordo).
El gobierno ha
intentado apartar de la ecuación política el “molesto” tema de las pensiones.
Creía que al asegurarse el beneplácito de Unidas Podemos, Yolanda Díaz y contar
con el apoyo de los sindicatos mayoritarios acallarían la protesta. Su objetivo
era cumplir con los designios de la Comisión Europea y la gran banca
internacional al menor costo político. Hubieran querido la paz social para
poder empezar a privatizar el Sistema Público de Pensiones. Mientras la derecha
dejaba a la izquierda institucional hacer el trabajo sucio, la oposición social
ha estado fragmentada y desorientada. Las direcciones de los sindicatos CCOO y
UGT, de espaldas a sus congresos y afiliados, evitaban oponerse a la
Privatización, a pesar que en muchos países los fondos privados están al borde
de la quiebra[2].
¿Esperan tal vez recibir algunas comisiones como gestores de los Planes
Privados de Empresa que han firmado?
Aunque lo han
intentado no han logrado acallar ni silenciar al colectivo pensionista. En los
procesos de votación parlamentaria, el movimiento ejerció de elemento
aglutinador contra esas contrarreformas, desnudando los falsos argumentos con
que se las pretendía encubrir. Su capacidad de incidencia fortaleció las posiciones
parlamentarias en contra de las políticas de privatización consiguiendo
pequeñas victorias; la parálisis de las reformas más dañinas impulsadas por
Escrivá o que se obligara por ley a una Auditoría de Cuentas de la Seguridad
Social entre otras. Aunque Escrivá se había comprometido con Bruselas (de nuevo
la excusa europea) para incluir toda la vida laboral como sistema de cálculo de
la pensiones, lo que supondría un recorte de un 8-10% sobre las pensiones
futuras, el movimiento ha conseguido de momento congelarla.
Los planes del
poder financiero de someter a sus intereses al gobierno se han visto
trastocados. El movimiento pensionista se ha fortalecido y cobra impulso.
COESPE ha sabido esta vez sumar las diversas entidades que conforman el
movimiento pensionista en una acción común estatal. La manifestación del 15 de
octubre en Madrid marcará otro hito importante.
A día de hoy,
las concentraciones de pensionistas en cientos de lugares forman parte del
paisaje cotidiano. La marcha de los pensionistas desde Alzira a Madrid, los
centenares de videos de apoyo, las recogidas de firmas, las manifestaciones,
los cientos de mociones presentadas en los Ayuntamientos a favor de la
Auditoría de las Cuentas de la Seguridad Social… toda la presión que ejerce
este movimiento, lo ha convertido en un actor importante del momento social.
Figuras
relevantes de la política española y europea, mudos hace unos meses, ahora,
cuando la movilización toma forma, dan su apoyo. Los partidos políticos de
izquierda con representación en las instituciones del Estado también se han
decidido a movilizarse. El movimiento pensionista se ha convertido por méritos
propios en un actor importante en el escenario político.
El aumento, que
se acaba de anunciar, de un 8,5% en las pensiones en el Presupuesto del 2023
solo se explica de esa manera. Sin esa movilización esta subida hubiera sido
imposible. Los grandes dirigentes sindicales de CCOO y UGT han firmado acuerdos
con pérdidas de poder adquisitivo (en torno al 5% este año) para los
trabajadores públicos. Unai Sordo y Pepe Álvarez, en una concentración el 7 de
octubre en Madrid aceptaban pérdidas de 5 puntos en los convenios a negociar en
un futuro inmediato. Mientras que la inflación alcanza este mes el 9%, los
salarios brutos han crecido solo un 4,3% según la encuesta de costes laborales
del INE. Los poco más de 500 delegados reunidos en Madrid que acudieron a esa
concentración, convocada tarde y con objetivos tan poco ambiciosos (de hecho
para aceptar perder un 5%) dan muestra de su debilidad. Una debilidad que está
originada precisamente en su pasividad ante el desastre social que vivimos.
Mientras que en toda Europa surgían desde hace meses movilizaciones de
resistencia social, las organizaciones sindicales cada vez más alejadas de su
base social y militante parecían estar de vacaciones.
Hay un rumor
creciente de descontento en el seno de los sindicatos, muchos de cuyos
afiliados ven con enorme simpatía las reivindicaciones de sus padres y abuelos.
Ahora los medios de comunicación a la orden del poder financiero pergeñan una
campaña para enfrentar a trabajadores y jubilados. Todo un ejército de
papagayos mediáticos a sueldo del poder trata de convencer a los trabajadores
de que no tendrán mejores sueldos por culpa de los pensionistas.
Las trampas de Escrivá
La subida de
las pensiones un 8,5%, con ser un elemento positivo, no carece de interrogantes
que es necesario aclarar. La primera es la cuantía final puesto
que el proyecto de presupuesto se ha discutir en el Congreso y Senado y se
pueden introducir modificaciones. Estamos tristemente acostumbrados a las
grandes proclamas que no corresponden a los hechos. La generosidad del gobierno
es mucho menor de la que proclama. El ejecutivo ha obtenido más de 20.000
millones extras por efecto del encarecimiento del coste de la vida. No se van a
modificar las bases impositivas para los grandes evasores de capitales, por
tanto el peso del ajuste continuará en las espaldas de los de siempre. Las
bajadas en el precio de la luz se compensan con los nuevos impuestos para
sufragar las relativas “pérdidas” de las eléctricas. Aún en el mejor de los
casos esta subida del 8% no equilibra las pérdidas del poder adquisitivo. En el
año 2021 fue del 3%, que se sumaría a la de este año. No sabemos si se aplicará
el IPC medio o el Interanual como modelo de cálculo pero lo que ya sabemos es
que el IPC de los alimentos, un elemento central para el colectivo pensionista,
ha escalado al 13 o 14%. Todos sabemos que un porcentaje altísimo de la pensión
se invierte en la alimentación y es por ello que a pesar de la subida aún
perdemos capacidad de compra. No es cierto lo que afirma la publicidad
gubernamental.
Tampoco es
cierto que el esfuerzo financiero para el Estado ronde los 6.500 millones de €, puesto que al incrementar las cuantías y no modificarse las
tablas del IRPF una parte nada desdeñable de ese incremento, unos 1.500
millones de €, vuelven de nuevo a las arcas públicas. Hay aún un elemento
perverso que se pretende ocultar: muchos jubilados, especialmente para los que
reciben cuantías mínimas, al incrementarse los ingresos pasan a cotizar más, se
les retiene más para el IRPF y como consecuencia la cuantía líquida de la
pensión, lo que interesa al pensionista en definitiva, puede quedar igual e
incluso ser menos que antes de la subida. Por otra parte es preciso ajustar el
mínimo exento a la nueva realidad puesto que si no lo incrementamos, otro
colectivo importante estaría obligado a declarar. El problema es simple: si en
2021 se pagaban impuestos en relación a lo ingresado, y en este año la
inflación nos ha reducido nuestra capacidad de compra pero seguimos pagando
impuestos con los mismos baremos, en realidad podemos comprar mucho menos.
Por otra parte,
lo que es más grave, se acentúan las diferencias entre las pensiones
máximas y mínimas (no es lo mismo subir el 8,5% de mil euros (quedaría
en 1085€) que a 2.000 (quedaría en 2170€). Es, nuevamente, el colectivo
femenino el que más sufre esta diferencia. La necesidad de ajustar las tablas
de cotización del IRPF para eliminar la llamada deflactación (los efectos
producidos por los cambios en los precios) se hace imprescindible.
El gobierno en
la persona de Escrivá lanza a los cuatro vientos, con publicidad televisiva
incluida, el nuevo eslogan; “el gobierno cumple” dicen. Interesadamente olvidan
que Pedro Sánchez, obligado por el Congreso, aunque nada interesado en cumplir,
ha decidió saltarse la Ley y congela la creación de una comisión oficial
que audite las cuentas de la Seguridad Social. Con ello se pretende
ocultar el latrocinio cometido con los fondos de pensiones en este país y los
llamados “gastos indebidos”. El Informe del Tribunal de Cuentas a este respecto
era tan inapelable que Escrivá se vio obligado a reconocer la existencia de
este agujero financiero. El gobierno, a pesar de todo, prefiere el descrédito
político que implica no cumplir las leyes antes que poner luz sobre la
participación de los gobiernos que se han turnado en el poder, no solo el PP, y
que han saqueado la hucha de las pensiones. Según dictaminó el Tribunal de
cuentas, estamos hablando de 103.000 millones de € solo para los últimos años.
Gobierne quien gobierne
El movimiento
pensionista ha decidido seguir presionando al gobierno para que cumpla, aunque
sea en parte, su programa electoral. Pero ello no le lleva a olvidar denunciar
que las propuestas del gran partido de la oposición, el PP, son un auténtico
dislate. Mientras las pensiones no contributivas suben 40 céntimos al mes,
Madrid o Andalucía anuncian una bajada de los impuestos de parte del IRPF autonómico
(el PP andaluz propone una rebaja del 11% sobre los ingresos superiores a
100.000 €). Las demás autonomías han entrado en una espiral electoralista de a
ver quien ofrece más rebajas a las rentas más altas.
Todos sabemos
que fue el gobierno del PP quien se “fundió” los 77.477 millones de € de la
hucha de las pensiones, a pesar de que a los pensionistas solo se les subió un
raquítico 0,25%. El gobierno del PP consiguió hacer desaparecer, en seis años,
la protección y el respaldo que significaba el Fondo de Reserva de las
Pensiones. Mientras se regalaban 60.000 millones a la banca, se calculaba la
fórmula para disminuir las pensiones futuras. Fue también el movimiento
pensionista el que influyó para que cayera el gobierno Rajoy y se abriera una
nueva esperanza que mucho nos tememos se comienza a truncar.
Una bomba de profundidad sobre las pensiones
Pero el
recuperar el coste de la vida de pensiones y salarios no es el único problema.
Evitando la auditoria no solo se busca encubrir a los ladrones de la hucha de
las pensiones, sino también evitar que quede en evidencia la falsedad de la
supuesta insolvencia del sistema público de pensiones. Ni en España, ni en
ningún lugar del mundo, los sistemas públicos de pensiones han quebrado. Sin
embargo los sistemas privados han quebrado y siguen quebrando. Quieren evitar
la Auditoria porque se demuestra que la insolvencia del sistema público es
falsa.
El sistema
diseñado por Escrivá corre el riesgo de colapsar antes de ponerse a andar. La
crisis financiera del banco suizo “Credit Suisse”, el segundo en importancia de
Europa, tiene en vilo a millones de pensionistas que habían depositado el
dinero de su pensión en este y otros bancos supuestamente saneados. Mientras,
el Banco de Inglaterra tenía que salir en auxilio de la libra y de los fondos
de pensiones que naufragaban por las disparatadas propuestas económicas de la
primera ministra inglesa de reducir más los impuestos a los multimillonarios.
Esto, que
debería haber servido de advertencia al ministro Escrivá y a los que han
apoyado sus propuestas, parece que no los conmoverá en absoluto. La
supeditación a los intereses de los grupos financieros internacionales es la
divisa de este ministro. La reforma introducida por el actual gobierno
explícitamente en la ley, no protege las cantidades que se puedan destinar a
los fondos de pensiones privadas. Si el banco quiebra el dinero de la pensión
privada se pierde.
Una movilización que abre un otoño caliente
La subida del
8,5% de las pensiones es producto de la movilización convocada este 15 de
octubre que ha tenido la habilidad por parte de los pensionistas de abrirse a
los trabajadores activos. En un sistema de reparto, las pensiones solo son
sostenibles si suben los salarios. Pero para que ni pensiones, ni salarios se
vean mermados es necesaria una movilización aún más ambiciosa que aborde el
problema de los recortes y las privatizaciones con las que el poder financiero
trata de salir de la presente crisis.
Por ello se
plantea esta manifestación como un punto de partida que extienda la
movilización en noviembre a los territorios del Estado y que construya tejido
social, estableciendo espacios de coordinación entre los movimientos sociales y
sindicales en defensa de lo público. Ya en Canarias, Cataluña o Euskadi se
están creando potentes coordinadoras que van mucho más allá de los pensionistas
abarcando mareas blancas, PAH, Sindicatos de Estudiantes, Residencias, etc. Y
en concreto desde la Coordinadora de Cataluña se ha planteado una Asamblea
estatal de movimientos sociales. Esta es una lucha que se librará a largo
plazo, en todo el continente Europeo y que implica al conjunto de la
ciudadanía. Una enorme tarea compleja, dura y en condiciones adversas, pero de
la que sin duda se ha dado ya un importante primer paso.
Notas:
[1] La llamada Tasa AROPE superará desgraciadamente
el 28% este año.
[2] Los más recientes ha sido la necesaria
intervención del Banco de Inglaterra para salvar la libra esterlina y los
Fondos de pensiones privados ingleses y la dramática situación del Crédit
Suisse el segundo mayor banco europeo.
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