lunes, 13 de octubre de 2025
domingo, 12 de octubre de 2025
La crisis en Ecuador
El Gobierno de
Daniel Noboa se caracteriza por políticas neoliberales de austeridad dictadas
por el FMI, la represión violenta de las protestas y una serie de reformas
orientadas a alinear al país con la política exterior estadounidense.
La crisis en Ecuador
El Viejo Topo
12 octubre, 2025
AUTORITARISMO,
AUSTERIDAD, REPRESIÓN Y FALSAS NARRATIVAS: LA CRISIS EN ECUADOR
El Gobierno de
Daniel Noboa en Ecuador se caracteriza por la implementación de políticas
neoliberales de austeridad dictadas por el FMI, la represión violenta de las
protestas sociales y una serie de reformas legales orientadas a incrementar el
autoritarismo estatal y alinear al país con la política exterior
estadounidense. Todo esto ocurre en medio de una crisis de seguridad sin
precedentes.
La crisis de
seguridad
Durante el
primer semestre de 2025, Ecuador registró 4.619
homicidios, estableciendo un nuevo récord histórico y representando
un aumento del 47% respecto al mismo período de 2024. Esta cifra convierte al
país en el más violento del continente. El Plan Fénix, implementado por el
Gobierno de Noboa desde 2024, nadie sabe en qué
consiste y no ha producido resultados positivos; por el contrario, la
inseguridad ciudadana ha empeorado. Los constantes estados de emergencia que
han militarizado el país tampoco han logrado revertir la situación.
Las políticas
de austeridad
Reelecto en
abril de 2025, Daniel Noboa ha implementado un programa de extrema derecha
alineado con las exigencias del FMI. En junio despidió a 5.000 funcionarios
públicos y fusionó cuatro ministerios. En el caso más grave, las competencias
relacionadas con el medio ambiente fueron transferidas al Ministerio de
Recursos Naturales e Hidrocarburos, evidenciando la orientación extractivista
del Gobierno. Estas medidas representan el camino hacia el Estado mínimo que
pregona el neoliberalismo y responden a las condiciones del último préstamo del
FMI.
El 12 de
septiembre, Noboa retiró el subsidio al diesel, cuyo precio pasó de 1,80 a 2,80
dólares por galón hasta diciembre. Posteriormente, el precio dependería de un
sistema de bandas atado a los precios del mercado internacional. Esta medida
detonó un paro nacional de transportistas el 13 de septiembre, quienes pactaron
rápidamente con el Gobierno a cambio de subsidios, y posteriormente el paro
nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE) el 18 de septiembre, exigiendo la derogatoria de la medida, bajar el
IVA del 15% al 12%, no a la minería, respeto a la consulta previa y más
inversión en educación y salud. Cabe destacar que los hospitales públicos están
en condiciones precarias, sin
medicamentos ni insumos. Los medios reportan pacientes que
requerían diálisis y murieron por
falta de ella.
Sumisión a los
Estados Unidos y reformas constitucionales
El 3 de junio,
la Asamblea Nacional, en la que el Gobierno tiene mayoría, aprobó un cambio en
el artículo 5 de la Constitución para permitir bases militares extranjeras.
Esta modificación requería la aprobación de la Corte Constitucional y
posteriormente un referéndum. El 5 de septiembre, la Corte Constitucional
rechazó cuatro de las ocho preguntas que Noboa había enviado para consulta
popular y referéndum, incluyendo esta cuestión.
Leyes
autoritarias y la Corte Constitucional como último bastión
En junio de
2025, el Gobierno logró aprobar tres nuevas leyes enviadas como económicamente
urgentes sin serlo: de Inteligencia, de Solidaridad Nacional y de Integridad
Pública. El campo progresista presentó 23 demandas de inconstitucionalidad ante
la Corte Constitucional porque violan derechos relacionados con la niñez y
adolescencia, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad, entre
otros. La Corte suspendió provisionalmente 16 artículos de estas leyes,
provocando una campaña de descrédito organizada por el Gobierno que acusó a la
Corte de dejar al país en indefensión frente al crimen.
La Ley de
Solidaridad Nacional buscaba institucionalizar la figura de “conflicto armado
interno” que Noboa utilizó en un decreto en enero de 2024. Esto implicaba: uso
libre de militares en operativos policiales; indulto previo al personal de
seguridad por potenciales crímenes y violaciones de derechos humanos;
criminalización de organizaciones opositoras catalogándolas como grupos
armados; y tratamiento de zonas, bienes muebles e inmuebles que se presumen de
grupos delincuenciales como objetivos militares.
La Ley de
Inteligencia pretendía interceptar cualquier comunicación sin orden judicial,
requerir información en dos días sin necesidad de orden judicial, acceder a
datos personales sin orden judicial, el regreso de los gastos reservados
(fondos discrecionales no transparentes), y no mantener archivos de documentos
sino incinerarlos.
El 27 de
septiembre, la Corte Constitucional rechazó definitivamente dos de las leyes,
la de Seguridad Nacional y la de Integridad Pública, por ser flagrantemente
inconstitucionales.
La Corte
Constitucional es el único organismo de Estado que el Gobierno de Noboa no
controla. La Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado han
apoyado al Gobierno implementando lawfare contra la oposición,
especialmente la Revolución Ciudadana, partido de Rafael Correa, a la par que
no investiga ninguno de los indicios de corrupción del actual Gobierno. Entre
ellos, contratos
millonarios con empresas de familiares de Noboa, nuevas concesiones
mineras que también conducen a sus parientes, 48 generadores
comprados para provisión de energía eléctrica de los cuales 30 no son
compatibles con el sistema ecuatoriano, y el escándalo del
contrato con Progen para
el sistema eléctrico del que se pagaron 149 millones de dólares sin resultados,
dejando la posibilidad de que los apagones de
14 horas diarias del año pasado se repitan.
Abusos,
protestas y represión
El 16 de
septiembre, en Cuenca, la tercera ciudad del país con 800.000 habitantes, se
dio la mayor marcha ambiental de la historia del país: 100.000 personas marcharon contra
el proyecto minero Loma Larga en la zona de Quimsacocha, que pondría en riesgo
las fuentes de agua para uso agrícola y humano. El proyecto había sido
suspendido por un tribunal local por no cumplir con los requisitos de consulta
previa y ambiental.
El 19 de
septiembre, Noboa ordenó al Consejo Nacional Electoral, mediante decreto,
organizar una Asamblea Nacional Constituyente sin pedir el dictamen de la Corte
Constitucional, lo cual constituye una violación de la Constitución y fue
interpretado como un intento de golpe de Estado. La Corte admitió a trámite
cinco demandas de inconstitucionalidad y la ejecución del decreto está
bloqueada, aunque el CNE lanzó rápidamente la convocatoria a elecciones para la
Constituyente.
Al momento de
publicación de este artículo, el paro nacional convocado por la CONAIE
continuaba tras 20 días, con apoyo en varias ciudades, especialmente de
estudiantes. Los cortes de vías, protestas y paralizaciones se extienden por todo el país, pero con
más fuerza en la Sierra, donde el movimiento indígena es el principal actor del
campo popular.
Tanques y
vehículos militares reprimieron las protestas en la provincia de Imbabura
disparando inclusive contra comunidades indígenas desarmadas. La ministra de
Gobierno, Zaida Rovira, dijo que se trataba de un convoy humanitario «emboscado
por estructuras terroristas». El tal convoy llegó sin aviso previo mientras
toda la comunicación por internet se interrumpía y no hay ningún grupo terrorista
vinculado. Efraín Fuérez murió en una zona cercana a manos de militares. Un
periodista español que reportaba desde la zona, Lautaro Bernat, fue deportado.
Hay al menos
100 personas detenidas y 10 desaparecidas. Doce detenidos fueron enviados el 26
de septiembre a una de las cárceles de
máxima seguridad donde el día anterior se produjo una masacre
carcelaria en la que murieron 17 personas.
Masacres que se repiten incluso con las cárceles bajo control militar desde
2024. Estas personas fueron falsamente
acusadas de terrorismo y de tener antecedentes penales. El Gobierno
ha bloqueado sin
mandato judicial cuentas bancarias de dirigentes y organizaciones populares,
alegando sin pruebas que el financiamiento del paro viene de la organización
venezolana de narcotráfico “Tren de Aragua”.
El expresidente
de la CONAIE, Leonidas Iza, líder de los levantamientos de 2019 y 2022, sufrió
un atentado contra
su vida por parte de agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia el 18 de
agosto de 2025. Cuatro niños de
un suburbio de Guayaquil fueron torturados y ejecutados extrajudicialmente
por militares en
diciembre de 2024. El nivel de autoritarismo es tal que el propio Departamento
de Estado de los Estados Unidos lo denuncia en un informe que
señala graves vulneraciones a los derechos humanos en Ecuador entre 2024 y
2025. Informes internacionales muestran que desde 2024 han aumentado los
delitos de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, tortura,
desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
La respuesta de
Noboa al rechazo de las dos leyes por la Corte Constitucional fue, el 30 de
septiembre, el envío de una nueva ley económica urgente para facilitar
donaciones para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
No hay ninguna
negociación con los actores en paro. Frente a las demandas de más democracia e
inversión estatal, el Gobierno responde con austeridad, aumento de la represión
y una estrategia comunicacional que busca establecer la falsa narrativa de que
todas las personas que protestan son delincuentes y/o terroristas. En esta
línea, el 8 de octubre, los miliares de la escolta presidencial, tras atacar una
manifestación de indígenas en la provincia de Cañar, rompieron ventanas de los
vehículos de la comitiva presidencial para después decir que se trató de un
intento de asesinato del presidente. Sería la primera vez que se intenta
asesinar a un presidente mediante pedradas a la comitiva presidencial
resguardada por militares, policía y seguridad privada, avisados de
la protesta por el alcalde días antes.
Fuente: Globetrotter
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sábado, 11 de octubre de 2025
Abolir el Mundial
Toby Miller, Joan Pedro-Carañana
Rebelión
11/10/2025
Fuentes: El salto [Foto: Pablo
G. Sacristán/RFEF]
El fútbol necesita desesperadamente una transformación
drástica para interrumpir su impacto medioambiental, la corrupción, las
violaciones sistemáticas de los derechos humanos, el patrocinio de empresas muy
problemáticas y el lavado de dinero por parte de las casas de apuestas.
El
fútbol es más popular que Jesús de Nazaret y John Lennon juntos. Y a simple
vista, parece un pasatiempo poco dañino para el medioambiente: los jugadores
solo necesitan una pelota, algo de espacio y ganas de correr. Pero los datos son
estremecedores: el fútbol es responsable
directo del 0,3-0,4% de las emisiones anuales de dióxido de
carbono del mundo, equivalente a las emisiones de Dinamarca. El Wall Street
Journal informa que en 2024 este deporte generó más de 30
millones de toneladas métricas de CO2, derivadas del uso de combustibles fósiles como
fuente de energía, equivalente a la combustión de 150 millones de barriles de
petróleo. Cada partido de la fase final de la Copa Mundial masculina
emite entre 44 000 y
72 000 toneladas de gases invernadero, la misma cantidad que 30
000 a 50 000 automóviles en las carreteras británicas cada año. Estudios recientes estiman
que las emisiones por la Copa del Mundo oscilan entre 1,65 y 3,63 millones de
toneladas de CO₂e durante el periodo 2000-2026.
Consideremos
también cómo se fabrica
el equipamiento básico del fútbol: botas y balones. Generaciones
de canguros han
sido sacrificados,
con el beneplácito del gobierno australiano, como materia prima para botas de
“cuero k”, mientras que las pelotas procedentes de Pakistán se fabrican con
cuero sintético derivado del petróleo, caucho y algodón extraídos de especies
vegetales, y cuero y pegamento obtenidos de animales sacrificados antes de su
vida útil natural. Los 60 millones de balones vendidos en 2010 viajaron desde los
talleres de costura de Sialkot hasta los campos de fútbol
profesionales de Europa y América. Primero están los talleres de costura, a
menudo clandestinos, a los hay que añadir las empresas de transporte, las
administraciones de aduanas, los equipos, la industria publicitaria, los
minoristas de artículos deportivos y los grandes almacenes. La cadena convierte
una bola de 63 rupias (0,62 euros) en un producto que cuesta más de 100 euros.
Pensemos
también en el agua y los productos químicos utilizados en la construcción y el
mantenimiento de los estadios, la electricidad necesaria para ver los partidos
y apostar o informar electrónicamente sobre los mismos y el impacto del
turismo.
El
patrocinio de empresas con altas emisiones de CO2 es
responsable por sí solo del 75% de las
emisiones del deporte, pues estimula la demanda de productos y
estilos de vida altamente contaminantes. Las grandes multinacionales
ecoblanqueadoras utilizan el fútbol para tapar sus vergüenzas medioambientales.
Por ejemplo, poco después de que Repsol derramara
miles de barriles de petróleo en 1400 hectáreas de la costa del Pacífico
peruano en 2022, matando la vida nativa y destruyendo los medios de vida de
miles de personas, la empresa firmó un patrocinio con la selección nacional. El
lema del proyecto, también asociado con el apoyo a los representantes de
jóvenes y mujeres, fue “Veamos el futuro”. En nuestro país, Repsol y Petronor
han cerrado un acuerdo para suministrar energía renovable al Athletic Club de
Bilbao que supuestamente demuestra el compromiso de la
multinacional con la descarbonización. Mientras tanto, la Autoridad de Normas
de Publicidad del Reino Unido descubrió que Repsol había distorsionado su
compromiso medioambiental al destacar su producción de combustibles sintéticos
y biocombustibles, cuando en realidad este tipo de combustibles solo suponen
una pequeña fracción de
su negocio principal, que sigue siendo los combustibles fósiles.
La
candidatura presentada en 2009 por Qatar para el Mundial de 2022 prometió un
evento neutro en CO2.
El daño causado por la construcción de las instalaciones y la desalinización y
el uso del agua en un clima árido se verían compensadas porque, según los
organizadores, las generaciones futuras disfrutarían de las instalaciones. Hoy
podemos afirmar que los beneficios obtenidos no han repercutido en la población
local. Las promesas eran mera propaganda que se quedaron en un “mañana,
cadáveres, gozaréis”, citando a Jesús Ibáñez.
La
candidatura tuvo éxito, a pesar de que ya había evidencia de compra de votos,
y la puesta en marcha del proyecto se tradujo en un desprecio total hacia los
derechos laborales y humanos: explotación masiva de trabajadores migrantes,
accidentes laborales, salarios irrisorios y jornadas imposibles. Y sobre la
supuesta sostenibilidad, los resultados fueron los contrarios a los anunciados.
Por ejemplo, la contaminación generada por el aire acondicionado de los
estadios para soportar el clima de Qatar, así como los 150 vuelos diarios de
los asistentes confirman la sentencia de la revista New Yorker:
la FIFA es “una institución rancia”.
La
FIFA había afirmado que los ingresos servirían para mitigar las emisiones, una
presunción imposible de cumplir. De hecho, se necesitarían plantar 600 millones de
árboles para contrarrestar la calamidad climática provocada por
Qatar 2022. A pesar de la marca registrada Sustainable FIFA World Cup 2022TM,
el expolio ambiental del evento fue mayor que el de
cualquier otro Mundial o Juegos Olímpicos de verano. Como de
costumbre, Estados Unidos proporcionó la mayor cantidad de turistas
internacionales, lo que supuso la emisión de 191 055
toneladas de CO2, incluyendo unas
asombrosas 14 700 toneladas
producidas por jets privados.
Le Monde expuso
la propaganda ambiental como un “espejismo”
y Scientific
Americancalificó el evento como una “catástrofe climática”. Sin
duda, “la Copa del Mundo más sucia”
de la historia, bañada en petróleo y
corrupción. El colectivo francés Notre Affaire à
Tous explicó que: “Al presentar la Copa del Mundo como neutra
en carbono, la FIFA hace creer a […] los aficionados que asistir a un evento de
este tipo no tiene ningún impacto en el medio ambiente, lo que es claramente
incompatible con los viajes internacionales de la Copa que afectan a las
emisiones de gases de efecto invernadero”.
La
Comisión Suiza para la Equidad recibió quejas de Notre Affaire à Tous junto a
Carbon Market Watch (Bélgica), el New Weather Institute de Reino Unido,
Alliance Climatique (Suiza), la holandesa Reclame Fossiettvrij, y Fossil Free
Football (internacional). La Comisión
dictaminó que la FIFA había mentido al afirmar que la Copa era
el primer evento de este tipo “totalmente neutro en carbono”.
En
2026, la Copa Mundial masculina se ampliará para incluir 48 selecciones
nacionales. Por primera vez, los partidos se celebrarán en tres países enormes:
Canadá, México y Estados Unidos, en cuatro zonas horarias, en 16 sedes
separadas por varios miles de kilómetros y con un transporte público irrisorio.
Se esperan 5,5 millones de espectadores, que necesitarán echar mano del mapa
para ubicar las sedes: la Ciudad de México marcará el punto más al sur,
Vancouver el del norte, Boston el del este y San Francisco el del oeste. En
materia logística, prácticamente todos los desplazamientos serán aéreos debido
a una primitiva infraestructura ferroviaria. Radio France se
refiere a esto como un “cóctel muy carbonatado”. El New Weather
Institute con Scientists for Global Responsibility calcula que
las emisiones de la aviación “aumentarán entre un 160% y un 325% en cada uno de
los tres torneos en 2026, 2030 y 2034” en comparación con los Mundiales
recientes.
Además,
en el período programado —pleno verano— el 96% de la población
de EEUU experimentó en 2023 calor extremo durante una o más semanas, y 45
ciudades tuvieron temperaturas promedio muy altas. 2024 batió numerosos récords
debido a patrones hasta ahora desconocidos de sequía y fuertes lluvias.
Los
impactos ambientales en México son
horribles. La reserva Primavera de Guadalajara está cerca del estadio Akron. La
reserva es el hogar de pumas, una especie casi extinta, venados, águilas reales
y aves migratorias. La conservación de la fauna y flora silvestre está en grave
riesgo debido al Mundial. La presencia de 50.000 espectadores y 4.000
automóviles, provocará tensiones importantes
en los recursos hídricos en Ciudad de México y Monterrey (también junto a un
corredor biológico clave).
La ecología solo importa en el fútbol como instrumento
de imagen pública de las asociaciones dirigentes, los países anfitriones y los
patrocinadores
La Copa del
Mundo es “simultáneamente, el mayor festival deportivo del
planeta y una sórdida maquinaria comercial que conlleva un enorme coste humano
y medioambiental, en beneficio de torturadores, explotadores y codiciosos
insaciables”. La ecología solo importa en el fútbol como instrumento de imagen
pública de las asociaciones dirigentes, los países anfitriones y los
patrocinadores. En lugar de lavado verde y pseudoreformas, el fútbol necesita
desesperadamente una transformación drástica para interrumpir su impacto
medioambiental, la corrupción, las violaciones sistemáticas de los derechos
humanos, el patrocinio de empresas muy problemáticas y el lavado de dinero por
parte de las casas de apuestas. Las afirmaciones de neutralidad de carbono de
la Copa del Mundo son solo retóricas. En realidad, se ha convertido en una “Copa del Mundo
de lavado verde”.
Somos
futboleros, pero no hay alternativa: la fiesta del CO2 debe
terminar.
¡Abolir
la Copa del Mundo!
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/opinion/abolir-mundial