domingo, 16 de noviembre de 2025

Las provocaciones del Gobierno de Trump revitalizan a la izquierda latinoamericana

 

Las provocaciones del Gobierno de Trump revitalizan a la izquierda latinoamericana

 

Por Steve Ellner

Rebelion / América Latina y CaribeEE.UU.

15/11/2025  



Fuentes: Jacobin - Rebelión

Cuando Trump asumió la presidencia en 2025, los gobiernos de la «Marea rosada» en América Latina estaban perdiendo terreno. La popularidad del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva había caído al nivel más bajo de sus tres mandatos, mientras que la del colombiano Gustavo Petro se situaba en apenas un 34 por ciento. Además, tras los controvertidos resultados de las elecciones presidenciales de julio de 2024 en Venezuela, Nicolás Maduro quedó aislado en la región.

Ahora, menos de un año después, el panorama político ha cambiado. Las mamarrachadas de Trump —como rebautizar el Golfo de México, usar los aranceles como arma política y ordenar acciones militares en el Caribe y el Pacífico— han dado nuevo impulso a los gobiernos de la «Marea rosada» y a la izquierda en general. América Latina ha respondido a su invocación de la Doctrina Monroe con una oleada de sentimiento nacionalista, manifestaciones multitudinarias y denuncias de líderes políticos de casi todo el espectro, incluidas algunas del centro-derecha.

Mientras Estados Unidos aparece como una potencia hegemónica en declive y poco confiable, China se proyecta como defensora de la soberanía nacional y como una voz de la razón en materia de comercio e inversión internacional. Cuando Trump impuso en julio un arancel del 50 por ciento a la mayoría de las importaciones brasileñas, los chinos intervinieron para ayudar a llenar el vacío en las vitales exportaciones de soya del país.

Lula contra Trump

En julio, Lula respondió desafiante al intento de Trump de presionar a Brasil mediante aranceles punitivos destinados a lograr la liberación de su aliado Jair Bolsonaro, encarcelado por su implicación en complots golpistas y de asesinato. A diferencia de otros jefes de Estado, Lula se negó a comunicarse con Trump, afirmando: “No voy a humillarme”. Además, declaró que “Brasil no será tutelado por nadie”, al tiempo que recordó el golpe de Estado de 1964 como un precedente de la intervención estadounidense.

El enfrentamiento desató multitudinarias manifestaciones progubernamentales en todo el país, que superaron ampliamente a las convocadas por la derecha para exigir la liberación de Bolsonaro. Los simpatizantes de Lula culparon a la derecha por los aranceles, y en particular a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, quien los promovió desde Washington. Lula calificó a Jair Bolsonaro de “traidor” y sostuvo que debía enfrentar un nuevo juicio por ser responsable del llamado “impuesto Bolsonaro”. Como señal de que los aranceles de Trump marcaron un punto de inflexión y dieron un impulso a la izquierda, el propio Lula, de 80 años, anunció que se postulará a la reelección en octubre de 2026, al mismo tiempo que su popularidad alcanzó el 50 por ciento.

Algunos analistas criticaron a Lula por no haber aprovechado su videoconferencia de treinta minutos con Trump, realizada el 6 de octubre, para condenar la diplomacia de cañonero de Washington en el Caribe. Según esta interpretación de la llamada, Lula habría mostrado ingenuidad y falta de firmeza al combinar “preocupación y oportunismo» frente al imperialismo estadounidense” y al suponer que “las negociaciones se regirían por una lógica de ‘ganar-ganar.’”

De hecho, Lula se ha pronunciado en contra de la presencia militar estadounidense, a la que calificó de “factor de tensión” en el Caribe, región que él considera una “zona de paz”. Sin embargo, Lula sin duda podría haber ido más lejos, como lo instó el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) —que respaldó su última candidatura presidencial— al declarar explícitamente su solidaridad con Venezuela.

Pero difícilmente se puede acusar a Lula de sumisión en su trato con Trump. El exviceministro venezolano para América del Norte, Carlos Ron, me comentó que tanto Lula como Sheinbaum han demostrado que “saben cómo manejar a Trump”, pues “han obtenido mucho de lo que querían”. Por cierto, al mismo tiempo que Trump dio marcha atrás en sus amenazas arancelarias contra ambas naciones, comenzó a elogiar a los dos jefes de Estado.

Un frente unido en gestación

En Brasil y en otros países de la región está surgiendo un nuevo alineamiento que reúne fuerzas tanto a la derecha como a la izquierda del gobierno, en reacción a la postura de Washington. Un ejemplo notable fue el nombramiento, en octubre, del activista del Movimiento de Trabajadores Sin Techo y excandidato presidencial Guilherme Boulos como ministro de la Presidencia. Boulos pertenece al Partido Socialismo y Libertad (PSOL), una escisión de izquierda del Partido de los Trabajadores de Lula que había respaldado su candidatura presidencial de 2022, pero había descartado ocupar cargos en su gobierno.

Boulos, quien desempeñó un papel clave en la organización de las recientes protestas contra el aumento de los aranceles impuesto por Washington, habló sobre el significado de su designación: “Lula me dio la misión de ayudar a poner al gobierno en la calle… y escuchar las demandas populares”. Su nombramiento marca un giro a la izquierda en el que, según el medio con sede en Miami CE Noticias Financiera, “Lula demostró que entra a las elecciones de 2026 listo para la guerra. Una guerra a su manera, con la participación de los movimientos sociales”.

Venezuela es otro ejemplo de cómo actores políticos de la mayor parte del espectro ideológico coinciden en la necesidad de un frente amplio para oponerse a la agresión de Estados Unidos en la región. Ningún otro gobierno de la «Marea rosada» ha enfrentado una sucesión tan rápida de intentos de cambio de régimen y desestabilización como el de Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro. La respuesta bolivariana ante estos desafíos se ha desviado en ocasiones de las normas democráticas, incluyendo concesiones a los intereses empresariales, lo que ha generado duras críticas tanto de sectores moderados como de corrientes más radicales de la izquierda. 

Uno de los líderes que se inscribe en la categoría radical es Elías Jaua, antiguo miembro del círculo íntimo de Chávez, cuyas posturas de izquierda en materia económica y su defensa de la democracia interna dentro del partido lo dejaron marginado del movimiento chavista. Pero ante la amenaza militar de Estados Unidos en el Caribe, Jaua ha cerrado filas con Maduro y denunciado la “guerra psicológica” que se libra contra el presidente. En este momento crítico, afirmó que es necesario “anteponer la tranquilidad del pueblo a cualquier posicionamiento ideológico, político o avieso interés”, y añadió: “¡La Patria está primero! ¡Viva Venezuela!”.

Otras figuras políticas de larga trayectoria que han respaldado el llamado de Maduro a un diálogo nacional para enfrentar la amenaza estadounidense —sin pasar por alto las presuntas prácticas antidemocráticas— incluyen a dirigentes del centro e incluso del centroderecha del espectro político, entre ellos los ex candidatos presidenciales Henrique Capriles, Manuel Rosales y Antonio Ecarri.

Otros son izquierdistas moderados que ocuparon cargos importantes durante el gobierno de Chávez o que en los años noventa militaron en el partido de izquierda moderada Movimiento al Socialismo (MAS). Uno de ellos es Enrique Ochoa Antich, quien presentó una petición firmada por 27 destacadas figuras opositoras moderadas en la que se afirmaba que “resulta desalentador ver a un sector extremista de la oposición” respaldando las sanciones y otras acciones de Estados Unidos. Ochoa Antich propuso un diálogo con representantes del gobierno “sobre la mejor manera de fomentar la unidad nacional y defender la soberanía”, añadiendo: “Con los pies en la tierra no voy a pedir que se suprima el partido-Estado.”

Esta postura, que ve a Maduro como un aliado frente a la injerencia estadounidense, contrasta marcadamente con la del Partido Comunista de Venezuela (PCV), que se deslindó del gobierno en 2020 por su orientación proempresarial y por marginar a sectores de la izquierda. Al mismo tiempo que denuncia la agresión imperialista, el PCV señala el “carácter autoritario y antidemocrático del gobierno de Maduro”.

Si bien las críticas del PCV son materia de debate, la postura de hostilidad irreductible del partido frente a Maduro debilita los esfuerzos para enfrentar la agresión estadounidense. De hecho, la posición del PCV —respaldar al gobierno cubano mientras califica al venezolano de antidemocrático— resulta inconsistente.

En Argentina, Trump salió en auxilio de la derecha en lo que probablemente termine siendo una victoria pírrica. En la víspera de las elecciones legislativas de octubre de 2025, ofreció un rescate de 40 mil millones de dólares para la economía argentina, pero solo a condición de que el partido del presidente ultraderechista Javier Milei saliera triunfante, que fue precisamente lo que ocurrió. El chantaje de Trump fue denunciado como tal por figuras políticas que iban desde dirigentes peronistas vinculados a los gobiernos de la Marea rosada hasta centristas que habían sido algunos de sus críticos más severos. Facundo Manes, líder de la centrista Unión Cívica Radical, fue un ejemplo de estos últimos al declarar que “la extorsión avanza”.

Mientras tanto, en las calles de Buenos Aires, las pancartas de protesta contra Milei exhibían consignas antiestadounidenses como “Yankee go home” y “Milei – Mulo de Trump”, además de la quema de una bandera de Estados Unidos.

Esta convergencia en torno a la necesidad de enfrentar las amenazas y acciones de Trump abre una oportunidad para que los sectores progresistas de todo el continente se unan. El llamado a esa unidad fue asumido por el Foro de São Paulo, una agrupación que reúne a más de un centenar de organizaciones de izquierda latinoamericanas y que Lula ayudó a fundar en 1990. Al inicio del primer gobierno de Trump, en 2017, el Foro elaboró el documento “Consenso de Nuestra América” como respuesta al neoliberal Consenso de Washington y a la intensificación del intervencionismo estadounidense en el hemisferio.

Al mismo tiempo que defendía el pluralismo de los movimientos progresistas y evitaba el término “socialismo”, el documento de Consenso preveía la elaboración de un conjunto más concreto de reformas y objetivos. Sin embargo, ese paso esperado nunca se materializó. Más recientemente, el analista y estratega cubano Roberto Regalado lamentó que, pese a la urgente necesidad de unidad, “lejos de consolidarse y expandirse, el ‘Consenso de Nuestra América’ languideció”.

Trump y la derecha latinoamericana

Gran parte de la derecha latinoamericana ha apostado su futuro político al presidente Trump. Los mandatarios de derecha de Argentina, Ecuador y Paraguay se alinean con él, al igual que Bolsonaro, el candidato presidencial chileno José Antonio Kast y el expresidente colombiano Álvaro Uribe. En Venezuela, la dirigente opositora de derecha María Corina Machado dedicó su Premio Nobel de la Paz a Trump.

Leopoldo López, integrante del mismo sector venezolano derechista que Machado, cofundó en 2022 el Congreso Nacional de la Libertad, una organización dedicada al cambio de régimen en países que Washington considera adversarios. La iniciativa se inscribe en la idea de una “Internacional de la Derecha” promovida por el estratega de Trump, Steve Bannon, entre otros. Bannon fundó en 2016 “The Movement” para unificar a la derecha europea, pero el proyecto ha sido en gran medida desdeñado por una parte importante de la derecha de ese continente.

El “internacionalismo” de la derecha tiene aún menos posibilidades de prosperar en América Latina. Mientras que en Estados Unidos Trump apela al patriotismo —o a una versión impostada del mismo— en América Latina el nacionalismo y el apoyo a Trump son conceptos incompatibles, especialmente frente a los aranceles, la inmigración, las amenazas de invasión militar y la resurrección de la Doctrina Monroe. En Venezuela, por ejemplo, la popularidad de Machado ha caído y su movimiento opositor se ha fracturado como resultado del repudio popular a las políticas de Trump.

En Estados Unidos, Trump se dirige a sus seguidores más fanáticos mientras su popularidad sigue en caída. En América Latina ocurre algo similar, con la diferencia de que su nivel de aprobación difícilmente podría ser más bajo. Según el Pew Research Center, apenas el 8 por ciento de los mexicanos tiene “confianza” en Trump.

Trump ha contribuido a un giro profundo en el panorama político latinoamericano, hoy marcado por una fuerte polarización y avances significativos de la izquierda. En numerosos países, las fuerzas progresistas —que durante décadas permanecieron relegadas— se han convertido en un punto de referencia central, aglutinándose en torno a las banderas de la soberanía nacional y, en algunos casos, del antiimperialismo.

En Chile, la Comunista Jeannette Jara obtuvo un sorprendente 60,5 por ciento de los votos en las primarias en junio para representar al principal bloque anti-derechista en las próximas elecciones presidenciales. Pese al tono cauteloso de su discurso, Jara se dirigió a Washington con firmeza tras la intromisión de Trump en las elecciones argentinas: “Aquí no van a ingresar militares estadounidenses. Chile se respeta y su soberanía también”.

En Ecuador, a pesar de la dura represión, los seguidores del exmandatario Rafael Correa han estado a punto de ganar las últimas tres elecciones presidenciales. Y en Colombia, Gustavo Petro ha revitalizado la base de su movimiento mediante contundentes denuncias de las operaciones militares de EE.UU. y al encabezar, desde octubre, una campaña para recolectar dos millones de firmas con miras a una asamblea nacional constituyente.

La polarización suele aludir a un escenario en el que los extremos de ambos lados del espectro político alcanzan una posición dominante. Eso no es lo que ocurre actualmente en América Latina, al menos no en el caso de la izquierda. Más bien, se observa una convergencia de sectores progresistas de distintos matices, tanto en el ámbito interno como entre los gobiernos de la «Marea rosada», en su oposición a Trump y a todo lo que este representa.

El desafío ahora es traducir esa convergencia en formas organizadas de unidad: frentes amplios a nivel nacional, así como una mayor articulación en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y otros organismos regionales.

Una versión ligeramente abreviada de este artículo fue publicada en inglés en Jacobin.

Steve Ellner es profesor jubilado de la Universidad de Oriente en Venezuela, donde residió por más de 40 años. Actualmente es Editor Asociado de Latin American Perspectives. Es autor de numerosos libros, entre ellos El fenómeno Chávez: sus orígenes y su impacto hasta 2013 (2014) y La izquierda latinoamericana en el poder: Cambios y enfrentamientos en el siglo XXI (editor, publicado por CELARG y el Centro Nacional de Historia, Caracas, 2018). https://www.dropbox.com/s/yxxsdyf0puqxdhg/La%20izquierda%20latinoamericana%20book.pdf?dl=0

 *++

 

Algunas instituciones europeas, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, están, según Fazi, extralimitándose en sus funciones. La cuestión migratoria se ha convertido, probablemente por inacción de los gobiernos, en un problema político de primer orden.

TOPOEXPRESS

¿El TEDH se excede?



Thomas Fazi

El Viejo Topo

16 noviembre, 2025 


Durante gran parte de su existencia, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y su órgano de aplicación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ocuparon un lugar relativamente poco controvertido en el imaginario europeo y británico, al que se le atribuyen avances históricos en materia de derechos civiles, desde la protección de la libertad periodística hasta la igualdad de los homosexuales. Sin embargo, 75 años después de su fundación, la institución que en su día se consideraba guardiana de la libertad se ha convertido en algo muy diferente: un tribunal transnacional que funciona en la práctica como una autoridad supranacional, reservándose el poder de decidir y redefinir constantemente lo que se considera un «derecho humano».

En los últimos años, el Tribunal ha entrado cada vez más en conflicto con los gobiernos elegidos, sobre todo en cuestiones de migración y deportación. Sus detractores, especialmente en Gran Bretaña, sostienen que el Convenio se ha expandido mucho más allá de su ámbito de competencia original, interfiriendo en áreas que afectan al núcleo de la soberanía democrática: el control de fronteras, la seguridad nacional y la prerrogativa de los parlamentos de establecer la ley. Cuando nueve líderes europeos firmaron una carta conjunta en mayo de este año, cuestionando si el TEDH había sobrepasado su mandato en materia de migración, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, desestimó rotundamente sus preocupaciones. «Ningún órgano judicial debe estar sujeto a presiones políticas», declaró. La implicación era clara: el TEDH está por encima del escrutinio democrático; su autoridad, derivada de principios morales y no del consentimiento electoral, debe aceptarse sin debate.

Un punto de inflexión clave se produjo en 2023, cuando el TEDH intervino, mediante la regla 39, para bloquear el llamado «plan Ruanda» del Reino Unido, que enviaría a determinados solicitantes de asilo y migrantes ilegales a África para su tramitación. Apenas unas horas antes de la salida del primer vuelo, un único juez de Estrasburgo dictó una orden judicial de emergencia que lo inmovilizó. Independientemente de la opinión que se tenga sobre esa política, el episodio planteó una profunda cuestión constitucional: ¿debe un juez extranjero no elegido tener el poder de revocar una decisión aprobada por un parlamento soberano?

El debate no ha hecho más que intensificarse desde entonces. Tanto los conservadores como el partido Reform UK de Nigel Farage se han comprometido a retirarse del Convenio. Incluso Keir Starmer, aunque rechaza la retirada total, ha sugerido que el Gobierno revisará la forma en que los tribunales británicos interpretan el derecho internacional de los derechos humanos, incluido el CEDH, en particular para impedir que los solicitantes de asilo rechazados bloqueen la deportación.

Abandonar el Convenio no resolvería por sí solo el complejo problema de la migración ilegal. Pero en toda Europa, los gobiernos elegidos —en Polonia, Italia, Hungría, los Países Bajos y otros lugares— se han visto a menudo limitados a la hora de responder a la creciente preocupación pública por este fenómeno, que se ha convertido en uno de los temas políticos más importantes de nuestro tiempo. Lo que estamos presenciando no es simplemente una disputa jurídica técnica, sino un choque entre la democracia y un poder judicial transnacional que se considera cada vez más una autoridad moral por encima de la política.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llevado a cabo, durante las últimas dos décadas, lo que podría describirse como una «toma de poder silenciosa». A través de una serie de innovaciones jurídicas y reinterpretaciones doctrinales, el Tribunal ha ampliado progresivamente su jurisdicción, a menudo más allá de lo que los Estados miembros acordaron en su momento.

Una de las doctrinas controvertidas del Tribunal es la de la jurisdicción extraterritorial, es decir, la idea de que el CEDH se aplica incluso fuera de las fronteras de un Estado. Este instrumento ha permitido al Tribunal extender su alcance a territorio extranjero e incluso a aguas internacionales. En el caso Hirsi Jamaa y otros contra Italia, por ejemplo, el Tribunal dictaminó en 2012 que Italia no podía interceptar a los migrantes en el Mediterráneo y devolverlos a Libia, a pesar de que la operación se llevara a cabo fuera del territorio italiano. El resultado fue la ilegalización de facto de las «devoluciones en el mar», que son un componente fundamental de la vigilancia fronteriza. En la práctica, la sentencia significó que los Estados ya no podían impedir que los inmigrantes ilegales llegaran a sus costas para solicitar asilo, independientemente del coste operativo o humanitario.

Otro punto importante se refiere a la doctrina de no devolución, es decir, la prohibición de devolver a las personas a países en los que puedan sufrir daños graves. Aunque no se menciona explícitamente en el Convenio, el TEDH ha ampliado este principio mucho más allá de su intención original en la posguerra. En varios casos, el Tribunal ha dictaminado que incluso los traslados a otros países de la UE pueden ser ilegales si las condiciones allí se consideran inadecuadas. También ha insistido en que cada expulsión debe ser objeto de una «evaluación individualizada» del riesgo, una pesadilla administrativa que hace prácticamente imposible las expulsiones masivas. Las consideraciones de seguridad nacional no tienen prácticamente ningún peso: incluso las personas consideradas peligrosas no pueden ser expulsadas si pueden sufrir malos tratos en el extranjero.

Por último, está el artículo 8 del Convenio, el «derecho al respeto de la vida privada y familiar». Lo que antes era una protección estrictamente definida del hogar y la correspondencia, se ha convertido en una disposición general invocada para impedir la expulsión de delincuentes condenados e inmigrantes ilegales. El Tribunal ha dictaminado en repetidas ocasiones que las expulsiones deben detenerse si el delincuente ha establecido una vida familiar en el país de acogida, por muy precaria que sea. Esto ha dado lugar a una avalancha de casos en los que delincuentes graves —desde criminales violentos hasta traficantes de drogas— han recurrido con éxito contra su expulsión basándose en el artículo 8. Los tabloides británicos han informado con regocijo de casos en los que los delincuentes han podido evitar la expulsión porque a sus hijos les gustaban los nuggets de pollo o cuestionaban su género. Pero detrás de la absurdidad de los tabloides se esconde una grave realidad constitucional: un tribunal internacional ha asumido la autoridad de decidir quién puede permanecer dentro de las fronteras de una nación.

Los defensores del Tribunal insisten en que este se limita a aplicar los principios que los propios Estados acordaron respetar. Sin embargo, esto ya no es creíble. El TEDH, según sus propias declaraciones, ha adoptado la doctrina del Convenio como un «instrumento vivo», lo que significa que sus disposiciones deben interpretarse a la luz de las «condiciones actuales». En la práctica, esto da a los jueces carta blanca para reinterpretar y ampliar el significado de los derechos de acuerdo con la sensibilidad política contemporánea. Lo que comenzó como una carta limitada de posguerra se ha convertido en un código moral en evolución aplicado por una élite no elegida con un poder de veto de facto sobre la legislación nacional.

Sin embargo, el TEDH es solo la punta del iceberg. El Tribunal opera dentro de un ecosistema más amplio de poder judicial y tecnocrático que se extiende mucho más allá de Estrasburgo. Sus sentencias son citadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los tribunales supremos nacionales y los organismos internacionales, y a menudo se transcriben a la legislación nacional. Los jueces nacionales, las ONG y los grupos de presión de derechos humanos utilizan su jurisprudencia para influir en la elaboración de políticas. Ha surgido todo un régimen de gobernanza judicializada, lo que el jurista Ran Hirschl ha denominado juristocracia: el gobierno de los jueces.

Durante el último medio siglo, amplios ámbitos de la vida pública que antes se decidían mediante el debate político —desde la migración y la seguridad hasta la política macroeconómica— se han transferido de los parlamentos a los tribunales, los juzgados y las autoridades independientes. Este proceso de despolitización fue una respuesta deliberada de las élites políticas a la creciente asertividad de la democracia de masas. A medida que se ampliaba el derecho al voto a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, las clases dirigentes europeas temían que las mayorías populares utilizaran su nuevo poder para desafiar el orden económico y social. La solución fue crear controles institucionales —tribunales constitucionales, bancos centrales independientes y tratados e instituciones supranacionales— que aislaran áreas clave de la gobernanza de la contestación democrática.

En las décadas de la posguerra, este modelo se extendió rápidamente. Alemania, Italia, Francia y Austria establecieron tribunales constitucionales con poder para derogar leyes. A nivel internacional, surgieron nuevos organismos, como el TEDH y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como guardianes de un orden liberal que situaba los «derechos» y los mercados por encima de la soberanía popular. Incluso sistemas al estilo de Westminster, como el británico, acabaron sucumbiendo. En los años setenta y ochenta, las élites políticas de toda la anglosfera adoptaron la judicialización como medio para aplicar políticas que, de otro modo, podrían haber encontrado resistencia por parte de la población.

Entre los ejemplos se incluyen la creación de organismos monetarios y de fijación de precios independientes, y el uso extensivo de organizaciones no gubernamentales cuasi autónomas (quangos) para aplicar políticas al margen del control parlamentario. La Ley de Derechos Humanos de 1998, que incorporó el Convenio Europeo de Derechos Humanos a la legislación británica, resume a la perfección la tendencia a la judicialización. Como observó Hirschl, la «deferencia hacia el poder judicial» sirvió bien a los intereses de las élites: por ejemplo, permitió a los gobiernos llevar a cabo controvertidas reformas económicas y laborales neoliberales, al tiempo que culpaban a jueces no elegidos u organismos independientes de sus consecuencias.

El resultado es el sistema en el que vivimos hoy: una «democracia limitada» en la que se mantienen las formas de representación, pero se ha vaciado de contenido la esencia de la elección política. La política de inmigración, que antes era competencia exclusiva de los parlamentos, se ha convertido en dominio de los jueces que interpretan los «derechos». Las políticas económicas y sociales están ahora dictadas por tratados internacionales y doctrinas constitucionales.

Criticar al TEDH no es oponerse a los derechos humanos, sino preguntarse quién los define y con qué autoridad. Cuando los «derechos» se amplían indefinidamente sin el consentimiento democrático, dejan de ser instrumentos de libertad y se convierten en herramientas de control. Mientras tanto, los gobiernos, aunque nominalmente limitados por dichos tribunales, a menudo acogen con agrado su interferencia, lo que les permite externalizar decisiones políticamente costosas a jueces no elegidos —para perseguir o preservar políticas que apoyan en privado pero que no se atreven a defender— o simplemente evadir la responsabilidad de problemas que son incapaces de resolver. Por eso las condenas de los políticos al TEDH, especialmente las procedentes del bando conservador que traicionó de forma tan espectacular el mandato del Brexit mientras estaba en el poder, suenan tan huecas.

La opinión pública británica parece percibir esta contradicción. Aunque muchos ciudadanos probablemente estarían de acuerdo en que la autoridad del TEDH ha ido demasiado lejos, las encuestas sugieren que la mayoría no está a favor de una retirada total del Convenio. Quizás entienden intuitivamente que abandonar el TEDH solo tendría sentido como parte de un proyecto más amplio de renovación política: una redemocratización de la gobernanza que restaure la primacía del parlamento y la soberanía popular. Pero un proyecto así requeriría una clase política que realmente creyera en la democracia, algo que escasea tanto en Gran Bretaña como en el resto de Europa.

Fuente: Unherd

Artículo seleccionado por Carlos Valmaseda para la página Miscelánea de Salvador López Arnal.

*++

Libros relacionados:

 

RUSIA DESPLIEGA SOLDADOS EN VENEZUELA Y AUMENTA TENSION CON EE.UU. 🔴 Pro...

sábado, 15 de noviembre de 2025

SE DERRUMBA LA DEFENSA UCRANIANA EN DNIPRO Y ZAPORIZHIA. GRAN ASALTO BAJ...

El fascismo en la era de las redes sociales

 

El fascismo en la era de las redes sociales

 

Diario octubre / noviembre 15, 2025

 


Manifestación juvenil antifascista en Zaragoza.

Gabi (Unidad y Lucha).— No es noticia que los países nucleados en torno a la OTAN estén sufriendo una crisis sistémica profunda fruto del agotamiento del modelo de producción capitalista. Esta crisis podría ya denominarse como una crisis general porque no solo es imposible realizar un nuevo ciclo de reproducción ampliada del capital, sino que la población general está sumida en una crisis existencial, moral y psicológica. Es una crisis que afecta a la humanidad en todos los aspectos y agudiza las condiciones para que la clase obrera se organice para luchar por sus intereses hacia el socialismo.

La clase obrera organizada es el mayor miedo de la burguesía, que prefiere la autodestrucción de la humanidad antes que admitir la superioridad de la producción planificada mediante el control obrero de sus medios. De ahí la necesidad de tener siempre latente una alternativa fascista. La intelectualidad burguesa intenta convencernos de que el fascismo fue un fenómeno puntual del siglo XX no vinculado a la extrema derecha actual. Sin embargo, nosotros y nosotras debemos hacer un análisis materialista y acudir a la definición que nos legó la Internacional Comunista: el fascismo es «la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas del capital financiero».

Esta falsa intelectualidad que niega la capacidad de adaptación del fascismo a los nuevos tiempos es operativa para esta dictadura del capital financiero, que se nutre cada vez más de una juventud proletaria empobrecida, incapaz de adquirir una vivienda, chantajeada por la temporalidad y la movilidad laboral, y aturdida por las redes sociales y sus falsos gurús. A la juventud se le ha prometido que, a base de esfuerzo, es posible tener una vida cómoda bajo el llamado «estado del bienestar», creando una generación de trabajadoras y trabajadores que aspiran a la falsa «clase media». Sin embargo, la realidad es tozuda, y ahora la juventud necesita respuestas fáciles.

Ahí reside la popularidad de un modelo de personalidad de las redes sociales que podríamos calificar de «criptobros». Estos influencers, generalmente hombres, promueven un culto al cuerpo y a las finanzas, conectando ambos aspectos a través de valores abstractos como la perseverancia o la superación personal. Un ejemplo claro de esta tendencia es Amadeo Lladós, fundador de una secta piramidal de inversiones en criptomonedas y un programa de fitness en línea. Otro youtuber, JPelirrojo, grabó un vídeo haciendo pesas en el hospital mientras acompañaba a su esposa, que acababa de dar a luz. Estos personajes quieren que nos acomplejemos de nuestro cuerpo y nuestra economía para que nos culpemos a nosotros mismos del fracaso del sistema con el que se enriquecen.

Paralelamente, ha surgido entre las mujeres jóvenes el fenómeno tradwife, o «esposa tradicional», un viejo modelo de feminidad que bebe en los estereotipos estadounidenses de los años 50. Hablamos de una mujer que no percibe un salario y que se entrega fielmente a las labores domésticas. Una mujer que cocina sumisa, maquillada y bien vestida para su hombre. Encontrar un ejemplo de este fenómeno no es difícil: la influencer RoRo lleva años encendiendo las redes con su poco disimulado reaccionarismo.

Pecaríamos de ingenuos si pensáramos que estos modelos son residuales. El influencer Ibai Llanos dio cabida a muchos de ellos en su última Velada del Año, que tuvo nada menos que 9 millones de espectadores a través de Twitch, plataforma propiedad de Jeff Bezos, del fondo de inversión Vanguard y de BlackRock, que también tiene participaciones en Meta (propiedad del sionista Mark Zuckerberg). Si además tenemos en cuenta que X (antes conocida como Twitter) es propiedad del afrikaner Elon Musk, ya nos podemos hacer una idea muy precisa de por dónde se infiltra el fascismo en nuestra juventud.

Fuente: unidadylucha.es

 *++

Hacia la medianoche del mundo

 

El anuncio de que EEUU reanudaba las pruebas nucleares no ha tenido demasiada repercusión pública, a pesar de su gravedad. Obviamente Rusia, y tal vez China, han tomado buena nota. Queda por ver cuál será su respuesta.


Hacia la medianoche del mundo


Alex Marsaglia

El Viejo Topo

15 noviembre, 2025



HACIA LA MEDIANOCHE DEL MUNDO: CRÓNICAS DE LA ESCALADA NUCLEAR

 

Las consecuencias del fallido viaje de Trump a Asia se manifiestan de la forma más grave: una escalada nuclear. En un mundo inmerso en una guerra convencional que se libra en múltiples frentes, el anuncio de la reanudación de las pruebas nucleares por parte de Estados Unidos no podía pasar desapercibido. Trump, por su parte, al no haber logrado superar la barrera asiática mediante la guerra comercial convencional, no tuvo más remedio que intentar otra vía. Así, eligió el camino más peligroso, pero inevitable, dado el nivel de desarrollo tecnológico alcanzado: una confrontación en el ámbito de la tecnología militar nuclear.

Las declaraciones intercambiadas entre los líderes rusos y estadounidenses revelan el secreto tras el avance militar, tecnológico y nuclear de Burevestnik. El ministro de Defensa ruso, Belousov, al anunciar la reanudación inmediata de los preparativos para ensayos nucleares a gran escala, reveló que en octubre Estados Unidos realizó un ejercicio que simulaba un ataque preventivo con misiles nucleares contra Rusia. Además, Estados Unidos trabaja en la creación de un nuevo misil intercontinental con un alcance de 13.000 km y una ojiva nuclear para reducir de inmediato la brecha con Rusia.

Por su parte, tras anunciar la reanudación de las pruebas nucleares estadounidenses después de 33 años, anulando así la vigencia de otro tratado de la ONU —concretamente, el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1996—, Trump intentó justificar su decisión alegando la naturaleza «igualitaria» de las pruebas. Las declaraciones del presidente estadounidense hacen referencia a «los programas de pruebas de otros países», lo que le habría obligado a ordenar al Departamento de Guerra que «comenzara a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones». Lamentablemente, las últimas pruebas con explosiones nucleares verificadas (excluyendo las de Corea del Norte) datan precisamente de ese período: la última prueba nuclear de la República Popular China en 1996, y las de India y Pakistán en 1998. En resumen, el anuncio estadounidense de la reanudación de las pruebas nucleares abre la puerta al abismo que se había intentado cerrar con mucho esfuerzo mediante una serie de tratados internacionales y bilaterales, como el Tratado START, cuya renovación, prevista para febrero de 2026, resulta ahora completamente irrelevante. La reanudación de las pruebas nucleares con fines militares reabre, evidentemente, la era de la confrontación a través de la carrera por el desarrollo tecnológico. Una carrera nihilista hacia la nada, que nunca se detuvo del todo, pero que ahora se acelerará significativamente. Además, dado que la capacidad de aniquilación de la humanidad ya se ha alcanzado y superado en gran medida, lo que se disputará en este juego de poder será precisamente esa capacidad, medida en potencial explosivo y en el menor tiempo posible. Romper la barrera espacio-temporal, determinar quién es capaz de montar una ojiva nuclear en un vehículo nuclear para aniquilar al adversario con mayor rapidez, se convierte en la nueva frontera a conquistar para ganar la confrontación nuclear en caso de combate. Por supuesto, afortunadamente, por ahora esto sigue siendo una hipótesis, pero es aún más fundamental y necesario mantenerla, continuar la lucha alcanzando los niveles más altos de desarrollo tecnológico. No quedarse atrás en la carrera por romper las fronteras espacio-temporales de la aniquilación de la humanidad se convierte en el verdadero objetivo de esta carrera por desarrollar la tecnología de la violencia. Como recordó Günther Anders, haciéndose eco de las ideas del maestro Martin Heidegger, quien en su opinión fue responsable de una ontología excesivamente antropocéntrica, centrada en el hombre como el «pastor del ser», que perdió de vista el papel reificador de la tecnología ejercido por el propio hombre sobre el hombre: «el libro fundamental de la filosofía hoy ya no debería llamarse, como hace sesenta años, Ser y Tiempo; debería titularse más bien Ser y Medio Tiempo; o incluso, más correctamente: La mitad del tiempo y no ser” [1] .

Todo el drama de la escalada nuclear en la que el mundo se precipita puede resumirse filosóficamente en la naturaleza anticuada de la humanidad, perdida en su desconexión prometeica con lo que produce, impulsada por el afán de reificación a perseguir sin cesar el mundo de sus productos en una carrera nihilista hacia la nada. No hay otro propósito que el fin en lo que las mayores potencias mundiales están logrando militarmente, empujadas por el imperialismo estadounidense a una confrontación violenta que se torna más peligrosa a cada hora, escalando al nivel nuclear. El cerco de Estados Unidos a Rusia tras la caída del Muro de Berlín inevitablemente impulsó a Moscú a buscar armas capaces de salvar la brecha espacio-temporal, pero ahora la decisión de Trump de relanzar la confrontación nuclear eleva inevitablemente el nivel del conflicto actual a un nuevo nivel difícil de evitar en defensa propia. Como afirmó el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Medvedev: «Nadie sabe a qué se refería Trump con «pruebas nucleares» (probablemente ni él mismo). Pero es el presidente de Estados Unidos. Y las consecuencias de estas palabras son inevitables: Rusia se verá obligada a evaluar de forma independiente la conveniencia de realizar pruebas nucleares a gran escala». La verdadera consecuencia de estas declaraciones es la reanudación de la carrera armamentística nuclear, que inevitablemente se llevará a cabo con pruebas como demostración de fuerza. Una vez más, el derecho se convertirá en un mero formalismo y las relaciones de poder se utilizarán para dirimir disputas entre Estados. Y ante este asunto, la humanidad, que sufrió un inesperado impacto con la cuestión palestina, parece incapaz de hacer otra cosa que permanecer impasible.

Notas

[1] G. Anders, El mundo después del hombre. Tecnología y violencia, Mimesis, Milán, 2008, p. 21

Fuente: l’AntiDiplomatico

*++

Colombia anuncia la totalidad de su Amazonía como zona libre de explotación petrolera

 

 

Colombia anuncia la totalidad de su Amazonía como zona libre de explotación petrolera

TERCERAINFORMACION / 14.11.2025

Colombia incitó a las naciones con presencia del Amazonas a construir una Alianza Amazónica por la Vida para avanzar en una transición energética justa y sostenible.


Colombia anhela que la selva amazónica el corazón de la acción climática, la justicia ambiental y la paz con la naturaleza, blindándola de las actividades extractivas convencionales. Foto: EFE.

 

Colombia se anunció como el primer país amazónico en declarar la totalidad de su bioma amazónico como zona libre de petróleo y minería a gran escala.

El anuncio fue hecho por la ministra de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Colombia, Irene Vélez Torres durante una reunión de ministros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA.

“Colombia ha decidido dar el primer paso. Hemos sido el primer país de la cuenca amazónica en declarar la totalidad de la parte que corresponde a Colombia del bioma amazónico como una zona de reserva de recursos naturales renovables, protegiendo este bioma de actividades de gran minería e hidrocarburos”, declaró Vélez Torres.

Lo hacemos no solo como un acto de soberanía ambiental, sino como un llamado fraterno a los demás países que comparten el bioma amazónico, porque la Amazonía no conoce fronteras y su cuidado exige que caminemos juntos”, agregó.

El Gobierno de Colombia incitó a las naciones con presencia del Amazonas a construir una Alianza Amazónica por la Vida para avanzar en una transición energética justa y sostenible.

La invitación fue hecha durante el Encuentro de Ministros de Ambiente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que se realizó en la COP30 de cambio climático.

Colombia anhela que la selva amazónica el corazón de la acción climática, la justicia ambiental y la paz con la naturaleza, blindándola de las actividades extractivas convencionales.

Más de 483.000 kilómetros cuadrados están incluidos en la prohibición de nuevas actividades mineras e hidrocarburíferas, que equivalen al 42 por ciento del territorio continental y aproximadamente al 7 de la Amazonía suramericana.. 

 *++

Efectos dominó: La Cumbre y el eco de la suspensión

 

 

(El presidente de la República Dominicana en la Casa Blanca, ¿para rendir pleitesia o recibir órdenes del amo Trump?)

Efectos dominó: La Cumbre y el eco de la suspensión

Tercerainformacion / latinoamerica / 13.11.2925/

La postura de la presidenta de México fue clara y contundente: cualquier cumbre que excluyera a países del continente dejaría de ser una «Cumbre de las Américas» para convertirse en un «cónclave sesgado».

La X Cumbre de las Américas, que debía tener lugar en República Dominicana  ha pasado de ser un faro de diálogo continental a convertirse en el epicentro de una sonora derrota diplomática. Oficialmente pospuesta hasta 2026 debido a «profundas divergencias», esta claudicación es el primer y contundente «efecto dominó» de una política de exclusión impuesta. El rechazo de países clave como México y Colombia forzó la mano del bloque regional que dijo «No» a la agenda preestablecida, percibida como un intento de alineamiento hemisférico, exponiendo al país anfitrión como un simple ejecutor de una agenda imperial incapaz de sostener la convocatoria.

El destino del evento no se decidió en Santo Domingo ni en ninguna capital latinoamericana, sino en la férrea postura adoptada sobre quién debía sentarse a la mesa. El principal factor gravitacional que sentenció el evento fue la insistencia, impulsada principalmente por Washington, de excluir a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esta postura reactivó una división histórica en el hemisferio: la que opone la diplomacia basada en la inclusión, sostenida por el bloque progresista, contra la política de sanciones y vetos promovida por la Casa Blanca y sus aliados, lo cual fue un error de cálculo monumental en el contexto regional actual.

El «eco de la suspensión» resuena con una lección ineludible: la soberanía en política exterior es el activo más valioso de cualquier nación. La suspensión, impulsada por la acción colectiva del Sur global, marca un precedente histórico que señala el fin de las imposiciones unilaterales. El multilateralismo de las Américas solo puede avanzar bajo el principio irrenunciable de la inclusión total, dejando claro que la exclusión sella, inevitablemente, el destino de la Cumbre al convertirse en un cónclave sesgado.

Reafirmación de la soberanía regional

La dinámica del fracaso fue sencilla: al vetar a tres naciones, se vetaba de facto la legitimidad del encuentro para representar a la totalidad del continente. El objetivo declarado de la Cumbre, que era abordar desafíos comunes de seguridad y desarrollo, quedó inmediatamente eclipsado por un debate ideológico sobre la soberanía de los Estados, convirtiendo al evento, antes de empezar, en un foro ideológico parcializado, haciendo inminente el colapso de la asistencia de alto nivel.

En el entramado de esta debacle diplomática, el papel de República Dominicana  como anfitrión ha sido objeto de intensa crítica regional. La decisión de la suspensión, comunicada de manera concisa y sin mayor justificación que las «divergencias», reforzó la narrativa de que el país caribeño operó como un mero vocero o ejecutor de una agenda preestablecida, comprometiendo su papel de mediador neutral al ceder a las presiones de la diplomacia estadounidense para mantener la exclusión.

La suspensión, por lo tanto, no se presentó como una decisión soberana para reevaluar la logística, sino como el reconocimiento forzado de que no se podía garantizar la asistencia de peso sin romper con la línea de Washington. El impacto es que RD no solo perdió la oportunidad de un gran escaparate diplomático, sino que su imagen en la región quedó ligada a la claudicación ante la presión. El gobierno dominicano se limitó a informar la suspensión, en lugar de liderar un proceso de negociación que buscara salvar el consenso.

Si la política de exclusión fue el factor gravitacional que sentenció el evento, fue el «Veto del Sur», liderado por las decisiones de México y Colombia, lo que activó y completó el temido efecto dominó que forzó la suspensión. La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde México, fue clara y contundente, sumándose a la del presidente colombiano, Gustavo Petro, cuya diplomacia ha abogado consistentemente por un acercamiento multilateral sin exclusiones ideológicas.

El peso combinado de estas dos naciones era insuperable. México y Colombia no solo representan dos de las economías más grandes de América Latina, sino que sus líderes gozan de una significativa influencia moral y política. Su negativa a asistir, a menos que se garantizara la participación de todos los Estados, dejó al eje EE. UU.-RD en una posición insostenible, pues su ausencia significaba la pérdida de legitimidad total del evento, forzando la suspensión obligatoria.

Ante el inminente anuncio de que otros líderes progresistas, como el de Brasil, seguirían el mismo camino, los promotores de la Cumbre entendieron que la única opción era el repliegue. La decisión de la suspensión, por lo tanto, no fue un acto de proactividad, sino una reacción forzada a la cohesión del bloque regional que dijo «No» a la agenda impuesta. El efecto dominó fue así: Exclusión, rechazo de México y Colombia, pérdida de legitimidad y, finalmente, la suspensión obligatoria del encuentro continental.

Deterioro Diplomático

El anuncio oficial de la suspensión detonó un «eco en comunicación» que, lejos de calmar las aguas, magnificó la derrota. Los medios de comunicación y los analistas se dividieron en tres grandes frentes, confirmando la polarización que la Cumbre pretendía, sin éxito, superar. Esto dejó en evidencia la incapacidad de la diplomacia estadounidense y dominicana para manejar el disenso regional de una manera constructiva.

El eje EE. UU.-República Dominicana, junto a sus aliados, enarbolaron la narrativa de que la suspensión era la prueba irrefutable de la intransigencia de los gobiernos vetados, buscando justificar la política de exclusión. Esta posición se centró en presentar la cancelación no como un fracaso diplomático propio, sino como una consecuencia directa de la «toxicidad» de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, subrayando la imposibilidad de un diálogo fructífero sin alineamiento ideológico.

Por su parte, el Bloque Progresista Regional celebró el desenlace como una contundente victoria de la soberanía y el multilateralismo inclusivo. La tesis que prevaleció en este frente fue que la región ya no tolera el tutelaje de Washington ni las imposiciones ideológicas. Los gobiernos de México y Colombia ratificaron que el diálogo continental debe ser sin exclusiones, y que la suspensión validaba su postura firme ante la agenda de división hemisférica promovida desde el Norte.

Los analistas independientes y la prensa crítica señalaron la suspensión como un fracaso rotundo de la diplomacia dominicana y un precedente negativo para futuras convocatorias. Las críticas apuntaron a la incapacidad del país anfitrión  para mediar una solución y a la subestimación de EE. UU. sobre la creciente autonomía política de los nuevos líderes latinoamericanos, destacando que el vacío dejado por la Cumbre será llenado por foros como la CELAC, donde Washington no tiene voz ni voto ni capacidad de imponer vetos.

Declive de la influencia hemisférica

La suspensión forzada de la X Cumbre de las Américas es mucho más que un contratiempo logístico; es un diagnóstico claro del declive de la influencia estadounidense en el continente. Es, además, una advertencia contundente sobre el riesgo de sacrificar la autonomía diplomática por alineamientos ideológicos. El principal «efecto dominó» a largo plazo es la cristalización de una significativa derrota política para el eje EE. UU.-República Dominicana, debilitando su posición regional.

Para Estados Unidos, el fracaso demuestra que su estrategia de forzar una división hemisférica entre «democracias» y «autoritarismos» —evocando prácticas de la Guerra Fría— es insostenible ante la nueva correlación de fuerzas. Los líderes de peso en la región han demostrado que están dispuestos a priorizar la integración y el multilateralismo inclusivo sobre las directrices de Washington, lo cual erosiona la credibilidad de EE. UU. como articulador de consensos.

Esta derrota erosiona la credibilidad de EE. UU. como articulador de consensos en el hemisferio, dejando un vacío que será, inevitablemente, cubierto por foros alternativos como la CELAC. Esta plataforma, que excluye precisamente a Estados Unidos y Canadá, ganará una relevancia aún mayor como el espacio legítimo para el diálogo político y la toma de decisiones económicas que afectan al continente en su totalidad, sin condiciones previas ni vetos ideológicos.

Para República Dominicana, el costo político de haber sido el ejecutor de la política de exclusión es alto y su impacto será duradero. El país, que históricamente ha intentado balancear su cercanía con EE. UU. y su rol regional, terminó perdiendo la oportunidad de ser un anfitrión exitoso y, peor aún, se ganó la percepción de haber supeditado su diplomacia a intereses externos.

La derrota se materializa en la pérdida de confianza de sus pares regionales y en el deterioro de su imagen como posible puente entre las dos visiones de América. En lugar de consolidarse como un líder mediador, RD quedó señalado como un actor que priorizó el alineamiento con una potencia extranjera por encima del consenso regional, afectando seriamente sus futuras aspiraciones diplomáticas en la región.

 *++

viernes, 14 de noviembre de 2025

SE RINDEN FUERZAS ESPECIALES EN POKROVSK.EVACUACIÓN TOTAL DE HULIAPOLE....

En torno a Ucrania

 

Sentimos repetirnos, pero estamos de acuerdo con estas conclusiones de Mario Lombardo. Son puro sentido común, en absoluto dogmáticas ni hiper-ideologizadas. Por eso asombra que no las atisben en la cúpula de la UE.


TOPOEXPRESS

En torno a Ucrania


Por Mario Lombardo

El Viejo Topo

14 noviembre, 2025


La inminente amenaza del posible colapso definitivo de las líneas de defensa ucranianas en el frente del Donbás está generando una amarga reflexión en Europa sobre los desastrosos efectos de las políticas de apoyo incondicional al régimen de Zelensky, implementadas desde febrero de 2022. Sin embargo, las soluciones que se barajan no sugieren un cambio de actitud ni una rectificación para al menos salvar lo que pueda, sino que, por el contrario, prevén una intensificación de los esfuerzos para alcanzar objetivos económicos y estratégicos inalcanzables. Este autoengaño y la persistencia de tendencias autodestructivas, no obstante, solo sorprenden superficialmente. Si la clase dirigente europea actual hubiera poseído un mínimo de pensamiento racional e independiente, el viejo continente no se encontraría en la senda del declive y la irrelevancia.

Entre los análisis más alarmantes que han aparecido recientemente en los medios se encuentra el publicado esta semana por la red paneuropea Euractiv. Este medio multilingüe describe la situación económica europea como «horrible», antes de enumerar una serie de problemas de larga data que lastran el futuro de la Unión. En términos generales, el artículo destaca algunas de las causas inmediatas del estancamiento, la pérdida de poder adquisitivo y el vertiginoso aumento de la deuda. Sin embargo, la razón subyacente de este declive se oculta entre líneas o se encubre deliberadamente. En otras palabras, en ningún momento se menciona una aventura, como la de Ucrania, lanzada intencionadamente para provocar una reacción de Rusia que brindara la oportunidad de debilitar y, en el peor de los casos, destruir a este país, permitiendo así que Estados Unidos y Europa neutralicen la «amenaza» a su hegemonía y controlen su riqueza.

El fiasco histórico que enfrenta Occidente en Ucrania lo está pagando en gran medida Europa, y todo indica que lo peor está por venir. Sobre todo porque no hay ni rastro en Bruselas, ni en Berlín ni en París, de una posible reconsideración o un retorno a decisiones racionales en materia política, económica y energética. Euractiv describe así una Europa marcada por un crecimiento económico «terriblemente lento», una demanda «alarmantemente débil» y una inversión extranjera en su nivel más bajo en nueve años. La lista no termina ahí. Las empresas también se ven lastradas por los altísimos costes energéticos, así como por los aranceles estadounidenses y la feroz competencia china.

El problema fundamental que el autor de ese artículo parece pasar por alto es, por supuesto, la guerra en Ucrania, provocada no por Rusia, sino por Occidente y la OTAN en su avance hacia el este, así como por el trato dado a la minoría rusoparlante en el antiguo país soviético tras el Maidán. Estas decisiones también tienen consecuencias políticas y, sobre todo, económicas. Tras el inicio de la invasión rusa, recibida con fingida indignación en Europa y Washington, Bruselas puso en marcha iniciativas que sentaron las bases para la quiebra del proyecto europeo y de las economías de los Estados miembros. Estas iniciativas se manifestaron principalmente de tres maneras: paquetes de (auto)sanciones dirigidas nominalmente contra Moscú, la ayuda multimillonaria sin precedentes al régimen de Kiev y, quizá lo más grave, la drástica reducción, con la perspectiva de su desaparición, del suministro de gas y petróleo ruso.

Estas medidas fueron doblemente perjudiciales, no solo porque impusieron una carga insostenible a la economía europea y a los ingresos de sus habitantes, sino también porque se basaron en el engaño y la mentira; es decir, se presentaron como necesarias para combatir un ataque brutal e injustificado contra un país inocente y un modelo de democracia. La interrupción autoinfligida del suministro de energía a bajo coste gracias a los productos rusos representó, por tanto, la eliminación del elemento fundamental de la competitividad de la industria europea. Una autoempoderamiento que también se produjo mediante actos objetivamente terroristas, como la explosión que destruyó el gasoducto Nord Stream en septiembre de 2022, a manos de fuerzas ucranianas, polacas o estadounidenses, según las versiones más o menos oficiales de la investigación.

Las cifras que ilustran la situación actual nos ayudan a comprender la locura colectiva que ha permeado a la clase dirigente europea durante casi cuatro años, con muy pocas excepciones. El gasto militar europeo solo para Ucrania asciende hasta ahora a aproximadamente 180.000 millones de euros. Esta cifra carece prácticamente de precedentes, especialmente para un proyecto fallido que resultó en la destrucción de arsenales enteros y, peor aún, en la muerte de generaciones enteras de ucranianos. Este despilfarro, sin embargo, no alcanza a reflejar la catástrofe autoinfligida de figuras como Macron, Scholz, Merz, Tusk, Starmer, Von den Leyen y muchos otros. Según algunas estimaciones, si sumamos la «ayuda» prestada a Kiev a las pérdidas económicas y otros gastos directamente relacionados con la tragedia ucraniana, Europa ha asumido hasta ahora un coste total de alrededor de 700.000 millones de euros. Esta cifra absurda ni siquiera incluye el precio adicional que han pagado particulares y empresas tras la interrupción del suministro de gas y petróleo rusos.

La conducta de los líderes europeos en los últimos años ha sido, por lo tanto, sencillamente criminal, aunque ninguno de los responsables vaya a rendir cuentas jamás. De hecho, lo que se está gestando es una aceleración de las políticas militaristas, que drenan aún más los recursos públicos de los programas de bienestar social hacia la compra de armamento. La razón: la histórica derrota en la guerra infligida directamente a Rusia y la drástica reducción del papel global de Europa. Todo esto, por supuesto, se presenta como una necesidad absoluta para hacer frente a la (inexistente) amenaza militar de Moscú.

Hablando de criminalidad, la clase dirigente europea también ha emprendido otras iniciativas flagrantemente ilegales en un intento desesperado por evitar o retrasar el enfrentamiento en Ucrania. La más evidente es la apropiación de fondos rusos congelados en Europa, mediante una medida igualmente ilegítima, tras el inicio de las operaciones militares en febrero de 2022. Estos fondos ascienden a más de 200.000 millones de euros depositados en el banco belga Euroclear, del cual Bruselas ya ha extraído ilegalmente solo los intereses. El agujero negro ucraniano requiere cada vez más ingentes cantidades de fondos para evitar el colapso del Estado y las fuerzas armadas, pero la situación financiera europea es ahora insostenible, lo que convierte a los fondos rusos en el principal objetivo para abrir una nueva línea de crédito a Kiev.

Lo que se necesita es «solo» un instrumento creado específicamente para transformar un robo en una operación aparentemente legal. Existen profundas divisiones dentro de la UE entre los gobiernos que impulsan esta apropiación directa y otros que aconsejan cautela dadas las implicaciones legales, las represalias rusas y el daño a la credibilidad de Europa. Podría tomarse una decisión final el próximo diciembre, pero las consecuencias de una posible o real violación del derecho internacional por parte de Europa han tenido desde hace tiempo consecuencias desastrosas.

Al menos, esto es lo que se deduce de los datos sobre inversiones extranjeras en Europa, citados en el artículo de Euractiv mencionado anteriormente, que pone de relieve una creciente desconfianza hacia el viejo continente. Esta desconfianza se alimenta no solo de la amenaza de que diversas inversiones y activos puedan ser confiscados de facto en cualquier momento por las autoridades europeas sin respetar la ley, sino también de la pérdida de competitividad del sistema europeo y del astronómico coste de la energía. Un estudio publicado el pasado mayo por EY reveló que la inversión extranjera directa (IED) disminuyó por segundo año consecutivo en 2024, alcanzando su nivel más bajo en nueve años. Evidentemente, esta tendencia no se revertirá si Europa procede con la confiscación de facto de los fondos rusos congelados.

Los precios de la energía también subirán tras la decisión de Bruselas el mes pasado de prohibir por completo las importaciones de gas y petróleo rusos a partir del 1 de enero de 2028. Esta medida también infringió las normas, ya que, mediante una maniobra pseudolegal, se eliminó el requisito de unanimidad en favor de la mayoría cualificada. Esta maniobra neutralizó la firme oposición de países como Hungría y Eslovaquia.

La apoteosis de la clase dirigente europea alcanzó su punto álgido en la gestión de las relaciones transatlánticas tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. El hecho más curioso se relaciona con otro factor citado en el artículo de Euractiv como obstáculo para el crecimiento económico del continente: los aranceles impuestos por Trump a los productos europeos. Europa acabó aceptando los dictados de la Casa Blanca, perjudicando a sus empresas exportadoras en un intento de mantener a la administración republicana vinculada al proyecto ucraniano.

Más allá de simplemente negarse a negociar la reducción o eliminación de aranceles, Europa accedió a importar gas estadounidense a precios exorbitantes, con la esperanza de que Trump mantuviera la misma postura que su predecesor respecto a la guerra contra Rusia. El resultado, sin embargo, fue otro desastre. El presidente estadounidense ignoró repetidamente a Bruselas en las negociaciones con Moscú y, finalmente, decidió no suspender por completo la transferencia de armas a Kiev solo con la condición de que Europa asumiera los costos, obligándola así a cometer otro suicidio político: comprar a productores estadounidenses lo que necesita para intentar mantener a flote el régimen de Zelensky.

Fuente: Altrenotizie

 *++