domingo, 12 de octubre de 2025

ALERTA MÁXIMA EN UCRANIA. DURO GOLPE DE RUSIA. PUTIN REAPARECE. ZELENSKY...

La crisis en Ecuador

 

El Gobierno de Daniel Noboa se caracteriza por políticas neoliberales de austeridad dictadas por el FMI, la represión violenta de las protestas y una serie de reformas orientadas a alinear al país con la política exterior estadounidense.


La crisis en Ecuador

 

Pilar Troya Fernández

El Viejo Topo

12 octubre, 2025 



AUTORITARISMO, AUSTERIDAD, REPRESIÓN Y FALSAS NARRATIVAS: LA CRISIS EN ECUADOR

El Gobierno de Daniel Noboa en Ecuador se caracteriza por la implementación de políticas neoliberales de austeridad dictadas por el FMI, la represión violenta de las protestas sociales y una serie de reformas legales orientadas a incrementar el autoritarismo estatal y alinear al país con la política exterior estadounidense. Todo esto ocurre en medio de una crisis de seguridad sin precedentes.

La crisis de seguridad

Durante el primer semestre de 2025, Ecuador registró 4.619 homicidios, estableciendo un nuevo récord histórico y representando un aumento del 47% respecto al mismo período de 2024. Esta cifra convierte al país en el más violento del continente. El Plan Fénix, implementado por el Gobierno de Noboa desde 2024, nadie sabe en qué consiste y no ha producido resultados positivos; por el contrario, la inseguridad ciudadana ha empeorado. Los constantes estados de emergencia que han militarizado el país tampoco han logrado revertir la situación.

Las políticas de austeridad

Reelecto en abril de 2025, Daniel Noboa ha implementado un programa de extrema derecha alineado con las exigencias del FMI. En junio despidió a 5.000 funcionarios públicos y fusionó cuatro ministerios. En el caso más grave, las competencias relacionadas con el medio ambiente fueron transferidas al Ministerio de Recursos Naturales e Hidrocarburos, evidenciando la orientación extractivista del Gobierno. Estas medidas representan el camino hacia el Estado mínimo que pregona el neoliberalismo y responden a las condiciones del último préstamo del FMI.

El 12 de septiembre, Noboa retiró el subsidio al diesel, cuyo precio pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón hasta diciembre. Posteriormente, el precio dependería de un sistema de bandas atado a los precios del mercado internacional. Esta medida detonó un paro nacional de transportistas el 13 de septiembre, quienes pactaron rápidamente con el Gobierno a cambio de subsidios, y posteriormente el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) el 18 de septiembre, exigiendo la derogatoria de la medida, bajar el IVA del 15% al 12%, no a la minería, respeto a la consulta previa y más inversión en educación y salud. Cabe destacar que los hospitales públicos están en condiciones precarias, sin medicamentos ni insumos. Los medios reportan pacientes que requerían diálisis y murieron por falta de ella.

Sumisión a los Estados Unidos y reformas constitucionales

El 3 de junio, la Asamblea Nacional, en la que el Gobierno tiene mayoría, aprobó un cambio en el artículo 5 de la Constitución para permitir bases militares extranjeras. Esta modificación requería la aprobación de la Corte Constitucional y posteriormente un referéndum. El 5 de septiembre, la Corte Constitucional rechazó cuatro de las ocho preguntas que Noboa había enviado para consulta popular y referéndum, incluyendo esta cuestión.

Leyes autoritarias y la Corte Constitucional como último bastión

En junio de 2025, el Gobierno logró aprobar tres nuevas leyes enviadas como económicamente urgentes sin serlo: de Inteligencia, de Solidaridad Nacional y de Integridad Pública. El campo progresista presentó 23 demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional porque violan derechos relacionados con la niñez y adolescencia, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad, entre otros. La Corte suspendió provisionalmente 16 artículos de estas leyes, provocando una campaña de descrédito organizada por el Gobierno que acusó a la Corte de dejar al país en indefensión frente al crimen.

La Ley de Solidaridad Nacional buscaba institucionalizar la figura de “conflicto armado interno” que Noboa utilizó en un decreto en enero de 2024. Esto implicaba: uso libre de militares en operativos policiales; indulto previo al personal de seguridad por potenciales crímenes y violaciones de derechos humanos; criminalización de organizaciones opositoras catalogándolas como grupos armados; y tratamiento de zonas, bienes muebles e inmuebles que se presumen de grupos delincuenciales como objetivos militares.

La Ley de Inteligencia pretendía interceptar cualquier comunicación sin orden judicial, requerir información en dos días sin necesidad de orden judicial, acceder a datos personales sin orden judicial, el regreso de los gastos reservados (fondos discrecionales no transparentes), y no mantener archivos de documentos sino incinerarlos.

El 27 de septiembre, la Corte Constitucional rechazó definitivamente dos de las leyes, la de Seguridad Nacional y la de Integridad Pública, por ser flagrantemente inconstitucionales.

La Corte Constitucional es el único organismo de Estado que el Gobierno de Noboa no controla. La Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado han apoyado al Gobierno implementando lawfare contra la oposición, especialmente la Revolución Ciudadana, partido de Rafael Correa, a la par que no investiga ninguno de los indicios de corrupción del actual Gobierno. Entre ellos, contratos millonarios con empresas de familiares de Noboa, nuevas concesiones mineras que también conducen a sus parientes, 48 generadores comprados para provisión de energía eléctrica de los cuales 30 no son compatibles con el sistema ecuatoriano, y el escándalo del contrato con Progen para el sistema eléctrico del que se pagaron 149 millones de dólares sin resultados, dejando la posibilidad de que los apagones de 14 horas diarias del año pasado se repitan.

Abusos, protestas y represión

El 16 de septiembre, en Cuenca, la tercera ciudad del país con 800.000 habitantes, se dio la mayor marcha ambiental de la historia del país: 100.000 personas marcharon contra el proyecto minero Loma Larga en la zona de Quimsacocha, que pondría en riesgo las fuentes de agua para uso agrícola y humano. El proyecto había sido suspendido por un tribunal local por no cumplir con los requisitos de consulta previa y ambiental.

El 19 de septiembre, Noboa ordenó al Consejo Nacional Electoral, mediante decreto, organizar una Asamblea Nacional Constituyente sin pedir el dictamen de la Corte Constitucional, lo cual constituye una violación de la Constitución y fue interpretado como un intento de golpe de Estado. La Corte admitió a trámite cinco demandas de inconstitucionalidad y la ejecución del decreto está bloqueada, aunque el CNE lanzó rápidamente la convocatoria a elecciones para la Constituyente.

Al momento de publicación de este artículo, el paro nacional convocado por la CONAIE continuaba tras 20 días, con apoyo en varias ciudades, especialmente de estudiantes. Los cortes de vías, protestas y paralizaciones se extienden por todo el país, pero con más fuerza en la Sierra, donde el movimiento indígena es el principal actor del campo popular.

Tanques y vehículos militares reprimieron las protestas en la provincia de Imbabura disparando inclusive contra comunidades indígenas desarmadas. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, dijo que se trataba de un convoy humanitario «emboscado por estructuras terroristas». El tal convoy llegó sin aviso previo mientras toda la comunicación por internet se interrumpía y no hay ningún grupo terrorista vinculado. Efraín Fuérez murió en una zona cercana a manos de militares. Un periodista español que reportaba desde la zona, Lautaro Bernat, fue deportado.

Hay al menos 100 personas detenidas y 10 desaparecidas. Doce detenidos fueron enviados el 26 de septiembre a una de las cárceles de máxima seguridad donde el día anterior se produjo una masacre carcelaria en la que murieron 17 personas. Masacres que se repiten incluso con las cárceles bajo control militar desde 2024. Estas personas fueron falsamente acusadas de terrorismo y de tener antecedentes penales. El Gobierno ha bloqueado sin mandato judicial cuentas bancarias de dirigentes y organizaciones populares, alegando sin pruebas que el financiamiento del paro viene de la organización venezolana de narcotráfico “Tren de Aragua”.

El expresidente de la CONAIE, Leonidas Iza, líder de los levantamientos de 2019 y 2022, sufrió un atentado contra su vida por parte de agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia el 18 de agosto de 2025. Cuatro niños de un suburbio de Guayaquil fueron torturados y ejecutados extrajudicialmente por militares en diciembre de 2024. El nivel de autoritarismo es tal que el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos lo denuncia en un informe que señala graves vulneraciones a los derechos humanos en Ecuador entre 2024 y 2025. Informes internacionales muestran que desde 2024 han aumentado los delitos de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

La respuesta de Noboa al rechazo de las dos leyes por la Corte Constitucional fue, el 30 de septiembre, el envío de una nueva ley económica urgente para facilitar donaciones para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

No hay ninguna negociación con los actores en paro. Frente a las demandas de más democracia e inversión estatal, el Gobierno responde con austeridad, aumento de la represión y una estrategia comunicacional que busca establecer la falsa narrativa de que todas las personas que protestan son delincuentes y/o terroristas. En esta línea, el 8 de octubre, los miliares de la escolta presidencial, tras atacar una manifestación de indígenas en la provincia de Cañar, rompieron ventanas de los vehículos de la comitiva presidencial para después decir que se trató de un intento de asesinato del presidente. Sería la primera vez que se intenta asesinar a un presidente mediante pedradas a la comitiva presidencial resguardada por militares, policía y seguridad privada, avisados de la protesta por el alcalde días antes.

Fuente: Globetrotter

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CAMPAÑA DE OTOÑO.EL EJÉRCITO RUSO AVANZA EN TODO EL FRENTE. ALIANZA RUSI...

sábado, 11 de octubre de 2025

 

Abolir el Mundial

 

Toby MillerJoan Pedro-Carañana

Rebelión

11/10/2025 


Fuentes: El salto [Foto: Pablo G. Sacristán/RFEF]


El fútbol necesita desesperadamente una transformación drástica para interrumpir su impacto medioambiental, la corrupción, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, el patrocinio de empresas muy problemáticas y el lavado de dinero por parte de las casas de apuestas.

El fútbol es más popular que Jesús de Nazaret y John Lennon juntos. Y a simple vista, parece un pasatiempo poco dañino para el medioambiente: los jugadores solo necesitan una pelota, algo de espacio y ganas de correr. Pero los datos son estremecedores: el fútbol es responsable directo del 0,3-0,4% de las emisiones anuales de dióxido de carbono del mundo, equivalente a las emisiones de Dinamarca. El Wall Street Journal informa que en 2024 este deporte generó más de 30 millones de toneladas métricas de CO2, derivadas del uso de combustibles fósiles como fuente de energía, equivalente a la combustión de 150 millones de barriles de petróleo. Cada partido de la fase final de la Copa Mundial masculina emite entre 44 000 y 72 000 toneladas de gases invernadero, la misma cantidad que 30 000 a 50 000 automóviles en las carreteras británicas cada año. Estudios recientes estiman que las emisiones por la Copa del Mundo oscilan entre 1,65 y 3,63 millones de toneladas de CO₂e durante el periodo 2000-2026.

Consideremos también cómo se fabrica el equipamiento básico del fútbol: botas y balones. Generaciones de canguros han sido sacrificados, con el beneplácito del gobierno australiano, como materia prima para botas de “cuero k”, mientras que las pelotas procedentes de Pakistán se fabrican con cuero sintético derivado del petróleo, caucho y algodón extraídos de especies vegetales, y cuero y pegamento obtenidos de animales sacrificados antes de su vida útil natural. Los 60 millones de balones vendidos en 2010 viajaron desde los talleres de costura de Sialkot hasta los campos de fútbol profesionales de Europa y América. Primero están los talleres de costura, a menudo clandestinos, a los hay que añadir las empresas de transporte, las administraciones de aduanas, los equipos, la industria publicitaria, los minoristas de artículos deportivos y los grandes almacenes. La cadena convierte una bola de 63 rupias (0,62 euros) en un producto que cuesta más de 100 euros.

Pensemos también en el agua y los productos químicos utilizados en la construcción y el mantenimiento de los estadios, la electricidad necesaria para ver los partidos y apostar o informar electrónicamente sobre los mismos y el impacto del turismo.

El patrocinio de empresas con altas emisiones de CO2 es responsable por sí solo del 75% de las emisiones del deporte, pues estimula la demanda de productos y estilos de vida altamente contaminantes. Las grandes multinacionales ecoblanqueadoras utilizan el fútbol para tapar sus vergüenzas medioambientales. Por ejemplo, poco después de que Repsol derramara miles de barriles de petróleo en 1400 hectáreas de la costa del Pacífico peruano en 2022, matando la vida nativa y destruyendo los medios de vida de miles de personas, la empresa firmó un patrocinio con la selección nacional. El lema del proyecto, también asociado con el apoyo a los representantes de jóvenes y mujeres, fue “Veamos el futuro”. En nuestro país, Repsol y Petronor han cerrado un acuerdo para suministrar energía renovable al Athletic Club de Bilbao que supuestamente demuestra el compromiso de la multinacional con la descarbonización. Mientras tanto, la Autoridad de Normas de Publicidad del Reino Unido descubrió que Repsol había distorsionado su compromiso medioambiental al destacar su producción de combustibles sintéticos y biocombustibles, cuando en realidad este tipo de combustibles solo suponen una pequeña fracción de su negocio principal, que sigue siendo los combustibles fósiles.

La candidatura presentada en 2009 por Qatar para el Mundial de 2022 prometió un evento neutro en CO2. El daño causado por la construcción de las instalaciones y la desalinización y el uso del agua en un clima árido se verían compensadas porque, según los organizadores, las generaciones futuras disfrutarían de las instalaciones. Hoy podemos afirmar que los beneficios obtenidos no han repercutido en la población local. Las promesas eran mera propaganda que se quedaron en un “mañana, cadáveres, gozaréis”, citando a Jesús Ibáñez.

La candidatura tuvo éxito, a pesar de que ya había evidencia de compra de votos, y la puesta en marcha del proyecto se tradujo en un desprecio total hacia los derechos laborales y humanos: explotación masiva de trabajadores migrantes, accidentes laborales, salarios irrisorios y jornadas imposibles. Y sobre la supuesta sostenibilidad, los resultados fueron los contrarios a los anunciados. Por ejemplo, la contaminación generada por el aire acondicionado de los estadios para soportar el clima de Qatar, así como los 150 vuelos diarios de los asistentes confirman la sentencia de la revista New Yorker: la FIFA es “una institución rancia”.

La FIFA había afirmado que los ingresos servirían para mitigar las emisiones, una presunción imposible de cumplir. De hecho, se necesitarían plantar 600 millones de árboles para contrarrestar la calamidad climática provocada por Qatar 2022. A pesar de la marca registrada Sustainable FIFA World Cup 2022TM, el expolio ambiental del evento fue mayor que el de cualquier otro Mundial o Juegos Olímpicos de verano. Como de costumbre, Estados Unidos proporcionó la mayor cantidad de turistas internacionales, lo que supuso la emisión de 191 055 toneladas de CO2, incluyendo unas asombrosas 14 700 toneladas producidas por jets privados.

Le Monde expuso la propaganda ambiental como un “espejismo” y Scientific Americancalificó el evento como una “catástrofe climática”. Sin duda, “la Copa del Mundo más sucia” de la historia, bañada en petróleo y corrupción. El colectivo francés Notre Affaire à Tous explicó que: “Al presentar la Copa del Mundo como neutra en carbono, la FIFA hace creer a […] los aficionados que asistir a un evento de este tipo no tiene ningún impacto en el medio ambiente, lo que es claramente incompatible con los viajes internacionales de la Copa que afectan a las emisiones de gases de efecto invernadero”.

La Comisión Suiza para la Equidad recibió quejas de Notre Affaire à Tous junto a Carbon Market Watch (Bélgica), el New Weather Institute de Reino Unido, Alliance Climatique (Suiza), la holandesa Reclame Fossiettvrij, y Fossil Free Football (internacional). La Comisión dictaminó que la FIFA había mentido al afirmar que la Copa era el primer evento de este tipo “totalmente neutro en carbono”.

En 2026, la Copa Mundial masculina se ampliará para incluir 48 selecciones nacionales. Por primera vez, los partidos se celebrarán en tres países enormes: Canadá, México y Estados Unidos, en cuatro zonas horarias, en 16 sedes separadas por varios miles de kilómetros y con un transporte público irrisorio. Se esperan 5,5 millones de espectadores, que necesitarán echar mano del mapa para ubicar las sedes: la Ciudad de México marcará el punto más al sur, Vancouver el del norte, Boston el del este y San Francisco el del oeste. En materia logística, prácticamente todos los desplazamientos serán aéreos debido a una primitiva infraestructura ferroviaria. Radio France se refiere a esto como un “cóctel muy carbonatado”. El New Weather Institute con Scientists for Global Responsibility calcula que las emisiones de la aviación “aumentarán entre un 160% y un 325% en cada uno de los tres torneos en 2026, 2030 y 2034” en comparación con los Mundiales recientes.

Además, en el período programado —pleno verano— el 96% de la población de EEUU experimentó en 2023 calor extremo durante una o más semanas, y 45 ciudades tuvieron temperaturas promedio muy altas. 2024 batió numerosos récords debido a patrones hasta ahora desconocidos de sequía y fuertes lluvias.

Los impactos ambientales en México son horribles. La reserva Primavera de Guadalajara está cerca del estadio Akron. La reserva es el hogar de pumas, una especie casi extinta, venados, águilas reales y aves migratorias. La conservación de la fauna y flora silvestre está en grave riesgo debido al Mundial. La presencia de 50.000 espectadores y 4.000 automóviles, provocará tensiones importantes en los recursos hídricos en Ciudad de México y Monterrey (también junto a un corredor biológico clave).

La ecología solo importa en el fútbol como instrumento de imagen pública de las asociaciones dirigentes, los países anfitriones y los patrocinadores

La Copa del Mundo es “simultáneamente, el mayor festival deportivo del planeta y una sórdida maquinaria comercial que conlleva un enorme coste humano y medioambiental, en beneficio de torturadores, explotadores y codiciosos insaciables”. La ecología solo importa en el fútbol como instrumento de imagen pública de las asociaciones dirigentes, los países anfitriones y los patrocinadores. En lugar de lavado verde y pseudoreformas, el fútbol necesita desesperadamente una transformación drástica para interrumpir su impacto medioambiental, la corrupción, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, el patrocinio de empresas muy problemáticas y el lavado de dinero por parte de las casas de apuestas. Las afirmaciones de neutralidad de carbono de la Copa del Mundo son solo retóricas. En realidad, se ha convertido en una “Copa del Mundo de lavado verde”.

Somos futboleros, pero no hay alternativa: la fiesta del CO2 debe terminar.

¡Abolir la Copa del Mundo!

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/opinion/abolir-mundial

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