El nuevo tratado de Libre comercio trasatlántico
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Raoul Marc Jennar
Sociología crítica
2013/06/28
Más allá del contenido del mandato otorgado a la Comisión Europea por los 27 gobiernos de la UE – incluyendo el gobierno francés PS-EELV – para negociar el nuevo Tratado Transatlántico de Libre Comercio entre la EU y los EEUU, es importante que tomemos conciencia del peligro que conlleva la apertura de negociaciones sobre los términos de este mandato. El que habla de la asociación transatlántica, de “negociaciones comerciales” engaña al público. Porque, al contrario de lo que nos venden los promotores de este tratado, desde todas las canchas políticas, tiene muy poco que ver directamente con el comercio. En cambio, tiene mucho que ver con las decisiones de la sociedad, nuestro estilo de vida, las preferencias colectivas resultantes de las luchas políticas, sociales, sobre la salud y ambientales, acometidos en Europa durante los últimos dos siglos. Si las negociaciones tienen éxito en varios aspectos de su rubrica, lo que ahora pueden considerarse como los principales riesgos de la negociación llegaran a ser una realidad. Aquí examinaremos algunas de las claves de esta negociación. A muchos de nosotros, no nos cabe la menor duda de que si los objetivos del mandato se incluyen en el acuerdo final, van a provocar “un terremoto económico social, ambiental y político en Europa sin precedentes.” Este tratado representa una gran amenaza que no hay que menosvalorar.
Eliminar los aranceles en la agricultura y la metalurgia
El deseo de hacer una “eliminación sustancial de los aranceles” tendrá un impacto importante sobre todo en el sector agrícola, ya que las tarifas son más altas en Europa que en los EE.UU., en muchas zonas donde la producción es muy exceso de frecuencia (queso, chocolate, cereales, café, té, especias, grasas, aceites, frutas y verduras preparadas, molienda de harina, azúcar, carne). Los agricultores europeos serán los perdedores de la eliminación de los aranceles.
Un acuerdo en el sector agrícola “acelerara el proceso de concentración de las explotaciones agrícolas para mantenerse competitivos lo cual reducirá drásticamente el número de activos agrícolas y aumentara considerablemente el desempleo, el nivel de desertificación en el campo y conducirá a una profundización aun mayor en la degradación del medio ambiente y de la biodiversidad que acabara con el objetivo de crear un circuitos cortos entre los productores y los consumidores y hacer revivir la economía local y unas cadenas alimentarias sanas.
Además, la eliminación de los aranceles conducirá a la importación masiva de productos agrícolas estadounidenses. Los efectos acumulativos de la eliminación de los aranceles y los efectos de la política del euro fuerte impuestas por el Banco Central Europeo hará que los productos de los Estados Unidos tendrán mejor precio. Esto tendrá un impacto catastrófico sobre las exportaciones agrícolas desde Europa que son dos veces más importante para la UE que para los países fuera de la UE.
Del mismo modo, la eliminación de los aranceles sobre los equipos de transporte, en particular en el sector de la automoción ya dolorosamente afectados por la crisis serán gravemente penalizados y producirá una caída significativa en la actividad en la metalurgia europea. Incluso la Comisión Europea reconoce que esto se traducirá en una “disminución significativa” en la actividad y el empleo en la industria metalúrgica.
Liberalizar las actividades de servicios
La disposición es muy clara: supone elevar el nivel de liberalización en todos los sectores y en todos los modos de suministro de servicios. Serán liberalizados no sólo los medios para competir y casi mecánicamente, privatizar a más o menos largo plazo. La competencia siempre sera justificada por el interés del consumidor. Esta liada oculta una realidad de que todos hemos podido ser testigo, que cuando la competencia en la distribución de agua, gas, y electricidad, se transfiere al sector privado, las facturas más suben (no hace falta mirar mas lejos que las electricas en Espzana, que se pagan un 20% mas caras que la media europea). En todas partes, cuando se privatizan esos servicios, no sólo aumentan de precios, pero la calidad del servicio disminuye y la inversión para el mantenimiento disminuye. Esta tendencia se pone de manifiesto sobre todo en el sector del agua. La experiencia en Inglaterra demuestra que la liberalización del ferrocarril lleva a monopolios privados que cobran precios más altos que el servicio público y que este servicio es muchas veces penoso y hasta peligroso (por el numero de accidentes serios de trenes).
En cuanto al argumento de que la liberalización no significa automáticamente la privatización, los ejemplos abundan de acaparamientos cada vez mas importantes de capital privado, una vez liberalizado el sector; de todos los servicios, hasta los servicios sociales (cárceles, etc.).
Este tratado corresponde a una aceleración y una extensión de la aplicación del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) que promete el mandato. Con los objetivos que ya conocemos, a pesar de la resistencia de algunos gobiernos europeos sobre los servicios de salud y educación, sabemos que en los EE.UU., son actividades con ánimo de lucro, donde el sector privado es muy potente.
ATTAC plantea con razón la pregunta: “¿podemos lograr la justicia social si los servicios esenciales se proporcionan las empresas privadas que están sujetos únicamente a la ley del menor costo? “
Por lo tanto, la desaparición de los servicios públicos deseada por nuestros gobiernos acelerará, y los Derechos Fundamentales, proclamados en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 22 a 27, confirmado por los artículos 11 a 15 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 se convierten en letra muerta. Se trata de un gran descenso en los ideales de igualdad y justicia que apuntalaban las políticas de la posguerra.
Proteger a los inversores
Proteger a los inversores, que les da la garantía de que disposición constitucional, legal o reglamentaria podrían impedir su afán de lucro o afectar a la competencia entre ellos.
Por ejemplo, disposiciones para proteger los territorios, que permite la expropiación por causa de utilidad pública, que favorece a las empresas locales, que requiere reinvertir una parte de los ingresos netos anuales del país (“el libre transferencia de fondos de capital “impone el mandato), que imponen normas de salario, horas de las condiciones de trabajo, protección ambiental, garantía de los derechos sindicales, para proteger a los consumidores podrían considerarse contrarias a los derechos de los inversores e impedir las inversiones directas extranjeras. El Estado puede ser demandado por cualquier empresa privada que se considerase perjudicado por estas disposiciones. Unas circunstancias de controversia permanente se crearan a tal efecto, al tiempo que permitiria la plena libertad de los inversores a utilizar otros medios para atacar al gobierno (véase más adelante).
El mandato para la negociación de la TTIP va mucho más allá que el Acuerdo Multilateral sobre las Inversiones (AMI), cuyo potencial aterrador justifico la retirada de Francia de la negociaciones en 1998, tras una intensa movilización ciudadana. Incluye los flujos financieros y de los derechos de propiedad intelectual.
En casi todos los capítulos, se necesitará protección para los inversores, no sólo a los Estados sino a nivel subsidiario, para las autoridades en general, es decir, las comunidades locales.
La Comisión Europea dice que su objetivo es defender las normas sociales y medioambientales en Europa y los gobiernos subscriben esta afirmación para justificar su apoyo al mandato. Pero qué crédito se debe dar a estas supuestas “condiciones” de Europa? ¿Qué confianza se puede dar a la Comisión y a los gobiernos que lo apoyan? Sobre todo cuando sabemos que los gobiernos se han comprometido con la Comisión Europea para que la UE se una a los EE.UU. para atacar ante el tribunal la OMC una ley de la provincia de Ontario (Canadá) que subvenciona cuotas preferenciales a los productores que promuevan contenidos locales en la construcción de turbinas de viento y paneles solares?.
Las “condiciones” que limiten los poderes de los inversores sólo son una pantalla de humo para confundir a los ciudadanos. La regla que se aplicara en la realidad es que ninguna norma creará ningún tipo de discriminación. “Discriminación”, es la palabra clave aquí. La palabra que mas se emplea en jerga legal para justificar comportamientos de toda índole.
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