Estado español
Plan de choque social: un primer ensayo para la crisis
que llega
Oscar Blanco
vientosur
28/03/2020
El jueves 12 de
marzo el Sindicat de Llogateres de Catalunya, la CGT Catalunya, la IAC, Riders
por Derechos y Elite Taxi lanzaban a través de las redes sociales un decálogo
de medidas para hacer frente a la crisis del coronavirus que titulaban “Plan de
Choque”. Aún no había sido decretado el Estado de Alarma y era realmente
difícil anticiparse a la aceleración política y a la profundidad de la crisis
social, económica y sanitaria que hemos vivido las dos últimas semanas. Sin
embargo, comenzaba a ser una intuición compartida que existía una ofensiva de
la clase dominante para hacer pagar esta crisis de nuevo a los mismos que corrieron
con la cuenta en 2008. La Bolsa se desplomaba y la patronal comenzaba a exigir
medidas que recordaban al rescate bancario.
También se veía
que la combinación entre la emergencia sanitaria y el cierre de los centros
educativos azuzaba la crisis de cuidados. Casi toda la responsabilidad de la
reproducción social se enviaba a los hogares convertidos en una olla presión.
Para dar contexto es recomendable leer a Carmen San José que explicaba
el impacto que esta crisis multidimensional puede tener en la clase trabajadora
con profusión de datos. También Iolanda Fresnillo aportaba en un artículo
traducido por El Salto una reflexión sobre la dimensión de la crisis y su conexión con
la burbuja de endeudamiento en todo el mundo. Había que reaccionar o sería
demasiado tarde para evitar salir de esta emergencia con más desigualdad e
injusticia social.
Las medidas que
se apuntaron en ese primer momento desde el Plan de Choque Social se pueden
resumir en tres ejes: refuerzo del sistema sanitario público, defensa del
derecho a la vivienda y defensa del empleo, las condiciones laborales y unos
ingresos mínimos para todo el mundo. En lo que se refiere a lo laboral se
exigía garantizar el sueldo integro tanto para las personas en cuarentena como
para quien tenga que encargarse de los cuidados de personas de su familia o
entorno. También frenar los despidos con la paralización de todos los
Expedientes de Regulación de Empleo, también los Temporales. Apoyar también a
los trabajadores por cuenta propia. En vivienda se exigía paralizar los
desahucios y frenar el cobro de alquileres e hipotecas. Y, por último, en el
principal escenario en este momento de la pandemia, la sanidad, se reivindicaba
la intervención de todos los recursos privados al servicio del interés general
y la reapertura de las plantas cerradas por una década de recortes, que se ha
hecho notar especialmente en el sistema de salud catalán. En resumen, en ese
momento de gestación de una crisis sin precedentes se plantea una vía para
básicamente parar el golpe y exigir que el Gobierno PSOE-UP no aplique medidas
al servicio del Capital.
Obviamente no
es un programa ni mucho menos acabado, pero en un momento de shock se
anticipaba a algunos de los problemas sociales más acuciantes en un futuro
inmediato. Esa anticipación es quizás la principal virtud. Rápidamente se
sumaron decenas de colectivos. Principalmente del sindicalismo laboral y social
catalán, es decir, los colaboradores más habituales de estas primeras
organizaciones que encendieron la mecha. A medida que la propuesta se ha ido
expandiendo a más sectores y que el confinamiento ha evolucionado se amplían algunas
demandas y otras se corrigen. Se ha ido dando un proceso atropellado, diverso y
colectivo de aportaciones. En las siguientes semanas de ebullición han ido
surgiendo otras propuestas desde muchos lugares y con diferentes propósitos,
pero el Plan de Choque Social se ha consolidado como una referencia en
construcción de una salida justa a la crisis. Una primera federación de
malestares y resistencias. Un ensayo de cómo luchar en tiempos de pandemia.
Medidas para la
crisis social
En medio de
estos intentos de composición se lanzó una nueva campaña para presionar sobre
el Consejo de Ministros del que saldría el “real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del Covid-19”. En esa ocasión se concentraban esfuerzos en
pedir que no se produjera ningún despido, exigir una renta básica para quien se
quede sin ingresos, la suspensión del pago del alquiler, la hipoteca y los
suministros básicos e insistir en la intervención de la sanidad privada sin
ninguna compensación.
En cambio, las
medidas aprobadas por el Gobierno iban en otra dirección. La que más impacto ha
tenido ha sido la facilitación de los ERTE solicitada por la patronal, CCOO y
UGT y que ha enviado ya a millones de trabajadores temporalmente al paro con
prestaciones y cotizaciones a cargo de la ya mermada caja de la Seguridad
Social. Mikel de la Fuente analizaba
con detalle las medidas de ese decreto. La curva de contagio seguía
avanzando, los sectores más precarios se quedaban sin ningún tipo de ingresos,
millones de personas se veían forzados a poner en riesgo su salud sin las
medidas de protección necesarias y la sanidad, las residencias o el servicio de
atención domiciliaria llegaban a una situación de colapso y caos absoluto. Este
impacto en el sistema sociosanitario es especialmente duro en la Comunidad de
Madrid. En Madrid se solapa la principal concentración de casos en el Estado
español con décadas de una gobernanza neoliberal basada en privatizaciones,
externalizaciones y recortes del gasto público. De todas formas, en las
próximas semanas todo apunta a que veremos lo mismo en más territorios.
Apretar al Gobierno
progresista
El lunes 23 de
marzo se sacaba un comunicado conjunto desde el Plan de Choque Social
exigiendo un giro en la gestión de la crisis y medidas de emergencia que pongan
en el centro la vida. En primera línea de las reivindicaciones los sectores que
los poderes económicos y políticos están dispuestos a dejar en la cuneta:
trabajadoras de los cuidados o de la economía informal, migrantes, personas
presas o las mujeres que van a enfrentarse aisladas a un recrudecimiento de la
violencia machista, entre muchos otros. Además, se planteaba por primera vez
una discusión desde esta plataforma: el aumento brutal del gasto público que
supone la gestión que está haciendo el Gobierno de la pandemia (por ejemplo, el
pago de los ERTE) y la necesidad de hacer que los ricos y las empresas paguen.
En ese momento
ya se habían adherido más de 200 organizaciones y la lista continua ampliándose
constantemente. Hay que destacar que la iniciativa gana capilaridad
territorial, con la creación de diferentes coordinaciones, y social, al
añadirse nuevos sectores. Pese a la presión, el Consejo de Ministros del martes
24 no anuncia ninguna medida social complementaria y el viernes anuncia -a
bombo y platillo y con una comunicación política digamos que poco rigurosa- que
no habrá despidos objetivos alegando el Covid-19 y una tímida mejora de la
protección de los contratos temporales. Hay que recordar que el despido sigue
siendo libre. Además, con la vigencia de la reforma laboral y la composición
del mercado de trabajo es extremadamente barato porque el 90% de los contratos
de trabajo en 2019 fueron temporales.
Una de las
disputas principales de la última semana ha sido la exigencia de paralizar
todas las actividades económicas no esenciales. ¿Qué sentido tienen las fuertes
restricciones a la movilidad si después millones de personas son obligadas a
desplazarse a trabajar cada día en empresas que no son imprescindibles? El
Gobierno de Pedro Sánchez se ha resistido a esta medida poniendo por delante
los intereses de la acumulación capitalista a la salud pública. Ahora cuando
finalmente se ha rendido a la evidencia pretende traspasar el coste a los
trabajadores con el “permiso retribuido recuperable”.
Pensar la
política en tiempos de confinamiento
Hasta ahora los
posibilidades de presión del Plan de Choque Social se han visto constreñidas a
las redes sociales y a conseguir colar algunas ideas en los medios de
comunicación, con dificultades para llegar a los más masivos. En un panorama
marcado por un largo confinamiento los métodos de acción habituales de los
movimientos sociales y de las organizaciones populares están bloqueados. Nada
de asambleas, manifestaciones o cualquier clase de acción colectiva en el
espacio público. Esta situación insólita es un reto para pensar de que forma se
puede resistir y de que forma generar conflicto social sorteando el
aislamiento.
Estas primeras
semanas parece que los balcones pueden ser el espacio al que se desplace
la confrontación política y a diario aparecen iniciativas para disputarlos,
desde caceroladas en defensa de las trabajadoras del hogar hasta intentos de la
extrema derecha. Sin embargo, hasta el momento, más allá de la reactividad (por
ejemplo, contra el Rey) o el encuentro social de las 8 de la tarde, no parece
que ninguna iniciativa con claro contenido político cuaje. La capacidad de
imaginar un repertorio y símbolos que puedan penetrar en esta extraña vida
cotidiana seguramente será determinante para que el Plan de Choque Social pueda
llevar sus planteamientos más allá de la fronteras del activismo. Puede que sea
la forma de llegar a canalizar la frustración y la inseguridad social en pleno
auge.
Fuera de los
balcones y de lo digital, un actor al que mirar para inspirarse en este
contexto es el Sindicato de Manteros de Barcelona que está desarrollando dos
iniciativas: por un lado, un banco de alimentos para las personas del sindicato
que se han quedado sin posibilidad de tener ingresos por no poder salir a
vender y, por otro lado, ha volcado su taller textil con 20 maquinas
industriales en la producción de mascarillas para quien las necesite. También
la CGT Catalunya ha encontrado una vía de acción con el pedido a China de unas
primeras 10.000 mascarillas para los centros sanitarios. Además, esta compra
colectiva financiada con cuotas de la afiliación ha sido posible por la
solidaridad internacionalista que tuvieron con China en enero los sindicatos de
Sanidad de Tarragona y Terres de L’Ebre. Son algunas formas de poner la
organización social al servicio de las necesidades generales que entroncan con
el mutualismo y el apoyo mutuo históricos del movimiento obrero. Habrá que
pensar también en cajas de resistencias y otras fórmulas de poner en común los
problemas que vienen.
¿Es suficiente
con abordar la urgencia?
Igual que se
han visto encerradas en las redes sociales, las primeras iniciativas del
Plan de Choque Social también se han visto con un corsé: la urgencia y la
obligación de reaccionar a las decisiones del Gobierno. En estas primeras
semanas quizás sea un límite inevitable para responder a una coyuntura de
excepción y volátil. Sin embargo, una salida a esta crisis va a necesitar una
respuesta sistémica y hay que avanzarse a algunos debates políticos cruciales
si se quiere tener respuestas coherentes y a la altura de los problemas
existentes. Por ejemplo, esta la cuestión del papel de la Unión Europea que
entre otros han desarrollado Manuel Garí y Fernando Luengo o, con una
importancia central, la cuestión de la crisis ecológica y su dimensión
climática. Una crisis civilizatoria no se soluciona con parches. El equilibrio
entre dar respuestas concretas que permitan llegar a sectores menos politizados
y tener una visión lo suficientemente amplia para que vaya a la raíz de las
cosas sólo se puede conseguir en la práctica.
Por último, el
Plan de Choque Social abre (inciertas) posibilidades de superar la
fragmentación de los movimientos sociales, su falta de proyecto compartido y su
existencia como un archipiélago de pequeñas experiencias de activistas. Para
desarrollar esta opción no se puede convertir en una mera suma de siglas o otra
plataforma más dónde se acaban viendo las mismas caras. Las circunstancias son
difíciles, pero se podría convertir en un herramienta que facilite la
articulación entre un sindicalismo combativo en los centros de trabajo más
necesario que nunca y diferentes formas de sindicalismo social que respondan a
las necesidades en el ámbito de la reproducción social. En este sentido, es
interesante la sinergia que desde la campaña por la suspensión de los
alquileres se busca con los sindicatos laborales para poder hacer llegar esta
propuesta a quien ha sido despedido, afectado por un ERTE o simplemente no va a
tener ingresos. No es un momento para pensar proyectos para unos pocos. En
medio de esta crisis como esta hay que buscar la forma de fomentar la
autoorganización de las millones de personas que se van a ver cruzadas por esta
pandemia y los impactos que va a detonar.
28/03/2020
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