Venezuela
Sigue en 2020 con dos “presidencias” y tiene ahora
tres “legislativos” en vez de dos
Roberto Montoya
VIENTOSUR
09.01.2020
Venezuela ha
comenzado el nuevo año con más instituciones claves del Estado duplicadas de
las que tenía en 2019. Mantiene la anomalía de dos ‘presidentes’ y dos
asambleas legislativas, y ha iniciado el 2020 con una asamblea legislativa más.
Hasta el sábado
pasado el país ya contaba, por un lado, con Nicolás Maduro como presidente,
salido de las urnas, que controla, como jefe de Estado y de Gobierno, el
Ejecutivo, la política económica del país, la Justicia, las fuerzas armadas, la
educación, la sanidad y todo lo que implica la administración pública y el
aparato estatal.
Por otro lado
ya existía desde hace casi un año también un autoproclamado ‘presidente
encargado’, el opositor Juan Guaidó, líder del partido Voluntad Popular, a
quien reconocieron formalmente como tal más de cincuenta países. Sin embargo,
muchos de ellos, como España, lo reconocen sólo virtualmente.
Las relaciones
oficiales diplomáticas y económicas de España con Venezuela se mantienen con el
Gobierno de Nicolás Maduro, y al frente de la embajada de ese país en Madrid
sigue estando como desde hace años Mario Isea, representante de ese gobierno
reconocido oficialmente por España.
Esa
particularísima dualidad se repite en otras instituciones venezolanas.
El poder
legislativo tenía también dos caras… y desde el pasado domingo 5 de enero tiene
tres.
Es la gran
novedad, que crea más confusión y caos institucional, un cambio producto de la
división de la oposición y alentado por el propio Gobierno de Maduro, cuyas
consecuencias aún son difíciles de prever.
El origen de la
actual multiplicidad de ‘poderes legislativos’
¿Cuáles son
esos tres legislativos?
Uno de ellos es
la Asamblea Nacional, el órgano legislativo unicameral creado a fines de 1999,
un año después del primer triunfo electoral de Hugo Chávez y tras un proceso
constituyente que acabó con las tradicionales cámaras de diputados y senadores
y se aprobó una nueva Carta Magna mucho más garantista e inclusiva.
Después de 17
años de derrotas electorales la oposición logró una primera gran victoria en
las elecciones legislativas de 2015 -dos años después de la muerte de Chávez y
cuando la crisis mundial ya golpeaba también a América Latina- haciéndose con
el control absoluto de la Asamblea Nacional. Y ahí comenzó la crisis
institucional que aún padece Venezuela.
El Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) declaró en 2016 a la AN en desacato y sus decisiones
ilegítimas y no vinculantes por negarse a cumplir una resolución de ese alto
tribunal en la que se negaba el derecho a asumir sus escaños a tres diputados
opositores y a uno oficialista de la región de la Amazonia.
Según el
Supremo había pruebas de irregularidades y sobornos en su elección. El alto
tribunal no ordenó repetir las elecciones en ese estado, simplemente las
invalidó. Pero tampoco la oposición las reclamó. ¿Por qué? Porque si una nueva
votación auditada estrictamente arrojaba un resultado distinto y no lograba
esos tres escaños, ya no contaría con una mayoría de dos tercios de la Asamblea
Nacional.
Y la oposición,
que por primera vez conseguía una victoria tan aplastante -112 de los 167
escaños- lo quería todo; veía al alcance de la mano darle un jaque mate a
Nicolás Maduro, el presidente que sucedió a Chávez tras su muerte y que triunfó
en las elecciones de 2013 por un margen de 235.000 votos contra el líder
opositor Henrique Capriles.
Ese número de
escaños, 112, representaban dos tercios de los escaños de la AN y a la
oposición le resultaban constitucionalmente imprescindibles para poder cerrar
el cerco al poder, porque le hubiera permitido de acuerdo a la ley nombrar a
los miembros del Tribunal Supremo de Justicia y decidir juicios políticos a
miembros del Gobierno.
La oposición,
agrupada en la variopinta coalición Mesa de Unidad Democrática (MUD) integrada
por más de veinte partidos, había celebrado por primera vez unas primarias
conjuntas en 2012 eligiendo al oligarca Henrique Capriles -del partido Primero
Justicia- su candidato presidencial. Aunque este perdió en esas elecciones de
2013 frente a Maduro, la oposición vivió esos años un auge aprovechando su
estrenada unidad y el desgaste del chavismo, y en 2015 coronó esa ofensiva al
conseguir tomar el control de la Asamblea Nacional.
Las fuerzas de
la oposición se sentían ya en el poder.
Su euforia le
hizo desafiar frontalmente al Estado. En su instalación y primera sesión, el 6
de enero de 2016, el nuevo presidente de la AN, Henry Ramos Allup, tomó
juramento a los tres diputados de la Amazonia inhabilitados por el Supremo,
Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, pero no así al otro diputado de
ese estado inhabilitado, al chavista Miguel Tadeo, con lo que puso en evidencia
su ‘espíritu democrático’.
El Supremo
intimó una y otra vez a la Asamblea a cumplir su sentencia para iniciar la
legislatura acorde a la ley, pero la oposición la rechazó y comenzó a tomar
decisiones.
Si la oposición
hubiera hecho un análisis sosegado de la situación, si no hubiera tenido una
ambición tan desmedida y una visión cortoplacista, habría aceptado la sentencia
dado que aun así, con 109 diputados, tenía una abrumadora mayoría -frente a 54
escaños chavistas- que le habrían permitido rechazar proyectos de ley del
Gobierno y sacar adelante sus propias propuestas.
En esa
situación podría haber dejado maniatado al Gobierno de Maduro. Pero no lo
hicieron.
El Supremo
declaró así en desacato a la AN, pasándose esta a convertirse en un órgano
fantasma, sin función vinculante alguna. Siguió sesionando, eligió por su
cuenta -en ausencia de los diputados chavistas- a nuevos miembros de un
Tribunal Supremo de Justicia supuestamente operativo desde el extranjero, en su
intento de ir construyendo un doble poder y unas instituciones paralelas.
Ante la
inexistencia de un poder legislativo reconocido por el Estado, Nicolás Maduro
terminó por convocar el 1º de Mayo de 2017 elecciones para conformar una nueva
Asamblea Nacional Constituyente que integrarían 500 representantes.
Citando el
artículo 347 de la Constitución de 1999 que habilita al presidente a convocar
una Asamblea Nacional Constituyente, Maduro dijo ese día: “Convoco una
Constituyente ciudadana, no una Constituyente de partidos ni élites, una
Constituyente ciudadana, obrera, comunal, campesina, una Constituyente
feminista, de la juventud, de los estudiantes, una Constituyente indígena, pero
sobre todo, hermanos, una Constituyente profundamente obrera, decisivamente
obrera, profundamente comunal”.
Fue un proceso
boicoteado por el grueso de la oposición, que lo consideró “un golpe de
Estado”, y como consecuencia de ello el chavismo ganó de forma aplastante las
elecciones y se dio lugar así a la formación de una Asamblea que en la práctica
no esbozó una nueva Constitución sino que se convirtió en el verdadero poder
legislativo de Venezuela.
Al frente de
ella está Diosdado Cabello, ex militar y hombre fuerte del chavismo, uno de los
nombres que más sonó en su momento para suceder a Hugo Chávez antes de que este
pidiera en 2013 a sus fieles que votaran por Nicolás Maduro.
Ni la oposición
ni muchos países reconocieron la legitimidad del segundo mandato de Maduro
A pesar de esa
caótica situación institucional creada la agenda electoral siguió su curso
‘normal’ y en 2018 la Junta Nacional Electoral convocó nuevas elecciones
presidenciales en mayo para la legislatura 2019-2025.
El grueso de la
oposición llamó a boicotear las elecciones -como hizo varias veces en los 20
años de gobiernos chavistas- por lo que Maduro fue refrendado por 6.245.862
votos, el 67,84% de los votantes; Henri Falcón, ex militar y abogado que rompió
con el chavismo en 2010, obtuvo 1.927.387 votos, el 20.93 % de los votos
emitidos, como candidato de la formación de centroizquierda Avanzada
Progresista. El pastor evangélico y empresario Javier Bertucci, de la formación
Esperanza por el Cambio, consiguió 1.015.895 votos, el 10.82%.
Aunque
mayoritariamente las fuerzas de la oposición y muchos países y organismos como
el Alto Comisionado de la ONU rechazaron la legitimidad de la convocatoria de
esas elecciones habida cuenta de la crisis institucional abierta, el Estado
venezolano las dio por buenas.
Por ello el 10
de enero de 2019 Nicolás Maduro volvió a juramentar como presidente para
iniciar un segundo mandato.
Esto sucedía
solo cinco días después de que un hasta ese momento casi desconocido Juan
Guaidó asumiera en nombre del partido conservador Voluntad Popular la
presidencia rotativa de la Asamblea Nacional ‘rebelde’.
Al no reconocer
las instituciones del Estado la legitimidad de esa AN, el juramento de toma del
poder de Maduro no se celebró como marca la ley en la Asamblea Nacional sino en
la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Allí Maduro, arropado por todas las
autoridades del Estado y en presencia de solo cinco mandatarios extranjeros, se
comprometió a “construir el socialismo del siglo XXI”.
Esa alteración
del protocolo habitual para asumir el cargo fuera de la sede parlamentaria fue
la que utilizó Guaidó y su Asamblea Nacional para calificar de ilegítima la
asunción del poder por Maduro. Es por ello que invocando la ley que establece
que ante la “ausencia o incapacidad” del candidato para asumir su cargo es el
presidente de la AN quien asume como “presidente temporal” hasta convocar
nuevas elecciones, Guaidó se autoproclamó días después como ‘presidente
encargado’.
El año 2019
terminó por tanto con dos ‘presidencias’ en Venezuela y dos ‘presidencias’
legislativas, las de Juan Guaidó al frente de la Asamblea Nacional y la de
Diosdado Cabello al frente de la Asamblea Nacional Constituyente, ambas
operando en sendos hemiciclos en el mismo palacio legislativo.
¿Juan Guaidó no
pudo o no quiso entrar a la Asamblea Nacional?
Como si el caos
e inoperancia institucional fuera poco -en un país con una aguda crisis
económica y social, un grave deterioro de todos los servicios públicos y
millones de emigrados- a partir del pasado domingo 5 de enero la situación se
complicó aún más.
Ese día se
vivió una jornada verdaderamente esperpéntica. Se celebraba, como todos los
años en esa fecha, la elección del presidente de la Asamblea Nacional.
Dos diputados
del equipo de Guaidó, Stalin González y Edgar Zambrano, pidieron al
vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez -según aseguró Maduro
públicamente el mismo día 5- que se reforzara especialmente la seguridad en
torno a la sede legislativa porque tenían información de que gente ajena a la
Asamblea pretendía entrar en ella para sabotear la sesión.
Desde temprano
ese día la Guardia Nacional Bolivariana estableció un fuerte dispositivo de
seguridad en los alrededores y ante la principal puerta de acceso de la sede
legislativa se instaló una mesa donde personal de la GNB controlaba que en sus
listas estuvieran los parlamentarios y los periodistas e invitados acreditados
para autorizar su ingreso.
Según la
versión de los partidarios de Guaidó y de varias agencias de noticias, la más
recogida luego en medios de muchos países, España incluida, los agentes dejaron
pasar al hemiciclo exclusivamente a los parlamentarios chavistas y a los
disidentes de la oposición y medios afines, impidiendo la entrada al resto.
Las imágenes de
Guaidó intentando saltar una verja de la AN para poder entrar al hemiciclo
fueron portada de numerosos medios en todo el mundo.
La versión dada
por el Gobierno, por los parlamentarios chavistas y opositores críticos y los
medios oficialistas, fue muy distinta. Según ellos, esas imágenes de Guaidó
fueron pura y simplemente un paripé.
Guaidó temía,
según esa versión, no contar con los 84 votos necesarios -de un total de 167-
para ser reelegido, en la medida que le podían invalidar los votos de numerosos
de sus diputados desde el extranjero vía telemática. Por ello habría querido
reventar la sesión de una forma sonora, impactante como la de intentar saltar
la verja siendo impedido por los agentes de la Guardia Nacional, que provocara
reacción en la población y en el exterior.
Para validar
esta versión, se muestra un pequeño vídeo del acceso a la sede legislativa,
cuando Juan Guaidó se acerca a la mesa de la GNB acompañado de varios de sus
diputados, entre los que se encontraban dos inhabilitados por el Tribunal
Supremo, el diputado por el estado de la Amazonia Romel Guzamana, y el diputado
Simón Calzadilla.
Se escucha en
el vídeo que se los agentes le dicen al grupo que esos dos diputados no
aparecen en sus listas como autorizados a penetrar en el hemiciclo, pero que
los demás sí pueden pasar. Es el momento en que Guaidó dice que “o entramos
todos o no entra ninguno”, y decide quedarse por los alrededores con sus
acompañantes rodeado de escoltas, partidarios y decenas de representantes de
medios de comunicación, en una zona atiborrada de agentes de la Guardia
Nacional.
El veterano
diputado opositor de Acción Democrática, Williams Dávila, partidario de que
todos los grupos apoyaran la reelección de Guaidó, hizo unas declaraciones a
los medios de comunicación en la que reconocía que los únicos a los que no se
les permitía entrar era a Calzadilla y Guzamana.
En el vídeo se
pueden escuchar perfectamente sus palabras: “Solamente Calzadilla, tenemos el
caso del diputado de Amazonas que no han dejado entrar, el resto todos hemos
entrado”, y dice que “el presidente Guaido está allá justamente hasta el final
porque estamos peleando para que Calzadilla y para que otro diputado de
Amazonas entre”.
Las
declaraciones de Dávila, un firme defensor de Guaidó que llama “traidores” a
los disidentes, confirmaría la versión gubernamental. Al hemiciclo pudieron
entrar todos los diputados que quisieron -entró también el Nuncio y varios
diplomáticos- salvo aquellos inhabilitados por la Justicia. Guaidó se habría
quedado afuera con solo unos pocos diputados.
En un vídeo
grabado en los jardines interiores del Palacio Legislativo se puede
ver a los dos diputados pro Guaidó que habían pedido el refuerzo de la custodia
de esa sede, hablando amigablemente con un diputado chavista, Pedro Carreño.
“Estamos hablando de pelota (de béisbol)”, le dice Stalin González a la
periodista entre risas.
En el interior,
según los opositores disidentes y chavistas, había 150 parlamentarios y según
las normas de la Cámara la victoria se obtiene por mayoría simple de los
presentes. El 5 de enero habrían votado 81 a favor de la nueva Junta Directiva,
superando así la mitad más uno requerida.
En otras
imágenes se ve también a distintos diputados, varios de ellos de la oposición,
hablando distendidamente en los jardines internos del palacio legislativo, con
lo cual supuestamente se demostraría que no se había puesto trabas a nadie para
ingresar.
Y en el
interior del hemiciclo, los diputados disidentes apoyados por los
parlamentarios chavistas, ante la falta de la junta directiva saliente
presidida por Guaidó -que supuestamente dilataba intencionadamente su entrada-
decidió tras dos horas y media de espera y en una sesión tumultuosa, de gritos
de partidarios de este y empujones, nombrar una nueva directiva.
Siguiendo el
reglamento interno de la AN fue el diputado de mayor edad, Héctor Agüero,
chavista, quien dio inicio a la sesión.
A partir de ese
momento ya se cerró la entrada al hemiciclo y ese habría sido el momento en el
que Guaidó fue grabado intentando saltar una verja para acceder a los jardines
internos del palacio legislativo.
La elección se
hizo a mano alzada y de forma apresurada, saliendo votado por mayoría simple la
nueva Junta Directiva para la legislatura 2020-2021, compuesta por Luis Parra
como presidente (Primero Justicia); Franklin Duarte (Copei); José Gregorio Goyo
Noriega (Voluntad Popular, el partido de Guaidó) y Negal Morales (Acción
Democrática). El voto de los 49 diputados del Bloque de la Patria (chavistas) y
de los seis parlamentarios disidentes del mismo, fueron claves para alcanzar
ese número de apoyos.
La nueva junta
directiva, compuesta por disidentes de los principales partidos de la oposición
más dispuestos a un diálogo directo con el Gobierno, supone un éxito para
Maduro y un gran golpe para Guaidó.
En una
operación inédita para deshacerse de Guaidó, Maduro ha optado incluso por
apoyar a diputados opositores a hacerse con el control de la Asamblea Nacional
aunque no haya diputados oficialistas en su junta directiva.
Por la tarde
Guaidó reunió a todos sus partidarios -muchos de ellos habían participado de la
sesión de la mañana- en la sede del opositor diario El Nacional para
celebrar allí una suerte de nueva sesión de la Asamblea Nacional, en la que fue
reelegido presidente de la misma, supuestamente con el apoyo de más de 100
diputados.
Ese número se
lograría únicamente si además de votar a favor los 69 opositores fieles a
Guaidó que también participaron en la sesión de la mañana, se hubieran sumado
los de una treintena que estuvieran con él en el exterior, algo que contradice
las declaraciones del propio Dávida y otros diputados opositores. El difícil control
de los resultados de una y otra votación no permiten esclarecer totalmente los
números y será difícil una auditoría fiable. Todo fue realmente caótico.
El Estado
calificó de inválida esa última votación y legitimó a Luis Parra como el único
presidente de la Asamblea Nacional.
El martes 7 se
repitió una situación similar, sesionaron por separado los miembros de la
Asamblea Nacional presidida por el líder opositor Luis Parra, y poco después lo
hacían los de la ‘otra’ Asamblea Nacional presidida por Guaidó, quienes
tuvieron que hacer una gran presión frente al fuerte cordón de la GNB para
poder entrar al recinto.
Ambos
‘legislativos’ reivindicaron ser los únicos legítimos. El Gobierno y la
Justicia reconoció al opositor Parra como legítimo presidente de la Asamblea
Nacional, por lo que el Tribunal Supremo podría próximamente levantar el veto
por desacato que existía contra ella, con lo que Maduro intentaría sellar algún
tipo de acuerdo con esos parlamentarios opositores disidentes a los que ahora
ayudí cara a las elecciones legislativas que podrían convocarse para este año.
Con ello aspiraría a dividir a la oposición y desarticular al sector más duro y
ligado a EEUU que apoya a Guaidó.
La incógnita es
si el Gobierno y el Tribunal Supremo permitirán también el funcionamiento de la
‘otra’ Asamblea Nacional, la presidida por Guaidó, que sigue siendo reconocido
como tal y también como ‘presidente encargado’ por buena parte de la comunidad
internacional, o aplicará mano dura contra ella -que viene funcionando desde
2016- lo que podría provocar consecuencias imprevisibles.
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