Dueños y señores del agua
Manifestación en Zaragoza contra el Trasvase del Ebro. Aspecto que ofrecía la Plaza del Pilar de Zaragoza el 8 de octubre del 2.000/ Enciclopedia Aragonesa.
Regantes e
hidroeléctricas dominan el uso de los ríos en el primer país de Europa y quinto
del mundo con mayor número de presas.
LA MAREA
25 diciembre 2019
«Mi abuelo
lloraba porque decía que iba a llegar el agua hasta la plaza”. Esta frase,
pronunciada en un acto de conmemoración de los 30 años de lucha ciudadana para
evitar la construcción de un pantano en Biscarrués (Huesca) sobre el río
Gállego, se dijo hace tres décadas. Pero bien podría ser acuñada hoy. El final
de este conflicto sigue sin escribirse. Una sentencia de la Audiencia Nacional
determinó que el embalse iba en contra de la europea Directiva Marco de Aguas
(DMA), legislación que recoge que “el agua no es un bien comercial como los
demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como
tal”. Este marco legal propone un cambio de modelo al poner énfasis en el buen
estado ecológico de los ecosistemas fluviales, cuidando la gestión de la
demanda de agua frente a las habituales estrategias de incremento de la oferta.
Que el agua
llegue a la plaza depende ahora del Tribunal Supremo, que debe pronunciarse
ante los recursos presentados. “En esta sentencia nos jugamos bastante todos”,
explica la portavoz de la Coordinadora Biscarrués -Mallos de Riglo, Lola
Giménez. “El Cinca y el Gállego son de [la comunidad de regantes] Riegos del
Alto Aragón, que hablan de sus ríos”, añade, y recuerda que solo 30 de los 220
kilómetros que tiene el Gállego discurren por su caudal natural. “Es un río
triturado y abrasado”, sentencia. Desde Riegos del Alto Aragón discrepan y
apelan a los árbitros entre los usos del agua, las confederaciones.
Con más de
1.200 represas de al menos 15 metros de altura, España es el primer
país de Europa y el quinto del mundo en número de presas. Porcentualmente,
es el segundo en densidad de diques por kilómetro cuadrado (0,23), solo tras
Corea del Sur (0,77). “Las compañías eléctricas y los constructores estuvieron
desde un principio entre los beneficiarios directos de una política centrada en
la gran infraestructura hidráulica”, escribe el profesor de Historia Económica
de la Universidad Complutense José Luis Gorostiza en un documento académico.
Las
infraestructuras repartidas por el Estado español van desde pantanos a diques
de contención, y buscan priorizar el agua de los ríos para el uso agrícola y
energético, principalmente. Es decir, para usos privados. En la actualidad,
alrededor del 50% del caudal de los ríos estatales está embalsado; existen 3,7
millones de hectáreas de regadío, con un crecimiento de alrededor del 2% en los
últimos años, y con planes de aumento considerable sobre todo en la cuenca del
Ebro, donde hay previstas 400.000 nuevas hectáreas; mientras que, en
2018, el 13,7% de la energía eléctrica generada en el Estado español provino de
la hidráulica, según los datos de Red Eléctrica Española.
“Los usuarios del agua, y muy específicamente los beneficiarios directos para
actividades económicas, son los que más están influyendo en las decisiones
sobre el agua. Y son dos sectores fundamentales: el regadío, sin olvidar que en
España en torno al 80% del agua es consumida por los regantes; y los usos
hidroeléctricos, que alteran de una manera muy importante y en general negativa
el régimen de caudales”, explica la directora técnica de la Fundación
Nueva Cultura del Agua (FNCA), Julia Martínez.
La del Tajo es
una de las grandes paradojas. “Antes de los años 50, era un río; a partir de
esa fecha lo cosieron literalmente a presas, sobre todo en cabecera, y en el
tramo extremeño hasta Portugal. El Tajo antes era de todos y no era de
nadie”, escribe la abogada ambiental María Soledad Gallego en un documento
con un título elocuente: Los señores del río Tajo. La experta
apunta a los siguientes dueños: el trasvase Tajo-Segura, que lleva agua de la
cabecera del río al Levante para los regantes; Madrid, a través su
abastecimiento y sus aguas residuales; y las hidroeléctricas.
Iberdrola tiene
desde 1956 la concesión para aprovechamiento eléctrico de casi 300 kilómetros
de río, desde Talavera de la Reina hasta Portugal. Azután, Valdecañas, Torrejón,
Alcántara y Cedillo están explotados por la misma empresa y suponen 5.145
hectómetros cúbicos de capacidad conjunta y un territorio inundado de 21.330
hectáreas. El libro El Tajo: historia de un río ignorado denuncia
que se han producido episodios de desecación de kilómetros del río por la
explotación eléctrica de estos embalses.
El río más
largo de la península ha sido frontera natural e histórica entre los Estados
español y portugués, pero hoy es una barrera infranqueable en manos privadas
que dificulta la vida al vecindario de Cedillo y Montalvão: “Están a 13
kilómetros y a 12 minutos de viaje, pero solo los fines de semana (y no todos).
De lunes a viernes hay que dar un rodeo de más de 100 kilómetros que lleva hora
y media. Es inadmisible”, reza una petición en la plataforma change.org que
recoge firmas para que la presa sea transitable de forma permanente. Iberdrola,
el grupo empresarial que controla el embalse de Cedillo, se niega a la
apertura. “Una empresa privada tiene más poder que dos Estados (España
y Portugal) presuntamente soberanos, y se salta a la torera el Tratado de
Schengen, firmado y en vigor desde hace ya 23 años”, critica la petición
electrónica.
La empresa,
preguntada al respecto, asegura que se trata de «una vía privada que forma
parte de la central hidroeléctrica y, por lo tanto, no está diseñada como vía
pública. Se aplican los protocolos de seguridad que establece la normativa,
que dice que sobre este tipo de infraestructuras no está permitido el libre
tránsito de vehículos o personas por medidas de seguridad, tanto para los
trabajadores como para los posibles usuarios de la vía». Si los sábados y los
domingos se abre una excepción es, aclara Iberdrola, fruto del acuerdo que hace
años alcanzaron con los municicpios, «siempre que el desarrollo de los trabajos
no lo impida y adoptando las medidas de seguridad complementarias necesarias».
En marzo de
2019, el Tribunal Supremo anuló parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo tras
los recursos presentados por plataformas ciudadanas, colectivos
medioambientales y algunos ayuntamientos. La abogada María Soledad Gallego es
quien ha llevado el caso: “Era una indiscriminación injustificada, un
incumplimiento de la ley clarísimo y eso es lo que ha dicho el Tribunal
Supremo: que los caudales ecológicos son una medida fundamental para cumplir
los objetivos medioambientales”, explica la letrada a La Marea. Los
caudales ecológicos son unos mínimos de agua que debe llevar el río para ser
río, para ejercer como un ecosistema, como bien común y como nicho de
biodiversidad. Los ríos son esenciales en la articulación de los paisajes y de
los territorios, también apuntalan identidades, son materia literaria,
alegórica y símbolo y seña en muchas religiones y creencias. Los ríos son
origen y también destino.
“Son un
patrimonio ecológico ambiental, pero también cultural e identitario, personal y
colectivo. Y tenemos que defenderlo los ciudadanos porque, si no, seguirá
siendo explotado para beneficio directo y exclusivo de esas actividades
económicas que se benefician de tener acceso a un recurso con el que no asumen
ningún tipo de labor de corresponsabilidad”, alerta Martínez.
¿Quién manda en
los ríos? Juanjo Carmona, abogado y consultor ambiental, da la vuelta a la
cuestión cuando se le hace esta pregunta: “No mandan los caudales ecológicos.
Lo último es el medio ambiente”. También portavoz de WWF en Doñana, recuerda
una peculiaridad del Guadalquivir, el único río navegable de dominio público
marítimo terrestre, por lo que los intereses del Puerto de Sevilla también
entran en juego. “Es necesario que se reúna una comisión de actividades
competentes, porque tiene competencias la Confederación, pero también la
Autoridad Portuaria en el tramo final, y a veces los proyectos son opuestos”,
critica mientras pone de ejemplo el plan que hubo de dragar el río.
La competencia
en la gestión de los ríos recae en las confederaciones hidrográficas, adscritas
al Ministerio para la Transición Ecológica. Y
“regantes, constructores o hidroeléctricas se sienten cómodos en las
tradicionales estructuras de las confederaciones, donde históricamente han
ostentado representación mayoritaria e interlocución preferente, y por lo tanto
se oponen a una descentralización de la gestión”, escriben los expertos Leandro
del Moral y Nuria Hernández-Mora. Estas mismas confederaciones otorgan unas
concesiones de explotación, sujetas a condiciones. Gallego recuerda que es la
Administración General del Estado quien debe vigilar, cuidar y ser árbitro
entre usos, si bien “no defiende de forma clara los usos comunes”. La
portavoz de la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglo tiene claro que han
ganado la lucha social y medioambiental, pero “la batalla real de poder está
lejísimos, pues la democratización de las confederaciones es ciencia ficción”.
Las confederaciones cuentan con diferentes órganos de participación, pero la
voz de las organizaciones ciudadanas y de los colectivos ambientales apenas
está representada. “Cerca de la mitad de los vocales son para las
administraciones públicas y, de la otra mitad, la gran mayoría son usuarios
relacionados sobre todo con actividades agrarias y con regantes”, explica Julia
Martínez. Desde Riegos del Alto Aragón lo argumentan así: “Tenemos mayor peso
en función del consumo y también en función del pago. Somos usuarios que pagan
el agua, igual que los hidroeléctricos pagan el kilovatio, cosa que no ocurre
con otra tipología de usos como puede ser los recreativos”.
Susanna Abella,
integrante de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, participa en el Consejo
del Agua de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) representando
a las organizaciones ecologistas, que únicamente tienen dos asientos en el
Consejo, compuesto por más de 90 personas. La activista describe lo sintomático
del escenario y de la representación de lo que se podría llamar “el poder”
dentro de la Confederación: en el centro está el presidente y, a ambos lados,
los vicepresidentes: “Hay una persona que nunca se ha movido, que es el
presidente de los regantes: puede estar de vicepresidente primero, segundo o
tercero, pero nunca fuera de la mesa”. “En la práctica es una cosa muy oscura:
no hay transparencia y el control real de cuándo se desembalsa lo tienen las
esferas de influencia con capacidad no de diálogo, sino de presión”, sostiene
el profesor emérito del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de
Zaragoza Pedro Arrojo.
Los últimos
datos del Índice de Transparencia en la Gestión del Agua (INTRAG), elaborados
por la organización Transparencia Internacional España en 2015, recogen un
retroceso en la transparencia de los organismos gestores de de este bien. Una
trabajadora de la CHE que prefiere mantener el anonimato confirma esta visión:
“Las confederaciones son opacas”.
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