Los 30.000 amnistiados
fiscales se libran: PSOE y Cs rechazan desvelar su identidad
Por Fernando H. Valls
Kaosenlared
Tercerainformación
21.04.2019
Solo Unidas Podemos promete sacar a la luz el nombre de la
“lista de la vergüenza”, como llamó Sánchez a la medida de gracia aprobada por
Montoro.
“Irse de rositas“. Según el Diccionario fraseológico
documentado del español actual, de Manuel Seco, es una locución que significa
marcharse “sin pagar lo que se debe o sin recibir el castigo merecido”. Eso es
lo que les pasará a los 30.000 beneficiarios de la que fue,
probablemente, la decisión fiscal más polémica del Gobierno de Rajoy:
la amnistía de 2012. El PP siempre ha tenido claro que jamás se deben dar a
conocer las identidades de estos amnistiados, una postura a la que ahora se
suman por sorpresa PSOE y Cs, que hasta ahora sí se comprometían en
sus programas electorales a levantar este secreto.
El programa del PSOE en 2016, con Pedro Sánchez como
candidato a la presidencia, era contundente en este aspecto. Proponía “introducir
cambios del artículo 95 de la Ley General Tributaria, dentro de los límites
constitucionales, que permitan conocer el nombre de los defraudadores, acogidos
a la amnistía fiscal”. Negro sobre blanco. Pero este 2019 el giro es
evidente, renunciando a una de las principales promesas del sanchismo en
las primarias y una vez recuperada la secretaría general.
Los socialistas plantean para el 28-A que “se implemente lo
ya previsto en el anteproyecto de ley de medidas para la prevención y lucha
contra el fraude fiscal: ampliando el listado de deudores a la Hacienda
Pública, prohibiendo el software de doble uso, creando una unidad para
grandes patrimonios, prohibiendo nuevas amnistías fiscales, y
contribuyendo al avance a escala internacional contra los paraísos fiscales”.
Son dos planteamientos muy diferentes, lo que
evidencia que el PSOE de 2016 no es el mismo que el actual. Su
líder también ha cambiado: Sánchez hablaba en el pasado de este documento de
beneficiarios como “la amnistía de la vergüenza y de Mariano Rajoy”.
Ahora, por tanto, se olvida de ellos.
El cambio de Ciudadanos
Ciudadanos, por su parte, ha experimentado
una evolución similar. En 2016 el partido de Albert Rivera apostaba por la
siguiente medida: “Exigiremos los 2.800 millones de euros que el anterior
Gobierno perdonó ilegalmente a los defraudadores de la amnistía fiscal, y
llevaremos a los Tribunales todos los casos de acogidos a la amnistía en donde
existan indicios de delitos relacionados con la corrupción o blanqueo de
capitales. Especialmente, se remitirán los más de 600 casos de funcionarios y
políticos que se acogieron a la amnistía para que justifiquen el origen del
dinero regularizado”. En el programa de este 2019 no existe referencia
alguna a la amnistía fiscal.
Los mismos líderes, los mismos partidos, pero planteamientos
sobre la “lista de la vergüenza” diferentes. Es más, en el ‘Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso‘
que firmaron Sánchez y Rivera tras las elecciones de 2015, ambas formaciones se
comprometían a “exigir los 2.800 millones de euros que el anterior Gobierno
perdonó ilegalmente a los defraudadores de la amnistía fiscal (al
cobrarles el 3% en lugar del 10%) y remitir a los Tribunales todos
los casos de acogidos a la amnistía en donde existen indicios de delitos
relacionados con la corrupción o de blanqueo de capitales”.
De esta forma, el único partido que lleva en su programa
electoral para el 28-A la publicación de los amnistiados fiscales es Unidas
Podemos. La formación de Pablo Iglesias propone “poner en marcha una
Estrategia Nacional contra el Fraude Fiscal” en la que, entre otras medidas, se
publicaría “de manera inmediata, la lista de amnistiados fiscales de
los Gobiernos anteriores“, así como incluir “la prohibición de decretar amnistías
fiscales en la Constitución, ya que una simple previsión legal puede
cambiarse con la siguiente mayoría parlamentaria”.
Las cifras de la amnistía… y algunos nombres
La amnistía fiscal que aprobó Cristóbal Montoro en 2012
consiguió aflorar 225.507 bienes o derechos y supuso una recaudación
adicional para Hacienda de 1.191 millones gracias a la famosa
Declaración Tributaria Especial (DTE), el modelo 750. Solo se conocen algunos
beneficiados debido a filtraciones periodísticas: los Pujol, Rato, los
Franco, Diego Torres, el exsocio de Urdangarín…
En la Estrategia de Política Fiscal, un documento que el
anterior Gobierno sí publicaba y que este Ejecutivo ha dejado de difundir
públicamente, se repasa que a través del modelo 720 (Declaración informativa de
bienes y derechos situados en el extranjero) se consiguió aflorar un patrimonio
de 140.916 millones de euros, lo que supuso un saldo vivo de 96.878
millones de euros desde 2012. “El afloramiento de los bienes fue clave
para la recuperación económica”, destacan desde el anterior equipo de Hacienda.
“Ese dinero se mueve y se invierte, por lo que genera riqueza“,
concluyen.
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