El
18 de septiembre de 2022, en Barcelona, la plataforma Escuela de Todos –que
integra a 15 entidades– convoca la Manifestación “Español, lengua vehicular”
para denunciar la exclusión de la enseñanza “en castellano” en las escuelas de
Cataluña
Por qué la izquierda debe manifestarse por una escuela
de todos
El Viejo Topo
10 septiembre, 2022
Guillermo del Valle y Antonio Francisco Ordóñez
Cuarenta años
de franquismo, expresión totalitaria del nacionalismo español, dejaron un poso
de mala conciencia en muchas personas de lengua materna castellana en
Cataluña. Esa mala conciencia condujo a la permisividad para que, una vez
establecida a partir de la Constitución española vigente, la cooficialidad en
Cataluña, se produjesen durante los más de cuarenta años de pujolismo (del
cual el actual gobierno catalán es fiel heredero) evidentes abusos: inmersión
obligatoria en catalán en la escuela, multas por rotular solo en castellano,
señales de tráfico exclusivamente en catalán, denominaciones oficiales solo en
catalán, consignas de uso solo del idioma catalán en las administraciones
públicas so pena de ostracismo, medios de comunicación públicos no solo
exclusivamente en catalán sino beligerantes contra el castellano, etc. Es
decir, la exclusión de facto de cientos de miles de
conciudadanos de la vida pública.
Como quiera que
los sucesivos gobiernos de España, la denominada alternancia de
los partidos sistémicos PP y PSOE, han necesitado a menudo para conformarse del
apoyo nacionalista (tanto catalán como vasco), aquellos siempre se han puesto
de perfil en relación a esta cuestión, oficiando como cooperadores necesarios
de las políticas de segregación identitaria contra los derechos de todos. Esto
ha supuesto que se trasladase a la sociedad civil la carga injusta de defender
los derechos de los ciudadanos españoles que pretenden lo obvio: poder
expresarse en la lengua oficial que, en el ejercicio legítimo de su derecho a
la libertad de expresión, la Constitución les reconoce en todo el territorio
nacional. Lo anterior tiene su extensión natural en la escuela, donde hasta el
día de hoy sólo el catalán es lengua vehicular. Y lo es pese a una constante
jurisprudencia de los tribunales de justicia y del Tribunal Constitucional (TC)
que exigen lo contrario. Ante el decaimiento de las leyes y las instituciones
en Cataluña, habiéndose producido una explícita privatización nacionalista de
las mismas, los derechos de ciudadanía quedan en manos de una serie de
ciudadanos a los que se obliga a un ejercicio cívico anómalo y casi heroico. La
subversión de las leyes y resoluciones judiciales y su sustitución por el
gobierno de la arbitrariedad implica no solo una anomalía democrática, sino, en
términos materiales, una política genuinamente antirrepublicana: conviene
recordarlo en estos tiempos amnésicos en los que se ha vaciado al significante
de significado y las palabras han sido emponzoñadas de forma impúdica. Provoca pudor
y asquea observar cómo populistas de medio pelo y homólogos patrios de la Liga
Norte se presentan a sí mismos como guardianes de las esencias progresistas
cuando su proyecto no es otro que aquel que conjuga insolidaridad fiscal y
supremacismo indisimulado.
El último
episodio que muestra tal estado de cosas ha venido dado por el intento de
ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
que exigía a la Generalidad que todos los alumnos recibiesen de manera efectiva
e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos
lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser
inferiores al 25% en uno y otro caso. Como respuesta a lo anterior y con la
connivencia del Gobierno de España, el Govern de la
Generalidad de Cataluña dictó el Decreto Ley 6/2022, y los partidos
nacionalistas y el PSC (catalanista, esa lacra estructural de
identitarismo presuntamente light) aprobaron en el Parlamento
autonómico la Ley 8/2022, con “la voluntad –citamos
textualmente al TSJC– (…) inequívoca en cuanto a que la finalidad de
ambas normas es bloquear la aplicación de la sentencia dictada en estas
actuaciones y, con ella, la garantía de uso docente del castellano en términos
constitucionalmente aceptables”. Como consecuencia de lo anterior el TSJC
resolvió plantear ante el TC cuestión de inconstitucionalidad de ambas normas.
En el fondo, lo
que está en juego no es una cuestión numérica o porcentual. Ni siquiera se
trata simplemente de los derechos lingüísticos. Lo que está en tela de juicio
es la posibilidad de garantizar o no una comunidad política donde las leyes
recuperen su sentido esencial de garantía de igualdad entre todos los
ciudadanos, como resultado de su deliberación y participación colectivas, y,
especialmente, de voz de los sin voz, esto es, de dique de contención a
cualquier tentación arbitraria o despótica de las élites u oligarquías que
pretenden un Estado sometido y convertido en su cortijo privado. Lo que está en
juego no es preservar ninguna esencia nacional o derecho impostado de una
cultura o lengua a perdurar, toda vez que ni las lenguas, ni las culturas, ni
las metafísicas nacionales tienen – repitámoslo una vez más – derecho alguno.
Lo que está en juego es desmontar el proyecto de segregación identitaria de un
nacionalismo etnicista y reaccionario que considera que la lengua es la
expresión del espíritu del pueblo (el volk) y que la misma confiere
una visión del mundo que nos hace especiales, diferentes. Ya saben: se apela a
un carácter especial para significar eufemísticamente el racismo de siempre. De
la consideración ficcional sobre una lengua que nos confiere una identidad
uniforme, eterna y esencial se lleva a cabo un salto mortal y profundamente
antidemocrático: como tenemos una lengua (propia, frente a la impropia, frente
a la extranjera), como tenemos una identidad diferenciada, podemos “vivir
aparte”. La identidad etnolingüística es el fundamento de la secesión. Del
pretendido, inexistente y tenebroso derecho a levantar una frontera entre
conciudadanos, a elegir arbitrariamente a nuestros vecinos, patrimonializando
de paso la escuela, el mercado de trabajo y el territorio común. Esa decisión
está invalidada desde el inicio: en el mismo momento en que se excluye
del demos a millones de personas por no participar de la identidad nacionalista.
Si desde dos
organizaciones hermanas de la izquierda antinacionalista – si es que pudiera
existir otra, como expresó con irónica precisión el añorado Paco Frutos –
animamos a participar en la convocatoria de Escuela de Todos es,
fundamentalmente, porque nuestro compromiso con lo público no es de
conveniencia ni guadiánico. No aparece o desaparece según quien rubrique su
amenaza: sea neoliberal o nacionalista quien pretenda agredir nuestros derechos
como ciudadanos. Porque nos jugamos mucho: la integridad de nuestra ciudadanía,
condición de posibilidad de cualquier transformación social, política o
económica. Porque nos jugamos la unidad de clase trabajadora, frente al
proyecto reaccionario de extranjerizar a millones de trabajadores y mutilar
irreversiblemente sus maltrechos derechos. Por eso estaremos presentes, desde
la izquierda consecuente, el 18 de septiembre en el Arco de Triunfo de
Barcelona, a las 12.30 h.
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