La lucha por la defensa de los bienes comunes y la conquista de otros
nuevos está íntimamente ligada a la lucha contra las deudas ilegítimas y el
sistema capitalista en su conjunto.
Bienes comunes, deudas y
patentes de la industria farmacéutica
El Viejo Topo
5 abril, 2022
Desde el inicio
del capitalismo, los bienes comunes fueron sistemáticamente cuestionados por la
clase capitalista en su lógica de mercantilización y de apropiación privada.
Entre los objetivos perseguidos por los capitalistas, cuando comenzaron a
invertir en las manufacturas europeas, hace varios siglos, estaba la supresión
de las fuentes vitales de subsistencia de la mayor cantidad de pequeños
campesinos y campesinas, quienes constituían, de lejos, la mayor parte de la población
europea. El objetivo era conseguir que migrasen a las ciudades y aceptasen un
trabajo con salarios de miseria en las manufacturas de los capitalistas. En los
países de otros continentes sometidos a la conquista de las potencias europeas,
sus fines fueron: robar las tierras de las poblaciones locales, sus materias
primas y, por lo tanto, sus recursos vitales, instalar colonos y obligar a las
poblaciones al trabajo forzado.
Desde el siglo
XVI hasta el siglo XIX, los diferentes países cuyas economías fueron
progresivamente dominadas por el sistema capitalista sufrieron un vasto proceso
de destrucción de los bienes comunes. Autores como Karl Marx en el libro I
de El Capital, Rosa Luxemburg en su libro La acumulación de
capital, Karl Polanyi (1886-1964) en La Gran Transformación,
Silvia Federici en Calibán y la bruja lo remarcaron
fuertemente. La hermosa película de Raoul Peck sobre el joven Karl Marx
comienza con unas imágenes muy fuertes de uno de los múltiples ejemplos de
destrucción de los bienes comunes: la represión brutal de gente pobre que
estaba recogiendo leña en los bosques de la región alemana de Renania y la
postura de Karl Marx en defensa de las víctimas de los procesos judiciales por
haber ejercido un derecho colectivo milenario que contradecía la lógica
capitalista. Daniel Bensaïd le dedicó un pequeño libro titulado Los
desposeídos. Karl Marx, los ladrones de madera y el derecho de los pobres,
en el que muestra la prosecución de la destrucción de los bienes comunes.
En El
Capital, Karl Marx resumía algunas de las formas que adquiría la imposición
del sistema capitalista en Europa:
“La expoliación
de los bienes eclesiásticos, la enajenación fraudulenta de las tierras
fiscales, el robo de la propiedad comunal, la transformación usurpadora,
practicada con el terrorismo más despiadado, de la propiedad feudal y clánica
en propiedad privada moderna fueron otros tantos métodos idílicos
de la acumulación originaria. Estos métodos conquistaron el campo
para la agricultura capitalista, incorporaron el suelo al capital y crearon
para la industria urbana la necesaria oferta de un proletariado enteramente
libre”.[1]
Imponiéndose
progresivamente como modo de producción en Europa, al mismo tiempo el
capitalismo extendió su reino al resto del mundo:
“El
descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en América, el
exterminio, la esclavización y soterramiento en las minas de la población
aborigen, la conquista y saqueo de las Indias Orientales, la transformación de
África en un coto reservado para la caza comercial de pieles negras,
caracterizan los albores de la era de producción capitalista. Estos procesos
idílicos constituyen factores fundamentales de la
acumulación originaria”.[2]
Desde entonces,
el capitalismo prosiguió su ofensiva contra los bienes comunes por dos razones:
1) Todavía no desaparecieron del todo y por lo tanto limitan la dominación
total del capital, por lo que buscan apropiarse de los mismos o reducirlos a un
estricto mínimo. 2) Una serie de importantes luchas permitieron recrear
espacios de bienes comunes durante los siglos XIX y XX. Esos espacios de bienes
comunes están constantemente cuestionados.
Durante los siglos XIX y XX hubo, simultáneamente,
destrucción y reconquista o construcción de espacios de bienes comunes
Durante el
siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, el movimiento obrero recreó
espacios de bienes comunes al desarrollar sus sistemas de solidaridad: creación
de cooperativas, desarrollo de cajas de resistencia, fondos de solidaridad. La
victoria de la Revolución rusa condujo también, durante un período corto de
tiempo, al restablecimiento de bienes comunes, antes de que la degeneración
estalinista impusiera la dictadura y los privilegios vergonzosos en beneficio
de la casta burocrática, como lo describió en 1936 León Trotsky en su
libro La revolución traicionada.
En cierta
forma, volviendo a los países capitalistas, las luchas políticas y sociales produjeron
en el siglo XX (según una periodicidad que varía de un país a otro) el
desarrollo de lo que se llamó el Estado de bienestar, cuando los
gobiernos capitalistas comprendieron que era necesario hacer concesiones al
movimiento obrero para conseguir la paz social, y en algunos casos evitar el
reinicio de luchas revolucionarias.
Después de la
Segunda Guerra Mundial, desde finales de los años 1940 hasta finales de los
años 1970, la ola de descolonización, principalmente en África, Oriente Próximo
y en Asia, a la que se agregan las victorias de revoluciones como la de China
(1949) o la de Cuba (1959), condujeron al renacimiento de algunos bienes
comunes, especialmente por medio de la ola de nacionalizaciones de algunas
infraestructuras (el canal de Suez en 1956 por el régimen de Nasser) y de
fuentes de materias primas (el cobre por Allende a comienzos de los años 1970)
y los hidrocarburos (Argelia, Libia, Iraq, Irán…).
Ese período de
reafirmación de los bienes comunes se expresó claramente en una serie de documentos
de las Naciones Unidas, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos
en 1948 hasta la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986. Subrayemos
el punto 2 del artículo 1 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo que
dice:
“El derecho
humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los
pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones
pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio
de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y
recursos naturales”.
Ese derecho
inalienable de los pueblos “a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y
recursos naturales” está cuestionado constantemente por instituciones como el
Banco Mundial, el FMI, la mayor parte de los gobiernos y las grandes compañías
privadas.
A propósito de los bienes comunes
Dentro de los
límites de este artículo, no estableceré una tipología de los bienes comunes.
Utilizaré este término en un sentido genérico, que va desde la propiedad
colectiva de las tierras que, bajo diferentes formas, marcó hasta hoy toda la
historia humana, hasta los espacios de bienes comunes de
origen más reciente. Por ejemplo, los servicios públicos que constituyen
conquistas sociales implementadas en el marco legal, y financiadas mediante los
impuestos, que remontan principalmente a las luchas obreras del siglo XX. Los
bienes comunes incluyen también iniciativas propias de los movimientos de
trabajadoras y trabajadores que nacieron al comienzo del reino capitalista,
como las cajas de solidaridad, las cajas de resistencia, las cooperativas, las
cajas de crédito mutuo, sin olvidar, más recientemente, el salario y el sistema
de seguridad social, cómo fueron conquistados por el movimiento obrero en el
siglo XX, analizados de manera original por Bernard Friot[3].
En el espacio de los bienes comunes, las relaciones mercantiles están o
excluidas o reducidas a un mínimo.
Adaptando un
pasaje de un libro de Jean-Marie Harribey, podemos decir que, en un contexto de
crisis ecológica cada vez más grave, el renovado interés por la noción de bien
común nació de la concienciación de la existencia de un patrimonio común de la
humanidad y, por lo tanto, de la necesidad de preservar algunos bienes
materiales (agua, aire, suelo, bosques y selvas, materias primas) e
inmateriales (clima, conocimientos, cultura, salud, estabilidad financiera,
paz, etc.)[4].
La actividad de
reproducción social aparece también en el centro de las preocupaciones por los
bienes comunes gracias a la acción de los movimientos feministas. Como escriben
Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya y Nancy Fraser en su manifiesto
titulado Feminismo para el 99%[5]:
“Por último, la
sociedad capitalista alberga una contradicción sociorreproductiva: una
tendencia a reclutar para beneficio del capital tanto trabajo
reproductivo libre como le sea posible, sin preocuparse en
absoluto de reponerlo. Como consecuencia, periódicamente da lugar a crisis de
cuidados, que agotan a las mujeres, devastan familias y tensan las energías
sociales hasta un punto de ruptura”.
Las autoras
definen la reproducción social englobando las actividades que sustentan a los
seres humanos como seres sociales con cuerpo, que no solo
deben comer y dormir, sino también criar a sus hijos, cuidar de sus familias y
mantener sus comunidades, todo ello mientras persiguen sus esperanzas de cara
al futuro. Estas actividades de crear personas existen de una
forma u otra en todas las sociedades. Sin embargo, en las sociedades capitalistas dichas
actividades también deben servir a otro amo, a saber, al capital, que requiere
que el trabajo sociorreproductivo produzca y reponga la fuerza de trabajo.
Lo que agregan
las autoras, un poco más adelante, nos acerca a la situación puesta en
evidencia por la crisis multidimensional actual del capitalismo y la pandemia
del coronavirus:
“Se asume que
siempre habrá energías suficientes para producir obreros y sostener las
conexiones sociales de las que dependen la producción económica y, más en
general, la sociedad. En realidad, las capacidades sociales reproductivas no
son infinitas, y puede suceder que se las tense hasta el punto de ruptura.
Cuando una sociedad retira el apoyo público a la reproducción social y a un
mismo tiempo recluta a sus principales proveedores para largas y extenuantes
horas de trabajo mal remunerado, agota las mismas capacidades sociales de las
que depende” (ibid. 63).
La deuda pública fue y es utilizada por el
sistema capitalista para arremeter contra los bienes comunes
Desde los años
1970-1980, las deudas públicas fueron utilizadas sistemáticamente para aumentar
los ataques contra los bienes comunes tanto en el Norte como en el Sur del planeta.
Esto es lo que el CADTM, así como otros movimientos que se oponen a las deudas
ilegítimas, denuncian sin parar desde los años 1980. Dediqué a esa lucha una
decena de libros[6] y
cientos de artículos. Es muy alentador constatar que cada vez hay más autores y
autoras que remarcan la utilización del arma de la deuda para arremeter contra
los bienes comunes y, en especial, los servicios públicos. Como ejemplo vuelvo
a citar a las autoras del Manifiesto feminista para el 99%:
“En lugar de
capacitar a los Estados para estabilizar la reproducción social a través de la
provisión pública, permite que el capital financiero regule los Estados y el
sector público según los intereses inmediatos de los inversionistas privados.
Su arma elegida es la deuda. El capital financiero vive de la deuda
soberana, que utiliza para proscribir incluso las formas más moderadas de
provisión socialdemócrata, obligando a los Estados a liberalizar sus economías,
abrir mercados e imponer la austeridad a poblaciones
indefensas” (ibid., 66-67).
En el curso de
la ofensiva neoliberal que dominó la escena mundial a partir de los años 1980,
los gobiernos y diferentes organismos internacionales, como el Banco Mundial y
el FMI, utilizaron la necesidad de pagar la deuda pública para generalizar una
ola de privatizaciones de empresas estratégicas, de servicios públicos y de
recursos naturales, tanto en el Norte como en el Sur del planeta. Eso invirtió,
como se indicó antes, una tendencia que había marcado la evolución de las
décadas precedentes, durante las cuales, bajo la presión de las luchas, se
reforzaron los bienes comunes.
Es una lista
larga la de los ataques realizados en nombre del reembolso de la deuda. Algunos
aceleraron la crisis ecológica y el desarrollo de las zoonosis: desforestación
acelerada, aumento de la cría intensiva y de monocultivos con el fin de
suministrar ingresos en divisas que permitan pagar la deuda externa. Y para
eso, se aplican las políticas de ajuste estructural recomendadas por el FMI y el
Banco Mundial. Algunas de ellas, condicionadas por el reembolso de la deuda,
tienen también un impacto directo sobre la capacidad de los estados y de sus
poblaciones para poder hacer frente a la pandemia de la covid-19 y de otras
crisis sanitarias: estancamiento o reducción de los gastos para la sanidad
pública, imposición del respeto a las patentes de los medicamentos y
tratamientos, renuncia a la producción de medicamentos genéricos, abandono de
la producción local de equipamientos médicos, promoción del sector privado en
el ámbito sanitario, supresión de la gratuidad del acceso a los servicios de
salud en un gran número de países, precarización de las condiciones de trabajo
de los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad, desarrollo de la asociación
público-privada…
Cuando
entendemos el papel de la instrumentalización del pago de la deuda pública para
intensificar las mortíferas políticas capitalistas neoliberales, también nos
damos cuenta de la necesidad de luchar por la anulación de las deudas ilegítimas.
Ya hace más de un siglo y medio, Marx encontró una expresión muy fuerte: “La
deuda pública o, en otros términos, la enajenación del Estado –sea despótico,
constitucional o republicano– deja su impronta en la era capitalista”[7].
Las patentes, el APDIC (Acuerdo de la OMC sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio), la Big Pharma…
El saber, los
descubrimientos científicos y los procedimientos técnicos deberían constituir
un bien común de la humanidad. Cuanto más se extendió el capitalismo, más
favoreció la apropiación privada de los conocimientos y de las técnicas,
especialmente por medio del sistema de patentes. Porque el gran capital no solo
no comparte los conocimientos, sino que se los apropia y luego el público los
ha de pagar. El gran capital acapara los resultados de las investigaciones
efectuadas en universidades públicas. También patenta las semillas que son el
resultado de múltiples selecciones realizadas a lo largo de siglos por los
campesinos y campesinas. Por ejemplo, la firma Del Monte (agronegocio) hizo
patentar tomates producidos por las poblaciones de los Andes y ahora hace pagar
un derecho sobre sus semillas.
Cuando la
Organización Mundial del Comercio se estableció en 1995, el Acuerdo sobre los
Derechos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC –en inglés
TRIP’s, Trade Related Intelectual Property Rights–) permitió a las
grandes empresas capitalistas reforzar su poder. Ese acuerdo concierne a
ámbitos tan diversificados como son la programación informática y el diseño de
circuitos impresos, los productos farmacéuticos y los cultivos transgénicos.
Define unas normas mínimas sobre las patentes, los derechos de autor, las
marcas comerciales y los secretos de fabricación. Esas normas las genera la
legislación de los países industrializados, y se impone a todos los miembros de
la OMC el tipo y nivel de protección de esos países. Son netamente más
estrictas que la legislación vigente en la mayoría de países en desarrollo
antes de su adhesión a la OMC y, a menudo, entran en conflicto con los
intereses y necesidades propias de esos países. Es posible obligar a un país a
aplicar el acuerdo ADPIC de la OMC por medio del sistema integrado de arreglo
de diferendos. En la práctica, eso significa que si un país no respeta sus
obligaciones en materia de derechos de propiedad intelectual, puede que se le
impongan sanciones comerciales, lo que constituye una seria amenaza.
El FMI, el BM y
las grandes potencias utilizaron toda su influencia, especialmente mediante su
posición de acreedores, para empujar a los países en desarrollo recalcitrantes
a respetar el acuerdo ADPIC. Más aún, la Unión Europea, Estados Unidos y otros
países ricos consiguieron acuerdos bilaterales que ofrecen una protección de
sus patentes todavía más estricta que las normas mínimas definidas
en el acuerdo ADPIC: son las normas ADPIC plus. Como escribe Peter Rossman:
“Las empresas
farmacéuticas financiarizadas deben entenderse como organizaciones que
gestionan sus operaciones en términos de un conjunto de activos financieros más
que activos físicos. Su principal activo financiero está constituido por las
patentes, que generan el 80% de sus beneficios”.
Rossman precisa
que:
“En 1980,
Estados Unidos adoptó una ley que autorizaba a las pequeñas empresas y a las
universidades patentar sus invenciones desarrolladas con fondos públicos.
Antes, estas invenciones o descubrimientos iban automáticamente al gobierno que
los concedía, bajo licencia, a fabricantes de productos genéricos, o estaban
directamente inyectadas en el dominio público. Las universidades y las jóvenes
empresas están ahora integradas en un complejo de conocimientos dirigidos por
las empresas. La transferencia de tecnología transformó la
investigación pública en patentes privadas”[8].
Rossman
prosigue:
“Las empresas
están cada vez más financiarizadas, reduciendo los gastos ligados a las
capacidades de producción, a los empleados e incluso a la I+D, con el fin de
liberar liquidez para distribuir entre los accionistas bajo forma de dividendos
y realizando recompras de acciones. En dos de las mayores empresas, Pfizer y
Johnson & Johnson, los gastos ligados a la recompra de acciones y a los
dividendos entre 2006 y 2015 superaron sus ingresos netos totales. Estas dos
empresas se volcaron hacia el mercado de préstamos para financiar los
crecientes rendimientos de los inversores y de sus altos ejecutivos, utilizando
los activos de propiedad intelectual como garantía”.
Durante ese
período de 2006-2015, Pfizer pagó 131.000 millones de dólares a sus
accionistas, al mismo tiempo que gastaba 82.000 millones de dólares en I+D[9].
En el contexto de la pandemia de la covid-19
Desde la
extensión de la pandemia a todo el mundo, el debate sobre las patentes se hizo
fundamental. En el seno de la OMC, 62 países, liderados por India y Sudáfrica,
propusieron la renuncia a las obligaciones de los Estados miembros con respecto
al acuerdo ADPIC, y que esa determinación se aplicara a todos los productos
necesarios a la prevención, el confinamiento y el tratamiento de la covid-19.
La propuesta quedó bloqueada en la OMC, en especial por la posición de la
Comisión Europea, que rechazó adherirse a la opinión del Parlamento Europeo,
que, sin embargo, votó dos veces a favor de la retirada de las patentes sobre
las vacunas[10].
Literalmente es
una cuestión vital, puesto que si se mantienen las patentes, una gran parte de
la población de los países del Sur global, deseando vacunarse, no tendrá acceso
a esas vacunas en unos plazos razonables. En agosto de 2021, menos del 2% de
los 1.300 millones de habitantes de África tenían la pauta de vacunación
completa, cuando en Europa occidental y Estados Unidos y Canadá era del 60%.
Con fecha de junio de 2021, de los 2.295 millones de dosis administradas en el
mundo, un cuarto fue administrado en los países del G7, que tienen nada más que
el 10% de la población mundial. Solamente el 0,3% fue a los países de ingresos
bajos, según la OMS.
Los gobiernos
de los países del Sur que deseen permitir a su población estar vacunada se
tendrán que endeudar ya que las iniciativas del tipo Covax son totalmente
insuficientes y consolidan la influencia del sector privado.
Los ingresos brutos
y los beneficios netos que, a ojos de todos, está acaparando la Big
Pharma gracias a las patentes son descomunales. Aproximadamente, el
coste de producción de una dosis de vacuna anticovid varía entre 1 y 2 euros,
mientras que los gobiernos del Norte la compran a un precio entre 10 y 20 veces
mayor[11].
O sea, los gobiernos compran miles de millones de dosis de las vacunas
anticovid a precios totalmente abusivos.
Por ejemplo,
una dosis de vacuna anticovid cuesta a Pfizer entre 1 y 2 euros, y la vende al
Estado de Israel a 23 euros y a la Unión Europea a 19,50 euros[12].
Sin embargo, la puesta a punto y la producción de esas vacunas fue ampliamente
financiada por los poderes públicos.
Las vacunas con
ARNm de Pfizer-BioNTech y de Moderna, que se pusieron en el mercado en menos de
un año, se basan, en parte, en patentes anteriores. Principalmente, en una
tecnología concebida por la Universidad de Pensilvania para fabricar ARN
mensajero inofensivo para nuestro organismo, cuya patente fue depositada en
2005. Los dos laboratorios pagaron, cada uno, 75 millones de dólares para poder
utilizar esa patente. La técnica innovadora consistente en estabilizar la
proteína de la espícula del coronavirus también salió de la investigación
pública. La vacuna de Astra Zeneca fue concebida gracias a los investigadores
de la Universidad de Oxford.
Estados Unidos
de la era Trump prefinanció la investigación y producción de vacunas con 11.000
millones de dólares. En concreto, la compañía estadounidense Johnson &
Johnson recibió por parte de Estados Unidos, desde el mes de marzo de 2020, más
de 450 millones de dólares, luego 1.000 millones de dólares por 100 millones de
dosis de la vacuna. Pfizer y BioNTech recibieron de Estados Unidos, desde el
comienzo, cerca de 2.000 millones de dólares para 100 millones de dosis. A
Moderna le tocó el premio gordo con 2.500 millones de dólares
para financiar sus ensayos clínicos, y producir 100 millones de dosis. Por otra
parte, Estados Unidos acordó 1.600 millones de dólares a la biotechNovavax por
100 millones de dosis. A Astra Zeneca y a la Universidad de Oxford se le
inyectaron 1.200 millones de dólares para 300 millones de dosis reservadas.
Por parte
europea, en noviembre de 2020 supimos que la Comisión Europea había firmado
acuerdos con seis laboratorios: Moderna (un pedido de 160 millones de dosis),
Astra Zeneca, Johnson & Johnson (400 millones de dosis cada uno),
Sanofi-GSK (300 millones de dosis), Pfizer-BioNTech (300 millones de dosis) y
con CureVac (405 millones de dosis). En 2020, eso representaba 2.000 millones
de euros, pero desde entonces hubo un fuerte aumento de lo pagado a las firmas
privadas[13].
Frente al
escándalo de una nueva privatización de los beneficios y de socialización de
las pérdidas, es fundamental apoyar propuestas radicales como la que hacen las
y los firmantes del manifiesto “¡Terminemos con el sistema de patentes
privadas! Por una industria farmacéutica bajo control popular y un sistema de
vacunación gratuito, universal y público”, que fue lanzado por la red mundial
del CADTM. El manifiesto afirma especialmente que: “La salud y el acceso a la
sanidad y a la vacunación son derechos humanos universales. Por consiguiente,
las vacunas deben ser consideradas como un bien común mundial. Y para asegurar su
accesibilidad universal, la suspensión necesaria y urgente de las patentes debe
acompañarse de mecanismos de nacionalización de las industrias farmacéuticas
privadas y de una fuerte inversión en el desarrollo de industrias farmacéuticas
públicas en todos los países. Es necesaria una acción decisiva que permita una
planificación pública de la producción y de la distribución de las vacunas,
desarrollando las capacidades de producción locales cuando eso sea posible y
completándolo por una solidaridad internacional obligatoria en otros casos”.
Los y las firmantes del manifiesto exigen también:
- “La introducción de impuestos sobre la riqueza (patrimonio e ingresos
del 1% más rico) para financiar la lucha contra la pandemia y asegurar una
salida socialmente justa y ecológicamente perenne de las diferentes crisis
del capitalismo mundial”.
- “La suspensión del pago de la deuda durante el tiempo que dure la
pandemia y la anulación de las deudas ilegítimas y de aquellas contraídas
para financiar la lucha contra el virus”.
En resumen, la
lucha por la defensa de los bienes comunes y la conquista de otros nuevos está
íntimamente ligada a la lucha contra las deudas ilegítimas y el sistema
capitalista en su conjunto.
Notas
[1] Marx, Karl (2009) El Capital, Tomo
I, Vol. 3, sección séptima, “El proceso de acumulación de capital”, capítulo
XXIV, 2-”La expropiación de la población rural y de su tierra”, pp. 917-918.
Madrid: Siglo XXI.
[2] Ibid., sección sexta, “La génesis del
capitalismo industrial”.
[3] Puissances du salariat, París, La
Dispute, 2012.
[4] Harribey, Jean-Marie (2013) La richesse,
la valeur et l’inestimable, París, http://www.editionslesliensquiliberent.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=67.
[5] Arruzza, Cinzia; Bhattacharya, Tithi y Fraser,
Nancy (2019) Manifiesto de un feminismo para el 99%, Herder,
Barcelona.
[6] Véase, por ejemplo, La bolsa o la vida.
Las finanzas contra los pueblos, cuya primera edición es de 1999. También
se puede consultar 60 preguntas, 60 respuestas sobre la deuda, el FMI y
el Banco Mundial, coescrito con Damien Millet.
[7] Marx, Karl, El Capital, op.
cit., p. 943.
[8] Peter Rossman, “Les sociétés transnationales et
le Covid-19. Droits de propriété intellectuelle versus droits de l’homme” https://www.cadtm.org/Les-societes-transnationales-et-le-Covid-19-Droits-de-propriete-intellectuelle y https://alencontre.org/societe/les-societes-transnationales-et-le-covid-19-droits-de-propriete-intellectuelle-versus-droits-de-lhomme.html,
2 de septiembre de 2021.
[9] Las cifras citadas por Rossman provienen de
Lazonick et al., “US Pharma’s Financialized Business Model”, Institute
for New Economic Thinking, julio de 2017. https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/WP_60-Lazonick-et-al-US-Pharma-Business-Model.pdf
[10] Miguel Urbán Crespo, Beatriz Ortiz Martínez,
“Que por primera vez haya un texto europarlamentario exigiendo suspender las
patentes condiciona a la UE”, https://www.cadtm.org/Que-por-primera-vez-haya-un-texto-europarlamentario-exigiendo-suspender-las
[11] Mathilde Damgé, “Covid-19: comprendre le prix
d’un vaccin, de la recherche au flacon”. Le Monde, publicado el 9
de junio de 2021. https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/06/09/covid-19-de-la-recherche-au-flacon-comprendre-le-prix-d-un-vaccin_6083481_4355770.html
[12] Rtbfy Agence Belga, “Coronavirus: Pfizer et
Moderna augmentent le prix de leur vaccin pour l’Europe”, publicado el 1 de
agosto de 2021, https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-pfizer-et-moderna-augmentent-le-prix-de-leur-vaccin-pour-l-europe?id=10815946
[13] Todas esas cifras fueron publicadas por el
diario financiero francés Les Échos, en noviembre de 2020, “Covid:
5 chiffres fous sur le financement des vaccins”, https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/covid-5-chiffres-fous-sur-le-financement-des-vaccins-1269170
Fuente: Viento Sur.
