En la megaelección para la Convención Constitucional, alcaldías, consejos municipales y gobernaciones regionales, después de décadas de derrotas acumuladas, el pueblo de izquierda alcanzó en Chile una rotunda y significativa victoria.
Chile: irrumpe la potencia constituyente de los
pueblos
El Viejo Topo
20 mayo, 2021
Un manifestante
en Chile. Fotografía: El País de Cali
Una victoria, por fin
Si hace tan
solo dos años nos hubiesen dicho que hoy estaríamos analizando los resultados
de un escenario político en el que irrumpen los pueblos movilizados, se
desploma la vieja Concertación y cae derrotada la derecha, nos hubiese parecido
inverosímil. Es que parece que demasiadas cosas han cambiado en Chile desde
octubre del 2019 en adelante.
La megaelección
de los días 15 y 16 de mayo, en la que se eligieron representantes para la Convención
Constitucional, alcaldías, consejos municipales y gobernaciones regionales será
un hito que resonará durante décadas. Pero su potencia no está dada por los
resultados electorales, sino por el modo en que esos resultados expresan en el
terreno de la gran política nacional la potencia destituyente de la revuelta
popular que estalló el 18 de octubre del 2019, y que se venía incubando durante
más de tres décadas de precarización de la vida y de democracia autoritaria.
Ese régimen transicional pactado por la centroizquierda, la derecha y los
militares hacia el fin de la dictadura está hoy herido de muerte. Lo que ocurra
en los próximos dos años, mientras dure la Convención Constitucional, marcará
los contornos de las disputas políticas del futuro.
Uno podría
resumir el resultado de esta elección de la siguiente manera: la derecha
conformada por el pinochetismo y sus sectores renovados fue derrotada en toda
la línea, un golpe que ya acusan sus portavoces en el gobierno y el parlamento.
Los partidos de la vieja Concertación languidecen en su posición cada vez más
minoritaria. La izquierda organizada en partidos como el Frente Amplio y el
Partido Comunista logra un avance significativo en gobiernos locales,
regionales y en la Convención Constitucional. La izquierda por fuera de los
partidos, arraigada en movimientos sociales feministas y medioambientales,
irrumpe con una fuerza que nunca había tenido en la historia del país. Todo
indica que estamos ante un cambio significativo del ciclo político, en el que una
orientación diversa pero abiertamente de izquierda (que en Chile se ha
articulado en torno a su oposición firme al neoliberalismo), logra un pie
mayoritario en un ámbito que le había sido vedado durante décadas.
La tradicional
elite política chilena ha planteado su lectura de las elecciones del pasado fin
de semana: se trataría de un «mensaje» a la «clase política» sobre su falta de
«sintonía» con las aspiraciones de «la gente». El gobierno y las fuerzas
neoliberales de centroizquierda han entendido su derrota como un voto de
castigo. Pero todo indica que los pueblos de Chile asistieron a las urnas a
imprimir un voto programático: un voto por derechos sociales garantizados, un
voto por la socialización de las aguas, un voto por el fin del neoliberalismo.
Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que después de décadas de derrotas
acumuladas, el pueblo de izquierda alcanzó en Chile una victoria significativa.
Pero se trata
de un éxito atravesado por la amargura de la prisión política de miles de
personas encarceladas por su participación en la revuelta, la mutilación de
cuerpos y comunidades por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden y una crisis
económica-sanitaria que ha golpeado a la mayoría de la población con una
intensidad que no veíamos desde comienzo de los 1980, y de la cual habrá
secuelas físicas y sociales de larga duración. Es evidente que esta irrupción
en el proceso constitucional no conducirá a cambios inmediatos en estas
circunstancias, pero a esta hora ya es evidente que representa una oportunidad
gigantesca para articular la potencia social y política capaz de acabar con la
impunidad y mejorar de manera contundente las condiciones de vida de los
pueblos que habitan Chile.
Buenos resultados…
El 15 de
noviembre del 2019, con el propósito explícito de aplacar la revuelta popular
de octubre, todas las fuerzas políticas, excepto el Partido Comunista, firmaron
el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Con este Acuerdo, el
partido del orden transicional (formado por la derecha tradicional de Chile
Vamos y la centroizquierda tradicional de la exConcertación/exNueva Mayoría)
retomó un importante margen de iniciativa ante la impugnación masiva que ya
llevaba un mes ocupando las calles. El punto cúlmine de esa movilización de
masas fue la Huelga General del 12 de noviembre que puso en aprietos al
régimen. El Acuerdo vino a ser un salvavidas, pero de todos modos abrió un
inédito y contradictorio proceso constitucional que hoy muestra sus primeros
frutos.
La Convención
Constitucional estará formada por 155 Convencionales, 81 mujeres (53%) y 74
hombres (47%), que tendrán a su cargo la redacción de una nueva Constitución
para Chile. Se tratará de un órgano sin mayorías absolutas, en la que puede
avizorarse tanto una disputa abierta en torno al carácter del Estado, el
régimen de propiedad privada, el tipo de democracia y los derechos sociales,
como una fuerte reorganización del terreno político de la mano de las posibles
alianzas entre bloques. Dado que la reforma constitucional que dio respaldo legislativo
a la formación de la Convención establece que los acuerdos en ella deben
alcanzarse por una mayoría de 2/3 del total, ese 1/3 capaz de bloquear acuerdos
había sido el consuelo de los tontos de la derecha, quienes se imaginaban
alcanzando poder de veto ante la imposibilidad de imponer su proyecto. Veremos
que ni siquiera para consolarse les dio. No olvidemos, entonces, que un bloque
que alcance el 33% podría bloquear acuerdos en la Convención.
Quisiera
concentrarme en visualizar esas posibles alianzas que permitirían darle sentido
a una Convención Constitucional (CC) para este nuevo ciclo político. Si uno
simplemente divide la CC entre partidos de gobierno y fuerzas de oposición
(desde la Democracia Cristiana hasta sectores independientes de izquierda), nos
encontramos con que las fuerzas de gobierno concentran 37 escaños (23,9%) y la
oposición 114 (73,5%). Pero aparte de mínimos realmente mínimos, es poco
probable que ese eje signifique mucho en lo que sigue, si se considera la
reorganización que ocurrirá en los sectores más derechistas de la Concertación,
que buscarán un piso firme en la derecha más que en un terreno demasiado
izquierdizado para su gusto. Otro escenario, quizá más realista en cuanto a
acuerdos gruesos dentro de la CC, tendría a la derecha y el centro (Chile Vamos
+ Democracia Cristiana + Partido Radical) con 40 convencionales (25,8%), a la
centroizquierda (PS-PPD-PRO-PL + INN) con 33 (21,3%) y a la izquierda (Apruebo
Dignidad + sectores de izquierda en independientes y en escaños reservados para
pueblos originarios) con 78 (50,3%). No puede asumirse que esa mayoría simple
se establezca firmemente, porque tanto los sectores independientes de izquierda
como los escaños reservados para pueblos indígenas incluyen movimientos o
sectores que han expresado una abierta desconfianza a los partidos políticos en
general. Pero parece ser esa la mejor oportunidad para un bloque con verdadera
capacidad de incidencia en la Convención Constitucional, así como un espacio de
auténtico debate programático y estratégico para el ciclo que se abre.
Cabe destacar
la clara irrupción de la izquierda y los movimientos sociales que se ubican por
fuera de los partidos políticos. La Plataforma Constituyente Feminista
Plurinacional, que reunió a candidatas feministas de todos los territorios bajo
la consigna “si entra una, entramos todas”, sobrepasó su propia consigna con un
total de cinco escaños en la Convención. La llamada “Lista del Pueblo”, que
articuló la estética de la revuelta de octubre y la trayectoria de centenares
de militantes sociales, logró 26 asientos en la CC, incluso superando a los
partidos de la exConcertación. Finalmente, en un proceso con 17 cupos
reservados para Pueblos Originarios, habrá 7 escaños para el pueblo mapuche,
dos de los cuales serán ocupados por el exalcalde Adolfo Millabur y la machi
Francisca Linconao, que representan trayectorias políticas mapuche muy
significativas en las últimas décadas.
… y grandes desafíos
Pero el
entusiasmo de hoy debe convertirse en el análisis riguroso de los próximos
días. Algunos aspectos que requieren mayor análisis son la sorpresiva baja
participación (en promedio, 42,5%) que contrasta con la masiva participación en
el Plebiscito Constitucional del 25 de octubre del 2020. Además, uno de los
principales distritos del país, en los que competían al menos cuatro candidatas
feministas con una trayectoria significativa, quedaron fuera de la Convención
por el sistema de arrastre por pacto que rige en esta elección. En este caso,
como ha señalado Alondra Carrillo, de la Coordinadora Feminista 8M y electa
para la CC por el D12, “la paridad se nos presenta como
un techo y una exclusión, una reafirmación de la presencia de los varones
cuando nosotras fuimos mayoría”.
Junto con lo
anterior, fuerzas que por trayectoria social podrían haber tenido un lugar en
la Convención quedaron fuera. La Central Unitaria de Trabajadores no consiguió
entrar, y la Coordinadora Nacional NO+AFP (que lleva años luchando por un nuevo
sistema de Seguridad Social) solo entró con una de sus voceras, pese a que
ambas organizaciones levantaron candidaturas en muchos territorios. No parecen
triunfar los movimientos sociales en general, sino aquellos que han construido
su fuerza en torno a las nuevas subjetividades populares (trabajadoras en un
sentido amplio, feministas y disidentes, plurinacionales, ecologistas y
estudiantiles) que se afianzaron con la revuelta, dejando en segundo plano a
las direcciones sindicales tradicionales.
Más allá de los
números, la primera gran batalla de la Convención Constitucional girará en
torno a las normas que regirán su funcionamiento. Aquí, la principal tensión se
dará entre los sectores que llaman a respetar de manera literal los términos
del Acuerdo del 15 de noviembre y aquellos que plantean impugnar esos términos
por su origen y su carácter antidemocrático, en la medida en que establecen limitaciones
formales (los 2/3 de los acuerdos, ninguna participación popular en el proceso)
y de fondo (que no se puedan revisar tratados internacionales o el carácter de
República). Los sectores antineoliberales, con mayoría, tendrán la oportunidad
para imponer su impugnación siempre y cuando no retrocedan ante las acusaciones
fariseas de la derecha y la Concertación.
En un ámbito
estrechamente relacionado a esto último, debemos poner mucha atención al pacto
entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, que avanzó significativamente en
alcaldías y gobernaciones. El Frente Amplio, que hoy saca cuentas muy alegres,
ha representado una renovación de las fuerzas progresistas con cuadros jóvenes,
al mismo tiempo que ha asumido una posición subordinada al modo transicional de
la política, poniendo la gobernabilidad por sobre la ruptura del régimen en
momentos cruciales de la historia reciente (como el Acuerdo del 15N o las leyes
represivas que le siguieron), mientras que el Partido Comunista, cauto como
buen partido centenario, ha logrado transitar con mucha mayor habilidad entre
la colaboración con la centroizquierda y la adscripción firme al
antineoliberalismo. Que estos sectores superen su propio sectarismo y
reconozcan que no son la única izquierda va a ser clave para conformar la
mayoría antineoliberal que se requiere en la Convención Constitucional.
¿Qué sigue?
Todo lo
anterior plantea un inmenso desafío para las fuerzas anticapitalistas en Chile.
En primer lugar, nos pone más cerca que nunca ante la posibilidad de articular
un referente de izquierda cuyos pilares políticos sean el feminismo y el
anticapitalismo, y ya no tan solamente un marco reivindicativo por los derechos
sociales o las mejoras inmediatas de las condiciones de vida. El tiempo
político abierto por esta Convención Constitucional en la que irrumpe la
potencia constituyente de la revuelta es una oportunidad para avanzar en esa
tarea porque representa un espacio eminentemente programático, en el que se
enfrentarán no solo las capacidades de maniobra en el pasillo, sino también
capacidad de disputar el proyecto de sociedad que logrará convertirse en
sentido común de la clase trabajadora.
En ese sentido,
podemos decir que está consolidada la potencia destituyente de la revuelta, y
que desde hoy se pone a prueba su potencia constituyente, su capacidad de
convertir la impugnación del régimen político y económico del 88 en una
alternativa de mayorías. El principal desafío de este momento constituyente lo
tendrán los sectores independientes de izquierda y de movimientos sociales, en
particular el feminismo plurinacional, ya que enfrentarán la ambición del
progresismo por encabezar el proceso. El proceso de la Huelga General Feminista
se ha convertido en la articulación programática más significativa de las
últimas décadas, y el feminismo se ha ido convirtiendo en el verdadero
socialismo del siglo XXI: como decían las feministas en los 1980, «socialismo y
mucho más». En torno a ese programa se concentra tanto la lucha contra la
precarización de la vida como la aspiración a una sociedad que jamás ha
existido aún, una sociedad que solo puede conquistarse en contra del
capitalismo y su barbarie.
Finalmente,
todo lo anterior requiere una fuerte continuidad de la revuelta tanto a fuera
como dentro de la Convención Constitucional. Diversos sectores de la izquierda
y los movimientos sociales han señalado la necesidad de “desbordar” y “asediar”
la Convención desde la movilización popular en las calles y los territorios,
asegurando que el proceso sea expresivo de esa potencia constituyente y no
ocurra a espaldas de los pueblos. Esta necesidad de desbordar no puede ser solo
una frase radical en una práctica meramente legislativa. Debe convertir en
poder popular constituyente la energía de esas millones de personas que se han
volcado a construir candidaturas independientes, a debatir sobre los contornos
de una nueva Constitución, a organizar la sobrevivencia en medio de la pandemia
y fortalecer la resistencia ante la represión policial y judicial.
Con respecto a
la Convención, esto implica necesariamente abrirla a la participación popular
mediante espacios de propuesta y deliberación desde las bases, plebiscitos
vinculantes para resolver las materias en las que no hayan acuerdos claros
entre convencionales y recoger los esbozos programáticos que durante décadas
han construido los movimientos sociales en Chile. Con respecto al proceso
político que excede a la Convención, es necesario aprovechar cada momento de
visibilidad constituyente para demandar el fin del terrorismo de Estado y la
impunidad, especialmente en territorio mapuche, y fortalecer y articular los
procesos de autoorganización que la clase trabajadora plurinacional de Chile ha
levantado para hacer carne su ofensiva contra el régimen.
Esta
contraofensiva tiene como punto de partida acabar con la Constitución
neoliberal y antidemocrática de 1980, pero al menos hoy se vuelve imaginable
que tenga su punto de llegada en una transformación estructural liderada por
los pueblos y la clase trabajadora.
Fuente: Jacobín América Latina.
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