Advierten que la «recuperación
económica no está mejorando las condiciones de vida»
Claudio Lozano, Agustina Haimovich, Samantha Horwikz / ARGENTINA
Rebelión
Fuentes: Agencia Paco Urondo
02.04.2021
Según un
análisis del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, la pobreza se
mantuvo estable en los últimos meses del 2020, a pesar de la recuperación
económica. Según el Indec, el 42% de los argentinos son pobres y el 10%,
indigentes.
Según el
Informe, “los datos del INDEC para el segundo semestre del 2020 revelan un
aumento del 18,3% de la pobreza (del 35,5% al 42%) respecto del mismo semestre
del año pasado. A la vez la indigencia crece un 31,2% (del 8% al 10 5 %) en el
mismo período.
La primera
conclusión que surge al observar el mayor incremento de la indigencia es que se
sigue profundizando la intensificación de la pobreza. Hecho este que en esta
medición se constata también al observar que la brecha entre el ingreso que
tienen quienes están en situación de pobreza y el que necesitarían para salir
de dicha condición, aumentó.
Por otra parte,
al hacer una evaluación del comportamiento trimestral de la pobreza (el dato
semestral del INDEC es el promedio de dos datos trimestrales), surge que el
segundo semestre del 2020 se compone de un tercer trimestre donde la pobreza se
ubicó en el 38,7 % y un cuarto donde esta trepa al 45,3 %. Comparando lo
expuesto con los niveles de pobreza del segundo trimestre del 2020 (47%, en el
momento de máximas restricciones por la pandemia y mayor caída de la
actividad), se observa una caída de la pobreza en el tercer trimestre al 38,7%
para luego volver a escalar en el cuarto a niveles prácticamente similares al
segundo. Es más, si se corrige la serie trimestral y se le saca al tercer
trimestre el efecto del medio aguinaldo, el tercero sin medio aguinaldo llega a
44 de pobreza.
Surge de esto
un conjunto de conclusiones:
Por un lado, el
importante efecto del medio aguinaldo en la baja de la pobreza del tercer trimestre
está indicando una mayor presencia de trabajadores asalariados formales en el
conjunto de personas en situación de pobreza.
Por otra parte,
los datos de 47% en el segundo, 44% en el tercero y 45,3% en el cuarto está
señalando con toda claridad que el tipo de recuperación económica que se va
dando al eliminarse las restricciones pandémicas no tiene efecto sobre la
pobreza por ingresos. Es decir, con un nivel de actividad prácticamente similar
al previo a la pandemia, la pobreza se mantiene en los mismos niveles de la
cuarentena más estricta y de máxima caída de la actividad. Además, la suba de
la pobreza en el cuarto respecto al tercero reconoce otras causas. Además de
que en el cuarto no hay aguinaldo se eliminó el IFE, se desacelera la recuperación
de la actividad económica al tiempo que se acelera la inflación.
En otro orden
de cosas, los datos laborales del cuarto trimestre consolidan una tendencia
donde la recuperación del empleo es en base a informalidad, autoempleo y empleo
no registrado. El empleo formal no tuvo modificaciones y sigue 324.000 puestos
por debajo que en el 2019. Esta recuperación económica con deterioro en la
calidad del empleo, sumado a los aumentos de la AUH y la tarjeta alimentar,
sirvieron para contener la situación de la indigencia (10,4% en el cuarto
trimestre vs 10,6% en el tercero) e incluso reducirla en un 16,2% (10,4% cuarto
trimestre vs. 12,4% segundo) respecto al pico del segundo del 2020. Es evidente
que el supuesto adoptado por el gobierno en el Presupuesto 2021 de eliminar los
refuerzos en materia de política social (entre ellos el IFE ) en tanto la
recuperación de la actividad los haría innecesarios, no se está cumpliendo.
Revisar esta
decisión y recuperar la discusión sobre la necesidad de universalizar ingresos
sobre la población en situación de informalidad y desempleo parece
imprescindible. Tanto para contener la situación social como para reanimar el
alicaído mercado interno.
En suma,
cambiar la lógica de una reactivación que, por su orientación dominante (primacía
del sector exportador) y en base al comportamiento de los precios, se traduce
en aumento de los márgenes de beneficio de las principales empresas y no en
mejora de las condiciones de vida de la población.
Claudio Lozano, Agustina Haimovich y Samantha Horwikz, del Instituto de
Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).
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