sábado, 13 de marzo de 2021

¿Pero estamos en una democracia o en el principio de la aplicación del nuevo fascismo del siglo XXI por la vaciedad intelectual de eso que llaman izquierda política?

 

Cómo las Big Four han absorbido al Estado y sustituido a la burocracia

El millar de contratos que aparecen en los boletines oficiales del Estado son algunos ejemplos de la delegación de funciones políticas a las ‘big four’ (KPMG, Deloitte, Ernst & Young y PwC), una vieja historia de privatización encubierta que le ha costado a las arcas públicas al menos 378 millones de euros en poco más de una década.

 

Ekaitz Cancela

@ecanrog

EL SALTO

12 MAR 2021 


Cuando la generación nacida en los 90 se pregunte dónde terminó el dinero procedente del plan de recuperación económica más ambicioso de la historia, quién se embolsó los miles de millones del fondo ‘Next Generation’, probablemente haga arder alguna de las cuatro torres del Paseo de la Castellana. Especialmente el edificio de PriceWaterhouseCoopers, expresión megalómana del Gobierno de las ‘Big Four’ (KPMG, Deloitte, Ernst & Young y PwC). Estas consultoras administran las reformas estructurales necesarias para paliar los efectos de la crisis del coronavirus, sustituyendo a la burocracia encargada de gastar este dinero. En cierto modo, han absorbido al Estado para servir a las necesidades de acumulación de capital de sus clientes, las grandes multinacional españolas que protagonizan los polémicos acuerdos público-privados.

Esta ha sido siempre la naturaleza de Estados como el español en la época neoliberal, la epidemia no ha hecho más que ponerlo de manifiesto. En octubre del pasado año, se conocía que las grandes consultoras movilizaban todos sus recursos, creando también nuevas divisiones y aliándose con la patronal de empresarios (CEOE) para llevarse los contratos de asesoría procedentes del fondo europeo de reconstrucción 'Next Generation UE' para los próximos seis años. Anhelan los 140.000 millones de euros, especialmente los 72.000 millones a fondo perdido que llegarán en los próximos tres años. Para ello contactaron con las principales empresas, La Moncloa, los grandes ministerios, las distintas comunidades autónomas y los ayuntamientos con más recursos. Estas firmas conocen las dificultades de las mermadas burocracias modernas a la hora de responder a las situaciones de crisis y lidiar con las reglas de las a su vez tecnocráticas instituciones supranacionales para acceder a la financiación que lo haga posible.

En 2015, como proporción de los ingresos combinados de las diez empresas más grandes de cada país, Kerma Partners calculó que la penetración de mercado de las ‘Big Four’ oscilaba entre el 4% en China, el 6% en Gran Bretaña, el 20% en Alemania y el 30% en España. Si bien no poseemos datos más recientes, las firmas de servicios profesionales no han dejado de crecer. En 2019, sumaron unos ingresos conjuntos de 2.252 millones de euros, lo que supuso una mejora del 7,85% respecto al año anterior y el mejor dato registrado desde 2009.

La ministra Teresa Ribera entregó 338.000 euros a la consultora Deloitte a finales de enero para liderar las propuestas de proyectos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

En un clima ideológico neoliberal caracterizado por la subcontratación, o una mayor privatización de los servicios públicos, el resultado del lobbying de las ‘Big Four’ (a través de conferencias, exposiciones, informes de grupos de expertos y presencia constante en prensa) ha sido extremadamente exitoso. La ministra Teresa Ribera entregó 338.000 euros a la consultora Deloitte a finales de enero para liderar las propuestas de proyectos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, la entidad adscrita Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico encargada de canalizar los fondos europeos para el ministerio.

EY también ha asesorado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el proceso de elaboración de la reforma para calcular las pensiones con 35 años que el área económica ha enviado a Bruselas en el marco del plan de inversiones y reformas para acceder a los fondos europeos. Al mismo tiempo, KPMG se ha perfilado como el asesor de RTVE para la captación de los fondos europeos. Y qué decir de PwC, quien ha recibido contratos a dedo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que preste diversos servicios de desarrollo y soporte informático para la gestión de las líneas de avales desplegadas desde marzo a causa del Covid-19. Huelga recordar que en 2013 la exdirectora general del ICO fue inhabilitada 7 años por conflicto de intereses con PwC.

De hecho, también se ha conocido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pedido colaboración a las consultoras para redactar el nuevo decreto para los fondos, mientras que algunos ministerios están conversando con el sector a través del sistema del “probono”, es decir, asesoría gratis a cambio de recibir información privilegiada para sus clientes. Estos suelen ser empresas como Iberdrola, Telefónica o Seat, quienes según el Financial Times también han presentado sus respectivos proyectos al Gobierno para recibir un nivel de financiación público inédito hasta ahora.

Para más inri, de acuerdo al periodista de La Marea, Dani Domínguez, consultoras como Deloitte son las misma que asesoran a algunas de las empresas (CEPSA, El Corte Inglés o Endesa, por ejemplo) que optan a los paquetes de ayudas económicas procedentes de los Ministerios cuyos contratos de asesoría también se han adjudicado las ‘Big Four’. Este mimetismo no es nuevo, e incluso conocemos que esta empresa fue multada por auditar una contabilidad, la de Bankia, que ella misma había elaborado. Si además nos fijamos en los datos más recientes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre cómo las 'Big Four' se reparten los grupos del Ibex, observamos que PwC y KPMG tienen once empresas auditadas cada una, percibiendo el 80% de los honorarios totales; le sigue EY, con siete auditorías, y Deloitte, con seis. En total, auditar al Ibex ha repercutido en 275 millones de euros anuales.