Cómo las Big Four han
absorbido al Estado y sustituido a la burocracia
El millar de contratos que aparecen en los boletines oficiales del Estado son algunos ejemplos de la delegación de funciones políticas a las ‘big four’ (KPMG, Deloitte, Ernst & Young y PwC), una vieja historia de privatización encubierta que le ha costado a las arcas públicas al menos 378 millones de euros en poco más de una década.
EL SALTO
12 MAR 2021
Cuando la
generación nacida en los 90 se pregunte dónde terminó el dinero procedente del
plan de recuperación económica más ambicioso de la historia, quién se embolsó
los miles de millones del fondo ‘Next Generation’, probablemente haga arder
alguna de las cuatro torres del Paseo de la Castellana. Especialmente el
edificio de PriceWaterhouseCoopers, expresión megalómana del Gobierno de las
‘Big Four’ (KPMG, Deloitte, Ernst & Young y PwC). Estas consultoras
administran las reformas estructurales necesarias para paliar los efectos de la
crisis del coronavirus, sustituyendo a la burocracia encargada de gastar este
dinero. En cierto modo, han absorbido al Estado para servir a las necesidades
de acumulación de capital de sus clientes, las grandes multinacional españolas
que protagonizan los polémicos acuerdos público-privados.
Esta ha sido siempre la naturaleza de Estados como el
español en la época neoliberal, la epidemia no ha hecho más que ponerlo de
manifiesto. En octubre del pasado año, se conocía que las grandes consultoras movilizaban
todos sus recursos, creando también nuevas divisiones y aliándose con la
patronal de empresarios (CEOE) para llevarse los contratos de asesoría
procedentes del fondo europeo de reconstrucción 'Next Generation UE' para los
próximos seis años. Anhelan los 140.000 millones de euros, especialmente los
72.000 millones a fondo perdido que llegarán en los próximos tres años. Para
ello contactaron con las principales empresas, La Moncloa, los grandes ministerios,
las distintas comunidades autónomas y los ayuntamientos con más recursos. Estas
firmas conocen las dificultades de las mermadas burocracias modernas a la hora
de responder a las situaciones de crisis y lidiar con las reglas de las a su
vez tecnocráticas instituciones supranacionales para acceder a la financiación
que lo haga posible.
En 2015, como proporción de los ingresos combinados de
las diez empresas más grandes de cada país, Kerma Partners calculó que la
penetración de mercado de las ‘Big Four’ oscilaba entre el 4% en China, el 6%
en Gran Bretaña, el 20% en Alemania y el 30% en España. Si bien no poseemos
datos más recientes, las firmas de servicios profesionales no han dejado de
crecer. En 2019, sumaron unos ingresos conjuntos de 2.252
millones de euros, lo que supuso una mejora del 7,85% respecto al año anterior
y el mejor dato registrado desde 2009.
La ministra Teresa Ribera entregó 338.000 euros a la consultora Deloitte a
finales de enero para liderar las propuestas de proyectos del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía
En un clima ideológico neoliberal caracterizado por la
subcontratación, o una mayor privatización de los servicios públicos, el
resultado del lobbying de las ‘Big Four’ (a través de conferencias,
exposiciones, informes de grupos de expertos y presencia constante en prensa)
ha sido extremadamente exitoso. La ministra Teresa Ribera entregó 338.000 euros a la consultora
Deloitte a finales de enero para liderar las propuestas de proyectos del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, la entidad adscrita
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico encargada de
canalizar los fondos europeos para el ministerio.
EY también ha asesorado al ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el proceso de elaboración
de la reforma para calcular las pensiones con 35 años que el área económica ha
enviado a Bruselas en el marco del plan de inversiones y reformas para acceder
a los fondos europeos. Al mismo tiempo, KPMG se ha perfilado como el asesor de
RTVE para la captación de los fondos europeos. Y qué decir de PwC, quien ha
recibido contratos a dedo del Instituto de Crédito Oficial (ICO)
para que preste diversos servicios de desarrollo y soporte informático para la
gestión de las líneas de avales desplegadas desde marzo a causa del Covid-19.
Huelga recordar que en 2013 la exdirectora general del ICO fue inhabilitada 7 años por conflicto
de intereses con PwC.
De hecho, también se ha conocido que el Ejecutivo de
Pedro Sánchez ha pedido colaboración a las consultoras para
redactar el nuevo decreto para los fondos, mientras que algunos ministerios
están conversando con el sector a través del sistema del “probono”, es decir,
asesoría gratis a cambio de recibir información privilegiada para sus clientes.
Estos suelen ser empresas como Iberdrola, Telefónica o Seat, quienes según
el Financial Times también han presentado
sus respectivos proyectos al Gobierno para recibir un nivel de financiación
público inédito hasta ahora.
Para más inri, de acuerdo al periodista de La Marea, Dani Domínguez,
consultoras como Deloitte son las misma que asesoran a algunas de las empresas
(CEPSA, El Corte Inglés o Endesa, por
ejemplo) que optan a los paquetes de ayudas económicas procedentes de los
Ministerios cuyos contratos de asesoría también se han adjudicado las ‘Big
Four’. Este mimetismo no es nuevo, e incluso conocemos que esta empresa fue multada por auditar una
contabilidad, la de Bankia, que ella misma había elaborado. Si además nos
fijamos en los datos más recientes de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores sobre cómo las 'Big Four' se reparten los
grupos del Ibex, observamos que PwC y KPMG tienen once empresas auditadas cada
una, percibiendo el 80% de los honorarios totales; le sigue EY, con siete
auditorías, y Deloitte, con seis. En total, auditar al Ibex ha repercutido en
275 millones de euros anuales.
