La ONU sitúa al Estado Español
como uno de los seis países más esquilmados por los fondos buitre
Por José Antequera
KAOSENLARED
25.06.2019
El Relator Especial y el Grupo de Trabajo alertan de que las
prácticas especulativas con la vivienda que se están registrando en nuestro
país y en República Checa, Dinamarca, Irlanda, Suecia y Estados Unidos atentan
contra los derechos humanos.
Expertos en derechos humanos de la ONU han
condenado las prácticas comerciales “atroces” de las grandes multinacionales de
capital privado y de inversión –los conocidos como “fondos buitre”−, que están
adquiriendo viviendas a bajo precio en todo el mundo, tras obligar a los
inquilinos a abandonar sus propiedades, para hacer negocio con la especulación.
Esta práctica, que atenta sin duda contra los derechos humanos, ya es habitual
en España, donde los fondos de inversión aumentan sus beneficios cada año.
El Relator Especial y el Grupo de
Trabajo de Naciones Unidas han alertado de que estas prácticas se
están produciendo sobre todo en España, la República Checa, Dinamarca,
Irlanda, Suecia y Estados Unidos. “Recordamos a los Estados sus
obligaciones con los derechos humanos a la hora de regular la inversión en
bienes inmuebles residenciales para que respalden el derecho a una vivienda digna
y de ninguna manera lo socaven. Esto no se puede dejar al sector privado para
que lo realice de manera voluntaria”, advierten los analistas de la ONU.
Leilani Farha, relatora especial de Naciones Unidas para la defensa del
derecho a una vivienda digna, y Surya Deva, presidenta
del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, han
escrito a uno de los mayores inversores del mundo en la compra de viviendas, Blackstone
Group LP, expresando su “preocupación” ante el hecho de que las actividades
de esta compañía multinacional sean “inconsistentes con el derecho
internacional y con los derechos humanos, en concreto con el derecho a la
vivienda”.
Casi de la noche a la mañana, las firmas multinacionales de
capital privado y de administración de activos como Blackstone se han
convertido en los mayores propietarios del mundo adquiriendo miles y miles de
pisos y casas en América del Norte, Europa, Asia y América Latina,
aseguran los expertos. “Han cambiado el panorama global de la vivienda. Al
invertir cantidades de capital sin precedentes en viviendas, han convertido a
estas en instrumentos financieros e inversiones”, agregan.
Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH),
Blackstone-España lleva invertidos en nuestro país, desde el inicio de la
crisis, más de 20.000 millones de euros (5.420 millones sólo durante 2018, el
año del crack inmobiliario). Blackstone ha comprado hoteles (hasta 20.000
plazas hoteleras, el segundo mayor propietario del sector), viviendas (35.000
pisos, el primer casero de España), hipotecas (100.000 a Catalunya
Caixa), logística (55 activos y 162.000 metros cuadrados de suelo para uso
industrial) y empresas de juego (tras la adquisición de Cirsa y Codere).
Como cualquier fondo buitre, su único objetivo es “comprar barato y vender caro
en el menor tiempo posible. No le importa los métodos ni cómo quede el país
tras su paso. En España, por ejemplo, sólo 5 años después, ya ha puesto a la
venta parte de los 1.860 pisos de vivienda pública que compró al Ayuntamiento
de Madrid o de las 100.000 hipotecas que compró a Catalunya Caixa”,
denuncia la PAH.
Prueba de la gravedad del problema es que hace un par de
días, y por primera vez en España, el Ayuntamiento de Barcelona ha expropiado una vivienda de
manera forzosa por permanecer más de dos años vacía. El piso pertenecía
al BBVA y ya se ha incorporado al parque municipal de
vivienda, donde permanecerá durante 10 años. El ayuntamiento de Ada
Colau alega motivos de interés general.
Los analistas de la ONU lo tienen claro: los negocios de
algunos bancos y empresas transnacionales como Blackstone en el mercado
inmobiliario van contra los derechos humanos. Su modelo de inversión, del cual
Blackstone es pionero, se está convirtiendo en el estándar de la industria. El
fondo buitre compra las propiedades que considera infravaloradas −lo que
generalmente significa que son asequibles para las personas que viven allí−,
las adquiere en masa, más tarde las reforma y finalmente las pone a la venta o en
alquiler a precios mucho más elevados que los de origen. “Los propietarios se
han convertido en corporaciones sin rostro que causan estragos en el derecho a
la seguridad de los inquilinos y contribuyen a la crisis mundial de la
vivienda”, alertan los expertos de la ONU.
Los relatores de Naciones Unidas aseguran en sus informes que
han escuchado “innumerables historias” de inquilinos cuyos edificios habían
sido comprados por firmas de capital privado y cuyas rentas se habían disparado
casi inmediatamente después, a veces en un 30 o incluso un 50 por ciento,
haciendo imposible frenar estas prácticas especulativas.
“Las empresas de capital inmobiliario tienen una
responsabilidad con los derechos humanos, lo que significa que deben llevar a
cabo la diligencia debida para identificar, prevenir, mitigar y explicar cómo
abordan los impactos adversos sobre el derecho a la vivienda”, dicen los
expertos.
Lo que hace que estas prácticas sean “particularmente
atroces” es que se están realizando sin ningún tipo de seguimiento del Estado o
mecanismos de control. Parece que los “gobiernos no se han dado cuenta” de que
esta nueva forma de inversión inmobiliaria se está llevando a cabo en un área
que se rige por el derecho internacional, que impone una serie de obligaciones
legales. “Recordamos a todos los Estados que, si bien el oro es una mercancía,
la vivienda no lo es, es un derecho humano”, aseguran los informes de la ONU.
“Queremos alertar a los estados y a las empresas de capital
privado y de gestión de activos que la inversión en vivienda en su forma actual
es contraria a las normas internacionales y no puede continuar. En este momento
hemos identificado seis Estados, pero hay muchos más en los que estos mismos
problemas son de gran preocupación. Estamos listos para entablar un diálogo con
todos los Estados relevantes e inversionistas financieros sobre cómo se puede
abordar este problema”, añaden.
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