Manifiesto por la recuperación de La soberanía económica, monetaria y ciudadana
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SALIR DEL EURO
La dramática situación Social y económica en la que está hundida nuestra sociedad exige una política capaz de crear las condiciones para salir de la crisis.
Es una necesidad urgente. El tiempo se ha convertido en un dato primordial por los riesgos de agravamiento y degradación que existen, por el enorme sufrimiento social que provoca la persistencia de las políticas de
ajuste, austeridad y privatización de lo público.
La red en la que estamos atrapados está conformada por un nivel de paro catastrófico, por un endeudamiento del país frente al exterior imposible de afrontar y por una evolución de las cuentas públicas que conducen a la quiebra económica del Estado.
Más de 6 millones de parados, más de 2,3 billones de euros de pasivos brutos frente al exterior, y una deuda pública de casi un billón de euros, creciente y próxima al 100% del PIB, son datos que definen un desastre inmanejable, ponen en peligro la convivencia y derruyen derechos sociales fundamentales.
Una crisis de esta envergadura tiene causas complejas y múltiples, desde la crisis general del capitalismo financiero hasta el despilfarro y la corrupción propios, pasando por un sistema fiscal tan regresivo como injustamente aplicado, pero aun a riesgo de simplificar el análisis para desentrañar las soluciones, hay que atribuir a la incorporación de nuestro país a la moneda única la principal razón de esta desoladora situación.
Como ahora se reconoce, no había condiciones para implantar una moneda única entre países tan desiguales económicamente sin ir acompañada de una fiscalidad común.
Su creación implicaba, por otra parte, un marco propicio para implantar políticas regresivas y antisociales de todo tipo según la doctrina neoliberal, que ha tenido en la construcción de la Europa de Maastricht su máxima expresión.
Como se calibró en su momento, el Estado del bienestar no es
Compatible con la Europa de Maastricht.
Con la incorporación al euro, nuestro país perdió un instrumento esencial para competir y mantener un equilibrio razonable de los intercambios económicos con el exterior, como era el control y manejo del tipo de cambio con respecto al resto de las monedas.
Por otra parte, hubo una cesión de la soberanía al BCE en cuanto a la creación de liquidez y aplicación de la política monetaria, una institución dominada desde los orígenes por los intereses del capitalismo alemán.
Como no podía ser de otro modo, el retraso y la debilidad de la economía española frente a otros países y la rigidez absoluta impuesta por el euro llevaron a largo de la década del 2000 a un déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente abrumador.
Se registraron unos desequilibrios insostenibles, como también les ocurrió a otros países como Grecia y Portugal, apresados en la misma trampa.
En los 14 años transcurridos desde la creación del euro en 1999 hasta el final del 2012, el déficit exterior acumulado fue de casi 700 mil millones de euros, que hubo de financiarse endeudándose con el exterior.
Las entidades crediticias y las empresas españolas demandaron más de otro billón de euros de recursos para sus planes de inversiones en el exterior, principalmente en América Latina.
Hasta el año 2008, en que se desató la crisis financiera internacional, por las facilidades extraordinarias de financiación, el país vivió un sueño, como
drogado, alimentando la burbuja inmobiliaria y ajeno a los problemas que se habían gestado.
En ese año, todo cambió radicalmente, los mercados financieros se cerraron, por los canales no fluía la liquidez y la situación de cada deudor pasó a examinarse con rigor.
Con el cambio abrupto en la posición deudora de nuestra economía frente al exterior, los pasivos brutos pasaron de 540 mil millones al final de 1998 a 2,2 billones en 2008, el país entró en quiebra y sobrevino una profunda recesión que a todos los efectos sigue vigente.
El sector público se resintió profundamente desde entonces, incurriendo en un déficit desorbitado por la caída drástica de los ingresos, reforzada por el estallido de la burbuja inmobiliaria.
El Estado, sobre el que acaban descargando todas las tensiones de las administraciones públicas, ha necesitado de centenares de millones de euros, obtenidos con la emisión de deuda pública en los mercados interior y exterior, ante la imposibilidad de la financiación directa por la autoridad
monetaria.
Al final de 2007, la deuda en circulación del Estado era de 307.000 millones de euros, el 37% del PIB. Al final de 2012 había subido a 688,000 millones, el 65% del PIB, y sigue aumentando como corresponde a la evolución deficitaria de las cuentas públicas.
Desde que se admitió la crisis, la política económica ha tenido unos rasgos básicos inamovibles. La pérdida de competitividad de la economía española ha servido de excusa para aplicar a rajatabla las recetas neoliberales y se ha tratado de compensar con el llamado “ajuste interno”, un proceso dirigido a disminuir los salarios y facilitar los despidos para abaratar los precios de las mercancías y servicios españoles, desde el momento en que la vía natural e histórica de la devaluación de la moneda está cegada por el euro. Ajustes, contrarreformas laborales y recortes continuos jalonan la política de los últimos años.
Por otra parte, la mal denominada austeridad se ha impuesto brutalmente
En la política fiscal, como exigencia de los poderes económicos, haciéndose de la lucha contra el déficit publico el talismán engañoso de la solución a la crisis.
Esta política ha producido un retroceso social muy doloroso, ha impulsado inconteniblemente el crecimiento del paro y, lo que es fundamental, es inútil.
El país se desliza sin freno y se despeña hacia una fosa profunda.
Los determinantes de la crisis siguen intactos cuando no degradados.
Los pasivos exteriores no pueden disminuir sin que se registre un excedente de la balanza de pagos, cosa prácticamente inalcanzable para una economía bastante derruida y de escasa competitividad, y la pesada carga de deuda pública no dejará de crecer hasta que se diluya el déficit público, algo que el propio gobierno no alcanza a vislumbrar.
La desconfianza es general.
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