ESPAÑA
Y EL PASADO QUE NO PUEDE PASAR
Francisco
Espinosa
Sociología
Crítica
20.09.2020
A propósito de «Los amnésicos. Historia de una familia europea» de Geraldine Schwartz / Francisco Espinosa 21/09/2020
A
través de su propia familia, alemana por parte paterna y francesa por la de su
madre, Geraldine Schwartz (Estrasburgo, 1974) se adentra en el período más
trágico del siglo XX, el del auge de los fascismos, la guerra mundial, la
posguerra y la evolución hasta nuestros días siempre con el pasado traumático
de fondo. El abuelo alemán fue un mitläufer (cómplice pasivo
de un régimen criminal), uno de tantos miembros del Partido Nacional Socialista
Obrero Alemán que se benefició del expolio judío, y el abuelo francés, gendarme
en la Francia de Vichy, colaborador con el nazismo tras la invasión de Francia
por el ejército alemán y por tanto también cómplice del nazismo. Entre ambos
casos, la propia Schwartz considera que para el desarrollo democrático ha sido
mucho más positiva la evolución habida en Alemania que la experiencia francesa.
Sobre esta base se expone y se analiza lo que cada país ha hecho respecto a su
propia historia.
Me
centraré en el caso alemán por su mayor cercanía a la experiencia española y
por formar parte ambos del tronco de los fascismos. Hay que decir, no obstante
y sin que esto invalide en modo alguno la obra, que la autora muestra en
ocasiones una visión un tanto complaciente, e incluso selectiva de la realidad,
de lo ocurrido en Alemania, ya que realmente hasta que desapareció la
“generación culpable” poco se pudo hacer. Por otra parte, en lo que se refiere
a la unificación alemana se percibe claramente cierto maniqueísmo, hecho en el
que quizás influya la participación de su padre en la Treuhand, la agencia
encargada de privatizar todas las empresas públicas de la Alemania del Este
entre 1990 y 1994, con resultados económicos y sociales desastrosos para la
Alemania oriental. La consecuencia de este proceso brutal de reconversión
capitalista en tan breve lapso de tiempo no fue otro que el aumento del paro a
niveles desconocidos y la creación de las bases que llevarían al surgimiento de
la extrema derecha y del revisionismo histórico.
Con los ‘comunistas’ de la RDA hicieron de
inmediato lo que no habían querido hacer con ellos mismos: abrir los archivos,
garantizar el acceso a los documentos y rehabilitar a las víctimas
Por
otra parte, mostrarse ante el mundo como los campeones de la superación
del pasado ha resultado una operación muy rentable a todos los
niveles. De ahí que algunos piensen que la memoria histórica alemana
ha estado muy orientada hacia la galería. Por lo demás hay que señalar la
diferencia entre cómo abordaron el pasado en la zona occidental y en la
oriental, ya que con los “comunistas” de la RDA hicieron de inmediato lo que no
habían querido hacer con ellos mismos: abrir los archivos, garantizar el acceso
a los documentos y rehabilitar a las víctimas. Además, frente a lo que la
realidad ha mostrado en varios países, se viene a decir que es la política y no
los movimientos sociales la que ha movido los procesos de memoria histórica.
Sin embargo, lo común ha sido tanto en Europa como en otros lugares del mundo
que la política se mueva tras el activismo social. En este sentido la autora no
parece reconocer el papel que en la revisión del pasado merecen la literatura
(Peter Weiss, Günter Grass, H.M. Enzensberger entre otros) ni la reforma
educativa realizada a fines de los sesenta con Gustav Heinemann en la
presidencia y Willy Brandt como canciller. Ambos, opositores al nazismo,
plantaron así las bases del conocimiento de la historia reciente.[1] Pero
veamos con más detalle los contenidos del libro que me han hecho pensar en las
diferencias con el caso español.
Cómo
se afrontó el pasado
Tras
la derrota de Hitler los aliados establecieron cuatro grados de implicación en
los crímenes del nazismo: incriminados mayores, incriminados, incriminados
menores y los mencionados mitläufer. Estos últimos salieron
prácticamente indemnes de la criba, con dos salvedades: tuvieron que devolver
los negocios robados a los judíos y se les complicó el acceso al funcionariado.
Hablamos de ocho millones de alemanes. Además fueron despedidos los
funcionarios inscritos en el partido nazi antes de mayo de 1937, a los que se
consideró afiliados por convicción. Este proceso culminó con los juicios de
Núremberg a fines de 1945, en los que por iniciativa norteamericana fueron
juzgados 24 altos cargos nazis. Observa la autora que una tía suya nacida en
1936 tenía conocimiento de los crímenes del nazismo, mientras que su padre,
nacido en 1943, lo ignoraba en absoluto. La explicación era simple: la primera
fue a la escuela cuando los estadounidenses intentaban reeducar a los alemanes
y el segundo cuando aquel espíritu había sido eliminado.
En
enero de 1948 el abuelo alemán recibió una carta de un abogado por la que
Julius Löbmann, desde Chicago, reclamaba 11.000 marcos acogiéndose a la ley,
solo vigente en la zona americana, que establecía reparaciones para los judíos
expoliados. Löbmann era el propietario del negocio del que se apropió el
abuelo. Hablamos de la ciudad de Mannheim, en la que fueron destruidas tres
sinagogas, saqueados los negocios y viviendas de los judíos y enviados a Dachau
muchos de ellos. Cabe imaginar el desasosiego que estas demandas crearon en la
sociedad alemana, carente por completo de cualquier signo de arrepentimiento y
en la que muchos, como la abuela alemana de la autora, pensaban que “si el
Führer lo hubiera sabido, no habría permitido que ocurriera”.
El
cambio vino con la llegada al poder de Konrad Adenauer en 1949, quien entre sus
primeras medidas aprobó una amnistía de la que se beneficiaron miles de nazis,
algunos de los cuales habían estado implicados en crímenes. El fin del débil
proceso de desnazificación avanzó en 1951 cuando una nueva ley permitió que
300.000 funcionarios y soldados despedidos por su afinidad al nazismo, entre
los que había incluso miembros de la Gestapo, fueran readmitidos. La autora
ofrece porcentajes de lo que acarreó tal medida: los beneficiados por la ley
suponían el 77% del Ministerio de Defensa, el 68% del de Economía, el 58% de
Prensa e Información del Gobierno, el 40% de Interior y porcentajes muy
elevados en Enseñanza y Justicia. Este proceso se consumó con la aprobación en
1954 de una ley que reconocía como atenuante la “obediencia en estado de
urgencia”, que salvó a todo tipo de criminales y cargos nazis. Poco después se
produjo un hecho que debe señalarse: las presiones de Alemania impidieron que
el filme documental de Alain Resnais sobre el holocausto Noche y Niebla (1955)
se exhibiera en el festival de Cannes.
Avanzados los cincuenta, cuando aún se mantenía que
la Wehrmacht (ejército alemán entre 1933 y 1945) no tuvo relación con los
crímenes nazis, en medios militares se prohibió la apología del nazismo
Lo
único que se mantuvo fue el pago de reparaciones económicas, que se realizó en
dos etapas, una primera de restitución de bienes y dinero robado a los judíos
por particulares, y otra segunda en la que se indemnizaron daños no materiales
como cárcel, maltrato, tortura o muerte. Incluso se realizaron pagos a algunos
países europeos y a Israel, conscientes de que así mejorarían su imagen a nivel
internacional. Por su parte la derecha se movilizó acusando a los judíos de
reclamar bienes que nunca fueron suyos y caldeando el ambiente para conseguir
la liberación de los nazis presos fuera de Alemania. La década de los 50 trajo
la rehabilitación del pasado en la política, la prensa y la enseñanza. Según le
contaba a la autora su padre, en la escuela la historia se detenía en la
República de Weimar; la Segunda Guerra solo se explicaba en los institutos,
pero de manera parcial y superficial, y en las enciclopedias de la época era
imposible encontrar conceptos como “campo de concentración” o “SS”. Se ocultaba
igualmente que entre 1940 y 1945 se dictaron en Alemania 16.000 penas de muerte
y el papel que la Justicia tuvo en la legitimación de la violencia.
Geraldine
Schwartz establece el punto de ruptura en el momento en que Fritz Bauer, fiscal
general del estado federal de Hesse, inició su lucha contra la impunidad cuando
entendió que el único punto de partida válido para la RFA exigía “erradicar las
raíces del nacionalsocialismo, que pasaba obligatoriamente por una confrontación
honesta con el pasado”. Lo primero que consiguió, en 1952, fue establecer
jurídicamente que el Tercer Reich había sido un “Estado de no derecho”,
legitimando así los levantamientos y atentados contra el régimen y el Führer.
De Bauer partió la operación que llevó en 1960 a Adolf Eichmann al banquillo,
consiguiendo de este modo que las víctimas fueran escuchadas públicamente. No
obstante, según la autora, en Alemania se emitieron las sesiones del juicio en
medio de la mayor indiferencia. Poco antes, en 1959, había tenido lugar en
Colonia un hecho grave cuando un memorial que recordaba a las víctimas apareció
pintado de cruces gamadas, hecho que se extendió en las semanas siguientes a
otros lugares. Nuevamente la imagen internacional obligó a tomar algunas medidas.
En
1963 Bauer, quien mantenía que “nadie tenía derecho a ejecutar una orden que
implica una acción criminal”, logró sentar en el banquillo a 22 colaboradores
de Auschwitz, consiguiendo que intervinieran más de 200 testigos de todo el
mundo. Para el fiscal lo que realmente importaba, más allá de los casos
concretos, era mostrar “la magnitud de la culpabilidad alemana”. Pero la
negación del crimen estaba aún totalmente extendida y, aunque en su contra
jugaba la abundante documentación generada por el nazismo, el proceso
constituyó una nueva victoria para el olvido. Pese a todo, la sociedad alemana
hubo de acostumbrarse a que se hicieran públicas las atrocidades nazis. Ya
avanzada la década de los cincuenta, cuando aún se mantenía que la Wehrmacht
(ejército alemán entre 1933 y 1945) no tuvo relación con los crímenes nazis, en
medios militares se prohibió la apología del nazismo. Y en 1965, cuando se
debatió el plazo de prescripción de los crímenes, que entonces era de 20 años,
el filósofo Karl Jaspers publicó en Der Spiegel unas
declaraciones en las que defendía la imprescriptibilidad del genocidio, lo cual
supuso llevar al debate público las diferencias entre crímenes de guerra y
crímenes contra la humanidad, definidos estos como “la presunción de tener derecho
a decidir qué grupos de personas o de pueblos tienen derecho a vivir”. El
resultado fue que se prolongó el plazo de prescripción.
Ya
en esos años los jóvenes comenzaron a preguntar a sus padres sobre su vida
durante el nazismo y se empezó a ser consciente del papel de los mitläufer.
Geraldine Schwartz da un ejemplo de lo que esto supuso a nivel familiar: su
padre captó que el mobiliario de la casa familiar estaba por encima de su
estatus social, por lo que debía proceder de bienes judíos comprados a saldo
cuando se ocuparon sus viviendas. El ansia de saber también llegó a la
enseñanza. En 1979 se estrenó en Europa la serie Holocausto, que
pese a su mediocridad llamó la atención y fue vista en Alemania por 20 millones
de personas, la tercera parte de la población. Después de cada episodio había
un debate de historiadores en el que al final la gente podía llamar. Holocausto se
benefició del trabajo previo de escritores, documentalistas e historiadores.
Poco después el Bundestag decidió que los crímenes contra la humanidad no
podían prescribir. Y en 1982 vio la luz al fin la obra de Raul Hilberg La
destrucción de los judíos europeos (Akal, 2005), el gran trabajo sobre
la Shoá que tantas dificultades tuvo que superar hasta su publicación, contadas
con detalle en la obra del mismo autor Memorias de un historiador del
Holocausto (Arpa, 2019).
En
1985 el presidente democristiano Richard von Weizsäcker, que había alcanzado el
grado de teniente durante la guerra, declaró: “El 8 de mayo [día de la
capitulación alemana] fue un día de liberación. Nos liberó a todos del sistema
de dominación nacionalsocialista, basado en el desprecio del ser humano.
Debemos mirar la verdad de frente, sin adornos ni parcialidad, y tenemos la
fuerza para hacerlo. (…). Nuestra memoria histórica debe ser la línea directiva
de nuestra actitud y permitirnos realizar las tareas que nos esperan”.
En
este sentido, la autora olvida que quince años antes, en 1970, durante una
visita a Varsovia, Willy Brandt realizó un gesto de gran importancia histórica:
arrodillarse ante el monumento que recordaba el levantamiento del gueto y pedir
perdón por los crímenes cometidos por Alemania durante la Guerra Mundial. Todo
ello facilitó que años después, en 1995, se organizara la exposición Guerra
de exterminio. Crímenes de la Wehrmacht (1941-1944), que acabó de raíz con
el mito del Ejército ajeno al terror nazi al mostrar su historial criminal, por
más que provocó tal movilización por parte de la derecha que finalmente fue
clausurada y reformada cuatro años después.[2] Lo cual no es de
extrañar cuando hasta el mismo Helmut Kohl creía en la limpieza de
la Wehrmacht. Por otra parte, en 2000, con el socialdemócrata Gedhard Schröder
en la cancillería, se creó tras una serie de acuerdos internacionales la
Fundación Recuerdo, Responsabilidad y Futuro, dedicada a indemnizar a los
trabajadores forzados de diversos países europeos y dotada con más de 10.000
millones de marcos proporcionados a medias entre el Estado y más de 6.000
empresas privadas. Hasta ese momento habían vivido mejor los exnazis que los
expresos. Además, al mismo tiempo que los medios de comunicación se abrían al
debate social, bancos y empresas abrieron sus archivos a los historiadores, lo
que lleva a la autora a decir que “los archivos también son una muralla contra
el olvido”. En 2005 ministerios e instituciones públicas pidieron a “historiadores
independientes” que trabajaran sobre su papel en aquellos años.
Hasta
aquí las notas que fui tomando del libro de Geraldine Schwartz, que concluye
con la idea de que sin los trabajos de memoria se acaba relativizando el
fascismo. Es este el momento en que se pasa al epílogo firmado por José Álvarez
Junco, anunciado en portada. El salto es de tal calibre que uno llega a
plantearse si Álvarez Junco ha leído el libro y si las páginas que escribe no
estaban pensadas para otra obra. Ajeno al libro y a lo que en él se trata, su
obsesión parece ser resaltar una vez más la transición, como si esta tuviera
algo que ver con lo ocurrido en Alemania. Resulta evidente que pertenece a esa
generación que sacándola de ahí y del régimen que contribuyeron a crear se
encuentran absolutamente descolocados. Es lógico pues que piense que fueron
“los más inteligentes de la izquierda”, entre los que debe contarse, los que
hicieron posible la transición.[3] No es extraño que Jordi
Gracia aluda en un artículo reciente al “valent epíleg” (valiente epílogo) de
Álvarez Junco.[4] Lo que no deja de llamar la atención es que
en el espacio que dedica al caso español no haga la más mínima alusión a la
evolución de la memoria histórica en España. Y digo esto porque en su
currículum consta haber presidido la comisión interministerial que elaboró en
2007 aquello que impropiamente se dio en llamar “ley de memoria histórica” y
haber sido vicepresidente de la surrealista comisión constituida en Madrid en
la época de Manuela Carmena para la revisión del callejero, que acabó en otro
sonoro despropósito.
Dicho
esto, cabe explicarse que, cuando el 31 de marzo de 2020 el blog conversacionsobrehistoria publicó
una reseña de Zita Arenillas sobre el libro de Schwartz, en un comentario
escrito por Bartolomé Clavero se leyera: “¿Qué hace un amnésico
español epilogando una obra contra los amnésicos europeos? Seguimos con el trampantojo
de la memoria del nazismo encubriendo la desmemoria del franquismo”.
Desde
España
¿Qué
decir del caso español tras leer Los amnésicos? De entrada hay que
plantear la gran diferencia entre Alemania y España, que no es otra que, al
contrario que el nazismo, el fascismo español se perpetuó con el beneplácito de
los aliados durante cuatro décadas y, llegado el momento, impuso el modelo de
transición, basado en el retorno a la monarquía, la ley de (auto) amnistía, los
“pactos de la Moncloa” en su vertiente económica, una constitución acorazada
que dejaba el futuro encauzado y una ley electoral al servicio del
bipartidismo. Todo ello conduce a lo que se conoce como el Régimen de
78, caracterizado por la restauración de la monarquía desaparecida por méritos
propios en abril de 1931, por la consolidación de los poderes económicos que
venían de la dictadura, por el olvido de los crímenes del fascismo y por
favorecer que a partir de 1982 el país fuera regido durante décadas por un
partido centrista que se sumó a las políticas de olvido y una derecha que nunca
rompió con el franquismo.
Con
ese modelo de transición aquí nunca se planteó la devolución de lo robado y
mucho menos la salida de los franquistas de espacios tan sensibles como el
judicial o el militar. De hecho, uno podía entrar en una dependencia militar y
encontrarse en las paredes de los despachos fotos de Franco o Queipo. La gente
que partió al exilio y perdió su patrimonio y tuvo que rehacer su vida a duras
penas nunca recibió compensación alguna. En Mannheim fueron destruidas las
sinagogas y asaltados los negocios y viviendas de los judíos; en España los
golpistas, en su avance hacia Madrid, no solo asaltaron, saquearon y
destruyeron lo que les vino en gana sino que pusieron en práctica un plan de exterminio
que dejó la ruta sembrada de cadáveres. Leyes similares a las de Adenauer se
resumen aquí en la ley de amnistía, pero no porque se pudiera producir un
hipotético proceso de desfranquización sino preventivamente antes de la
aprobación de la Constitución. Es decir, que si en Alemania permitieron que el
Estado fuese ocupado de nuevo en porcentajes importantes por individuos de
pasado nazi, en España se actuó de manera que nada alterara el orden
establecido, de modo que el aparato de Estado franquista pasó íntegro a la
democracia.
Con ese modelo de transición aquí nunca se planteó
la devolución de lo robado y mucho menos la salida de los franquistas de
espacios tan sensibles como el judicial o el militar
Lógicamente
en España no hubo reparación alguna por daños materiales e inmateriales. Tal
cosa solo existió para los vencedores tras la guerra. En 1978, mediante el
llamado real-decreto ley “por el que se conceden pensiones a los familiares de
españoles fallecidos como consecuencia de la guerra 1936-1939”, se trató de
compensar a las familias de los desaparecidos pagándoles 1.172 pesetas al mes
(7 euros), cuando el salario medio andaba por las 17.000 pesetas mensuales (102
euros). Hay que observar que el decreto limitaba las pensiones a quienes
habiendo participado en la guerra “hubieran muerto en acciones bélicas o como
consecuencia inmediata de las heridas en campaña”, aunque luego, en disposición
adicional, se incluyera a “los que sin haber participado en acciones de guerra”
hubieran muerto violentamente o hubiesen sido ejecutados.
Tantas
vueltas para no reconocer abiertamente el verdadero objetivo del decreto, que
no era otro que las víctimas de la represión franquista. Pese a disponer de
medios para saber quiénes habían sido asesinados, el Estado obligó a las
familias afectadas a demostrar que habían muerto, lo cual motivó un caos
administrativo que afectó a ayuntamientos y juzgados, y que supuso la
inscripción fuera de plazo de miles de personas, muchas de las cuales fueron
inscritas por segunda vez dada la dificultad de localizar sus anteriores
inscripciones en los Libros de Defunciones. En realidad hubiera bastado con que
el Ejército, la Guardia Civil o la Policía proporcionaran los listados de
víctimas que conservaban. Aunque tal cosa hubiera supuesto reconocer su
implicación en aquellos crímenes contra la humanidad.
En
España al único juez que intentó llevar justicia a las víctimas del franquismo,
Baltasar Garzón, titular del Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional, le costó su
expulsión de la carrera judicial. Representó una oportunidad perdida que
hubiera puesto un buen final al movimiento en pro de la memoria iniciado en
1996 y consolidado a partir de 2002. Pero ni el poder político ni el judicial
ni el mediático estaban dispuestos a permitirlo. En Alemania jugó un papel
importante en el establecimiento de la verdad la masa documental que dejó el
nazismo; en España los fondos relativos al denominado Movimiento, entre los que
destacaban los de Falange, fueron destruidos en la transición por orden del entonces
ministro de Gobernación Rodolfo Martín Villa, miembro de Falange durante la
dictadura. La investigación del golpe militar y la represión siempre ha
constituido un camino sembrado de dificultades y el proceso de apertura de los
archivos, aún inacabado, ha sido un proceso lento y difícil. Los diferentes
gobiernos han permitido que los cuerpos y organismos implicados en la represión
hagan con su documentación lo que prefieran, desde
administrarla a su antojo hasta destruirla. Si en Alemania los archivos
constituyen una muralla contra el olvido, en España no han dejado de ser una
muralla contra la memoria.
En España los fondos relativos al denominado
Movimiento, entre los que destacaban los de Falange, fueron destruidos en la
transición por orden de Martín Villa
La
apología del franquismo nunca se había planteado hasta que recientemente la
coalición PSOE-Podemos se mostró partidaria de hacer algo sobre esto. La
respuesta mayoritaria de los juristas fue contraria a que se legislara en tal
sentido, ya que, según decían, conculcaba la libertad de expresión y era por
tanto inconstitucional. Sin embargo, en un país en el que tanto la derecha como
la ultraderecha no han dejado de decir barbaridades contra el movimiento de
memoria histórica y sobre las víctimas del franquismo, esto no soluciona el
dolor que causan, sabedores de la impunidad de que gozan. De este modo, la
doctrina del Tribunal Constitucional se aleja en este sentido de la de los
países europeos, caso de Alemania, Francia e Italia, que, conscientes de su
pasado y de que la libertad de expresión no debe existir para el fascismo
cuando incurra en dicha apología, optaron por una “democracia militante”
orientada a la autoprotección. No resulta extraño que unas instituciones
judiciales procedentes del franquismo y estrechamente ligadas al poder político
opten por no castigar la apología del golpismo y de la dictadura.
Si
en Alemania se emitió la serie Holocausto en 1979, en España
se pudo ver en 1987 el programa de treinta capítulos España en guerra,
que con Manuel Tuñón de Lara a la cabeza reunió a un equipo de historiadores
que pretendió abarcar todas las tendencias.[5] Tras cada
capítulo, ya muy tarde, había un debate transmitido por la radio que mostró la
ignorancia y el desconcierto con que algunos sectores de la sociedad española
recibían esos contenidos. Al ser emitido los miércoles por la noche, tras el
partido de fútbol que la TVE solía transmitir ese mismo día, el programa fue
víctima de constantes cambios de hora, llegando a veces a emitirse a media
noche. Igualmente, en diversas ocasiones, la emisión fue pospuesta a la semana
siguiente. Unido a este maltrato, que mostraba la desgana con que la dirección
de TVE afrontó el proyecto, la derecha y sus medios montaron una campaña
permanente contra el programa, cuyo resultado fue que algunos de los
historiadores que intervinieron fueron objeto de todo tipo de insultos y
amenazas.[6] Ni la historia ni la memoria democrática tenían
cabida en la España de 1987. ¿Cómo olvidar la declaración oficial del gobierno
encabezado por González y Guerra en 1986, con motivo del 50 aniversario de la
guerra civil, en la que además de honrar la memoria de los que dieron su vida
por la libertad y la democracia, mostraban “su respecto a quienes, desde
posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad
diferente a la que también muchos sacrificaron su existencia”.
El alumnado, salvo excepción, podía y puede acabar
la Enseñanza Secundaria Obligatoria, e incluso sus estudios universitarios, sin
tener ni idea de la historia reciente de su país
El
impacto que tuvo en Alemania la obra de Raul Hilberg y el conocido por Historikerstreit (debate
de los historiadores) en la década de los ochenta sobre el origen y desarrollo
del nazismo hasta su derrota, mostró la importancia que la historia fue
adquiriendo para la sociedad. En este contexto hay que situar la declaración de
1985 del presidente democristiano Weizsäcker celebrando el aniversario de la
capitulación nazi y reivindicando la memoria histórica. El gran mito del
Ejército inmaculado ajeno a los crímenes nazis caería a mediados de los noventa
con la exitosa exposición sobre “Los crímenes de la Wehrmacht”. Todo esto
culminará con la creación de la fundación que debía indemnizar a los
trabajadores forzados con fondos tanto del Estado como de las empresas
privadas. Solo resta decir que, desde los ochenta, los planes de enseñanza
habían asumido la necesidad de mostrar a las jóvenes generaciones qué fue el
nazismo. El historiador Ludger Mees estableció las bases para que la sociedad
afrontara el pasado: la existencia de un debate académico sobre el tema, la
implicación no partidista de las instituciones y la socialización de debate.
Ninguna de ellas se dio en España.
En
nuestro país las investigaciones sobre el golpe militar y la represión, temas
sobre los que existía un vacío total, fueron abordadas tímidamente desde fines
de los setenta. Pronto quedó claro que lo que se llamaba “Guerra Civil” no fue
sino un calculado plan de exterminio en más de medio país. Como casi toda la
Universidad se mantuvo al margen –no en vano los departamentos de historia
estaban en manos por lo general de profesores allí instalados desde hacía
décadas–, el trabajo hubo de hacerse por libre, con la participación de
maestros, licenciados, profesores de Secundaria, etc. Al hacerse de esta
manera, y debido a que los planes de estudios relegaban constantemente a un
plano secundario la enseñanza de lo ocurrido en España entre 1931 y 1978, el
resultado de las investigaciones no se trasladó a la sociedad. El alumnado,
salvo excepción, podía y puede acabar la Enseñanza Secundaria Obligatoria, e
incluso sus estudios universitarios, sin tener ni idea de la historia reciente
de su país. En este contexto resulta impensable que algún gobierno adoptase una
postura clara respecto al pasado y a la importancia de la memoria histórica. En
la derecha, porque iría contra su esencia, y en el centro, por su ambigüedad,
ya que, si Felipe González decidió “no mirar atrás”, el compromiso de Rodríguez
Zapatero tampoco sirvió de mucho. El resultado es que la historia reciente
viene a ser un campo minado que casi todos quieren eludir.
La
investigación sobre los perpetradores, siempre posterior a la de las víctimas,
se produce normalmente cuando aquellos han fallecido. En Alemania la exposición
de 1995 antes comentada abrió una vía lenta y laboriosa que permitió adentrarse
en el oscuro mundo de los que se sumaron a las prácticas violentas. En España
ha sido más complicado, dado que la libertad de expresión choca con el concepto
de derecho al honor que se coló en la Constitución, al que se acogen los
familiares de personas implicadas en actos represivos para bloquear todo tipo
de publicaciones. Prueba de ello son las demandas y querellas que desde los
años ochenta han acompañado a las iniciativas que indagaban y exponían
públicamente dichos crímenes.[7] Aunque ha habido algunos
intentos de adentrarse en el mundo de los perpetradores, en el caso español
quizás la comunidad más avanzada sea Navarra, pionera en cuestiones de historia
y memoria con su proyecto Fondo Documental de Memoria Histórica de Navarra
(UPNA).[8]
En
cuanto a los medios de comunicación, al contrario que en Alemania, aquí no solo
no han favorecido debate alguno sino que, conectados con la política como
están, se alinean en general en el campo de la antimemoria. Casi todos los de
papel y buena parte de los digitales son de derecha o extrema derecha y han
jugado un papel clave en la promoción del revisionismo neofranquista. A la
derecha española nunca le ha interesado crear canales de debate sobre el pasado
reciente.
Final
Resulta
impensable que la derecha española llegue a un acuerdo con alguien que no sea
otra derecha similar o la extrema derecha (que de ella procede) sobre cómo
afrontar el pasado y de qué manera debe plasmarse en los planes de enseñanza.
Basta mirar los que ha habido desde la transición hasta ahora para darse cuenta
de la imposibilidad de alcanzar un acuerdo común. Y del PSOE, que estuvo en el
poder durante catorce años, ¿qué cabe decir? Fue este partido precisamente el
que consolidó la posición dominante de la Iglesia en el campo de la enseñanza
mediante el invento de los eufemísticamente llamados “conciertos educativos”
(dinero público/gestión privada), medida que se pretendió vender como
transitoria hasta que el Estado dispusiera de una red pública lo
suficientemente amplia como para no tener que contar con los centros privados.
No les debe haber dado tiempo, porque no han dejado de crecer y de imponer sus
propios “idearios” con el visto bueno de los diferentes gobiernos. Y así
seguimos con un país constitucionalmente aconfesional que subvenciona con
dinero de todos la enseñanza católica y concede a la Iglesia un poder y una
influencia que socialmente ya no tiene.
Creía
Eisenhower que la desnazificación alemana no se produciría antes de cincuenta
años. Hemos visto ese proceso, que llevó entre cuatro y cinco décadas. Hablamos
de un país que sufrió una derrota total. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para
que España, donde el fascismo triunfó, afronte su pasado de manera que se pueda
superar? ¿Cuándo se pondrá fin a la existencia de cientos de fosas comunes
dignificando los restos humanos que contienen? ¿Cuándo se anularán las
sentencias políticas dictadas por la maquinaria judicial militar franquista?
¿Cuándo se abrirán a la investigación todos los fondos documentales que cumplan
los plazos legales? ¿Cuándo se dotará a los archivos del personal suficiente
para que cumplan sus funciones? ¿Cuándo pasará toda la documentación de
carácter represivo relativa al ciclo histórico 1931-1955 a manos civiles?
¿Cuándo se dedicará la atención que merece a la enseñanza de la historia
reciente en la ESO? ¿Cuándo se reconocerá el carácter criminal y genocida de un
régimen que, además de acabar con la vida de miles de personas sin
procedimiento alguno, firmó más penas de muerte que Alemania e Italia juntas?[9]
Notas
[1] Debo estas reflexiones críticas al diálogo
sobre el caso alemán con el profesor Georg Pichler, el cineasta Dietmar Post y
la investigadora Eva Fernández.
[2] Sobre las vicisitudes de la exposición puede
verse F. Miguel del Toro, “La exposición Vernichtungskrieg. Verbrechen
der Wehrmacht 1941 bis 1944. El debate sobre los crímenes de la Wehrmacht”,
en rev. KAMCHATKA, 16 (junio 2020), pp. 47-69.
[3] J. Álvarez Junco, “Recuerda que eres
mortal”, El País, 9 de agosto de 2020.
[4] J. Gracia, “Penes y treballs de la memoria a
l´Europa contemporània”, en política&prosa, nº 17, març 2020,
pp. 92-94. Dada la particular lectura que Gracia ha hecho del libro de
Schwartz, mostrada en poco más de una página, no es de extrañar que el epílogo
de Junco le parezca valiente.
[5] Fueron F.F. Basterretche, J. Benet, A.M.
Calero, G. Cardona, F. García de Cortázar, A. Cucó, J.M. Cuenca Toribio, G.
Mir, A. Reig Tapia y Á. Viñas.
[6] Testimonio de Alberto Reig Tapia.
[7] Un recorrido por algunas de ellas puede ver
en F. Espinosa Maestre, Callar al mensajero. La represión franquista,
entre la libertad de información y el derecho al honor, Península,
Barcelona, 2009.
[8] Sirva de muestra la obra de Fernando
Mikelarena Sin piedad. Limpieza política en Navarra, 1936:
responsables, colaboradores y ejecutores, Pamiela, Navarra, 2015.
[9] Cerrado el artículo, hace unos días se ha
hecho público el “Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática”, que ya anticipó
Ángel Munárriz en Infolibre el 09/09/2020. En dicho
anteproyecto se detallan algunos de los apartados: auditoría del expolio,
reparación del trabajo forzado, nulidad de las resoluciones de los tribunales
franquistas, localización y exhumación de fosas, fiscalía para la investigación
de ciertos hechos producidos entre 1936 y 1978, banco de ADN, censo de
víctimas, retirada de honores, extinción de las fundaciones pro franquistas,
introducción de la memoria democrática en la ESO y acceso a los archivos. Sin
duda el contenido alienta el optimismo de la voluntad, por más que las dudas en
torno a los fondos que han de financiar tan ambicioso programa produzcan cierto
pesimismo de la razón.
