Tribuna viento sur
Entre el interregno sanchista y las contrarreformas
del tripartito
11/04/2019 | Jaime Pastor
La reciente
encuesta del CIS, con la incógnita sobre cuál será la opción final del alto
porcentaje de personas indecisas sobre el partido al que pueden ir a votar
(hasta un 42%), ha venido a confirmar el creciente índice de volatilidad entre
el electorado y la enorme dificultad de hacer un pronóstico sobre los
resultados de las elecciones generales del 28 de abril. Con todo, parece
evidente que nos vamos a encontrar con un sistema pentapartidista imperfecto,
relativamente polarizado entre dos bloques, que hará difícil el pacto –y, sobre
todo, la estabilidad- para la formación de un nuevo gobierno, ya sea de un signo
u otro. Con mayor motivo cuando el 26 de mayo habrá elecciones municipales,
europeas y autonómicas –éstas en 12 Comunidades-, por lo que los partidos perdedores
de esta primera ronda crucial tratarán de recuperar posiciones en esa nueva
jornada electoral antes de formalizar sus acuerdos con quienes estén en mejores
condiciones para encabezar el nuevo gobierno.
Si ése es el
escenario probable, ni las anunciadas y provocadoras contrarreformas del
tripartito reaccionario ni la apertura de una, aunque sea tímida, vía hacia el
diálogo en torno al conflicto catalán (a la espera, además, de la sentencia
sobre el juicio al procés en otoño) parece que vayan a contar con los
apoyos suficientes para abordar la superación de la crisis de régimen en uno u
otro sentido. Un régimen cuyas cloacas vuelven a salir a la luz sin vergüenza
alguna a raíz de la guerra sucia contra Podemos, pero que vienen de muy
lejos, como nos ha recordado, entre otros, David
Fernández. A este nuevo escándalo se suma el testimonio del
exdirector de El Mundo, David Jiménez, en un libro recientemente
publicado, en donde viene a confirmar lo que era un secreto a voces: las
servidumbres que los principales medios de comunicación mantienen ante un viejo
entramado político, financiero y policial que no tiene reparo alguno en
recurrir a los peores métodos para tratar de protegerse frente a cualquier
ataque, o para calumniar y difundir mentiras contra cualquier amenaza al
sistema, como ha ocurrido en los últimos años con el independentismo catalán o
Podemos. Como bien decía un excomisario de la policía en el excelente
documental Las cloacas de interior, “el sistema está tan corrupto que
expulsa a los decentes”.
Pocas dudas
pueden quedar sobre la gravedad de esa grieta, que se suma a las ya abiertas
desde hace tiempo no sólo en el plano nacional-territorial o en el que afecta a
una clase política corrupta –incluida la monarquía-, sino también en el
socioeconómico. Porque ése es el verdadero trasfondo de la desafección
ciudadana hacia unas elites políticas y económicas que no hacen más que ahondar
las desigualdades sociales y de todo tipo –recordemos el reciente clamor de la España
vaciada- en esa carrera hacia el sálvese quien pueda que se extiende
por el planeta ante la nueva crisis sistémica que se anuncia.
Nuevo ciclo
Llegamos a este
momento después de que, por desgracia, la indignación popular que irrumpió a
partir del 15M de 2011 frente a la nueva vuelta de tuerca neoliberal no llegara
luego a reflejarse, pese a las ilusiones generadas por Podemos, en la
materialización de un proyecto rupturista a la altura del desafío que suponían
los gritos de “no nos representan” y “no queremos ser mercancía de políticos y
banqueros”. Tampoco, si bien giraban en torno a ejes de conflicto distintos, se
produjo la confluencia de ese movimiento con el bloque plural que en Catalunya
se fue extendiendo a partir, sobre todo, de 2012 a favor del derecho a decidir
su futuro y que tuvo en las jornadas del 1 y el 3 de octubre de 2017 su máxima
expresión, seguida luego por la represión y la judicialización del conflicto.
El agotamiento
de ambos ciclos de movilización y las limitaciones de sus exponentes políticos
y electorales respectivos se han visto seguidos por una radicalización de PP y
Cs, acelerada ahora bajo la presión derivada del ascenso de Vox que anuncian
las encuestas tras las elecciones andaluzas. La competencia entre estas fuerzas
por encabezar ese bloque reaccionario no impide constatar que comparten un mismo
proyecto: proceder a una serie de contrarreformas que, mediante una combinación
en mayor o menor grado de nacionalismo español recentralizador y uniformizador,
neoconservadurismo patriarcal y xenófobo y neoliberalismo austeritario, aspiran
a imponer un nuevo modelo de dominación que tendría poco que envidiar a esas democracias
iliberales tan denostadas del Este. Este giro ultraautoritario tendría en
el independentismo su primer objetivo a derrotar (mediante el estado de
excepción permanente en Catalunya), pero, como ya hemos podido comprobar con
los ataques a libertades y derechos fundamentales, en caso de llegar a la
Moncloa, no cejaría en su empeño por acabar con la gran mayoría de las
conquistas democráticas y sociales alcanzadas a lo largo de estos 40 años; y,
por si hiciera falta añadirlo, contra las que están ahora por llegar, como el
derecho a una muerte digna que nos han vuelto a reclamar hace pocos días María
José y su compañero Ángel, sometido ahora, por cierto, a una escandalosa
investigación judicial bajo la sospecha de “violencia de género”.
Sólo el
movimiento feminista está demostrando su capacidad de resistir el reflujo del
ciclo 15M-Podemos y de contrarrestar esta nueva ola reaccionaria con un
discurso alternativo y antisistémico, sin por ello menospreciar el papel que
están jugando otros movimientos como el de pensionistas o las nuevas formas de
sindicalismo social. Paralelamente, pese a la crisis de orientación que afecta
a las formaciones políticas independentistas catalanas, manifestaciones como la
del pasado 16 de marzo en Madrid, pese a la débil participación procedente de
otros lugares, han venido a recordarnos que la capacidad movilizadora de
organizaciones sociales como la ANC y Ómnium Cultural no se ha visto
debilitada.
Con todo, es
ahora el terreno electoral el que pasa a primer plano. No puede sorprender por
eso que ante la amenaza que supone el tripartito reaccionario retorne con
fuerza la presión por el voto útil al PSOE entre las gentes de izquierda, a la
vista del descenso que las encuestas avanzan para Unidas Podemos (UP) y de que
esta coalición se ha convertido en los últimos tiempos en fuerza subalterna del
gobierno y ha sufrido una profunda crisis interna. Una opción, la del voto al
PSOE, que choca una vez más con la disposición de este partido a priorizar la
búsqueda de un futuro acuerdo de gobierno con Ciudadanos para cumplir lo que
sigue siendo su objetivo principal: asegurar la gobernabilidad del régimen, la
“unidad de España” y la fidelidad a las políticas austeritarias de la Unión
Europea. Una coalición de gobierno que, si llegara a ponerse en pie, acabaría
siendo un corto interregno que facilitaría el camino hacia la hegemonía del
bloque de derechas.
Basta leer los
“110 compromisos con la España que quieres” del programa electoral del PSOE
para comprobar, más allá de la retórica, la ambigüedad y la indefinición en
temas fundamentales de la mayoría de sus puntos. Por no hablar de los que
faltan en torno a cuestiones fundamentales, como la relativa a Catalunya, ni
siquiera mencionada, dando así un nuevo paso atrás respecto a la propuesta
defendida en el pasado de caminar hacia un Estado federal y plurinacional.
La tentación
gobernista, de nuevo
Es cierto que
UP reaparece ahora con un programa de cambio en el que, apoyándose en artículos
de la Constitución que reconocen retóricamente derechos sociales básicos,
reivindica medidas en el plano socioeconómico, ecológico y feminista que habían
sido relegadas a un segundo plano o, simplemente, abandonadas en los últimos
tiempos por Podemos. Aun así, las ausencias también son flagrantes: nada, por
ejemplo, sobre la exigencia cada vez más extendida de un referéndum sobre la
forma de Estado, sobre Catalunya o, al menos, sobre la reforma del Senado
basada en un federalismo plurinacional o, en fin, sobre la necesaria derogación
de los Acuerdos con la Iglesia católica de 1979. Se reclaman artículos de la
Constitución que se han visto vaciados de contenido desde hace ya largo tiempo
en el marco de la UE neoliberal, mientras no se tocan otros que siguen
sustentando los pilares fundamentales del régimen.
Por otro lado,
el escándalo del espionaje a Podemos ha permitido a su líder recurrir a
un discurso crítico contra el establishment, dirigido a recuperar a una
parte del electorado que le ha ido abandonando en los últimos años. Su
credibilidad se ve, sin embargo, mermada por su insistencia en querer
cogobernar con el PSOE, sea cual sea la relación de fuerzas entre ambos
partidos. Una opción que, de llevarse a cabo y teniendo en cuenta que es descartable
una mayoría de UP el 28 de abril, sería suicida para esta formación,
(des)vertebrada por un Podemos convertido en un equipo electoral crecientemente
burocratizado y monolítico que se vería fácilmente fagocitado por las mismas
fuerzas del establishment a las que vuelve a atacar ahora.
La experiencia
de Portugal está suficientemente cerca para extraer lecciones y optar por otras
fórmulas que, contribuyendo a impedir un gobierno de las derechas, no por ello
renuncien a la autonomía de un proyecto político que debería ser alternativo al
que continúa representando el PSOE de Pedro Sánchez. Porque, como muy bien se
dice en el Manifiesto de un feminismo para el 99%, el camino que deberíamos
seguir es el que “nos enfrenta directamente a las dos opciones políticas
principales que el capital ofrece ahora. Rechazamos no sólo el populismo
reaccionario, sino también el neoliberalismo progresista”.
Sólo desde la
autonomía estratégica y táctica se podrá garantizar la entrada en una nueva
fase de recomposición de una izquierda que, como se proponía en una reciente declaración de Anticapitalistas, apueste
por “elaborar nuevos discursos pero, sobre todo, nuevas estrategias políticas
de calado capaces de reorganizar las filas populares, dotarlas de instrumentos
de lucha y generar nuevas ilusiones en pos de un proyecto de sociedad
soberana”. A lo que me permito añadir, recordando a Javier Muguerza, fallecido
este 10 de abril, que entre esos instrumentos el derecho al disenso y, por
tanto, a la desobediencia frente a leyes y sentencias injustas, deberá ser,
ahora más que nunca, de obligado cumplimiento ético en más de una ocasión.
Todo este
panorama a escala estatal se desarrolla en un contexto más general en el que la
incertidumbre sobre cuándo llegará la próxima gran recesión sigue
caracterizando el impasse en que se encuentra un capitalismo
financiarizado en plena “desaceleración sincronizada”, con palabras de la
directora del FMI. Una institución que, como siempre, sólo está empeñada en
imponer los dictados de una deudocracia que en nuestro caso insiste en exigir
una mayor “disciplina presupuestaria” (léase: más contrarreformas de pensiones
y laborales). Un escenario al que en el caso europeo hay que sumar el
interminable Brexit y el estancamiento del motor alemán en medio de una mayor
competencia comercial entre grandes potencias mientras el Sur global sigue
empobreciéndose y desangrándose. Procesos todos ellos que no nos pueden hacer
olvidar la principal amenaza para la sostenibilidad de la vida en el planeta
que supone el cambio climático, reconocido ahora por el propio Banco Mundial
únicamente como “el riesgo clave que podría rebajar la potencial producción
global en el medio plazo”. Porque, como siempre, la preocupación de la
plutocracia global no es la vida, amenazada por el depredador productivismo
capitalista, como acertadamente denuncia el nuevo movimiento estudiantil
emergente en Europa con sus viernes por el clima, sino el fin del mito
del crecimiento.
Jaime Pastor es politólogo y editor de viento sur
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