LOS DESAHUCIOS AUMENTAN A PESAR DE LA PROPAGANDA SOBRE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL GOBIERNO
Sofía Pérez Mendoza
Kaosenlared
07.02.2015
Es su segundo desahucio en solo seis meses. El
primero, por no poder asumir el alquiler de 700 euros que le pedían sus
caseros. El que vino después, hace solo unos días, por ocupar una casa vacía.
Era la última solución, la única salida que Jessica encontró tras dormir 15
días con sus hijos de 4 y 6 años en un parque cercano al piso en el que
vivieron durante 13 años en el barrio madrileño de Tetúan.
Ni el Ayuntamiento de Madrid ni el Estado le
ofrecieron ninguna solución. En servicios sociales, la falta de fondos bloqueó
cualquier apoyo. “Me quedé en la calle, con mis niños y las maletas. En un
banco, deambulando para encontrar a alguien que me ayudara. Pasé mucha
vergüenza”, recuerda al otro lado del teléfono, sentada en la cama de una
habitación que una amiga les ha cedido. Es el mismo lugar en el que los cuatro
–su marido ya ha vuelto a España después de intentar, sin éxito, conseguir
trabajo en el extranjero– intentan descansar por la noche, sin ocupar más
espacio de la cuenta. “Es esto o la calle”, se recuerda a sí misma.
En Barcelona,
una red de activistas y vecinos impedía el
miércoles el desahucio de María Goretti, enferma crónica. Y un poco más
allá, Amparo
vivía la cuenta atrás del suyo en la UCI de un hospital de
Cantabria. Tres casos en solo tres días. Tres personas que lograron superar el
muro de la vergüenza para contar lo que les pasaba. Y muchas más que, fuera del
foco mediático, pierden sus casas en el más absoluto abandono institucional.
La realidad de
los que sufren mira a los ojos a la otra realidad. “Los desahucios no son la
norma habitual”, afirmaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la
entrevista que concedió a Telecinco. El argumento impregna el
discurso del Gobierno, que enfrenta la realidad irrebatible que ofrecen los
datos prorrogando medidas para
frenar los desahucios cuyos efectos se han demostrado ínfimos.
El pasado
miércoles fue el turno del Fondo Social de Vivienda del Gobierno, un parque de
6.000 pisos de alquiler social que una treintena de entidades bancarias, a
través de la firma de un convenio interministerial, pusieron voluntariamente a
disposición de las familias que han sufrido un desalojo. Apenas 1.465 de esas
viviendas, de acuerdo con datos del Ejecutivo, tienen inquilinos dos años
después de su puesta en marcha. En el periodo de tiempo más aproximado a los
meses que lleva funcionando el fondo del que disponemos datos (enero de
2013-septiembre de 2014), se practicaron 117.771 lanzamientos según cifras
del Consejo General del Poder Judicial. Lo que significa que solo un
1,24% de las personas desahuciadas pudieron beneficiarse de este alquiler
reducido.
Es solo un
ejemplo, pero los números tampoco salen con otras de las medidas estrella promovidas
por el equipo de Mariano Rajoy, como la
moratoria de dos años, cuyo impacto tampoco es mucho más
esperanzador para los que viven bajo la amenaza de una notificación judicial.
El INE computa en 23.240 el total de ejecuciones hipotecarias practicadas entre
julio y septiembre. Pero el dato que mide realmente el drama de los desahucios
no es este, sino el número de esos lanzamientos que afectaron a la vivienda
habitual: en este periodo fueron 6.700, un 13,5% más que en el mismo periodo de
2013. El cómputo total de lanzamientos que recoge el Consejo General de Poder
Judicial desde que comenzó a elaborar sus estadísticas en enero de 2008 asciende
a 360.125.
En el propio Ejecutivo reconocen, o al menos así lo
hizo el ministro de Economía Luis de Guindos, que las personas beneficiarias de
los parches de urgencia “son insuficientes”, aunque siempre, según su discurso,
es mejor hacer algo que quedarse de brazos cruzados. “Nadie podrá decir que nos
hemos olvidado de las personas durante este tiempo en el que se ha dado la
vuelta a la situación económica”, añadía De Guindos.
Las plataformas antidesahucios, sin embargo, tienen
una percepción bastante distinta. “El patrón que ha engullido a las medidas del
Gobierno es siempre el mismo: criterios económicos y sociales muy restrictivos
que vetan al acceso de muchas personas”, señala Carlos Macías, portavoz de la
PAH Barcelona. Al otro lado de la línea se oye el bullicio de una acción de
plataforma en una oficina de CatalunyaCaixa, una entidad rescatada que ha
vendido el 90% de su gestión hipotecaria al fondo de inversión Real Estate
Blackstone.
En la capital catalana, parte de la comunidad autónoma
que desde 2008 ha contabilizado el mayor número de desahucios del territorio,
la PAH se mueve. Y cada vez más ayuntamientos se contagian de este movimiento.
Hasta el momento se ha realojado a 2.500 personas desahuciadas en 30 edificios
recuperados por la Obra Social de la plataforma. “Lo único que nos queda es la
autotutela de derechos. Es una acción a corto plazo para parar la emergencia
habitacional ante la inacción de las administraciones”, justifica Macías.
El Ayuntamiento de Barcelona decidió situarse al
margen de la moción impulsada en 16 consistorios catalanes para sancionar a las
entidades cuyos pisos estuvieran vacíos, aunque solo seis –entre ellos el de
Terrassa, Manresa o Santa Coloma– las han puesto en marcha. “Eran más
partidarios de negociar con los bancos. Y la realidad, y ahí están los datos
–señala–, es que en tres años de conversaciones han logrado recuperar solo 12
pisos de los 88.000 que se encuentran en desuso en la ciudad”.
¿Los bancos están más abiertos ahora a la negociación?
La experiencia de Macías se inclina a que sí: “Ahora basta con que descolguemos
el teléfono para que escuchen. Es una cuestión meramente de imagen porque, si
la persona afectada no tiene a la plataforma que visibiliza sus prácticas
detrás, los desahucios siguen ejecutándose sin miramientos”.
Las alarmas que hicieron saltar a la agenda pública al
movimiento antidesahucios, las dificultades de las familias para hacer frente a
hipotecas con cláusulas abusivas, han quedado con el tiempo en un segundo
plano, eclipsadas por el nutrido número de personas que no pueden pagar el
alquiler. Así, el 51,3% de los desahucios que contabilizó el Consejo General
del Poder Judicial en los nueve primeros meses de 2014 son consecuencia del
impago de la cuota impuesta por un arrendador, frente al 43,4% relacionado con
ejecuciones hipotecarias.
Claro que no es
lo mismo que el propietario sea un particular a que lo sea
un fondo buitre, como ocurre en Madrid.
Justo en este punto, Mariano Rajoy justificó que su Gobierno estaba atado de
pies y manos cuando “hablamos de desahucios de gente que tiene alquilado un
piso y que también necesita ese dinero”. Aunque por el camino se olvidó de
mencionar que Ana Botella e Ignacio González, de las filas de su propio
partido, vendieron cerca de 4.900 pisos de protección oficial del Ayuntamiento
(1.860) y de la Comunidad de Madrid (3.000) a los fondos buitre Real Estate
Blackstone y Goldman Sachs-Azora, respectivamente.
Mañana el drama visible a través del rostro de
Jessica, de María o de Amparo tendrá la cara de Rafaela y su hijo de 18 años,
con notificación de desalojo de una vivienda de la Empresa Municipal de
Vivienda y Suelo en la que ni siquiera ha hecho falta que entrara un fondo de
capital riesgo. Pasado, será otra.
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