El Tratado
Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas en inglés)
es el nuevo modelo de tratado de libre comercio que se está negociando
entre la Unión Europea y Estados Unidos desde junio de 2013, con la
intención de crear la zona de libre comercio mayor del mundo.
¿Por qué ahora?
EEUU y la Unión Europea están perdiendo poder económico y político, y
otros países, especialmente China, les están desplazando como mayores
economías, exportadores y proveedores de inversión extranjera directa.
El TTIP pretende por tanto consolidar los intereses geopolíticos y
recuperar el poder y el protagonismo de ambas potencias, declarando una
guerra comercial a países terceros.
¿Quién y cómo se está negociando?
De manera formal, por parte de la Unión Europea es la Comisión Europea
quien tiene el mandato de las negociaciones; y de la otra, el propio
Gobierno de EEUU. Sin embargo, desde su origen, son los grandes lobbies
empresariales de un lado y otro quienes presionan y participan de manera
activa en ellas: industria automovilística, farmacéutica y
agroalimentaria, empresas de servicios, bancos, fondos de inversión…
Las
negociaciones además, están produciéndose de espaldas a la población,
con un alto carácter secreto sobre su contenido, y sin participación y
apenas consulta a la sociedad civil, e incluso con mucha desinformación
hacia los Gobiernos de los países de la propia UE.
¿Qué regulará?
Dado que los aranceles entre la UE y EEUU son ya muy bajos, este nuevo
modelo de tratado se centra en la liberalización de todos los sectores y
en conseguir una armonización legislativa, es decir, unificar leyes a
ambos lados del Atlántico, con el fin de reducir costes y “retrasos
innecesarios” para las corporaciones.
Un capítulo especialmente
polémico es el de la protección de las inversiones, por el cual
cualquier inversor privado internacional puede desafiar, ante tribunales
internacionales poco transparentes, cualquier legislación (ambiental,
laboral o social) que interfiera con sus beneficios. Por ejemplo, una
moratoria al fracking (técnica muy contaminante de extracción de
petróleo o gas) o una regulación sanitaria de sustancias tóxicas pueden
ser objetos de demandas a los Gobiernos.
¿Qué supondrá? Se ahondará en los recortes en los derechos laborales,
justificados por la reducción de costes y basados en la política
antisindical de EEUU (que no ha ratificado convenios de la OIT) y en las
reformas laborales impuestas por la Troika [link a
www.troikaparty.eu/es] (Comisión Europea, FMI, BCE).
La liberalización de cada vez más sectores económicos profundizará en las privatizaciones
de servicios públicos, cuyas consecuencias ya son conocidas. La
armonización legislativa a la baja, aplicando la legislación más
beneficiosa para las grandes corporaciones afectará a:
- Políticas medioambientales y del derecho a la salud: se flexibilizará el uso del fracking, se aumentará la producción y venta de transgénicos, el uso de toxinas y sustancias peligrosas, entre otros, que cuentan con legislación más favorable en EEUU.
- La agroindustria se verá favorecida en detrimento de las pequeñas explotaciones más sostenibles, y por tanto se resentirá la soberanía alimentaria y la calidad en la alimentación.
- Sobre propiedad intelectual y uso y acceso a internet: se aplicará la legislación norteamericana que facilita la vigilancia cibernética y el acceso a datos personales, y pena el compartir archivos en la red; y además blindará las patentes, reduciendo por ejemplo la posibilidad de acceso a medicamentos genéricos.
Y
a todo esto se añadiría, a través de los mecanismos de protección de
las inversiones, que los Gobiernos se encontrarían maniatados para la
puesta en marcha de las políticas públicas sociales y medioambientales
destinadas a proteger a la ciudadanía, en beneficio del gran capital.
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