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Entrevista con Francisco Sierra Caballero, profesor de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla
"La comunicación es utilizada como sistema de control para la guerra que oculta formas de poder en la aldea global del capitalismo"
Fernando Arellano Ortiz
Cronicón.net
REBELION
03-10-2013
"Es paradójico que en la era de las tecnologías de la comunicación, en la que se supone que priman la máxima transparencia, la visibilidad total, la iluminación de la información, el secreto es la norma y no la excepción, así como el espionaje electrónico tanto militar como económico de potencias como Estados Unidos es una práctica que aunque indigna al mundo, es el común denominador en la sociedad global del capitalismo", explica el reputado sociólogo español, investigador social y catedrático universitario Francisco Sierra Caballero.
“Esa ilusión de transparencia, la falsa idea de que Internet nos hace libres, que la información nos libera de la realidad, es este dispositivo positivista, moderno de control y vigilancia que oculta las formas de poder y control que se dan en la aldea global del capitalismo”, enfatiza el experto en Ciencias de la Información, al explicar los alcances del desarrollo inusitado de las tecnologías comunicacionales.
Por lo anterior, Sierra Caballero aboga por la democratización y libre acceso de los ciudadanos a las tecnologías de la comunicación y a los medios de información. Resalta los ejercicios democráticos que en este sentido se vienen dando en algunos países de América Latina que apuntan a abrir el debate público sobre la regulación y organización de sistemas de comunicación públicos y la definición de una estructura más equilibrada en cuanto al acceso y propiedad de los medios. Aprovechando su participación en la Séptima Semana Internacional de la Comunicación organizada por la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Bogotá, el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano www.cronicon.net, dialogó con este experto para conocer su opinión en torno a temas como la concentración monopólica de los medios; el alcance de las regulaciones legislativas que sobre el tema se vienen aprobando en países como Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Venezuela; la centralidad comunicativa; la expropiación de la información mediante las políticas de libre comercio como los TLC, entre otros.
Sierra Caballero, doctor en Ciencias de la Información y posgraduado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la UNED. Se desempeña como profesor titular de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, donde dirige el Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social (COMPOLITICAS) y la Revista para el Desarrollo Social de la Comunicación (REDES.COM). Experto en políticas de comunicación, nuevas tecnologías y participación ciudadana de la Unión Europea, ha impartido clases y conferencias como profesor invitado en prestigiosas universidades y centros de investigación de Europa y América Latina. Autor de numerosos estudios y ensayos en materia de comunicación y desarrollo, políticas de comunicación y teoría de los medios, ha publicado recientemente “Políticas de comunicación y educación. Crítica y desarrollo de la sociedad del conocimiento” (Gedisa, Barcelona, 2006). En la actualidad es Director de Centros Asociados del Consejo Directivo de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS) y Secretario Internacional de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura(ULEPICC).
La comunicación, derecho humano fundamental que es preciso regular
- Los grandes medios de comunicación son actores políticos que juegan a proteger sus intereses corporativos. ¿Cómo entonces podemos hablar de democracia comunicacional y equilibrio formativo en nuestra actual sociedad global?
- Yo creo que tenemos en la agenda de las democracias mediáticas de nuestros países, especialmente en la región iberoamericana, una tarea pendiente, y es justamente regular un campo que es reconocido constitucionalmente, que es un derecho humano fundamental, pero que está en manos privadas corporativas que obedecen a intereses ajenos a la ciudadanía. Por tanto, avances democráticos como el que se ha dado en Ecuador por la Ley Orgánica o la propia experiencia de la Ley de Medios de Servicios de Comunicación Audiovisual en el caso de Argentina es un primer paso en un doble sentido, primero de abrir en la agenda pública de deliberación ciudadana sobre qué tipo de comunicación, qué modelo o sistema de organización de medios y de información pública se requiere; y en segundo lugar, establecer una estructura equilibrada en la que además de los actores privados de las grandes compañías nacionales y multinacionales de comunicación exista también un sector público fuerte garante de los derechos democráticos del ciudadano, por supuesto además de servicio público del Estado, una red amplia, potente, organizada en red de medios ciudadanos, de medios comunitarios. Estas dos condiciones creo que son básicas: la de abrir al debate público la regulación y organización de sistemas de comunicación pública y la de definir una estructura más equilibrada que la que históricamente ha marcado en nuestros países la conformación de la esfera pública en los medios de comunicación.
- Si como usted ha señalado, una de las premisas de la libertad de prensa es no hacer de la actividad periodística una industria, ¿podríamos colegir que en las actuales circunstancias socioeconómicas, no es dable hablar de libertad de prensa sino mas bien de libertad de empresa?
- Es un axioma, un principio que es universalizable, cuando el señor Rupert Murdoch habla de libertad de prensa y se opone a cualquier tipo de regulación en realidad está hablando de su derecho privativo a concentrar y expandir sus intereses privados corporativos en el merado de la comunicación global. Por tanto, está idea liberal de la libertad de expresión como libertad de empresa informativa caza muy mal con los derechos universales a la comunicación reconocidos por la Declaración de Derechos Humanos. Es decir, los depositarios somos los ciudadanos que por tanto debemos tener derecho a tener medios comunitarios, derecho a un sistema público de radio y televisión y a un sistema o esfera publica estatal que defienda los intereses colectivos mucho antes que la libertad de expresión de un empresario, que fue por ejemplo el debate que ha habido en Ecuador a propósito de la Ley Orgánica de Comunicaciones. Por este derecho a los intereses creados, como en el caso de Argentina, grupos mediáticos como Clarín no pueden ser los depositarios de la libertad de expresión. Antes bien, ese ejercicio compete a profesionales siempre y cuando se respete en equilibrios y ponderados y que sea posible el acceso de otras voces. Desde el Informe MacBride hasta nuestros días este principio liberal de libre empresa informativa responde a lo que ha sucedido por ejemplo con el grupo Murdoch en Inglaterra de vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la privacidad, de transgresión de las leyes de espectacularización y mercantilización extrema que, desde luego, no está respetando los derechos humanos fundamentales en la mayoría de países porque lo que prima es la lógica del valor de la mercancía y la potestad, el principio básico constitucional de la mayoría de nuestros países de la libertad de expresión que supone un derecho político, un derecho social y una libertad pública que exige trascender mucho más de su realización mercantil o industrial que debe ser reconocida como tal, también como un principio incluido dentro de los derechos a la comunicación, el de la libertad de prensa informativa pero ésta no se ve vulnerada porque se regule en países como Argentina y Ecuador la estructura para limitar los niveles de concentración de propiedad. Antes bien, es una garantía para proteger al ciudadano de abusos de poder como la historia de la comunicación moderna que conocemos desde el Ciudadano Kane hasta nuestros días.
- El mundo adolece de lo que se denominan centralidad de la comunicación. En ese sentido siguen vigentes las premisas del Informe MacBride auspiciado por la Unesco en los años ochenta del siglo pasado y el cual propugnó porque se escucharan las múltiples voces del planeta, especialmente las del Sur. ¿Lo considera así?
- Algunos expertos que venimos luchando desde colectivos como la Unión Latina de Economía Política de la Información (ULEPICC), de movimientos sociales, desde la teoría crítica por los derechos de la comunicación, debemos referirnos a ese intento de democratizar el sistema mundial de comunicación. Por primera vez en la historia, Naciones Unidas específicamente la Unesco con la mayoría de los países del Sur planteó el tema, sobre el cual nosotros preferimos hablar del espíritu MacBride, en tres conceptos básicos que están presentes y que siguen siendo válidos para las propuestas democráticas y que de algún modo inspiran procesos regulatorios como el de Argentina, como el de Ecuador, como el de Venezuela, o Bolivia. La primera premisa es justamente concebir la información, no como una actividad mercantil, no como una mercancía sino fundamentalmente como un bien social, como un bien común y de suyo un objeto de regulación que afecta el derecho universal, que afecta al sujeto de derechos de la comunicación que es el ciudadano y por tanto hay que pensar la información como un bien público.
La segunda premisa que es básica y creo que además necesaria, lo estamos viendo en Unasur, es la necesidad de cooperación entre países y entre sectores, lamento que grandes grupos multimedia sean globales o angloamericanos como los de Murdoch, o a escala nacional como el grupo el Clarín en Argentina que no entienden que el derecho universal exige su activo de cooperación con los medios comunitarios, de cooperación con el sector público y no como estamos observando en América Latina como arietes de golpes de Estado, de golpes militares, golpes mediáticos que afectan no solo el derecho de información. En la centralidad de la comunicación en realidad está en juego el poder de luchar por otros derechos sociales y por otros derechos humanos en nuestros países. Y por tanto esta cultura de cooperación que está registrada como uno de los principios y aportes del Informe MacBride creo que se está recuperando en el caso de Unasur porque es estratégico la cooperación entre sectores, agentes culturales, poderes públicos y por supuesto entre países para desarrollar democráticamente una sociedad de la información para todos, un sistema de comunicación público y abierto.
Y la tercera premisa, creo que es una lección también básica, fundamental. Los que defienden la doctrina totalitaria liberal de libertad de expresión entendida como libertad de prensa informativa no quieren oír hablar de participación ciudadana, no quieren hablar de políticas públicas de comunicación, el Informe MacBride fue una lección de que no hay desarrollo, no hay democracia, no hay progreso, no hay identidad cultural sin participación ciudadana y sin políticas públicas. Lo que estamos viviendo en los últimos años en América Latina son políticas activas en regulación. Todavía nos queda un amplio camino, pero en ese sentido el Informe MacBride sigue siendo válido. Una comunicación debe de ser participativa para el desarrollo nacional, para la igualdad y acceso de todos los ciudadanos a los bienes simbólicos, a la información y la cultura y sin políticas públicas no es posible esta participación. Afortunadamente hay procesos regulatorios que son ejemplos hoy en día, por ejemplo, para la Unión Europea que va en sentido contrario, evitando la participación ciudadana en temas de comunicación publica, en proyectos sociales de información, propiciando la privatización de los medios públicos y negando la posibilidad de una política activa de los poderes públicos para regular y garantizar los derechos sociales a la comunicación.
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