Las mentiras de Vox y la
realidad de los jóvenes migrantes
Por Ana Gómez Salas
Rebelión
30/04/2021
La ultraderecha
avanza peligrosamente en el Estado español y se refuerza cada vez que desde los
espacios de poder y toma de decisiones se reproducen políticas o prácticas que
alientan la xenofobia y el racismo.
Esto acaba
dando legitimidad a los discursos de odio que luego son capitalizados de manera
muy efectiva por sus portavoces como VOX, formación que ha cobrado protagonismo
en la escena política actual.
Un claro
ejemplo de ello es la gestión de la migración asociada a las necesidades del
mercado de trabajo. Esta manera instrumental de regular las migraciones no solo
desconoce y se desentiende de las causas estructurales que las producen, sino
que genera un imaginario de competencia o disputa de recursos y servicios
escasos entre la clase trabajadora autóctona y la migrante. Esta premisa
alimenta prejuicios racistas utilizados como lemas electorales, tales como «primero
los de casa» o «los migrantes se llevan todas las ayudas«, entre
otros.
Por ello, al
cartel repudiable y mentiroso de VOX que muestra un chaval tutelado frente a la
una abuela española con la leyenda «Un MENA 4.700€ al mes, tu abuela
426€ de pensión al mes» es necesario entenderlo como resultado de una
política pública de abandono, desprotección y criminalización de este
colectivo. Comprender el asunto en sus múltiples dimensiones e identificar las
políticas, normativas y prácticas a las que son sometidos estos jóvenes, nos
permite ver la responsabilidad del sistema en su conjunto.
La realidad es
que la regulación legal que se aplica a adolescentes que llegan sin adultos
referentes a España constituye un marco político-normativo de excepción, que
prioriza los objetivos de selectividad y control migratorio a los de protección
general de la infancia. A ello se le suma la aplicación de un sistema judicial
restrictivo y cercenador de derechos, amparado por discursos mediáticos y de
violencia simbólica que los criminaliza y estigmatiza.
Por diferentes
causas, la inmensa mayoría de estos jóvenes no ingresan al sistema de
protección de la infancia y quienes lo hacen en general son sometidos a
procedimientos que no garantizan el interés superior del niño, principio rector
consagrado en la Convención de Derechos del Niño ( art. 3 CDN), destacando la
utilización en muchos casos de pruebas invasivas de determinación de la edad,
las cuales, desde diferentes ámbitos, han sido cuestionadas por violentar
derechos básicos e incluso la dignidad.
Muchos de estos
adolescentes acceden a la mayoría de edad sin contar con la autorización de
residencia a la que tienen derecho y que el estado español está obligado a
proveer, o bien, saliendo con autorización de residencia, no la pueden renovar
por motivos económicos. Por último, existe un déficit estructural en los
programas y recursos destinados a los jóvenes ex tutelados para preparar su
transición a la vida adulta. Nada mas lejos de las mentiras con que la extrema
derecha suma votos.
Desde hace
algún tiempo una sentencia regresiva del Tribunal Supremo (STS nº 1155/2018 de
9 de julio) vino a cambiar la doctrina anterior que aceptaba una cierta
flexibilización en las condiciones para la renovación de la residencia de los
jóvenes ex tutelados que hubieran alcanzado la mayoría de edad. Actualmente las
renovaciones de estas residencias son denegadas sistemáticamente por la
administración, alegando la falta de medios de vida propios, es decir derivados
de actividad laboral, sin considerar otras circunstancias, en especial la limitación
estructural de su estatus migratorio, ya que no disponen de una autorización de
trabajo. Ello implica que en la inmensa mayoría de casos acaban cayendo en la
irregularidad sobrevenida, profundizándose con esta práctica, su situación de
vulnerabilidad.
Esta realidad,
por otra parte, conecta con la hipocresía de una política migratoria que
establece como uno de sus fines la promoción por parte de los poderes públicos
de la plena integración de los extranjeros en la sociedad española, en
un marco de convivencia de identidades y culturas diversas sin más límite que
el respeto a la Constitución y la ley (art. 2 ter, Ley 14/2000 de 11
de enero). ¿Como es posible pensar en el ejercicio de los derechos
sociales, laborales, económicos o de participación, pilares básicos de la
integración social, si siendo menores son sometidos a una política que niega
derechos fundamentales, y luego al acceder a la mayoría de edad se les impide
poder continuar con sus papeles?
Cuestionar
estas prácticas regresivas, denunciarlas, activar el dialogo en la agenda
pública, incidir políticamente para producir cambios necesarios y la adopción
de políticas públicas con perspectiva de derechos hacia la infancia migrante,
no solo es una manera de cumplir los compromisos internaciones derechos
humanos, sino que puede funcionar como un antídoto frente a los discursos de
odio.
Ana Gómez Salas es abogada de la Red Jurídica Antirracista.
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