Las nacionalizaciones vuelven (una vez más) para
salvar al capitalismo…
Por Diego Herranz
Rebelion
07/04/2020
Fuentes: Público
La pandemia del
coronavirus ha vuelto a poner en jaque al libre mercado. Como en 2008, cuando
mandatarios como Nicolas Sarkozy pidieron una refundación del capitalismo o
líderes patronales como Gerardo Díaz Ferrán clamaban por un paréntesis que
regenerara la confianza perdida en las bolsas. Casi doce años después, el líder
del PP vuelve a agitar el supuesto fantasma de las nacionalizaciones. Pero el
mercado responde a Pablo Casado -son necesarias para salvar balances de
empresas y contener la recesión más profunda- y, de paso, entierra a dos de sus
referentes ideológicos: es el final del consenso neoliberal de Reagan y
Thatcher.
Cuando el 15 de
septiembre de 2008 el gobierno estadounidense, cuna del libre mercado, dio
orden de nacionalizar Lehman Brothers, mientras el Kremlin, arquetipo del
modelo estatalista de los regímenes comunistas, decretaba la suspensión de la
cotización de la Bolsa de Moscú -el gran emblema del libre mercado-, los
analistas se preguntaron a qué se debía este movimiento telúrico registrado en
los cimientos mismos de la arquitectura financiera internacional. En pocos
días, el ambiente se aclaró.
La teoría de que
la economía mundial se adentraba en un crash sin parangón desde 1929 cobró
rango de mandamiento. En medio de voces de autoridades políticas y de
dirigentes empresariales que reclamaban casi al unísono la urgente movilización
de recetas keynesianas que sacaran al capitalismo de su paradoja, de su duda
existencial.
El mercado
ofrece el primer signo de «rebote técnico» tras su caída vertical de marzo, que
refleja el «impacto de los gobiernos y bancos centrales por proteger sectores
enteros en tiempo récord» y poder gestionar la economía real de forma efectiva
La pandemia del
covid-19, su súbita e incontenible propagación, las excepcionales medidas de
confinamiento en todo el mundo y las obligadas hibernaciones económicas para
detener su expansión, limitar el catastrofismo sanitario y, sobre todo, frenar
el número de fallecimientos, ha vuelto a sacar a la palestra la contrariedad
que crea entre los defensores del neoliberalismo a ultranza del mercado
los episodios de grandes rescates públicos provocados por debacles
bursátiles, deterioros de los balances financieros por altas concentraciones de
activos tóxicos y recesiones económicas.
Uno de los
últimos exponentes de esta recurrente crítica al
intervencionismo estatal ha sido el presidente del PP, Pablo Casado, quien, en
una entrevista en Telecinco, aseguró que Podemos, socio de Gobierno de los
socialistas, quiere convertir España en Grecia: «Pablo Iglesias empieza a
decir que la propiedad privada está supeditada al interés general. Ya vemos
dónde conduce eso. A Venezuela o a Grecia. ¿Se va a nacionalizar un medio de
comunicación o una empresa privada y tenemos que apoyarlo?», espetó.
La pregunta,
cargada de ironía, de Casado ha tenido cumplida respuesta desde el mercado.
Yves Bonzon, CIO de Julius Bär, explica en un análisis de la coyuntura global
del banco suizo que el primer signo de «rebote técnico» en los mercados tras la
caída vertical de cotizaciones entre el 5 y el 23 de marzo, reflejan el
«impacto de los gobiernos por proteger sectores enteros de la economía en
tiempo récord» y evitar «ventas masivas [en las plazas financieras] forzadas
por inversores en busca de márgenes provechosos y beneficios inmediatos».
Pero «esta fase
parece superada», explica Bonzon, «gracias a la decisiva intervención de los
bancos centrales, que se aprovecharon de la experiencia labrada en la crisis de
2008» y que han logrado estabilizar la esfera financiera y, sobre todo,
mantener sus funciones activas y al día. Un compás de espera necesario para
«poder gestionar efectivamente la economía real».
El Chief
Information Officer de Julius Bär, en su diagnóstico de la última semana, va
más allá de esta descripción de la coyuntura, que anticipa un primer dique de
contención estatal -de bancos centrales y de gobiernos-, para amortiguar la meteórica
y profunda contracción de la actividad, que apunta a tasas de dobles dígitos,
con históricas destrucciones de empleo.
Bonzon habla de la
necesidad de acometer nacionalizaciones «para salvar los balances de las
empresas», de otra tregua -o paréntesis en la economía de mercado, como
reclamó en 2009 el entonces presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán- y del
final del consenso neoliberal de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Dos de los
referentes ideológicos en el PP.
O, al menos,
entre los grandes arquitectos del mal llamado milagro económico español y de
FAES, dos fuentes del pensamiento popular de los que nunca ha renegado
precisamente Casado. Una vez más -dice Bonzon- el shock provocado [por la
crisis del coronavirus] «en el sector privado ha condenado a las
economías» a pedir auxilio a modo de «respuestas monetarias y fiscales»
en nombre de su propia supervivencia. «Empresas y autónomos deben recibir al
menos una compensación parcial de sus ingresos perdidos» desde el ámbito
gubernamental.
Como si
percibieran una indemnización por daños derivados
de un desastre natural por parte de una aseguradora, aclara. «En ausencia de
tales transferencias», del Estado al sector privado, sus balances engordarían
con «deudas adicionales» que retrasarían de forma «considerable» la
recuperación posterior al confinamiento.
Saneamiento
estatal de empresas
«En otras palabras»
-suscribe el directivo de Julius Bär-, el sector privado no puede ser saneado
con recursos voluntarios -o forzosos- que procedan del ámbito empresarial.
Porque, «reducir o cancelar los alquileres, por ejemplo, de manera temporal,
puede aliviar casos individuales» pero, «colectivamente, dentro de un ámbito
nacional, alimentaría la espiral deflacionista».
De ahí que
-asegura- en nombre del interés general, medidas de apoyo como las garantías de
pago de los alquileres deban «proceder de las cuentas estatales»; lo cual
revela dos lecturas claves: que el riesgo de que se instauren políticas
intervencionistas bien intencionadas, aunque puedan llegar a ser
contraproducentes, «es elevado en los próximos meses» y que, sin el salvavidas
financiero de los gobiernos, las empresas «no tendrían salvación» posible.
Para, acto
seguido, señalar que el «consenso neoliberal nacido en los años ochenta» del
siglo pasado, «con Reagan y Thatcher [como estandartes], ha muerto
definitivamente» (is dead for good this time). En estos tiempos, aclara
Bonzon, «nos dirigimos hacia un capitalismo de estado, similar al que
una vez se practicó en la década de los cuarenta, durante la guerra». Es una
inexorable pérdida de la libertad de mercado. Pero «estamos ante el peligro de
que el control de la curva de rendimiento, como hace Japón, se extienda por
Europa y EEUU».
«Nos dirigimos
hacia un capitalismo de estado, similar al que una vez se practicó en la década
de los cuarenta, durante la guerra»; es una inexorable pérdida de la libertad
de mercado hasta que se restaure la curva de rendimiento en Europa y EEUU
Las
valoraciones oficiales del banco de inversión suizo también son un torrente de realidad sobre
las interpretaciones político-mediáticas que tildan de «ideológicas»
las medidas del Gobierno de coalición y sobre discursos
como los del Círculo de Empresarios, que se autodefine como un centro de
pensamiento del sector privado, y que arremeten contra el carácter
confiscatorio del gobierno o que, en boca de su presidente, John de Zulueta
(1947, Massachusetts), que dirigió las riendas de Sanitas durante casi dos
décadas, hasta 2009, y que considera a la ministra de Trabajo y Economía
Social, Yolanda Díaz, como una
«ultraizquierdista que trata a los empresarios como criminales», tal y como
refleja en una entrevista reciente en El Mundo.
De Europa,
asegura que la crisis del coronavirus la someterá a «un nuevo examen de
cohesión«. Después de que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, al que
define como el criterio surgido en Maastricht para evitar presiones
inflacionistas en la zona monetaria surgidas por déficits fiscales excesivos,
«haya muerto en combate».
El analista de
Julius Bär cree que la UE dejará atrás las políticas de austeridad, por efecto
de las coberturas sociales de emergencia indiscutible que deja la crisis del
coronavirus, aunque concede el poder en la batalla entre contribuyentes netos y
los socios en dificultades financieras a los países del norte.
Los englobados
en la rebautizada como Liga Hanseática, que «no dejarán opción» a las naciones meridionales.
Aunque no descarta que esa futura cohesión pase por un proyecto compartido como
los eurobonos, al que los
vecinos septentrionales dejarán entrar a los sureños capaces de gestionar
convenientemente sus niveles de endeudamiento.
Nacionalizaciones
por doquier
Los procesos de
intervencionismo, de nacionalización de empresas, en países como EEUU es una
recurrente tradición cultural. Tan americana como el Apple Pie, dice Thomas M.
Hanna, director de investigación en Democracy Collaborative y autor de Nuestra
riqueza Común: el Retorno a la Propiedad Pública en EEUU, en un artículo publicado en
la revista Jacobin, donde hace un repaso de esta práctica habitual; sobre todo,
en tiempos de crisis.
A pesar de «las
largas décadas de narrativa neoliberal» que construyó un mensaje de
«ineficiencia y debilidad» alrededor de todo lo que sea considerada economía
gubernamental, incluida su manifiesta incapacidad para genera un clima idóneo
para los negocios.
Y aunque la
Administración Obama, tras la crisis de 2008, cuando aún estaba en la Casa
Blanca George W. Bush, tomó acciones decisivas para la restauración de las
estructuras económicas estadounidenses, a través de casi un billón de dólares
de un programa de estímulo fiscal y otro similar en cuantía que sirvió de
rescate a entidades financieras -bancos y aseguradoras y grandes corporaciones-
e incluían el control federal de su gestión.
Pese a los
apelativos neoliberales de «ineficiencia y debilidad» a toda gestión económica
pública, EEUU tiene un extenso currículum confiscatorio, desde los
ferrocarriles al inicio del siglo XIX hasta la banca en la crisis de 2008
El tsunami
financiero demostró que la administración económica de los estados, no sólo en
EEUU, también en Europa y otras latitudes industrializadas o emergentes, están
lejos de ser débiles o de estar subordinadas a los designios del mercado.
Como ha
ocurrido a lo largo de la historia. Porque la tradición nacionalizadora
de EEUU es rica y extensa. Desde los ferrocarriles, los teléfonos o la
fabricación de armas en los años de la Primera Guerra Mundial, hasta la
Tennessee Electric Power Company (Tepco) y las extracciones de
oro y planta bajo el New Deal o, literalmente, cientos de compañías de
múltiples sectores industriales durante y tras la Segunda Guerra Mundial.
Pero también
las firmas productoras de acero en la Guerra de Corea, los peajes de pasajeros
y mercancías en los años setenta, el Banco Continental Illinois y varias
entidades de ahorro y de préstamo en los ochenta y bancos y marcas
automovilísticas en la primera década de este siglo. Un prolongado recorrido
que comenzó con el presidente Woodrow Wilson en diciembre de 1917, cuando
nacionalizó los ferrocarriles en una compañía federal que dio trabajo a más de
2 millones de personas y que, entonces, suponía el 12% del PIB americano.
Hasta el
credit-crunch de 2008, propiciado por los activos tóxicos de la banca, que
llevó a Rodrigo Rato, director gerente entonces del FMI a criticar la actitud
de los mercados de individualizar las ganancias y socializar las pérdidas
-considerado desde antes de su nombramiento como máximo responsable del Fondo
Monetario el arquitecto del milagro económico español- que confiscó los activos
y la gestión de entidades bancarias como Lehman Brothers o Merrill Lynch -que
luego se integró en Bank of America- y de aseguradoras como AIG.
Además de las
dos hipotecarias que engordaron la crisis subprime en el mercado inmobiliario
estadounidense -Freddie Mac y Fannie Mae- o General Motors, entre otros grandes
emporios que pasaron a manos del Tesoro. Momentáneamente o para su posterior
liquidación o puesta en venta en los mercados. Al igual que ocurrió en Reino
Unido, en Irlanda, Alemania, Bélgica, Holanda, Francia o Luxemburgo, donde se
tomaron el control de sus sistemas financieros y se dijo adiós al liberalismo
por un tiempo.
En el que el
jefe del Estado galo, Nicolas Sarkozy, llegó a reclamar sin tapujos y en el
seno del G-20, el foro llamado a ejercer de gobierno económico global, una
refundación del capitalismo.
En España, la
intervención de la banca, aquejada de activos tóxicos procedentes de años de
alta permisividad hipotecaria para abastecer el fervor comprado de vivienda de
un largo decenio de inmensas liberalizaciones de suelo con licencias inmediatas
para edificar y bajos tipos de interés, decretados desde el BCE para ayudar a
salir a Alemania de su recesión punto.com, en contra del criterio que
dictaminaba la coyuntura inflacionista del conjunto del área monetaria, motivó una
petición de rescate a Europa.
Edulcorado como
un préstamo en condiciones ventajosas, sin los controles de la troika
comunitaria -y la supervisión del FMI, como exigía el salvavidas irlandés o
portugués- y con la promesa, nunca cumplida, que el sector devolvería al
Estado, depositario de la ayuda europea, «hasta el último euro», según palabras
del entonces ministro de Economía y ahora vicepresidente del BCE, Luis de
Guindos.
De los más
de 65.000 millones a los que ascendió la factura definitiva del saneamiento de
las cuentas del sistema bancario español, las arcas del Estado español han
tenido que sufragar algo más 54.000 millones, tal y como admitía el Banco de
España a finales de 2019. Año y medio después de la salida de Mariano Rajoy de
Moncloa, una de cuyas primeras medidas fue acudir a Europa a pedir el aval
europeo. Banco de Valencia, Bankia, Catalunya Banc y NovaCaixaGalicia fueron
las grandes beneficiarias de esta inyección.
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