EDITORIAL
Incontinente Montoro
El ministro utiliza los datos fiscales como arma
arrojadiza; debe investigarse si infringe la ley
·
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
se ha especializado en utilizar políticamente los datos fiscales como un
instrumento de coacción política. El último caso es la difusión de los datos
tributarios del número tresde Podemos, Juan Carlos Monedero, pero
es tan solo el último hito de una larga cadena de advertencias y
recriminaciones que son incompatibles con la discreción exigible al ministro de
Hacienda de un país democrático. Amonestó a los medios de comunicación
críticos, insinuó que algunos diputados no pagan a Hacienda, hizo lo propio con
tertulianos y comentó los problemas fiscales de Luis Bárcenas o Jordi Pujol.
El artículo 95 de la Ley Tributaria
establece el carácter reservado de la información fiscal que obra en poder de
Hacienda. Existen razones para interpretar que el ministro incumplió este
artículo cuando difundió que Luis Bárcenas no se había beneficiado de la
amnistía fiscal; y no estaría de más que una investigación administrativa
definiera si en ese caso hubo infracción de la ley o no. Pero en otros muchos
casos, Montoro ha jugado hábilmente con los límites de lo que puede ser
considerado como “reservado” y con el deber de sigilo que invocan los
funcionarios de la Agencia Tributaria, y ha convertido sus intervenciones en
advertencias que los “advertidos” entienden con frecuencia como amenazas.
Mientras
la oposición decide si la incontinencia verbal del ministro merece una petición
de investigación, el primer tratamiento correctivo debe ser político. El
presidente del Gobierno y su vicepresidenta deberían trasladar al ministro que
la difusión de informaciones tributarias y las regañinas admonitorias que
suenan a chantaje, son contraproducentes para la credibilidad del Gobierno y
para el correcto funcionamiento de la Agencia Tributaria.
Da la impresión de que el ministro recaba
continuamente información tributaria para achantar a los grupos sociales
críticos con el Ejecutivo. Mancha además la labor de Hacienda con una imagen de
suficiencia pintoresca (calificó la información del caso Falciani como
“el aperitivo de lo que está en los ordenadores de la Agencia Tributaria”) y
obstaculiza la tarea de los inspectores al adelantar a los presuntos
infractores el interés del fisco en ellos. Que esto no lo entienda el ministro
Montoro es grave; pero que Rajoy y Sáenz de Santamaría no se sientan
concernidos, también.
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