España en su nuevo laberinto

 

España en su nuevo laberinto

 

Por José Luis Carretero Miramar

KAOSENLARED

4 de mayo de 2024 

 

El gobierno español presume de que el Producto Interior Bruto del país ha crecido, en 2023, un 2 % mientras la mayor parte de las economías de la Eurozona se encuentran en una situación de estancamiento o recesión técnica. La inflación ya no se mantiene en cifras desastrosas, gracias a la colaboración de los sindicatos mayoritarios, que han garantizado la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora negociando subidas salariales limitadas y aislando los movimientos huelguísticos que han acompañado a algunas negociaciones de convenios sectoriales importantes.

Además, la economía española recoge numerosas inversiones de fondos globales destinadas a convertir a la Península Ibérica en el principal “hub” energético de la Unión Europea. Mientras la competitividad de la industria alemana se desploma, ya que sus grandes empresas no pueden acceder a la energía barata rusa como había venido sucediendo en las últimas décadas, España atesora la mayoría de las plantas regasificadoras del continente europeo, lo que la transforma en el puerto de llegada del Gas Natural Licuado estadounidense o qatarí destinado a la industria centroeuropea. Al mismo tiempo, se despliegan numerosas iniciativas vinculadas con las renovables, facilitadas por el clima y la luminosidad del campo español, y se intenta convertir al sur peninsular en el gran centro de producción y distribución, a escala europea, del hidrógeno “verde” del futuro.

El mercado turístico muestra una recuperación total tras la pandemia, alcanzando, de nuevo, cerca del 14 % del Producto Interior Bruto. La economía española continúa estando basada en trabajo barato, precario y poco cualificado (y cada vez más, de origen migrante), lo que permite alimentar modelos de negocio poco tecnológicos. La productividad del trabajo y la inversión productiva se mantienen en el furgón de cola de Europa, pero la distribución de los fondos europeos y las recurrentes burbujas inmobiliarias garantizan la persistencia de una amplia “clase media” que, aunque mengua cada vez más, es un pilar de la estabilidad del sistema. Al mismo tiempo, las tasas de pobreza avanzan año tras año, y la precariedad es la norma vital en los barrios proletarios.

Sin embargo, el modelo político español aún no se ha recuperado del todo de la brutal sacudida que supusieron las movilizaciones sociales que siguieron a la crisis económica del año 2008. Aunque el llamado “Régimen del 78” (por el año de aprobación de la Constitución vigente, 1978) ha podido recuperarse en gran medida del shock político provocado por el Movimiento 15-M cooptando a cuadros de la movilización y ahogando hasta el colapso a su expresión parlamentaria (Podemos), lo cierto es que el escenario político español sigue siendo inestable y amenaza con derivar hacia el caos.

Por un lado, la absorción y desarme de las fuerzas a la izquierda del PSOE (el partido gobernante, socio-liberal) por parte del gobierno de Pedro Sánchez no ha permitido recomponer del todo el bipartidismo anterior. La derecha sigue fragmentada y la emergencia de un partido de ultraderecha con claros tintes neofranquistas (Vox) dificulta al Partido Popular (conservador) acceder al poder. Las últimas elecciones pusieron de manifiesto la debilidad del proyecto del PSOE (obligado a pactar con todas las fuerzas excepto el PP y Vox), pero también que va a ser difícil una victoria electoral de la derecha (PP) mientras necesite pactar para ello con Vox, ya que gran parte de la población está dispuesta a votar a quien sea para evitar la llegada de la ultraderecha al poder.

Por otro lado, las tensiones territoriales con el nacionalismo catalán, desatadas por las consecuencias de la declaración de independencia de la “República Catalana” en 2017, convierten este escenario en algo mucho más caótico e inestable. El PSOE necesita el apoyo parlamentario de los nacionalistas periféricos (vascos, catalanes, gallegos) para gobernar, y la derecha, cada vez más radicalizada, boicotea abiertamente toda tentativa de “desinflamar” (como lo ha llamado el presidente Sánchez) el conflicto abierto en Cataluña.

Hay que tener presente que los nacionalismos periféricos están formados por una amplia alianza de clases que incluye sectores progresistas y sectores burgueses de ideología abiertamente reaccionaria. De hecho, Junts per Catalunya, el partido del expresidente catalán Puigdemont es una organización abiertamente de derechas que ha reclamado en sus últimas negociaciones con el gobierno tener el control de la política migratoria en Cataluña para tratar de evitar la creciente competencia local de una naciente organización independentista de ultraderecha que ha centrado su discurso político en la lucha contra la inmigración (Aliança Catalana).

Esta caótica amalgama en las filas de los partidos que, de una manera u otra, apoyan al gobierno social-liberal y europeísta (el PSOE) genera numerosas contradicciones en el día a día del Parlamento. La derecha lo aprovecha para generar el caos desde su control incontestado del aparato judicial.

La última demostración de fuerza de la derecha judicial, de hecho, ha sido su abierta insumisión a la decisión parlamentaria de intentar aprobar una ley de amnistía para los represaliados y represaliadas por el conflicto catalán. Los jueces demuestran su abierta insurrección frente al poder legislativo multiplicando los cargos contra los represaliados, planteando acusaciones que saben insostenibles pero que permitirían inaplicar la ley de amnistía a personas concretas. El gobierno, finalmente, aprueba la ley de amnistía con una remisión expresa a la legislación europea, pues sabe que quién decidirá, en el transcurso de los próximos años, si la ley es aplicable será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La derecha controla también el Consejo General del Poder Judicial, negándose abiertamente a renovarlo en cumplimiento de la Constitución. Ampara en sus tramas mediáticas todo tipo de bulos y difamaciones a las personalidades de la izquierda. La patética demostración de debilidad del presidente del gobierno, con su “amenaza temporal de dimisión de las últimas semanas” es una muestra del poder omnímodo que, sobre el sistema judicial, tienen las redes familiares oligárquicas acrisoladas durante el franquismo, que nunca han dejado de ostentar el poder real en nuestra sociedad.

Mientras tanto, la represión contra los movimientos sociales se ha vuelto crecientemente ubicua. Seis jóvenes militantes del sindicato CNT están encausados con posibles penas de prisión por su participación en un conflicto laboral en la cafetería La Suiza de Xixón. Ocho compañeras de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara enfrentan también cargos penales por una acción de protesta pacífica frente a un desahucio.  Son sólo ejemplos de la multiplicidad de casos que se están dando por todo el territorio nacional, en los que se intenta condenar a los activistas sociales a penas desproporcionadas y sin precedentes en nuestro país, por actividades que tradicionalmente se consideraban fuera del ámbito penal por su relación estrecha con el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho de reunión o el derecho a la acción sindical.

La izquierda radical nada entre la confusión y la apatía. Se levantan algunas movilizaciones del sindicalismo combativo, del feminismo y del movimiento de lucha por la vivienda, así como algunas muestras de resistencia rural a la expansión de las renovables. Hay también un amplio movimiento del pequeño y medio campesinado contra las medidas neoliberales de la Unión Europea que intenta capitalizar la ultraderecha desviándolo hacia una crítica de las tibias posiciones ecologistas de la Unión.

En este escenario, el movimiento obrero revolucionario precisa de un proceso amplio de debate que permita la articulación de potentes estructuras organizativas, de nuevos discursos más apegados a los problemas de la vida real de la clase trabajadora, de líneas estratégicas claras y autónomas respecto de la socialdemocracia atlantista y del emergente “rojipardismo” reaccionario. Hay que recuperar el sentido de organización y la autonomía de clase. Hay que construir y lanzar mensajes claros y comprensibles a una clase trabajadora cada vez más fragmentada, precarizada y sumergida en la confusión ideológica y vital. En este escenario convulso y contradictorio es cada vez más importante transmitir claridad y decisión, tanto como deslindar los campos con los sectores que quieren llevar al movimiento obrero hacia una deriva disolvente, que defiende la “lúcida claudicación” y la primacía de lo espectacular, elitista y lúdico frente al trabajo de base, la formación colectiva y los procesos organizativos. Hay que combatir toda forma de fatalismo y trabajar decididamente para clarificar las líneas de desarrollo del conflicto de clase en las mentes y los corazones de la clase trabajadora, empujándola a la acción organizada.

Y todo ello en un momento en que los tambores de una posible guerra con Rusia se hacen cada vez más audibles en Europa. El presupuesto de defensa se multiplica mientras los servicios sociales y el precario Estado del Bienestar español se degradan a pasos agigantados. Los periódicos generalistas dedican gran parte de su espacio a la posibilidad de la guerra y se empieza a hablar de la recuperación del servicio militar obligatorio.

Si no queremos acabar siendo peones ensangrentados en el campo de batalla de los grandes oligarcas globales, tendremos que organizarnos para cambiarlo todo.

España en su nuevo laberinto

Actualizado el 4 de mayo de 2024 / Por José Luis Carretero Miramar

El gobierno español presume de que el Producto Interior Bruto del país ha crecido, en 2023, un 2 % mientras la mayor parte de las economías de la Eurozona se encuentran en una situación de estancamiento o recesión técnica. La inflación ya no se mantiene en cifras desastrosas, gracias a la colaboración de los sindicatos mayoritarios, que han garantizado la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora negociando subidas salariales limitadas y aislando los movimientos huelguísticos que han acompañado a algunas negociaciones de convenios sectoriales importantes.

Además, la economía española recoge numerosas inversiones de fondos globales destinadas a convertir a la Península Ibérica en el principal “hub” energético de la Unión Europea. Mientras la competitividad de la industria alemana se desploma, ya que sus grandes empresas no pueden acceder a la energía barata rusa como había venido sucediendo en las últimas décadas, España atesora la mayoría de las plantas regasificadoras del continente europeo, lo que la transforma en el puerto de llegada del Gas Natural Licuado estadounidense o qatarí destinado a la industria centroeuropea. Al mismo tiempo, se despliegan numerosas iniciativas vinculadas con las renovables, facilitadas por el clima y la luminosidad del campo español, y se intenta convertir al sur peninsular en el gran centro de producción y distribución, a escala europea, del hidrógeno “verde” del futuro.

El mercado turístico muestra una recuperación total tras la pandemia, alcanzando, de nuevo, cerca del 14 % del Producto Interior Bruto. La economía española continúa estando basada en trabajo barato, precario y poco cualificado (y cada vez más, de origen migrante), lo que permite alimentar modelos de negocio poco tecnológicos. La productividad del trabajo y la inversión productiva se mantienen en el furgón de cola de Europa, pero la distribución de los fondos europeos y las recurrentes burbujas inmobiliarias garantizan la persistencia de una amplia “clase media” que, aunque mengua cada vez más, es un pilar de la estabilidad del sistema. Al mismo tiempo, las tasas de pobreza avanzan año tras año, y la precariedad es la norma vital en los barrios proletarios.

Sin embargo, el modelo político español aún no se ha recuperado del todo de la brutal sacudida que supusieron las movilizaciones sociales que siguieron a la crisis económica del año 2008. Aunque el llamado “Régimen del 78” (por el año de aprobación de la Constitución vigente, 1978) ha podido recuperarse en gran medida del shock político provocado por el Movimiento 15-M cooptando a cuadros de la movilización y ahogando hasta el colapso a su expresión parlamentaria (Podemos), lo cierto es que el escenario político español sigue siendo inestable y amenaza con derivar hacia el caos.

Por un lado, la absorción y desarme de las fuerzas a la izquierda del PSOE (el partido gobernante, socio-liberal) por parte del gobierno de Pedro Sánchez no ha permitido recomponer del todo el bipartidismo anterior. La derecha sigue fragmentada y la emergencia de un partido de ultraderecha con claros tintes neofranquistas (Vox) dificulta al Partido Popular (conservador) acceder al poder. Las últimas elecciones pusieron de manifiesto la debilidad del proyecto del PSOE (obligado a pactar con todas las fuerzas excepto el PP y Vox), pero también que va a ser difícil una victoria electoral de la derecha (PP) mientras necesite pactar para ello con Vox, ya que gran parte de la población está dispuesta a votar a quien sea para evitar la llegada de la ultraderecha al poder.

Por otro lado, las tensiones territoriales con el nacionalismo catalán, desatadas por las consecuencias de la declaración de independencia de la “República Catalana” en 2017, convierten este escenario en algo mucho más caótico e inestable. El PSOE necesita el apoyo parlamentario de los nacionalistas periféricos (vascos, catalanes, gallegos) para gobernar, y la derecha, cada vez más radicalizada, boicotea abiertamente toda tentativa de “desinflamar” (como lo ha llamado el presidente Sánchez) el conflicto abierto en Cataluña.

Hay que tener presente que los nacionalismos periféricos están formados por una amplia alianza de clases que incluye sectores progresistas y sectores burgueses de ideología abiertamente reaccionaria. De hecho, Junts per Catalunya, el partido del expresidente catalán Puigdemont es una organización abiertamente de derechas que ha reclamado en sus últimas negociaciones con el gobierno tener el control de la política migratoria en Cataluña para tratar de evitar la creciente competencia local de una naciente organización independentista de ultraderecha que ha centrado su discurso político en la lucha contra la inmigración (Aliança Catalana).

Esta caótica amalgama en las filas de los partidos que, de una manera u otra, apoyan al gobierno social-liberal y europeísta (el PSOE) genera numerosas contradicciones en el día a día del Parlamento. La derecha lo aprovecha para generar el caos desde su control incontestado del aparato judicial.

La última demostración de fuerza de la derecha judicial, de hecho, ha sido su abierta insumisión a la decisión parlamentaria de intentar aprobar una ley de amnistía para los represaliados y represaliadas por el conflicto catalán. Los jueces demuestran su abierta insurrección frente al poder legislativo multiplicando los cargos contra los represaliados, planteando acusaciones que saben insostenibles pero que permitirían inaplicar la ley de amnistía a personas concretas. El gobierno, finalmente, aprueba la ley de amnistía con una remisión expresa a la legislación europea, pues sabe que quién decidirá, en el transcurso de los próximos años, si la ley es aplicable será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La derecha controla también el Consejo General del Poder Judicial, negándose abiertamente a renovarlo en cumplimiento de la Constitución. Ampara en sus tramas mediáticas todo tipo de bulos y difamaciones a las personalidades de la izquierda. La patética demostración de debilidad del presidente del gobierno, con su “amenaza temporal de dimisión de las últimas semanas” es una muestra del poder omnímodo que, sobre el sistema judicial, tienen las redes familiares oligárquicas acrisoladas durante el franquismo, que nunca han dejado de ostentar el poder real en nuestra sociedad.

Mientras tanto, la represión contra los movimientos sociales se ha vuelto crecientemente ubicua. Seis jóvenes militantes del sindicato CNT están encausados con posibles penas de prisión por su participación en un conflicto laboral en la cafetería La Suiza de Xixón. Ocho compañeras de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara enfrentan también cargos penales por una acción de protesta pacífica frente a un desahucio.  Son sólo ejemplos de la multiplicidad de casos que se están dando por todo el territorio nacional, en los que se intenta condenar a los activistas sociales a penas desproporcionadas y sin precedentes en nuestro país, por actividades que tradicionalmente se consideraban fuera del ámbito penal por su relación estrecha con el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho de reunión o el derecho a la acción sindical.

La izquierda radical nada entre la confusión y la apatía. Se levantan algunas movilizaciones del sindicalismo combativo, del feminismo y del movimiento de lucha por la vivienda, así como algunas muestras de resistencia rural a la expansión de las renovables. Hay también un amplio movimiento del pequeño y medio campesinado contra las medidas neoliberales de la Unión Europea que intenta capitalizar la ultraderecha desviándolo hacia una crítica de las tibias posiciones ecologistas de la Unión.

En este escenario, el movimiento obrero revolucionario precisa de un proceso amplio de debate que permita la articulación de potentes estructuras organizativas, de nuevos discursos más apegados a los problemas de la vida real de la clase trabajadora, de líneas estratégicas claras y autónomas respecto de la socialdemocracia atlantista y del emergente “rojipardismo” reaccionario. Hay que recuperar el sentido de organización y la autonomía de clase. Hay que construir y lanzar mensajes claros y comprensibles a una clase trabajadora cada vez más fragmentada, precarizada y sumergida en la confusión ideológica y vital. En este escenario convulso y contradictorio es cada vez más importante transmitir claridad y decisión, tanto como deslindar los campos con los sectores que quieren llevar al movimiento obrero hacia una deriva disolvente, que defiende la “lúcida claudicación” y la primacía de lo espectacular, elitista y lúdico frente al trabajo de base, la formación colectiva y los procesos organizativos. Hay que combatir toda forma de fatalismo y trabajar decididamente para clarificar las líneas de desarrollo del conflicto de clase en las mentes y los corazones de la clase trabajadora, empujándola a la acción organizada.

Y todo ello en un momento en que los tambores de una posible guerra con Rusia se hacen cada vez más audibles en Europa. El presupuesto de defensa se multiplica mientras los servicios sociales y el precario Estado del Bienestar español se degradan a pasos agigantados. Los periódicos generalistas dedican gran parte de su espacio a la posibilidad de la guerra y se empieza a hablar de la recuperación del servicio militar obligatorio.

Si no queremos acabar siendo peones ensangrentados en el campo de batalla de los grandes oligarcas globales, tendremos que organizarnos para cambiarlo todo.

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