Los
intereses de la deuda pública española superan los 31.000 millones €, más que
el gasto en prestaciones por desempleo (… y subiendo)
Por Grup
Antimilitarista Tortuga
KAOSENLARED
19 de septiembre de 2023
El
aumento de los tipos de interés no sólo encarece las hipotecas. También dispara
los intereses de la deuda pública, que superará los 31.000 millones de euros en
2023 (…y subiendo). Es más que el gasto en prestaciones por desempleo, según
los cálculos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) españoles, que se
ven superados por la realidad.
El pasado jueves, 27 de
julio de 2023, el Banco Central Europeo (BCE) volvió a subir los tipos de
interés por novena vez consecutiva, hasta el 4,25% [1]. Este aumento no sólo
encarece las hipotecas. También dispara los intereses de la deuda pública, que
en el Estado español alcanzó el 113% del PIB el pasado mes de marzo, hasta los
1,53 billones de euros [2].
Según las estimaciones de
los Presupuestos Generales del Estado, los intereses de la deuda pública
alcanzarían los 31.275,10 millones de euros en 2023. Para hacernos una idea de
lo que supone esta cuantía, es considerablemente más de lo que se gastará en
prestaciones por desempleo (21.278,02 millones de euros). Pero muy
probablemente la cifra será mayor, pues las previsiones presupuestarias para
este año se presentaron en octubre de 2022, cuando los tipos estaban aún al 2%
[3].
De hecho, si el Gobierno ha
calculado que el gasto en intereses de la deuda suponga un 2,4% del PIB en
2023, para 2026 prevé que destinará nada menos que el 2,9%, lo que excederá de
los 40.000 millones de euros, suponiendo que el PIB alcance los 1,42 billones
de euros y la deuda pública el 106,8% del PIB dentro de tres años, según las
estimaciones que figuran en la Actualización del Programa de Estabilidad
2023-2026 remitida a la Comisión Europea (CE) el pasado mes de abril [4]. El
propio documento reconoce el impacto de la fuerte subida de tipos de interés
del Banco Central Europeo y prevé a partir de 2024 un aumento moderado del
gasto en intereses como porcentaje del PIB.
En su Informe sobre España
2023 del mes de mayo, la Comisión Europea advierte que “los riesgos a medio
plazo para la sostenibilidad de la política fiscal son elevados en términos
generales”. Además, sus previsiones estocásticas (estadísticas aleatorias)
vuelven a advertir de la existencia de un riesgo elevado: “Estas previsiones
señalan una probabilidad del 32% de que la ratio de deuda en 2027 sea mayor que
en 2022, lo que conlleva un alto riesgo habida cuenta del elevado nivel inicial
de deuda. Además, estas perturbaciones apuntan a una incertidumbre
significativa en torno a las previsiones de deuda de referencia”, indican [5].
Ese mismo informe de la
Comisión Europea refleja la evolución de la deuda pública española en los
últimos años, que ha pasado del 40,7% del PIB en los años 2004-7 a superar el
100% en 2013-19 y sobrepasar el 120% en 2020. A ese subidón ha contribuido en
gran medida el rescate financiero, sin que la banca española haya devuelto esa
hipoteca a las manos públicas. Y ello bajo la estricta supervisión de la UE.
En el año 2012, a causa del
rescate a la banca, el déficit público español escaló al 10,6%, el más alto de
la UE, y la deuda pública se infló del 69,3% del PIB en 2011 al 84,2% en 2012,
siendo la que más rápido creció entonces entre los Veintisiete. Mucho más
recientemente, Bruselas obligó a incluir el desastre de gestión del banco malo
(SAREB) en el cómputo de la deuda pública, lo que la hizo aumentar en cerca de
35.000 millones de euros, con lo que alcanzó el 120% del PIB en 2020, en plena
pandemia de Covid-19.
Es curioso constatar cómo
todos los organismos que advierten sobre la sostenibilidad de la deuda pública
española hacen hincapié en el gasto en pensiones, pero no en los miles de
millones de euros públicos que se han destinado gratis et amore para rescatar a
la banca. Es el caso de la Autoridad Independiente de responsabilidad Fiscal
(AIReF), que en su Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones
Públicas a largo plazo: la incidencia de la demografía [6], del pasado mes de
marzo, advierte que, a la altura de 2070, la deuda pública podría alcanzar el
186% del PIB y el déficit el 7%. E incide en el envejecimiento de la población,
pero no en los desequilibrios financieros. Además, señala “la vulnerabilidad
del país por el elevado nivel de deuda y déficit estructural” ante la reforma
del marco fiscal europeo.
El más reciente número de
Cuadernos de Información Económica de la Fundación de las Cajas de Ahorros
(Funcas) [7], advierte de la necesidad de frenar el aumento del coste de la
deuda por la subida de los tipos de interés y apunta “la vuelta a las reglas
fiscales en Europa, el momento de restricción monetaria y la desaceleración
prevista de la economía”.
Precisamente, la reforma de
las reglas fiscales es una de las prioridades de la Presidencia española del
Consejo de la Unión Europea [8], en el segundo semestre de 2023, que coincide
con los resultados de las Elecciones Generales del 23 de julio. Así lo expone
la Presidencia española del Consejo de la UE en su página web: “Trabajaremos
para una adecuada revisión del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, y para
una reforma de las reglas fiscales que permita superar la austeridad, aumentar
la transparencia, y combinar la sostenibilidad de las finanzas públicas con la
correcta financiación de las transiciones verde y digital”.
Cabe recordar que en 2011,
meses antes del rescate a la banca, PSOE y PP se pusieron de acuerdo para
cambiar con agosticidad el artículo 135 de la Constitución Española, y así
priorizar absolutamente el pago de “los intereses y el capital” de los créditos
de la deuda pública. Dicha modificación del artículo 135 contradice la figura
del interés general, que está protegida a lo largo de toda la Constitución
Española, desde el 47, que se refiere al derecho a una vivienda digna y adecuada
en el Título I, hasta el 128, que dice literalmente: “Toda la riqueza del país
en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al
interés general”. La segunda parte de este artículo contempla “la intervención
de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.
Notas
[1] Banco
Central Europeo (BCE). (27/07/2023). Decisiones de política monetaria. [Nota de
prensa] https://www.ecb.europa.eu/press/pr/… da80cfcf24.es.html
[2] Banco
de España. (17/05/2023). La deuda de las Administraciones Públicas ascendió a
1.535 mm de euros, el 113% del PIB, en marzo de 2023. https://www.bde.es/wbe/es/noticias-…
[3]
Ministerio de Hacienda. ( 06/10/2022). Proyecto de Presupuestos Generales del
Estado 2023. https://www.sepg.pap.hacienda.gob.e…
[4]
Asuntos Económicos y Transformación Digital. (28/04/2023). España adelanta a
2024 la reducción del déficit público al 3% aprovechando el crecimiento
económico, la creación de empleo y el impacto del Plan de Recuperación. La
Moncloa. https://www.lamoncloa.gob.es/servic…
[5]
Comisión Europea. (24/05/2023). Informe sobre España – 2023. https://eur-lex.europa.eu/legal-con…
[6]
AIReF. (24/03/2023). Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones
Públicas a largo plazo: La incidencia de la demografía. https://www.airef.es/wp-content/upl…ÓN-SOSTENIBILIDAD/AIReF-2023_Opinion-sostenibilidad-de-las-AAPP-largo-plazo.pdf
[7]
Funcas. (13/07/2023). España debe empezar a reducir la ratio de deuda pública
sobre PIB cuanto antes. Cuadernos de Información Económica #295. https://www.funcas.es/prensa/espana…
[8]
Presidencia Española. Consejo de la Unión Europea. (julio 2023).
Prioridades. https://spanish-presidency.consiliu…
Fátima Martín es periodista, miembro del CADTM del Estado español. Es
coautora, junto con Jérôme Duval, del libro Construcción europea al servicio de
los mercados financieros, Icaria editorial 2016. Actualmente está desarrollando
el periódico ’online’ FemeninoRural.com.
Fuente: https://www.cadtm.org/Los-intereses…
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