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La «rebelión gaditana»: una huelga que desafía a la patronal y los «sindicatos» del sistema

 


La «rebelión gaditana»: una huelga que desafía a la patronal y los «sindicatos» del sistema

 

Por Canarias Semanal

KAOSENLARED

3 de julio de 2025 

 

Cádiz resiste mientras los grandes sindicatos pactan a espaldas de los trabajadores. ¿Qué papel han jugado UGT y CCOO frente a las demandas reales de la plantilla?

¿Qué ocurre cuando quienes deberían defenderte terminan pactando con tus verdugos? ¿Qué sucede cuando los sindicatos mayoritarios ya no son instrumentos de lucha, sino engranajes del sistema contra el que se suponía que luchaban? La reciente huelga del sector industrial en Cádiz no ha sido solo una protesta laboral, sino un terremoto político y social que ha evidenciado la creciente fractura entre la clase trabajadora y el sindicalismo institucional (…).

REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL.ORG

La reciente huelga que ha sacudido la provincia de Cádiz este mes de junio de 2025 ha vuelto a colocar sobre la mesa esas preguntas fundamentales.

Durante las últimas semanas, centenares de trabajadores del sector naval e industrial gaditano se han declarado en huelga, protestando contra despidos masivos, externalizaciones, congelación salarial y el incumplimiento sistemático de convenios colectivos. Las protestas, que comenzaron en los astilleros de Puerto Real y San Fernando, pronto se extendieron a otros centros de trabajo de la Bahía. El descontento no tardó en convertirse en movilización activa.

Sin embargo, mientras las calles de Cádiz ardían en marchas, piquetes, bloqueos y enfrentamientos con la policía, las sedes de CCOO y UGT permanecían extrañamente tranquilas. Lejos de respaldar con contundencia la lucha de los obreros, las direcciones provinciales y regionales de estos sindicatos han optado por el camino habitual: reuniones discretas con la patronal y las autoridades, búsqueda de “acuerdos razonables” y llamados al diálogo social.

Una vez más, el sindicalismo institucional ha jugado el papel de bombero del conflicto, intentando desmovilizar, rebajar las exigencias obreras y evitar una radicalización que pudiera “desbordar el marco legal”.

Según testimonios recogidos por colectivos de base, la ruptura entre los trabajadores y sus supuestos representantes sindicales es cada vez más profunda.

    “Nos han dejado solos”, declaraba un portavoz de la plantilla de Dragados Offshore,

“han firmado acuerdos sin consultarnos, han aceptado la pérdida de derechos que llevamos décadas defendiendo”.

Pero lo más grave, como han denunciado varias asambleas obreras surgidas al calor de la huelga, es que los grandes sindicatos no sólo han abandonado la lucha, sino que han saboteado activamente las iniciativas autónomas de los trabajadores.

Se han negado a convocar huelgas generales en toda la provincia, han deslegitimado públicamente los cortes de carretera organizados por la base, y han lanzado comunicados criminalizando la protesta combativa.

En este contexto, la indignación se ha traducido en organización autónoma. Han surgido comités de huelga al margen de las estructuras oficiales, se han reactivado redes solidarias en los barrios, y se han sumado al conflicto, estudiantes, parados y movimientos sociales.

La huelga en Cádiz ha dejado de ser sólo laboral: se ha convertido en un grito generalizado contra la precariedad, el abandono institucional y la domesticación sindical.

Este episodio no es aislado. Forma parte de una tendencia que se repite en todo el Estado español: una profunda crisis de legitimidad del sindicalismo mayoritario, cada vez más alejado de los intereses reales de la clase trabajadora. Mientras UGT y CCOO gestionan fondos de formación, subvenciones estatales y mesas de concertación, miles de trabajadores se organizan desde abajo para defender su dignidad, sin esperar nada de quienes ya los han traicionado demasiadas veces.

Lo que está ocurriendo en Cádiz no es sólo una huelga. Es también una ruptura. Una fisura en el modelo de relaciones laborales que se pretende imponer. Y en esa fisura crece la esperanza de una nueva organización obrera: más horizontal, combativa y ajena a los pactos que sólo benefician a las empresas y al Estado.

 

VÍDEO RELACIONADO:

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Elecciones en Chile

 

Mujer y comunista, Jeanette Jara se ha impuesto en las primarias presidenciales chilenas de las fuerzas políticas de izquierda. Ex ministra del gobierno de Boric, será la candidata del Partido Comunista a las elecciones presidenciales. Y puede ganar.


Elecciones en Chile


Vijay PrashadTaroa Zúñiga

El Viejo Topo

4 julio, 2025 



UNA COMUNISTA GANA LAS ELECCIONES PRIMARIAS EN CHILE Y SE PREPARA PARA BATALLAR CONTRA LA DERECHA EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE NOVIEMBRE

Jeanette Jara (nacida en 1974) se impuso en las primarias presidenciales chilenas de las cuatro principales fuerzas políticas de izquierda, celebradas el 29 de junio de 2025. Con el 60% de los votos, Jara derrotó a Carolina Toha, del Partido Socialista Democrático (28%), Gonzalo Winter, del Frente Amplio (9%), y Jaime Mulet, de la FRVS, una fusión de los Verdes y los Progresistas (2%). En noviembre, Jara encabezará la coalición Unidad para Chile en las elecciones presidenciales, donde se enfrentará al candidato o candidata de la derecha, que será Evelyn Matthei (nacida en 1953), de la Unión Demócrata Independiente (UDI), o José Antonio Kast (nacido en 1966), del Partido Republicano, o a ambos si no logran ponerse de acuerdo en un solo candidato. Si tanto Matthei como Kast se mantienen en la carrera dividirán, por supuesto, el voto de la derecha y le brindarán a Jara una oportunidad histórica de ganar las elecciones como comunista. Esto no ha sucedido en la historia de Chile. Si Matthei y Kast deciden apoyar a uno u otro y se llevan todos los votos de la derecha, parece probable que la izquierda no gane. Pero noviembre está lejos y el júbilo por tener a Jara como candidata de la coalición Unidad para Chile es evidente. Las celebraciones del 29 de junio se prolongaron hasta bien entrada la noche, con las banderas de los distintos grupos de izquierda ondeando en lo alto.

Jara fue parte del Gobierno de Gabriel Boric, que asumió el cargo en 2022. Desde marzo de 2022, Jara ocupó el cargo de ministro de Trabajo y Seguridad Social de Boric, del que dimitió en abril de este año para presentarse como candidata del Partido Comunista de Chile a las elecciones presidenciales. Fue la primera vez que una comunista ocupaba un cargo ministerial en Chile desde el golpe militar de Augusto Pinochet contra el Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende (1970-1973); durante el Gobierno de Allende, los ministros comunistas fueron Orlando Millas (Hacienda) y Luis Figueroa Mazuela (Trabajo y Seguridad Social).

Antes de las elecciones que llevaron a Boric al poder, nos habíamos reunido con él y nos dijo que su prioridad más importante era la reforma de las pensiones. No fue ninguna sorpresa que recurriera a Jara para llevar a cabo esta reforma en su Gobierno. Ella había trabajado como subsecretaria de Desarrollo Social (MDS) entre 2016 y 2018 en el Gobierno de la socialdemócrata Michelle Bachelet (enormemente popular en Chile por su mandato como presidenta entre 2006 y 2010 y entre 2014 y 2018, confidente de Jara y probable próxima secretaria general de las Naciones Unidas). Las reformas de las pensiones son muy difíciles, divididas entre los compromisos neoliberales de las instituciones financieras dentro del Gobierno y las dificultades de los cálculos presupuestarios basados en los bajos niveles de ingresos procedentes de los impuestos. El intento de reforma de las pensiones de Jara tuvo que construirse a través de concesiones y coaliciones, lo que, por supuesto, debilitó su potencial radical. Pero, incluso con todo ello, la reforma de las pensiones aumentó las cotizaciones de los empleadores en un nuevo 7%, reforzó la Pensión Universal Garantizada, proporcionó una sustancial igualdad de género y fortaleció la regulación del sector de las pensiones. Cualquier cosa que no sea la eliminación de la financiación privada en los planes de pensiones no satisfará a un marxista, pero Jara tuvo que trabajar en las condiciones que se le dieron, que no permitían más que unas pocas reformas importantes en lugar de algo más revolucionario.

Cuando la victoria de Jara en las primarias era ya segura, su antiguo jefe, el presidente Boric, la felicitó y le dijo: “Lo que nos espera no será fácil, pero Jeannette sabe lo que son las batallas difíciles. Ahora, trabajemos todos juntos por la unidad para reunir a la mayoría de nuestros compatriotas y seguir construyendo un país más justo, más seguro y más feliz”. Boric también dijo que Jara sería mejor presidenta que él. La dura batalla está garantizada, pero Boric tiene razón: Jara sabe lo que son las batallas difíciles. Nacida en Conchalí, al norte de Santiago, de padres de izquierdas –su padre, Sergio Jara, mecánico industrial, y su madre, Jeannette Román, ama de casa con cinco hijos–, Jara se afilió a las Juventudes Comunistas a los catorce años, la edad mínima para hacerlo. Se casó a los 19 años y enviudó a los 21, lo que supuso un duro golpe para esta joven. “Fue un período de duelo muy largo”, dijo Jara. Pero eso no la detuvo. En 1997 se convirtió en presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach) y lideró una serie de huelgas estudiantiles contra la presidencia de Eduardo Frei (1994-2000). En 1999, Jara se afilió al Partido Comunista y, cuando fue entrevistada por su periódico El Siglo unos años después, dijo de su generación de comunistas: “Somos conservadores. Nos falta audacia política e instinto. Tenemos que demostrar que nuestras opiniones son diversas. En la izquierda, no se debe deferir a nadie simplemente por ponerse delante de un guanaco [un vehículo antidisturbios]”.

El estilo de Jara, su naturalidad en Instagram, por ejemplo, le ha valido un gran número de seguidores. Mientras preparaba café instantáneo en su cocina y hablaba de la difunta líder comunista Gladys Marín, su oponente, Carolina Tohá, preparaba café boliviano en una cafetera francesa y hablaba de los aranceles de Trump. El padre de Kast, Michael Kast Shindele, huyó de Alemania en la década de 1950 para evitar ser sometido a la desnazificación. Era teniente de la Wehrmacht y miembro del Partido Nazi. Cuando Michael Kast llegó a Chile, se unió a su familia para hacerse muy rico, inicialmente con una fábrica de embutidos. Su hijo, el político, no reniega de su padre y, de hecho, tiene opiniones comparables a la ideología que lo había cautivado.

Matthei no es tan extremista como Kast y se posicionará como una persona más liberal, tratando de manchar a Jara con la negatividad que rodea al comunismo en la sociedad chilena. Al igual que Kast, Matthei tiene un padre que supondrá un reto para su hija. Fernando Matthei Aubel, hijo de un militar alemán entrenado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, regresó a Chile tras el golpe de Estado de 1973 para convertirse en general. Durante la dictadura, se dice que el general Matthei dirigió el programa de pruebas de armas bacteriológicas contra presos políticos. Su hija, Evelyn, se unió al Gobierno de la dictadura militar en sus últimos años para privatizar el sistema de pensiones. En 2024, The Economist dijo de ella que es “la mujer que liderará la contrarrevolución chilena”. Aunque Matthei intenta ocultar su extremismo, recientemente afirmó que las muertes durante la dictadura militar fueron inevitables.

Así pues, las elecciones podrían disputarse entre Jara, una comunista trabajadora que quiere construir un sistema de pensiones social, y Matthei, que trabajó en una dictadura militar para privatizar el sistema de pensiones. Si la elección fuera tan sencilla, no habría elecciones reales. Pero en los próximos meses, los medios de comunicación se llenarán de medias verdades y mentiras descaradas. La primera batalla de Jara será contra la percepción: los medios ya la han atacado duramente por ser comunista; Jara tendrá que dar un giro al anticomunismo en Chile, que se cultivó durante la dictadura.

Si Jara gana, será la primera comunista en llegar a la presidencia de Chile.

Fuente: Globetrotter

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Tres velocidades para las religiones en el Estado Español: así se privilegia la financiación pública de la iglesia católica

 


Tres velocidades para las religiones en el Estado Español: así se privilegia la financiación pública de la iglesia católica



Redacción Kaosenlared

3 de julio de 2025 / Por 


Mientras la Constitución Española proclama la aconfesionalidad del Estado, la realidad fiscal muestra una clara jerarquía religiosa. La financiación pública de las confesiones en el Estado Español se articula en tres niveles distintos, generando una situación de desigualdad que expertos califican de “injustificada” y “anticonstitucional”. La Iglesia católica goza de una vía de financiación exclusiva a través del IRPF, mientras otras confesiones reconocidas y miles de comunidades minoritarias quedan fuera del sistema.

 Una Iglesia con acceso directo al IRPF

Desde 2007, la Iglesia católica es la única confesión en España que accede directamente a un porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Al marcar la “X” en la casilla correspondiente de la declaración de la renta, los contribuyentes pueden destinar un 0,7% de sus impuestos al sostenimiento de la Iglesia.

Según datos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), más de 7 millones de personas (sólo un 10,4% de los contribuyentes) marcaron esta casilla en 2023, lo que supuso cerca de 300 millones de euros de financiación directa. Según la Fundación Ferrer i Guàrdia y otras fuentes la asignación mediante la “X del IRPF” generó unos 297,7M en 2024. Si a ello se le suman exenciones fiscales, escuela concertada, patrimonio y capellanía, la Iglesia recibe más de 3.400M/año.

Sin embargo, esta vía de financiación no está disponible para otras confesiones religiosas, ni siquiera aquellas con las que el Estado ha firmado acuerdos de cooperación.

«Este trato preferente vulnera el principio de neutralidad religiosa que establece la Constitución”, advierte Alejandro Torres Gutiérrez, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado. “No se puede justificar una financiación exclusiva para una confesión mientras se margina al resto”.

Confesiones con Acuerdo, pero sin IRPF

En 1992, el Estado español firmó acuerdos de cooperación con tres confesiones religiosas: la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y la Comisión Islámica de España (CIE). Estos acuerdos les reconocen como interlocutores legítimos y garantizan ciertas exenciones fiscales, acceso a la enseñanza religiosa en colegios públicos y apoyo institucional.

Sin embargo, en el momento de la negociación, el acceso a la casilla del IRPF fue denegado. El argumento oficial fue que la asignación tributaria a la Iglesia católica era una fórmula “transitoria”, pendiente de una autofinanciación que nunca llegó. Más de treinta años después, la exclusividad se mantiene.

“Es evidente que la Iglesia católica ha consolidado una posición de privilegio que no se ha querido extender a otras confesiones”, señala Adoración Castro Jover, profesora de Derecho en la Universidad de Almería. “No es una cuestión de fe, sino de igualdad ante la ley”.

Las confesiones sin acuerdo: invisibilidad institucional

El tercer grupo lo forman más de 40 confesiones religiosas sin acuerdos de cooperación con el Estado. Entre ellas, hay comunidades bahá’ís, budistas, mormones, hinduistas, sikhs y un creciente número de nuevas espiritualidades. Todas comparten una realidad: no reciben ningún tipo de financiación pública, ni directa ni indirecta.

Según datos del CIS de 2023, alrededor de 1,5 millones de personas en España se identifican con alguna de estas confesiones. A pesar de representar a un número significativo de fieles, carecen de interlocución oficial, acceso a beneficios fiscales, o representación en órganos públicos de consulta.

La laicidad real exige reconocer a todas las confesiones por igual, con independencia de su historia o arraigo”, reclama Óscar Celadón Angón, autor de varios estudios sobre pluralismo religioso. “Lo contrario es perpetuar un modelo confesional encubierto”.

¿Una financiación acorde a la Constitución?

El artículo 16.3 de la Constitución Española establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” y que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con las confesiones”.

Sin embargo, voces expertas sostienen que el actual sistema vulnera este principio. “La cooperación no puede significar discriminación”, afirma Torres. “El trato fiscal diferenciado convierte al Estado en un actor que privilegia una fe frente a las demás”.

Incluso organismos internacionales como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre libertad religiosa han advertido de la necesidad de revisar los sistemas de financiación religiosa en Estados aconfesionales como España.

Radiografía de la desigualdad religiosa

Tipo de confesión

Acuerdo con el Estado

Acceso IRPF

Exenciones fiscales

Financiación directa

Iglesia católica

Sí (1979)

(300 M €/año)

Evangélicos, Judíos, Musulmanes

Sí (1992)

Otras confesiones (sin acuerdo)

No

Religiosidad en declive: datos recientes del CIS 

El porcentaje de católicos ha caído del 90% en los 70 a 55% en junio de 2025 según las estadísticas oficiales y sólo el 17% de la población se declara católica practicante (mensualmente o más), porcentaje que se reduce a apenas el 8% en el caso de jóvenes católicos entre 18 y 29 años.

Por otra parte, las personas no creyentes (ateos, agnósticos, indiferentes) son ya cerca del 42% de la población. En Cataluña, los no creyentes representan el 51%, el máximo autonómico.

¿Hacia un nuevo modelo de laicidad?

En un contexto de creciente declive y diversidad religiosa, mientras otros países europeos —como Francia, Alemania o Bélgica— han avanzado hacia sistemas más transparentes y equitativos, el Estado Español sigue atado a un modelo de privilegio heredado del nacionalcatolicismo franquista. El actual modelo de financiación pública de la iglesia católica parte del Concordato del régimen franquista de 1953, renovado tras la constitución de 1978 cuando se firmaron cuatro acuerdos con fecha 3 de enero de 1979 (asuntos jurídicos, educativos, militares y económicos), precedidos por otro en firmado en julio de 1976 sobre el capellán castrense, todos ellos criticados por su opacidad y herencia franquista y en abierta contradicción con el carácter ‘aconfesional’ señalado en la constitución.

Es en ese sentido que organizaciones como Europa Laica reclaman una reforma profunda: “No se trata de ampliar la financiación a otras religiones, sino de eliminar cualquier financiación confesional desde lo público”, defienden.

El debate no es sólo jurídico, sino también político y social. En un país donde el número de personas sin afiliación religiosa supera el 40% según el CIS y cuya constitución define al estado como aconfesional‘, la pregunta clave es: ¿debe el Estado seguir financiando religiones, ya sea directa o indirectamente?, es decir, ¿no deben ser los creyentes quienes financien sus instituciones religiosas?, y por último: ¿no debería desaparecer la enseñanza religiosa de los centros educativos?

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La victoria de Zohran Mamdani

 

La victoria de Mamdani sobre Andrew Cuomo es un punto de inflexión histórico para Palestina en la política estadounidense. Refleja una creciente fatiga con el papel de Israel en la vida estadounidense y la lenta implosión del sionismo bajo el peso de su propio exceso.


TOPOEXPRESS

La victoria de Zohran Mamdani

Abdaljawad Omar

El Viejo Topo

3 julio, 2025



LA VICTORIA DE ZOHRAN MAMDANI MARCA EL FIN DEL LUGAR CENTRAL DE ISRAEL EN LA POLÍTICA ESTADOUNIDENSE

Puede parecer, a primera vista, irrelevante –incluso absurdo– que una contienda por la alcaldía de Nueva York, o el destino electoral de una concejal en Brooklyn, dependa de la posición de cada uno respecto a Palestina. Después de todo, ¿qué tiene que ver la gobernanza municipal –zonificación, saneamiento, asequibilidad de la vivienda– con la devastación de Gaza, la hambruna de un pueblo, el espectáculo a cámara lenta de la muerte bajo los bombardeos? Y, sin embargo, esta aparente desconexión –entre la intimidad de las cuestiones locales y la enormidad de la violencia geopolítica– es precisamente la condición en la que opera la política estadounidense.

Es también en esta disyuntiva entre escala e intensidad, entre distancia geográfica y proximidad ideológica, donde se hace visible algo más fundamental.

En este contexto, la victoria de Zohran Mamdani sobre una figura tan emblemática de la continuidad institucional y el poder dinástico como Andrew Cuomo no es una mera anécdota electoral. Es un acontecimiento político. Un acontecimiento que debe leerse no a través de la métrica de la personalidad o de la mecánica de campaña, sino a través de la gramática simbólica de lo que ahora es expresable, representable y electoralmente viable. El triunfo de Mamdani indica un horizonte cambiante en el que Palestina, considerada durante mucho tiempo como el «tercer raíl» de la política estadounidense, ya no electrocuta a quienes se atreven a tocarla. Quizás no sea todavía un consenso moral dominante, pero ya no es una garantía de suicidio político.

Para que quede claro, Mamdani no se presentó como un incendiario de antisionismo impenitente. Cedió, simbólica y retóricamente, a las inquietudes de parte del electorado sionista liberal. Buscó un término medio, matizando sus compromisos morales con gestos de tranquilidad, adoptando una postura que ni se retraía de su historia de solidaridad con Palestina ni abrazaba plenamente la claridad intransigente que a menudo exige Palestina. Y eso también es revelador.

Es precisamente esta ambivalencia calibrada -esta oscilación entre la afirmación y la tranquilidad- lo que invitó a la crítica, incluso desde dentro de la propia base de Mamdani, y para aquellos que trabajaron con él en la construcción y difusión del movimiento palestino. Los equívocos de su campaña en torno a la cuestión del «derecho a existir» de Israel y su vacilante invocación de una antigua base en la política propalestina provocaron malestar. Para algunos, fue un eco de la conocida coreografía de la retirada moral: un gesto de concesión que corre el riesgo de convertirse en metástasis en postura, luego en posición y, finalmente, en principio. El temor, expresado no desde el cinismo sino desde la memoria histórica, es que una concesión invite a otra y que, con el tiempo, el peso acumulado de estas concesiones doblegue a Mamdani a la misma clase dirigente a la que su victoria parecía desafiar. Existe, en otras palabras, una profunda ansiedad de que la dialéctica de la incorporación ya esté en marcha: que el sistema, incapaz de neutralizar completamente Palestina como política, la absorba en su lugar como discurso, desinfectada, desfigurada y legible sólo a través de la gramática del «equilibrio», el «bipartidismo» y la falta de empatía por Palestina. El éxito electoral de Mamdani puede marcar el fin simbólico de Palestina como cuestión de tercera fila, pero también plantea la inquietante posibilidad de que esta normalización se produzca al precio de su radicalidad. Entrar en la corriente sanguínea de la política es también arriesgarse a ser filtrado por ella y a cederle demasiado terreno.

Su victoria, por tanto, no es sólo un respaldo a Palestina como causa, sino un testimonio del cambio de estatus de Palestina como cuestión. Ha dejado de ser una línea que no se puede cruzar para convertirse en un terreno en disputa, en el que los candidatos pueden implicarse, evadirse, afirmar o desviarse sin ser automáticamente descalificados. Este cambio es monumental. Habla de la fuerza acumulativa de décadas de organización, de las secuelas morales de la insoportable visibilidad de Gaza y del cansancio de los votantes más jóvenes y de muchos progresistas ante las frías evasivas procedimentales de sus predecesores. En ese sentido, el éxito de Mamdani no sólo tiene que ver con lo que ha dicho, sino con lo que ya no es necesario dejar de decir. Los silencios forzados se están resquebrajando, no por una ruptura revolucionaria, sino por el lento y progresivo desgaste del consenso imperial. Lo que antes debía ocultarse ahora puede nombrarse provisionalmente, aunque también se hagan concesiones simbólicas. Lo que antes marcaba el límite exterior de lo aceptable ahora se pliega -con torpeza, con cautela, pero definitivamente- en el dominio de lo político.

Para ser claros, hay contingencias, muchas, de hecho. La victoria de Mamdani no puede abstraerse de las particularidades de esta carrera. Al fin y al cabo, se enfrentaba a un ex gobernador caído en desgracia, cuyo nombre -en otro tiempo sinónimo de dominio ejecutivo en Nueva York- perdura ahora con el olor rancio del escándalo y la teatralidad agotada de la redención del establishment. Además, la campaña de Mamdani fue excepcionalmente precisa en su arquitectura. Se movía con claridad, disciplina y una cadencia comunicativa distintiva: sincera pero serena, clara pero tácticamente ágil. Su atractivo no se cultivó mediante la demagogia o el carisma cultual, sino a través de una fidelidad casi anacrónica al programa: autobuses públicos gratuitos, ampliación de las guarderías, estabilización de los alquileres, no como demandas políticas aisladas, sino como parte de un imaginario moral y político más amplio conformado por sus compromisos socialistas. El hecho de que este mensaje resonara, y no sólo en enclaves progresistas, sino entre grupos urbanos dispares -jóvenes, inmigrantes, inquilinos, trabajadores culturales, desencantados políticos- es en sí mismo una señal: no de una candidatura mesiánica, sino de un hambre más profunda. Un hambre de coherencia, de principios y de una política sin miedo a nombrar el poder, pero lo suficientemente disciplinada como para hablar de lo que se puede construir.

Pero lo que también es cada vez más palpable -aunque todavía se hable de ello en voz baja o en tono de desautorización- es una fatiga creciente dentro de los propios Estados Unidos. Una especie de agotamiento político y psíquico, tenue al principio pero ahora inconfundible, que ha empezado a acumularse en torno al lugar de Israel en la vida pública estadounidense. Entre los expertos, los podcasters y la constelación de personajes mediáticos que orbitan en torno a los centros de los medios alternativos, está surgiendo un malestar -incluso una irritación- con la obsesiva centralidad de Israel en la identidad estadounidense, en sus rituales políticos y en las compulsivas actuaciones de lealtad que exige. No se trata sólo de la confrontación dentro de la derecha con un «Estados Unidos primero» que excluye a Israel, y que incluye a Israel en el significado de «Estados Unidos primero». No está sólo en las voces en alza que centran a Palestina, aunque todavía en los márgenes, pero creciendo en poder.

Pero es también en el propio surgimiento de la cuestión -la cuestión del «derecho a existir» de Israel, de la lealtad obligatoria del político, de las declaraciones rituales de apoyo- donde se hace legible un malestar más profundo. Lo que antes se trataba como algo establecido, axiomático y sagrado, ahora está lastrado por su propia carga performativa. Estas cuestiones ya no flotan como verdades evidentes; caen bajo el peso de su propio agotamiento. Incluso plantearlas ahora es constatar que algo ha cambiado: que estas afirmaciones, repetidas hasta la saciedad, se han convertido no en signos de claridad moral, sino de bancarrota ideológica.

Cada vez más, la insistencia en Israel como prueba de fuego ya no se escucha como una señal de seriedad moral, sino como el reflejo desgastado de una clase dirigente -política, mediática, institucional- cuyas coordenadas éticas se están derrumbando bajo el peso de sus propias contradicciones. La repetición de la lealtad funciona ahora menos como un marcador de convicción que como un síntoma: de miedo, de decadencia ideológica , de un aferramiento desesperado a un orden cuyos mitos fundacionales están empezando a deshacerse. Basta con examinar el apoyo implícito del New York Times a Andrew Cuomo y su aversión apenas velada a Zohran Mamdani, un gesto no de desacuerdo político, sino de desprecio de represalia por el mero hecho de su historial propalestino. O se podría recurrir, sin hacerse ilusiones, a personajes como Tucker Carlson, cuyos comentarios sobre la obsesiva centralidad de Israel en la vida política estadounidense dirigidos al senador Ted Cruz no nacen de la solidaridad con Palestina, sino del cansancio, un cansancio sin embargo sintomático de un malestar más amplio. Seamos claros: esto no es el surgimiento de una corriente pro-palestina coherente. Ni mucho menos. Pero lo que está empezando a erosionarse es la santidad del lugar de Israel en la vida moral estadounidense. El cambio, en este momento, no es de marginalidad a centralidad para Palestina, sino de centralidad incuestionable a desplazamiento incómodo para Israel.

Por ejemplo, hay que resistirse a la tentación de suponer que el implacable despliegue de acusaciones de antisemitismo por parte de la hasbará israelí tiene como principal objetivo silenciar las críticas a Israel. Por el contrario, lo que estamos presenciando es algo mucho más interesante: el obsceno exceso de esta estrategia retórica está empezando a ser contraproducente, no porque la gente se vuelva de repente más propalestina, sino porque se está cansando, incluso disgustando, de verse obligada a realizar el ritual de la preocupación excepcional por la centralidad simbólica de Israel. Seamos claros: este cansancio no es el resultado de un despertar decolonial. Más bien, es el resultado inevitable de la sobreproducción ideológica. Cuando cada crítica se convierte en un posible delito de odio, cuando cada llamamiento al alto el fuego se califica de incitación y cuando cada protesta se considera una reunión antisemita, algo empieza a cambiar en el orden simbólico. La propia maquinaria destinada a preservar la posición hegemónica de Israel en la vida moral estadounidense comienza a deshacerse. Cuanto más insiste Israel en su estatus único, más visible se hace su violencia. Cuanto más acusa, más revela, cuanto más exige silencio o lealtad, más se debilita. Y aquí está el giro: la actual dislocación del lugar simbólico de Israel en el imaginario estadounidense no es sólo el resultado del activismo propalestino de . Es también -quizás principalmente- el resultado de las propias acciones de Israel: su insistencia en el excepcionalismo, su genocidio en curso en Gaza y su intento de arrastrar a Estados Unidos a una guerra en toda la región.

Al final, el cambio que estamos presenciando no es el triunfo de una narrativa alternativa, sino la lenta implosión de la dominante bajo el peso de su propio exceso. Lo que estamos viviendo no es simplemente una crisis de legitimidad, sino una crisis de legibilidad, un momento en el que las coordenadas que antaño hacían que el apoyo a Israel pareciera natural, moral, incluso inevitable, empiezan a difuminarse. Y, paradójicamente, no es el discurso antisionista el que ha producido esta ruptura, sino el propio sionismo: su saturación del espacio simbólico, su exigencia de estar en el centro de todo cálculo moral, su compulsión a hablar incluso cuando nadie pregunta. Esta es la lógica de la sobreproducción ideológica: cuando un sistema ya no puede sostener sus propias ficciones, no porque hayan sido refutadas, sino porque se han repetido demasiado a menudo, demasiado alto, con muy poca vergüenza. En ese momento, la ideología deja de funcionar como creencia y empieza a cuajar en farsa. Y quizá sea ahí donde nos encontramos ahora: no ante una contrahegemonía victoriosa, sino ante las ruinas de una narrativa que se agotó a sí misma insistiendo demasiado, demasiado a menudo y a expensas de todo lo demás.

FuenteMondo Weiss

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