sábado, 18 de marzo de 2023

Así financian los bancos españoles el negocio de la militarización de fronteras

 

Así financian los bancos españoles el negocio de la militarización de fronteras

 

Por Óscar F. Civieta

Rebelion / España

 | 18/03/2023 | España

 

Fuentes: La Marea [Foto: Varias personas migrantes caminan por una carretera (CENTRE DELÀS)]


“Los principales bancos españoles están financiando la guerra de fronteras en el Mediterráneo”. Es la conclusión central del último informe elaborado por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau. Según el documento, 44 instituciones financieras con sede en España, a través de 4.679 operaciones, destinaron entre 2020 y 2022 más de 14.308 millones de dólares a financiar a 12 empresas armamentísticas que participan del negocio de la militarización de las fronteras y los Estados del Mediterráneo, aseguran.

Lideran este ranking el Banco Santander y el BBVA, con 4.985 y 4.752 millones de dólares, respectivamente. Suman más del 68% del importe total de las operaciones realizadas por parte de la denominada Banca Armada Española. Les siguen CaixaBank y Banco Sabadell, con una financiación menor, que alcanza los 182 millones y 95 millones, respectivamente.

La cantidad total se traduce en más de 6.000 millones en créditos y préstamos, 4.000 millones en acciones, casi 4.000 millones en operaciones de underwriting y seis millones en compra directa de bonos de empresas armamentísticas.

Además, subrayan, el Banco Santander y el BBVA no solamente están en el tope de esta estadística, sino que también aparecen entre las 100 instituciones financieras de todo el mundo que más vínculos han tenido con las empresas responsables de la militarización del Mediterráneo y sus fronteras.

«Sin su apoyo no se podrían llevar a cabo las acciones militares, de seguridad y control en la Frontera Sur. Acciones que está ampliamente documentado que provocan la muerte de miles de personas año tras año», indica Gemma Amorós, investigadora del Centre Delàs y autora del informe.

¿Cuáles son las empresas armamentísticas más financiadas por los bancos españoles?

En total, explica el informe, 125 empresas de todo el mundo han producido el material que ha sido exportado a los países del Mediterráneo. En el estudio informan de 14 de ellas. En el análisis se incluye el nombre del armamento, la descripción para saber a qué tipo de armamento se refiere, el año en qué se hizo la petición, el año en qué se realizó –o está previsto realizar– la transacción y el número estimado de exportaciones autorizadas y realizadas.

Antes de llegar a este punto, comentan desde la organización, realizaron una actualización de los indicadores de militarización del Mediterráneo que habían analizado en anteriores informes. Inquirieron en las categorías de material exportado mundialmente a los 21 países de la región mediterránea estudiados durante el periodo 2011-2021, y compararon el volumen de los arsenales militares.

Los datos referentes a exportaciones, concretan, se han extraído de la base de datos de transferencias del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Mientras que la información sobre los arsenales sale del anuario The Military Balance.

Posteriormente, agregan, establecieron los vínculos entre las empresas de armamento y los bancos españoles que las financian, tanto a nivel internacional como español. A través de un análisis detallado del tipo de relación financiera que establece cada banco con cada empresa de armas y/o de militarización de fronteras, así como de la cantidad de dinero transferido en cada transacción.

Con todo esto, las cinco empresas más financiadas por la Banca Armada Española entre 2020 y 2022 son estas:

  • Airbus: 5.619,4 millones de dólares.
  • Boeing: 3.753,1 millones.
  • Honeywell International: 1.702 millones.
  • General Dynamics: 1.245,9 millones.
  • Thales: 684,5 millones.

Empresas que han recibido contratos del Gobierno español

Además de los bancos españoles que financian la militarización, el informe también hace hincapié en las empresas que, habiendo recibido dinero, fueron adjudicatarias de contratos del Gobierno español para el mantenimiento de la militarización de espacios como el de la Frontera Sur, “donde reconocidas organizaciones han denunciado innumerables violaciones de derechos humanos ejercidas sobre las personas migrantes”, recuerdan.

La investigación señala a Eulen (209 millones de euros de financiación de la Banca Armada Española), Accenture (176 millones), Atos (140 millones) e Indra (más de 5 millones), que en total han recibido más de 500 millones de dólares.

Todas ellas, destacan, “han obtenido múltiples contratos millonarios, por ejemplo, para la gestión de los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI), del desarrollo y mantenimiento del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), de la construcción y mantenimiento de los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla y del mantenimiento del recinto aduanero de Beni-Enzar en Melilla”.

¿Qué es la Banca Armada?

Cuando mencionan a Banca Armada, puntualizan en el estudio, se refieren a los bancos españoles que están financiando, y en consecuencia fortaleciendo, la industria armamentística.

Es una relación controvertida que puede darse de distintas formas, como es la participación accionarial, la financiación de las exportaciones, la emisión de bonos y pagarés, los fondos de inversión y la concesión de créditos y préstamos.

Actualmente, forman parte de la campaña Banca Armada estas nueve organizaciones: Centre Delàs d’Estudis per la Pau, SETEM, Justícia i Pau, l’Observatori del Deute en la Globalització, Finançament Ètic i Solidari –FETS–, Alternativa Antimilitarista – MOC, el Col·lectiu RETS, la Fundació Novessendes y la Fundación Finanzas Éticas.

Tienen como objetivo «denunciar los vínculos de los bancos convencionales con la industria del armamento para sensibilizar la sociedad sobre la relación de estas prácticas financieras con las tragedias humanas y los conflictos internacionales», indican.

La primera acción que llevarán a cabo, anuncian, tendrá lugar este 17 de marzo con motivo de la Junta General de Accionistas del BBVA. Le seguirán otras coincidiendo con la Junta de Accionistas de Banco Sabadell (23 de marzo) y de CaixaBank y Banco Santander (31 de marzo).

Fuente: https://www.lamarea.com/2023/03/17/los-principales-bancos-espanoles-financiaron-con-14-000-millones-de-dolares-el-negocio-de-la-militarizacion-de-fronteras/

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Los sindicatos franceses mantienen el pulso y las protestas contra la reforma de las pensiones de Macron

 

Los sindicatos franceses mantienen el pulso y las protestas contra la reforma de las pensiones de Macron


TERCERAINFORMACION / 18.03.2023

  • Los principales sindicatos de Francia convocaron para hoy a nuevas movilizaciones y huelgas en respuesta a la decisión del Gobierno de adoptar su reforma de la jubilación sin someterla al voto de la Asamblea Nacional.


Protestas en Francia / PL

 

En un comunicado, la Intersindical, movimiento que aglutina a los gremios en la batalla contra la reforma, llamó a organizar protestas a nivel local por todo el país, con la mira en la novena jornada nacional de manifestaciones, prevista el jueves de la semana entrante.

Anoche continuaron las concentraciones espontáneas desatadas el jueves tras el anuncio por la primera ministra Elisabeth Borne de la activación del artículo 49.3 de la Constitución, con el cual el Gobierno eludió un voto en la Asamblea que podía perder, ya que el oficialismo no cuenta con la mayoría absoluta en la cámara baja.

Borne justificó el empleo del polémico recurso con la voluntad del Ejecutivo de no correr riesgos con “el futuro de una reforma esencial especulando con los eventuales cambios de postura de diputados opositores”, un argumento que lejos de convencer y de calmar las tensiones, las atizó.

Desde los sindicatos y la oposición acusaron al Gobierno y al presidente Emmanuel Macron de incrementar el malestar imponiendo una iniciativa repudiada por la extensión de la edad legal de retiro de 62 a 64 años, el aumento del período de cotización y la eliminación de regímenes especiales de jubilación.

Las protestas de los últimos dos días incluyeron episodios de violencia y enfrentamientos con la Policía, protagonizados por algunos grupos, que dejaron daños materiales y cerca de 400 arrestos, la inmensa mayoría en esta capital, donde la plaza de la Concordia fue el epicentro de las movilizaciones.

Dirigentes políticos y gremiales responsabilizaron al Ejecutivo por el rumbo de los acontecimientos y por la radicalización del rechazo a la reforma.

Este sábado prosiguen diversas huelgas reconducidas desde hace días, en sectores como el transporte público y el tráfico ferroviario, aunque con menores afectaciones proyectadas; la aviación, la energía (electricidad, gas y combustible) y la recogida de basura.

En París los desechos sólidos se han convertido en un símbolo del rechazo a la reforma de la jubilación, con unas 10 mil toneladas de residuales acumuladas en los diversos distritos y barrios de la capital –de acuerdo con la Alcaldía-, escenario que llevó al Ministerio del Interior a aplicar el procedimiento de requisición de los huelguistas.

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La izquierda catalana ante la cuestión lingüística

 

La celebración de la I Jornada de Políticas Lingüísticas dentro de una España federal, organizada por Federalistes d’Esquerres, permite reseguir la evolución de la intelectualidad progresista catalana sobre esta delicada cuestión.


La izquierda catalana ante la cuestión lingüística

 

Antonio Santamaría

El Viejo Topo

18 marzo, 2023 

 

Del Foro Babel a Federalistes d’Esquerres


La Jornada se celebró el pasado sábado 11 de marzo en Hospitalet de Llobregat. Se trata del segundo municipio por población de Catalunya que forma un continuum urbano con Barcelona y que está habitado por trabajadores de origen meridional de lengua castellana. La ciudad está gobernada por Núria Marín, una de las estrellas del firmamento socialista catalán, y presidenta, en coalición con Junts per Catalunya, de la poderosa Diputació de Barcelona.

El plato fuerte de Jornada fue la presentación del manifiesto Llamamiento federal por la entente lingüística, cuya presentación debía ir a cargo de Lluís Rabell que, en el último momento, excusó su presencia. Rabell es miembro de la Comisión de Lenguas de Federalistes d’Esquerres, expresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, cabeza de lista y exdiputado de los Comunes y reciente fichaje de la candidatura del PSC Ayuntamiento de Barcelona, encabezada por Jaume Collboni.

El contenido del manifiesto federalista guarda notables semejanzas con los dos manifiestos del Foro Babel de los cuales se cumplen poco más de 25 años. En ambos se realiza una crítica de la política lingüística vigente en Catalunya, especialmente en el ámbito de la enseñanza pública, basada en el concepto de “lengua propia” e implementada con el modelo de inmersión lingüística obligatoria. Es decir, todas las asignaturas se imparten en catalán, salvo la dedicada a la enseñanza de la lengua castellana de dos horas semanales en primaria y tres en secundaria. Ello, independientemente el idioma materno del alumnado que, en casos como Hospitalet, es abrumadoramente el castellano. Una práctica contraria a los principios de la UNESCO y al sentido común pedagógico que insiste en la conveniencia de iniciar el aprendizaje de la lectura y escritura en la lengua materna o vehicular del alumno y posteriormente introducir la enseñanza de un segundo o tercer idioma.

Los contextos políticos y sociales de Babel y del actual manifiesto federalista son desde luego distintos. El Foro Babel surgió, desde la intelectualidad progresista del país, tras cinco años de la aplicación de los decretos de inmersión (1992) y en el contexto del debate parlamentario de la Ley de Política Lingüística. Una norma que venía legalizar los decretos de inmersión y a implantar un modelo monolingüe en catalán en todos los ámbitos de las relaciones de la administración autonómica con la ciudadanía; incluida la educación obligatoria, el tema más sensible del debate.

Federalistes d’Esquerres se fundó hace una década y como reacción de sectores de la intelectualidad progresista ante el ascenso del movimiento independentista catalán y para combatir en el terreno ideológico, donde Antonio Gramsci decía que se gestan las hegemonías políticas, y proporcionar alternativas al secesionismo. En ambos casos, se trata de movimientos reactivos de la intelectualidad progresista catalana, que se siente desamparada por sus partidos de referencia. En un caso frente a la legislación monolingüe y contra el procés soberanista en el otro.

Foro Babel fue un fracaso político que no consiguió ni que PSC, ni ICV modificasen su posición en esta delicada materia, lo cual constituía uno de sus objetivos estratégicos. Quim Nadal, entonces alcalde socialista de Girona, y Rafael Ribó, entonces líder de los ecosocialistas, ambos ahora en las filas del independentismo, impusieron su criterio. Este fracaso político, al comprobar que con la izquierda catalana no había nada que hacer en este terreno, fue de los factores que condujo a la fundación de Ciudadanos (Cs), como ejemplifica la trayectoria de Francesc de Carreras, uno de los principales impulsores de Babel y fundador de Cs.

Por el contrario, FdE, surgido de ámbitos semejantes, ha tenido un mayor éxito político. En esta década se ha consolidado como uno de los principales foros de “rearme” ideológico de la izquierda catalana federalista y contraria a la secesión de Catalunya. El parlamento de Victòria Camps, impulsora de Babel y miembro de FdE, en la clausura del acto marcó un tenue hilo de continuidad entre ambos colectivos.

Dos manifiestos

Una comparación entre los contenidos del Primer Manifiesto de Foro Babel, Documento sobre el uso de la lenguas oficiales de Catalunya (abril 1997) y el reciente manifiesto federalista puede resultar útil cara a reseguir la evolución de la intelectualidad progresista catalana respecto a la cuestión lingüística.

Foro Babel defendía el “bilingüismo” real en las comunicaciones de la Generalitat con la ciudadanía, en correspondencia con la composición sociolingüística del país. El bilingüismo constituía un principio clave que se extendía a la enseñanza. Por tanto, ambos idiomas oficiales habían de ser las “lenguas vehiculares en todos los ciclos de la enseñanza obligatoria”, en una proporción similar que podría variar según el “entorno lingüístico y cultural” de cada centro. Se excluía expresamente la separación de los alumnos en función de su lengua materna o vehicular.

El manifiesto federalista no utiliza el concepto de bilingüismo, término que ni siquiera se menciona. Se propugna una suerte de inmersión atemperada según el cual “la proporción de las materias impartidas en los distintos idiomas siga criterios pedagógicos, adaptándose a las necesidades del alumnado y al entorno sociolingüístico de cada centro. Tampoco parece discutible que, pese a la centralidad vehicular del catalán, el castellano no puede convertirse en algo marginal, ajeno a la adquisición viva de conocimientos”.

El manifiesto federalista sobre la concordia lingüística se difunde tras el fracaso del procés soberanista y cuando se ha producido en el movimiento independentista una especie de agresivo repliegue identitario en torno a la lengua. Del énfasis por el ejercicio al derecho a la autodeterminación y a la independencia, se ha pasado a las campañas en favor del catalán, considerado un idioma amenazado de muerte sin una acción radical de las administraciones públicas, pero también sin el compromiso personal de sus hablantes.

En el cuarto de siglo entre ambos manifiestos se aprecian notables diferencias respecto a la percepción de la vitalidad del catalán. El manifiesto de Babel partía de la percepción que, después de más dos décadas de democracia y autogobierno, el futuro de la lengua catalana no corría peligro y había entrado en una “situación de plena normalidad después de un periodo de grave excepcionalidad”. No obstante, se propugnaban medidas de “discriminación positiva” en el terreno cultural derivadas de su condición de lengua minoritaria y largamente perseguida por las dictaduras de los generales Miguel Primo de Rivera y Francisco Franco.

El manifestó federalista comparte el criterio de “protección especial” del catalán y señala fenómenos nuevos como que “el catalán se ha convertido en antipático para un número creciente de alumnos. La lengua de Pompeu Fabra reina en las aulas… y el castellano es la lengua franca del patio y del grupo de amigos”. Asimismo, se indica que el impulso al conocimiento del catalán como un factor del “ascensor social” para los trabajadores castellanohablantes “ha dejado de funcionar”. Además, se muestra la preocupación por el aumento de la “segregación escolar”, no solo entre los alumnos de las lenguas oficiales, sino por la creciente presencia en las escuelas de niños y jóvenes procedentes de las “oleadas migratorias de la globalización” de otros ámbitos lingüísticos. También, se advierte del peligro que en el país se formen “comunidades etnolingüísticas separadas”. Un proceso favorecido por el procés, que ha llegado a calificar de “colonos” a los trabajadores españoles que emigraron a Catalunya a mediados del siglo pasado.

Batallas en los tribunales

Otro aspecto que separa a ambos manifiestos radica en la prolongada guerra judicial, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010 sobre l’Estatut d’Autonomia del 2006 que cuestiona el carácter monolingüe de la legislación lingüística autonómica que vacía de contenido la cooficialidad de la lengua castellana en Catalunya.

Estas batallas en los tribunales llegaron a su punto de inflexión, tras años de sentencias, recursos, incumplimientos y estrategias dilatorias de la Generalitat con la ratificación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña según la cual todos los centros docentes estaban obligados a impartir como mínimo el 25% de las clases en castellano que, en la práctica, sería una asignatura en este idioma, a partir del curso escolar 2022-2023.

Justamente, para orillar este escollo, PSC, Comunes, ERC y Junts a regañadientes aprobaron por la vía de la máxima urgencia y a contrarreloj la reforma de la Ley de Política Lingüística, la misma que había sido criticada por Babel, para evitar el cumplimiento de esta sentencia que abría una fisura en la práctica de la inmersión. Así se distinguía entre lengua vehicular (catalán) y lengua curricular (castellano) sin precisar qué significa en la práctica esta diferenciación y se prohibía establecer porcentajes en el uso de las lenguas. Esto condujo a que el TSJC suspendiera cautelarmente la ejecución de la sentencia del 25% y la elevara al Tribunal Constitucional que aún no se ha pronunciado.

El alineamiento de PSC con los Comunes y los independentistas, ambos firmes defensores de la inmersión, para impedir el cumplimiento de la sentencia del 25% cayó con un jarro de agua fría en los colectivos que como, Asamblea por una Escuela Bilingüe, había impulsado la vía judicial.

Límites políticos

La alcaldesa Núria Marín, en su intervención de bienvenida e inauguración de la Jornada, fijó claramente su posición, la oficial del PSC, sobre las cuestiones a debate. Defendió la inmersión como un “modelo de éxito” y una garantía del “ascensor social”. En un municipio como Hospitalet, con la inmensa mayoría de niños y jóvenes de familias y barrios de lengua castellana, la escuela es el único lugar donde tienen contacto con la lengua catalana. Esto les proporciona una igualdad de oportunidades respecto a los alumnos de otras zonas geográficas y clases sociales. “El castellano ya lo aprenderán en la calle” –aseguró. No obstante, se mostró partidaria de una “inmersión asimétrica” mediante la cual los alumnos de las comarcas mayoritariamente catalanohablantes pudieran tener más horas en castellano.

Las exposiciones de algunos ponentes constituyeron una refutación de las tesis de la alcaldesa y fueron muy críticos con la inmersión. Silvia Carrasco y Ana Losada aportaron numerosos datos sobre el fracaso escolar que cuestionan la tesis de la inmersión como modelo de éxito. El abandono de los estudios obligatorios es de una media del 20%, un porcentaje que se dispara entre el alumnado de renta baja y castellanohablante de los barrios de la periferia del Área Metropolitana de Barcelona.  Joaquim Coll manifestó que la política lingüística de la Generalitat es “nacionalista”, pues busca la creación de una comunidad monolingüe y que abunda en argumentos hispanófobos. En consecuencia, apeló a la izquierda para que se desprenda de esa orientación ideológica y construya un modelo lingüístico federal basado en el bilingüismo y que libere a la lengua catalana de la patrimonialización que hacen de ella los nacionalistas/independentistas. Por su parte, Mireia Esteva, presidenta de FdE, apuntó a la necesidad de transformar las relaciones de competencia, cuando no de hostilidad, entre ambas lenguas por una relación de “fraternidad” entre ellas.

La intervención de Marín y la ausencia de Rabell puede interpretarse como un indicio de hasta dónde está dispuesto a llegar el PSC en este tema. De hecho, en su último congreso se aprobó una moción para flexibilizar la inmersión en función del entorno sociolingüístico, en sintonía con las declaraciones de Josep Bargalló, entonces conseller de Enseñanza de ERC.

Tareas pendientes

La mera celebración de este debate indica que algo se está moviendo en los medios intelectuales del entorno del PSC. La inmersión lingüística se ha convertido en una posición ideológica fortificada la cual los nacionalistas/independentistas y los Comunes no abandonarán sin presentar batalla en todos los ámbitos de la vida pública. Ello a pesar de las crecientes evidencias que cuestionan que sea un “modelo de éxito”, así como los mantras ideológicos en los cuales se sustenta.

Al PSC le aterra verse expulsado del consenso lingüístico, ahora propiedad de los nacionalistas, y que se cuestione su condición de partido catalanista. Ello a pesar de que tanto sectores importantes de sus bases sociales como de sus intelectuales se muestren muy críticos con las políticas lingüísticas en vigor. Por todo ello y ante el ciclo electoral en ciernes, no parece que quieran ir más allá de una suerte de atemperación, una flexibilización de la inmersión. A la espera de la resolución del Tribunal Constitucional sobre el tema que podría reabrir el debate y el conflicto político en torno a la lengua.

Mientras tanto, queda pendiente la tarea de elaborar un modelo lingüístico alternativo al vigente que respete los derechos lingüísticos de los hablantes de las dos lenguas oficiales y que se adecue a la realidad sociolingüística de los centros docentes. No es posible que habiendo dos idiomas oficiales y vehiculares en el país, la Generalitat solo emplee uno de ellos para dirigirse a la ciudadanía. Ello sin menoscabar el apoyo a la cultura catalana y la exigencia de su reconocimiento como idioma oficial en las instituciones del Estado español y de la Unión Europa.

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