viernes, 1 de mayo de 2015

EL TRABAJO



El trabajo garantizado y la Constitución

Rebelión
Público.es
29.04.2015


El trabajo garantizado no es sólo una propuesta económica provista de una importante base científica, sino también un instrumento reconocido internacionalmente para combatir y erradicar el desempleo ocasionado por la crisis del capitalismo. Una vez analizado el marco institucional que haría posible su implantación en España, conviene abordar el fundamento constitucional que sustenta la adopción de esta política pública. Nuestra reflexión debe partir del artículo 35.1 de la Constitución Española (CE), cuyo tenor literal no deja lugar a dudas: todos los españoles tienen“derecho al trabajo”. Nótese que el legislador evita deliberadamente el recurso a fórmulas ambiguas o indeterminadas, considerando el trabajo como un derecho de los ciudadanos que puede ser invocado ante los poderes públicos, con los matices que posteriormente comentaremos. Por decirlo claramente y sin ambages: al reconocer de modo expreso el “derecho al trabajo”, nuestra Carta Magna trasciende el ámbito de lo meramente programático y define una obligación correlativa del Estado encaminada a la efectiva satisfacción del derecho, que no puede ser obviada por los poderes públicos.

Así se desprende, por lo demás, de la estratégica ubicación del precepto en la Sección segunda del Capítulo segundo, Título I, de la Constitución, que otorga un nivel de protección básico a los derechos allí contemplados. De acuerdo con el artículo 53.1 CE, estas facultades o prerrogativas vinculan a los poderes públicos y sus leyes de desarrollo deben respetar su contenido esencial, lo cual se garantiza a través del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Por otra parte, el derecho al trabajo reconocido en el artículo 35.1 CE debe complementarse con la declaración contenida en el artículo 40.1 del mismo texto legal, que, de forma también inequívoca, impone a los poderes públicos la obligación de realizar “una política orientada al pleno empleo”. Recordemos que, de acuerdo con el artículo 53.3 CE, este importante mandato informará “la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos”, lo que permite afirmar su valor como criterio interpretativo tanto de la Constitución como del resto del ordenamiento jurídico.
Partiendo de esta base, el Tribunal Constitucional ha efectuado una cuidadosa labor de interpretación sobre el contenido y alcance del precepto comentado. En conexión con el artículo 40.1 CE, implica