viernes, 30 de noviembre de 2018

CHINA. POR EL AMOR DE DIOS, MARÍA SANTÍSIMA, LOS SANTOS JOAQUINITO, EL YIYI Y EL LUCERO DEL ALBA, ALGUIEN ME PODRÍA DECIR SOBRE QUÉ ASUNTOS CONCRETOS NOS INFORMAN LOS DE LA CADENA ARZOBISPAL COPE, POR EJEMPLO, POR EJEMPLO, NO SE ME AMONTONEN




El socialismo chino y el mito del fin de la historia

Rebelión
Le grand soir
29.11.208

Traducido del francés para Rebelión por Caty R.

En 1992 el politólogo estadounidense Francis Fukuyama se atrevió a anunciar el «fin de la historia». «Con el hundimiento de la URSS, dijo, la humanidad entra en una nueva era. Conocerá una prosperidad sin precedentes». Aureolada con su victoria sobre el imperio del mal, la democracia liberal proyectaba su luz salvadora sobre el planeta asombrado. Desembarazada del comunismo, la economía de mercado debía esparcir sus bondades por todos los rincones del globo, unificando el mundo bajo los auspicios del modelo estadounidense (1). La desbandada soviética parecía validar la tesis liberal según la cual el capitalismo –y no su contrario el socialismo- se adaptaba al sentido de la historia. Todavía hoy la ideología dominante reitera esta idea simple: si la economía planificada de los regímenes socialistas cayó, es porque no era viable. El capitalismo nunca estuvo tan bien y ha conquistado el mundo.

Los partidarios de esta teoría están tanto más convencidos en cuanto que el sistema soviético no es el único argumento que habla en su favor. Las reformas económicas emprendidas por la China popular a partir de 1979, según ellos, también confirman la superioridad del sistema capitalista. ¿Acaso no han acabado los comunistas chinos, para estimular su economía, admitiendo las virtudes de la libre empresa y el beneficio, incluso pasando por encima de la herencia maoísta y su ideal de igualdad?

Lo mismo que la caída del sistema soviético demostraría la superioridad del capitalismo liberal sobre el socialismo dirigista, la conversión china a las recetas liberales parece asestar el golpe de gracia a la experiencia «comunista».

Un doble juicio de la historia, al fondo, ponía el punto final a una competición entre los dos sistemas que atravesaron el siglo XX.

El problema es que esa narración es un cuento de hadas. Occidente repite encantado que China se desarrolla convirtiéndose en «capitalista». Pero los hechos desmienten esa simplista afirmación. Incluso la prensa liberal occidental ha acabado admitiendo que la conversión china al capitalismo es un cuento. Los propios chinos lo dicen y dan argumentos sólidos. Como punto de partida del análisis hay que empezar por la definición habitual del capitalismo: un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción e intercambio. Ese sistema fue erradicado progresivamente en la China popular en el período maoísta (1950-1980) y efectivamente se reintrodujo en el marco de las reformas económicas de Deng Xiaoping a partir de 1979. De esta forma se inyectó una dosis masiva de capitalismo en la economía, pero –la precisión es importante- esa inyección tuvo lugar bajo la impulsión del Estado. La liberalización parcial de la economía y la apertura al comercio internacional muestran una decisión política deliberada.

Para los dirigentes chinos se trataba de incrementar los capitales extranjeros para acrecentar la producción interna. Asumir la economía de mercado era un medio, no un fin. En realidad el significado de las reformas se entiende sobre todo desde un punto de vista político «China es un Estado unitario central en la continuidad del imperio. Para preservar su control absoluto sobre el sistema político, el partido debe alinear los intereses de los burócratas con el bien político común, a saber la estabilidad, y proporcionar a la población una renta real aumentando la calidad de vida. La autoridad política debe dirigir la economía de manera que produzca más riqueza de forma más eficaz. De donde se derivan dos consecuencias: la economía de mercado es un instrumento, no una finalidad; la apertura es una condición de eficacia y conduce a esta directiva económica operativa: alcanzar y superar a Occidente» (2)

Es por lo que la apertura de China a los flujos internacionales fue masiva pero rigurosamente controlada. El mejor ejemplo lo proporcionan las Zonas de Exportación Especiales (ZES). «Los reformadores chinos quieren que el comercio refuerce el crecimiento de la economía nacional, no que la destruya», señalan Michel Aglietta y Guo Bai. En los ZES un sistema contractual vincula a las empresas chinas y las empresas extranjeras. China importa los componentes de la fabricación de bienes de consumo industriales (electrónica, textil, química). La mano de obra china hace el ensamblaje, después las mercancías se venden a los mercados occidentales. Este reparto de las tareas está en el origen de un doble fenómeno que no ha dejado de acentuarse desde hace 30 años: el crecimiento económico de China y la desindustrialización de Occidente. Medio siglo después de las «guerras del opio» (1840-1860) que emprendieron las potencias occidentales para despedazar China, el Imperio del Medio tomó su revancha.

Porque los chinos aprendieron la lección de una historia dolorosa, «esta vez la liberalización del comercio y las inversiones es competencia de la soberanía de China y están controladas por el Estado. Lejos de ser los enclaves que solo benefician a un puñado de “compradores”, la nueva liberalización del comercio fue uno de los principales mecanismos que han permitido liberar el enorme potencial de la población» [3]. Otra característica de esta apertura, a menudo desconocida, es que beneficia esencialmente a la diáspora china, que entre 1985 y 2005 poseía el 60 % de las inversiones acumuladas, frente al 25 % por los países occidentales y el 15 % por Singapur y Corea del Sur. La apertura al capital «extranjero» fue en primer lugar un asunto chino. Movilizando los capitales disponibles, la apertura económica creó las condiciones de una integración económica asiática de la que la China popular es la locomotora industrial.

Decir que China se convirtió en «capitalista» después de haber sido «comunista» indica, pues, una visión ingenua del proceso histórico. Que haya capitalistas en China no convierte el país en «capitalista», si se entiende con esta expresión un país donde los dueños de capitales privados controlan la economía y la política nacionales. En China es un partido comunista con 90 millones de afiliados, que irriga al conjunto de la sociedad, el que tiene el poder político. ¿Hay que hablar de sistema mixto, de capitalismo de Estado? Es más conforme a la realidad, pero todavía insuficiente. Cuando se trata de clasificar el sistema chino, el apuro de los observadores occidentales es evidente. Los liberales se dividen en dos categorías: los que reprochan a China que siga siendo comunista y los que se alegran de que se haya hecho capitalista. Unos solo ven «un régimen comunista y leninista» disfrazado, aunque ha hecho concesiones al capitalismo ambiental [4]. Para otros China se ha vuelto «capitalista» por la fuerza de las cosas y esa transformación es irreversible.

Sin embargo algunos observadores occidentales intentan captar la realidad con más sutileza. Así Jean-Louis Beffa, en una publicación económica mensual, afirma directamente que China representa «la única alternativa creíble al capitalismo occidental». «Después de más de 30 años de un desarrollo inédito, escribe, ¿no es hora de concluir que China ha encontrado la receta de un contramodelo eficaz al capitalismo occidental? Hasta ahora no había surgido ninguna solución alternativa y el hundimiento del sistema comunista en torno a Rusia en 1989 consagró el éxito del modelo capitalista. Pero la China actual no lo suscribe. Su modelo económico híbrido combina dos dimensiones que saca de fuentes opuestas. La primera procede del marxismo leninismo, está marcada por un poder controlado del partido y un sistema de planificación vigorosamente aplicado. La segunda se refiera más a las prácticas occidentales, que se centra en la iniciativa individual y en el espíritu emprendedor. Cohabitan así el control del PCC sobre los negocios y un sector privado abundante» [5].

Este análisis es interesante pero vuelve a las dos dimensiones –pública y privada- del régimen chino, puesto que es la esfera pública, obviamente, la que está al mando. Dirigido por un poderoso partido comunista, el Estado chino es un Estado fuerte. Controla la moneda nacional, incluso la deja caer para estimular las exportaciones, lo que Washington le reprocha de forma recurrente. Controla casi la totalidad del sistema bancario. Vigilados de cerca por el Estado, los mercados financieros no desempeñan el papel desmesurado que se arrogan en Occidente. Su apertura a los capitales, por otra parte, está sometida a condiciones draconianas impuestas por el Gobierno. En resumen, la conducción de la economía china está en la férrea mano de un Estado soberano y no en la «mano invisible del mercado» querida por los liberales. Algunos se lamentan. Un liberal autorizado, un banquero internacional que enseña en París revela que «la economía china no es una economía de mercado ni una economía capitalista. Tampoco un capitalismo de Estado, porque en China es el propio mercado el que está controlado por el Estado» [6]. Pero si el régimen chino tampoco es un capitalismo de Estado, ¿entonces es «socialista», ya que es el propietario de los medios de producción o al menos ejerce el control de la economía? La respuesta a esta pregunta es claramente positiva.

La dificultad del pensamiento dominante para nombrar el régimen chino, como vemos, viene de una ilusión contemplada desde hace mucho tiempo: al abandonar el dogma comunista China entraría por fin en el maravilloso mundo del capitalismo ¡Sería estupendo poder decir que China ya no es comunista! Convertida al liberalismo, esta nación entraría en el derecho común. Con la vuelta al orden de las cosas, la capitulación validaría la teología del homo occidentalis. Pero sin duda se ha malinterpretado la célebre fórmula del reformador Deng Xiaoping: «poco importa que el gato sea blanco o negro si caza ratones».

Eso no significa que de igual el capitalismo o el socialismo, sino que se juzgará a cada uno por sus resultados. Se ha inyectado una fuerte dosis de capitalismo en la economía China, controlada por el Estado, porque era necesario estimular el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero China permanece en un Estado fuerte que dicta su ley a los mercados financieros y no al revés. Su élite dirigente es patriota. Incluso aunque conceda una parte del poder económico a los capitalistas «nacionales», no pertenece a la oligarquía financiera globalizada. Adepta a la ética de Confucio, dirige un Estado que solo es legítimo porque garantiza el bienestar de 1.400 millones de chinos.

Además no hay que olvidar que la orientación económica adoptada en 1979 ha sido posible por los esfuerzos realizados en el período anterior. Al contrario que los occidentales, los comunistas chinos subrayan la continuidad –a pesar de los cambios efectuados- entre el maoísmo y el posmaoísmo. «Muchos tuvieron que sufrir por el ejercicio del poder comunista. Pero la mayoría se adhiere a la apreciación emitida por Deng Xiaoping, el cual tenía alguna razón para querer a Mao Zedong: 70 % positivo y 30 % negativo. Hoy existe una frase muy extendida entre los chinos que revela su opinión sobre Mao Zedong: Mao nos puso de pie, Deng nos hizo ricos. Y esos chinos consideran perfectamente normal que el retrato de Mao figure en los billetes de banco. Todo el apego que todavía hoy tienen los chinos a Mao Zedong se debe a que lo identifican con la dignidad nacional recuperada» [7].

Es cierto que el maoísmo acabó con 150 años de decadencia, de caos y de miseria. China estaba fragmentada, devastada por la invasión japonesa y la guerra civil. Mao la unificó. En 1949 era el país más pobre del mundo. Su PIB per cápita era alrededor de la mitad del de África y menos de tres cuartas partes del de la India. Pero de 1950 a 1980, durante el período maoísta, el PIB creció de forma regular (2,8 % de media anual), el país se industrializó y la población pasó de 552 a 1.017 millones de habitantes. Los progresos en materia de salud fueron espectaculares y se erradicaron las principales epidemias. El indicador que resume todo, la esperanza de vida pasó de 44 años en 1950 a 68 años en 1980. Es un hecho indiscutible. A pesar del fracaso del «Gran salto adelante» y a pesar del embargo occidental –que siempre se olvida mencionar- la población china ganó 24 años de esperanza de vida con Mao. Los progresos en materia de educación fueron masivos, especialmente en la primaria: el porcentaje de población analfabeta pasó del 80 % en 1950 al 16 % en 1980. Finalmente las mujeres chinas –que «sostienen la mitad del cielo», decía Mao- fueron educadas y liberadas de un patriarcado ancestral. En 1950 China estaba en ruinas. Treinta años después todavía era un país pobre desde el punto de vista del PIB por habitante. Pero era un Estado soberano unificado, equipado y dotado de una industria naciente. El ambiente era frugal, pero la población estaba nutrida, cuidada y educada como no había estado en el siglo XX.

Esta revisión del período maoísta es necesaria para comprender la China actual. Fue entre 1950 y 1980 cuando el socialismo puso las bases del desarrollo futuro. En los años 70, por ejemplo, China recogía el fruto de sus esfuerzos en materia de desarrollo agrícola. Una silenciosa revolución verde había hecho su camino aprovechando los trabajos de una Academia China de Ciencias Agrícolas creada por el régimen comunista. A partir de 1964 los científicos chinos obtienen sus primeros éxitos en la reproducción de variedades de arroz de alto rendimiento. La restauración progresiva del sistema de riego, los progresos realizados en la reproducción de semillas y la producción de abonos nitrogenados transformaron la agricultura. Como los progresos sanitarios y educativos, esos avances agrícolas hicieron posibles las reformas de Deng que han constituido la base del desarrollo posterior. Y ese esfuerzo de desarrollo colosal solo podía ser posible bajo el impulso de un Estado planificador. La reproducción de las semillas, por ejemplo, necesitaba inversiones imposibles en el marco de las explotaciones individuales [8].

En realidad la China actual es hija de Mao y Deng, de la economía dirigida que la unificó y de la economía mixta que la ha enriquecido. Pero el capitalismo liberal al estilo occidental no aparece en China. La prensa burguesa cuenta con lucidez la indiferencia de los chinos hacia nuestros caprichos. Se puede leer en Les Echos, por ejemplo, que los occidentales «han cometido el error de pensar que en China el capitalismo de Estado podría ceder el paso al capitalismo de mercado». ¿Qué se reprocha en definitiva a los chinos?

La respuesta no deja de sorprender en las columnas de un semanario liberal: «China no tiene la misma noción del tiempo que los europeos y los americanos. ¿Un ejemplo? Nunca una empresa occidental financiaría un proyecto que no fuera rentable. No es el caso de China, que piensa a largo plazo. Con su poder financiero público acumulado desde hace dos decenios, China no se preocupa prioritariamente de una rentabilidad a corto plazo si sus intereses estratégicos lo exigen». Después el analista de Les E chos concluye: «Así es mucho más fácil que el Estado mantenga el control de la economía. Lo que es impensable en el sistema capitalista tal y como lo practica Occidente no lo es en China». ¡No se puede decir mejor! (9).

Obviamente este destello de lucidez es poco habitual. Cambia la letanía acostumbrada según la cual la dictadura comunista es abominable, Xi Jinping es dios, China se desmorona bajo la corrupción, su economía se tambalea, su deuda es abismal y su tasa de crecimiento se halla a media asta. Un escaparate de tópicos y falsas evidencias en apoyo de la visión que dan de China los medios dominantes que pretenden entender a China según categorías preestablecidas muy apreciadas en el pequeño mundo mediático. ¿Comunista, capitalista, un poco de ambos u otra cosa? En las esferas mediáticas pierden los chinos. Es difícil admitir, sin duda, que un país dirigido por un partido comunista haya conseguido en 30 años multiplicar por 17 su PIB por habitante. Ningún país capitalista lo ha conseguido nunca.

Como de costumbre los hechos son testarudos. El Partido Comunista de China no renuncia a su papel dirigente en la sociedad y proporciona su armazón a un Estado fuerte. Heredero del maoísmo, este Estado conserva el control de la política monetaria y del sistema bancario. Reestructurado en los años 90, el sector público sigue siendo la columna vertebral de la economía china, representa el 40 % de los activos y el 50 % de los beneficios generados por la industria, predomina en el 80-90 % en los sectores estratégicos: siderurgia, petróleo, gas, electricidad, energía nuclear, infraestructuras, transportes, armamento. En China todo lo que es importante para el desarrollo del país y para su proyección internacional está estrechamente controlado por el Estado soberano. Un presidente de la República china nunca malvendería al capitalismo estadounidense una joya industrial comparable a Alstom, ofrecida por Macron envuelta en papel de regalo.

Si se lee la resolución final del Decimonoveno Congreso del Partido Comunista Chino (octubre de 2017), se comprueba la amplitud de los desafíos. Cuando dicha resolución afirma que «el Partido debe unirse para alcanzar la victoria decisiva de la edificación integral de la sociedad de clase media, hacer que triunfe el socialismo chino de la nueva era y luchar sin descanso para lograr el sueño chino de la gran renovación del país», hay que tomar esas declaraciones en serio. En Occidente la visión de China está oscurecida por las ideas recibidas. Se imagina que la apertura a los mercados internacionales y la privatización de numerosas empresas hacen doblar las campanas por el «socialismo chino». Nada más lejos de la realidad. Para los chinos esa apertura es la condición del desarrollo de las fuerzas productivas, no el preludio de un cambio sistémico. Las reformas económicas han permitido salir de la pobreza a 700 millones de personas, es decir, el 10 % de la población mundial. Pero se inscriben en una planificación a largo plazo en la que el Estado chino conserva el control. Hoy nuevos desafíos esperan al país: la consolidación del mercado interior, la reducción de las desigualdades, el desarrollo de las energías verdes y la conquista de las altas tecnologías.

Al convertirse en la primera potencia económica del mundo, la China popular elimina el pretendido «fin de la historia». Envía al segundo puesto a un Estados Unidos moribundo minado por la desindustrialización, el sobreendeudamiento, el desmoronamiento social y el fracaso de sus aventuras militares. Al contrario que Estados Unidos China es un imperio sin imperialismo. Ubicado en el centro del mundo, el Imperio del Medio no necesita expandir sus fronteras. Respetuosa del derecho internacional, China se conforma con defender su esfera de influencia natural. No practica el «cambio de régimen» en el extranjero. ¿No quieren vivir como los chinos? No importa, ellos no pretenden convertirlos. Centrada en sí misma, China no es conquistadora ni proselitista. Los occidentales libran una batalla contra su propio declive mientras los chinos hacen negocios para desarrollar su país. En los últimos treinta años China no ha hecho ninguna guerra y ha multiplicado su PIB por 17. En el mismo período Estados Unidos ha emprendido una decena de guerras y ha precipitado su decadencia. Los chinos han erradicado la pobreza mientras Estados Unidos desestabiliza la economía mundial y vive a crédito. En China retrocede la miseria mientras en Estados Unidos avanza. Nos guste o no el «socialismo chino» humilla al capitalismo occidental. Decididamente el «fin de la historia» puede ocultar otro.

Notas :

[1] Francis Fukuyama, La fin de l’Histoire et le dernier homme, 1993, Flammarion.
[2] Michel Aglietta et Guo Bai, La Voie chinoise, capitalisme et empire, Odile Jacob, 2012, p.17.
[3) Ibidem, p. 186.
[4] Valérie Niquet, «La Chine reste un régime communiste et léniniste», France TV Info, 18 octobre 2017.
[5] Jean-Louis Beffa, «La Chine, première alternative crédible au capitalisme», Challenges, 23 juin 2018.
[6] Dominique de Rambures, La Chine, une transition à haut risque, Editions de l’Aube, 2016, p. 33.
[7] Philippe Barret, N’ayez pas peur de la Chine !, Robert Laffont, 2018, p. 230.
[8] Michel Aglietta et Guo Bai, op. cit., p.117.
[9] Richard Hiaut, «Comment la Chine a dupé Américains et Européens à l’OMC», Les Echos, 6 juillet 2018.


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jueves, 29 de noviembre de 2018

JOS MARI AZNAR PARA LOS AMIGOS, BORRACHUZO TELEVISADO Y UNIDO POR AMOR A LA SEÑORA BOTELLA, DESPUES DE HABER PASADO POR LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y DEL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA ROBAR AL ESTADO, ESTÁ GANANDO DABUTE DINERO QUE TE CAGAS TÍO GUAY, CON LO QUE SE DEMUESTRA QUE A LA POLÍTICA SE VA, SI ES QUE TE TRINCAN, PARA ENTRARA A LA CÁRCEL, ¿O NO?, ZAPLANA


La empresa de inteligencia artificial de los Aznar capta 68 millones desde el paraíso fiscal de Bermudas
Afiniti Ltd, radicada en esa isla offshore del Caribe, tiene como consejero al expresidente del Gobierno y acaba de captar 68 millones en una nueva ronda de financiación
Esa firma de Bermudas tiene el 100% de la sociedad británica que a su vez controla la filial de Afiniti en España, dirigida por Alonso Aznar, hijo menor del expresidente
La compañía estadounidense ha incorporado a su extenso consejo asesor a personalidades como el exministro francés François Fillon

Eldiario.es
28.11.2018

José María Aznar, en una imagen de archivo. EFE
Afiniti, la empresa estadounidense de inteligencia artificial aplicada a los call center de la que es consejero desde enero de 2016 José María Aznar, acaba de captar más de 68 millones de euros en una colocación privada realizada a través de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Bermudas de la que el propio expresidente español, ex inspector de Hacienda, es administrador.
La sociedad en cuestión es Afiniti Ltd, con sede en Hamilton, Bermudas, isla del Caribe en la que el impuesto de Sociedades es cero y que hace un par de años  fue señalada por la ONG Intermón como el paraíso fiscal más agresivo del mundo. Bermudas está desde hace años en la lista de paraísos fiscales de la Agencia Tributaria española.
Afiniti Ltd figura inscrita en ese territorio offshore de la Corona Británica desde el 12 de octubre de 2011, aunque entonces se llamaba Satmap International Holdings, Ltd. Sus  administradores son los mismos que figuran en la web de la compañía, en una foto en la que aparece (en el centro de la imagen)  un Aznar muy sonriente junto a, entre otros, John Snow, presidente del fondo Cerberus, también consejero de Afiniti y ex secretario del Tesoro de Estados Unidos durante la presidencia de George Bush Jr.
Afiniti, cuyo máximo responsable en España, Portugal y México es Alonso Aznar Botella, hijo menor del expresidente del Gobierno y la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella, tiene sus oficinas centrales en Washington DC, pero ha sido esa sociedad radicada en Bermudas la que ha comunicado recientemente a la  SEC estadounidense (equivalente a la CNMV española) la realización de una colocación de equity (capital) por importe de 77.751.383 dólares (los citados 68 millones de euros) entre cerca de ochenta inversores no identificados.
La operación se llevó a cabo el pasado 26 de octubre e iría aparejada a la colocación de otros 60 millones de dólares en deuda de la que informó recientemente la web especializada Techcrunch, que asignaba a la compañía una valoración superior a los 1.300 millones de dólares.
También la española
La firma de Bermudas Afiniti Ltd es también la titular de algunas de las patentes que la compañía tiene registradas en Estados Unidos. Y es, además, propietaria indirecta de la filial en España de Afiniti. En el Registro Mercantil de Reino Unido se identifica desde junio de 2016 a Afiniti International Holdings, Ltd (la anterior denominación de Afiniti Ltd) como propietaria de Afiniti Europe Technologies Limited. Esta sociedad británica, a su vez, tiene el 100% de la filial española del grupo, Afiniti Spain, según las últimas cuentas de esta filial (2016).
Esas cuentas, accesibles a través de la plataforma Insight View, reflejan cero euros de facturación en ese ejercicio para Afiniti Spain, que contaba con una plantilla de nueve empleados al cierre de ese ejercicio, en el que registró unas pérdidas de cerca de 200.000 euros.
Afiniti ha incorporado a su extenso consejo asesor (un órgano consultivo diferente al consejo de administración en el que se sienta Aznar) a, entre otras personalidades del mundo de la empresa y la política, el exprimer ministro francés François Fillon, Simon Murray (expresidente de la minera Glencore), el español Juan Hoyos, buen amigo de Aznar y presidente de Haya Real Estate, la sociedad de gestión inmobiliaria de activos adjudicados controlada por Cerberus; John Brown (ex consejero delegado de la petrolera BP), Ivan Seidenberg, expresidente de Verizon, o John Tague (ex consejero delegado de Hertz).
Afiniti, sobre cuya salida a bolsa se especula desde hace tiempo, permite a las empresas que contratan sus servicios asignar automáticamente a los teleoperadores más acordes con los gustos de los clientes que llaman a sus servicios de atención telefónica, cruzando su número de teléfono con multitud de bases de datos que contienen información sobre sus gustos, preferencias o nivel socioeconómico y sus perfiles en redes sociales. El negocio de la empresa, que dice aumentar las ventas de sus clientes un 4%, consiste en cobrar una comisión sobre ese porcentaje.
La compañía estadounidense es una de las firmas de las que es consejero Aznar, también administrador de News Corp, el grupo mediático de Rupert Murdoch, que el año pasado  subió el sueldo al expresidente español un 17% y que acaba de renovarle en el cargo un año más. No obstante, el español fue el consejero que más votos en contra recabó entre los accionistas del grupo.
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miércoles, 28 de noviembre de 2018

SEGÚN EL DERECHO Y SEGÚN ME DE EL VIENTO, 3 + 2 = 6 (SIEMPRE Y CUANDO SEA PARA COBRAR) O, PORQUE HAY QUE SER SIEMPRE RIGUROSOS 3 + 2 = 4 (SIEMPRE QUE SEA PARA PAGAR), QUE LO QUE YO LES QUIERO DECIR ES QUE ESCUCHEN MUCHO LA RADIO DE LA IGLESIA QUE NO ES CRISTIANA, SINO CANTÓNICA, APOLIMÓNICA O QUE ME SE YO QUÉ, PARA QUE VEAN LO BIEN QUE SIEMBRAN EL ODIO EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

A propósito de las conclusiones de la Fiscalía y Abogacía del Estado en el conflicto catalán







La banalización de los delitos de 
rebelión y sedición


Profesores de Derecho de las Universidades españolas
Viento Sur
22/11/2018 
 

Los abajo firmantes, Profesores de Derecho de las Universidades españolas, una vez presentados, por la Fiscalía General del Estado y la Abogacía General del Estado, los escritos de Conclusiones Provisionales ante el Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, nos vemos obligados a manifestar nuestra opinión jurídica debido a la trascendencia histórica que para la democracia española alcanza el proceso penal que se va a desarrollar.



La Fiscalía estima que ciertas conductas de integrantes de los Mossos de Escuadra, del Parlamento y Gobierno catalán, así como de los líderes sociales de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, dan lugar al delito de rebelión del artículo 472 del Código Penal. Sin embargo, tal delito exige un alzamiento público y violento. A ese respecto debe señalarse que en nuestra opinión es un error considerar que los hechos acaecidos los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, se integran en el concepto de violencia exigido por el artículo 472 del CP. 



Además, la interpretación que se realiza de la exigencia de violencia se separa de la doctrina que el Tribunal Constitucional ha establecido al analizar el delito de rebelión. Pues la STC 198/1987, al justificar constitucionalmente la extensión al delito de rebelión de las excepcionales medidas penales y procesales previstas en el artículo 55.2 de la Constitución para hacer frente a la actuación de las bandas armadas o elementos terroristas, considera que en la discusión parlamentaria del citado precepto “…se constata una equiparación explícita, en cuanto ataque al sistema democrático y a la sustitución de la forma de Gobierno y de Estado elegida libremente por los ciudadanos, entre terrorismo y rebelión. Es cierto que el art. 55.2 no ha mencionado expresamente a los rebeldes, sino sólo a las bandas armadas o elementos terroristas…”, pero…“por definición, la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos, con una finalidad de producir la destrucción o eversión del orden constitucional”. Y concluye: “por ello a tales rebeldes en cuanto integran el concepto de banda armada del art. 55.2 CE, les resulta legítimamente aplicable la suspensión de derechos a la que habilita el precepto constitucional”. 

Tampoco creemos que concurra en este caso el delito de sedición del artículo 544 del CP, debido a que en ningún momento se ha aportado indicio alguno de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario con la finalidad de evitar el cumplimiento de la ley, salvo que se interprete que basta con incitar al derecho de manifestación, esto es, al ejercicio de un derecho fundamental. Sin que puedan atribuirse a los imputados aquéllos comportamientos individuales ocurridos con anterioridad, con posterioridad o realizados por otras personas distintas, ya que en Derecho Penal no rige el principio de responsabilidad objetiva sino el subjetivo por los propios hechos.



En cuanto al delito de rebelión del art. 472 CP, la Fiscalía sustenta que, desde el inicio, los procesados, con el objetivo final de lograr la independencia de Cataluña y la secesión del Estado Central, se plantearon el uso de la violencia. Cómo la llevaron a cabo, se pregunta, y responde: por medio de la actuación tumultuaria de miles de ciudadanos, instigados por aquéllos, y la colaboración de los mossos. Para la Fiscalía, por tanto, el peligro reside en incitar a las movilizaciones, esto es, convierte en delito el ejercicio de derechos fundamentales. 



A mayor abundamiento, consideramos que la interpretación que se ha realizado de los tipos de rebelión y sedición abre la puerta a la banalización de unas figuras prácticamente inéditas en democracia y con un pasado de triste recuerdo, razón por la cual el legislador de 1995 las restringió para casos de una materialidad lesiva claramente superior al actual. El resultado de un recurso inadecuado a estas figuras es el que estamos viendo, la petición de penas de muy larga duración, cuya consonancia con el principio de proporcionalidad –que debe guiar toda interpretación jurídica- es altamente cuestionable. Sólo conculcando muy gravemente el principio de legalidad penal puede llegar a afirmarse que los imputados, a la vista de los hechos que se les han atribuido, pudieron realizar este delito, o el de conspiración para la rebelión que requiere un acuerdo conjunto de llevarlo a cabo con esa misma violencia. 


Sin embargo, lo único que hasta ahora ha demostrado la Fiscalía es que, con esa misma finalidad, todas las movilizaciones realizadas sólo pretendían un referéndum a través de medios pacíficos y democráticos. En esa idea pertinaz de configurar la existencia de violencia, la Fiscalía se centra, esencialmente, en los hechos ocurridos los días 20 de septiembre, 1 y 3 de octubre. Es más, llega a decir que el que no se planeara el uso de la violencia desde un inicio, no impide considerar que, tras los acontecimientos de aquellos días, adoptaran la decisión de seguir con la convocatoria, asumiendo el riesgo del ejercicio de actos violentos y otras confrontaciones.

Pues bien, ni los hechos del 20 de septiembre de 2017 ni los del 1 o 3 de octubre de 2017 dan lugar a la violencia exigida por el artículo 472 del CP.



De otra parte, y por cuanto hace al delito de sedición, conviene recordar que se está recurriendo sistemáticamente al mismo (artículo 544) para reprimir y silenciar movimientos ciudadanos que practican, de modo pacífico, el derecho de manifestación, reunión, concentración. 



En conclusión: 

- No puede olvidarse además la cuestión no menor de la falta de competencia de la Audiencia Nacional que inició el proceso viciando de nulidad lo posteriormente actuado.

- Desde una perspectiva estrictamente jurídica (y sin entrar en consideraciones políticas), reclamamos el respeto al principio de legalidad penal y que investiguen todo lo que el Estado de Derecho autoriza y obliga, pero exclusivamente eso, porque sólo dentro de esos márgenes puede haber oportunidad, proporción y Justicia. 

- La primera medida que debería adoptarse es la puesta en libertad de las nueve personas que permanecen en prisión preventiva por delitos inexistentes.



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¡ESPAÑA, PAÑA, ÑA!



Palomares: ¿y aquí quién manda realmente?



15.11.2018


Para José Herrera Plaza, que lo explicará mucho mejor

I. Mediados de octubre de 2015 [1]: el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y su homólogo en España, José Manuel García-Margallo, firmanuna declaración de intenciones por la que se comprometen a alcanzar tan pronto como sea posible un acuerdo para rehabilitar la zona de Palomares, con radiactividad desde hacia entonces más de 49 años, medio siglo prácticamente.

Recordemos que la localidad almeriense fue afectada por el accidente del 17 de enero de 1966, cuando un avión cisterna KC-130 y un bombardero B-52 colisionaron en vuelo, provocando la caída de cuatro bombas termonuclares. De las cuatro bombas -más potentes, más potencialmente destructivas que las arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki- dos fueron recuperadas intactas. Las otras dos liberaron parte de su carga radioactiva (Nadie como José Herrera Plaza ha explicado lo sucedido [2]. También Eduard Rodríguez Farré y otros compañeros estudiaron y escribieron sobre el tema años atrás).

El plan acordado incluía el traslado de las tierras contaminadas a "un emplazamiento adecuado en los Estados Unidos". Kerry aseguró que USA asumía su responsabilidad y cumpliría su papel. Margallo añadió que se trata de "reparar el error que se cometió hace 50 años". Nos lo creímos. ¡Qué ingenuos! Un grave error, otro más... ¡Y era elemental el incumplimiento querido Watson!

La declaración no tenía validez jurídica, pero comprometía a los dos Gobiernos a negociar de manera inmediata "un acuerdo vinculante" en el que se determinaran las funciones y responsabilidades de cada parte. El texto del acuerdo, afirmó entonces Margallo, estaba "muy avanzado". No ofreció detalles del avance ni como se repartiría el coste de la operación (unos 640 millones de euros; 140 corresponden al compactado y empaquetado de la tierra radiactiva y su traslado a Cartagena para embarcarse con destino a Estados Unidos).

Tampoco se informó adecuadamente sobre sus plazos. Se estimaba entonces entre 12 y 24 meses. ¡En dos años todo resuelto! Se insistió en que el objetivo era hacerlo ya, cuanto antes. Para que Palomares volviera a la normalidad que tenía antes de 1966 (Estados Unidos se llevó entonces unos 5.500 bidones de tierra desde el puerto de Cartagena. Pero quedó mucha tierra contaminada. También ¡dos zanjas en las que se enterraron restos de material de limpieza! Sin más, sin ningún miramiento. ¡Ahí queda eso, para “nuestros colonizados”!).
Pero eso sí, la cara oscura de la Luna existía también en este caso: la declaración firmada contenía una serie de salvaguardas “como la posibilidad de revisarla, interrumpir en cualquier momento su ejecución, ajustarse a las respectivas legislaciones o condicionarla a la existencia de los fondos y el personal necesario”.

No obstante, tras una década de negociaciones, nadie dudaba (es decir, se dudaba), se aseguró entonces con voz tronante y satisfecha, de la voluntad usamericana de llevar a cabo el acuerdo. Pero de hecho ya entonces algo olía mal: los 50.000 metros cúbicos de tierra afectada, se redujeron, tres meses antes de la firma, a 28.000, el 56%.

II. Tres años después [3]: la administración de Donald Trump no está dispuesta a llevarse la tierra contaminada por el accidente nuclear que ahora hace 52 años sufrió la pedanía de Palomares.

Lo ha reconocido el Gobierno Sánchez en una respuesta parlamentaria a preguntas del diputado de Ciudadanos Diego Clemente. Se ha revelado que la Administración usamericana “ha dado a entender que no se considera vinculada” por el acuerdo al que el Gobierno español llegó con la Administración Obama. Más aún que “no tiene intención de iniciar conversaciones bilaterales” con este fin. El acuerdo alcanzado en octubre de 2015 entre José Manuel García-Margallo y John Kerry ha quedado en papel mojado. En nada, en nada de nada.

Recordemos las circunstancias políticas de este período: la convocatoria de elecciones generales en España para el 20 de diciembre de 2015 y el largo periodo de Gobierno en funciones paralizaron la negociación. Cuando se tuvo finalmente Gobierno en España en noviembre de 2016, EE UU celebró sus propios comicios presidenciales. Donald Trump fue elegido presidente.

En febrero de 2018, el entonces secretario de Estado de Exteriores, Ildefonso Castro, viajó a Washington y planteó a su homólogo, John J. Sullivan, los asuntos pendientes (incluida la limpieza de Palomares). Su interlocutor tomó nota.

Meses después, la respuesta del Departamento de Estado fue diáfana: la Administración USA no se sentía vinculada por los compromisos políticos de la anterior.

El acuerdo, ha aclarado el Gobierno en su respuesta, “sigue en vigor para España”. Pero se ha guardado en un cajón hasta que “se den las circunstancias adecuadas y existan visos serios de poder concluir con éxito esa negociación pendiente”. Es decir, hasta tiempos mejores que pueden no venir nunca.

El Gobierno ha reconocido, además, que la tierra contaminada en Palomares “representa una amenaza para la seguridad de la zona y un impedimento a la hora de lograr su desarrollo económico y de impulsar el turismo” [4]. No ha sido frecuente ese reconocimiento, ni en tiempos de gobiernos socialistas.

La Audiencia Nacional debe pronunciarse sobre el recurso planteado por Ecologistas en Acción -¡bien, muy bien!- para que se ponga fecha a la ejecución del plan de limpieza de Palomares. Pero según la Abogacía del Estado, España no puede ejecutar dicho plan sin el apoyo de EE UU: carece de instalaciones "para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio".

Viene a cuento recordar ahora el poema de Erich Fried, “En la capital” [5].
“¿Quién manda aquí?”
Pregunté.
Me dijeron:
“El pueblo naturalmente”.
Dije yo:
“Naturalmente el pueblo
pero, ¿quién
manda realmente?”.
En Palomares no manda realmente el pueblo. Ni siquiera la Junta de Andalucía o el gobierno español. Suena a antiguo, pero es el Imperio quien decide en última instancia: como quiere y cuando quiere. Y sin rechistar.

Así, pues, Palomares seguirá teniendo tierras radiactivas. ¿Vamos a seguir permitiéndolo? ¿De qué soberanía hablamos cuando hablamos de soberanía? Y aquella guerra mal llamada fría tuvo episodios muy calientes. Seguimos arrastrando sus consecuencias.

Notas:

1) Miguel González, “España y EE UU firman un acuerdo para la limpieza de Palomares”. https://elpais.com/politica/2015/10/19/actualidad/1445239084_543164.html

2) José Herrera Plaza, Accidente nuclear en Palomares. Consecuencias, 1966-2016, Almería, 2016.

3) Mis fuentes: Angel Munárriz, “Palomares se aleja de un futuro sin plutonio: de la prometida limpieza al traslado secreto de más residuos”. https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/11/06/palomares_aleja_futuro_sin_plutonio_prometida_limpieza_traslado_secreto_mas_residuos_88491_1012.html; Miguel González, “Trump se niega a retirar la basura nuclear de Palomares”. https://elpais.com/politica/2018/11/07/actualidad/1541616530_406692.html

4) Recordemos que volvió a hablarse del caso de Palomares después de que el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) reconociera que, en mayo de 2016, devolvió a Palomares 1,5 toneladas de muestras de tierras y sedimientos contaminados que habían sido recogidas en diferentes sondeos para realizar estudios. No se informó a nadie. También José Herrera Plaza informó de lo sucedido.

5) Eric Fried, Cien poemas apátridas, Barcelona, Anagrama, 1977.

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¿Y ME DICE USTED QUE ESTÁN AFEITANDO A MI VECINO?



Francia. Movilización de los chalecos amarillos

Lo que está en juego en esta movilización popular

Rebelión
Viento Sur
17.11.2018


https://vientosur.info/local/cache-vignettes/L300xH168/arton14395-fcd01.jpg?1543141318
Desde hace casi un mes se desarrolla en Francia un movimiento que no tiene precedentes. El 17 de noviembre, a lo largo y ancho de Francia se produjeron no menos de 2500 bloqueos de carreteras y de peajes de autopistas, en una movilización que aglutinó a 300.000 chalecos amarillos (porque los manifestantes se colocan el chaleco amarillo obligatorio en los vehículos). Durante toda la semana posterior se han seguido manteniendo numerosos bloqueos en ciudades de tamaño medio. Y el sábado 24, de nuevo, se han desarrollado multitud de acciones en las que han participado más de 100.000 personas, de las cuales 8.000 a Paris en los Campos Elíseos, provocando más de 1.600 bloqueos.

Este movimiento nació al margen de los partidos y los sindicatos. Se construyó a partir de las redes sociales en base al rechazo al anuncio gubernamental de incrementar a partir del 1 de enero de 2019 el impuesto de los carburantes a través del TICPE (siglas en francés del impuesto interior por el consumo de productos energéticos). Un incremento de 6,5 céntimos por litro de gasóleo y de 2,9 céntimos por el sin plomo de 95 oct. Ya en 2018 el impuesto sobre el gasóleo se incrementó en 7,6 céntimos. Sobre el litro de gasóleo a 1,45 €, el Estado se apropia aproximadamente de un 60% a través de impuestos; es decir, 85,4 céntimos. El gobierno también prevé incrementos de 6,5 céntimos para los años 2020 y 2021. Se trata del tercer mayor impuesto de Europa sobre el gasóleo tras el Reino Unido e Italia.

Ahora bien, a diferencia de la mayoría del resto de países europeos, en Francia el consumo del gasóleo es mayoritario: representa el 80% del consumo de carburante. Y hay que tener en cuenta que el precio del gasóleo ha aumentado un 23% el último año.

El llamamiento contra este incremento del impuesto, del que se hizo eco un artículo del principal diario popular del país, Le Parisien, logró el apoyo de centenas de miles de personas a mediados de octubre. Cifra que alcanzó el millón a primeros de noviembre. A partir de ahí, se pusieron en pie numerosos grupos Facebook en todo el país y los vídeos contra la incremento de este impuesto fueron visionados por millones de veces a través de internet (entre ellos había uno lanzado por un grupo de extrema-derecha: Début la France). Después, un chofer de lanzó el llamamiento para bloquear la circunvalación parisina el 17 de noviembre. Fecha a la que se sumaron miles de iniciativas locales para bloquear las rutas y las rotondas y que se iban agregando en un mapa interactivo puesto en pie por dos internautas chalecos amarillos. Finalmente, los grandes medias (a la cabeza de ellos la cadena BFM TV) se hicieron eco del fenómeno, dándole una mayor dimensión.

Así pues, a partir de la simple firma de un manifiesto, el movimiento se extendió como la pólvora.

¿Qué tipo de movimiento?

Este movimiento choca directamente con el gobierno, pero también con ¡los responsables sindicales y políticos! Ha sido sorprendente el contraste entre la extensión del movimiento entre las clases populares, la enorme simpatía que ha suscitado, sobre todo en las empresas, el apoyo masivo entre la población (70% de apoyo en vísperas del 17 de noviembre) y la caricatura a la que se le ha sometido en muchos ámbitos de la izquierda, criticando, sin ningún rigor, que detrás del mismo estaba la patronal del transporte por carretera y la extrema-derecha. Ahora bien, el conjunto de las organizaciones patronales condenó los bloqueos y exigió al gobierno acabar con los mismos; encuanto a la extrema-derecha, es cierto que Nicolas Dupont Aignan, dirigente del pequeño partido Debout la France, se viene desgañitando desde mediados de octubre con un chaleco amarilloante los media. Asimismo, Rassemblement National (antiguo FN, con Marine Le Pen a la cabeza) le dio su apoyo, aunque desmarcándose de los bloqueos de carreteras… Ahora bien, la mayoría de organizadores de chalecos amarillos han marcado distancias con este embarazoso apoyo.

Por su parte, Les Republicans (derecha tradicional) y el Partido socialista, expresaron con discreción su simpatía con el movimiento. En sentido contrario, si bien responsables de la France Insoumise como J.L. Melenchon o François Rufifin, así como Olivier Besancenot (NPA) expresaron su apoyo al movimiento, todas las grandes organizaciones sindicales (no solo la CFDT, sino también la CGT y Solidaires) rechazaron apoyar las manifestaciones, haciendo hincapié en la manipulación de la extrema derecha y la patronal del transporte por carretera.

En realidad, los chalecos amarillos son la expresión de un movimiento profundo de las clases populares. En Francia, todos los días, son 17 millones las personas que van a trabajar fuera de sus municipio de residencia; es decir, 2/3 de las personas activas; y un 80% de ellas utiliza su medio de transporte personal. Así pues, la preocupación por el precio del carburante es muy grande entre las capas populares: tanto en la región parisina (donde solo el 50% de las personas asalariadas utiliza el transporte público para ir al trabajo) y en el resto de regiones.

Por tanto, la cuestión del impuesto anunciado afecta ¡a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras! La gente asalariada, y sobre todo sus familias, se ven obligadas a vivir cada vez más lejos de los centros urbanos; la precariedad acentúa este alejamiento del lugar del trabajo. En la región parisina, el 50% que se ve obligado a utilizar el vehículo para ir a trabajar se corresponde a menudo con la gente que habita en la periferia o trabaja en horas intempestivas.

El coste del transporte en coche, y sobre todo el diesel, ha explotados estos últimos años en un contexto en el que el índice de inflación oficial se ha utilizado como pretexto para no incrementar los salarios.

Los chalecos amarillos polarizan una exasperación popular en relación al poder de compra, los salarios y las pensiones, con un carácter de clase evidente.

Ahora bien, esta exasperación también cataliza una cólera difusa debida al descrédito del gobierno, a la acumulación de los ataques contra el poder de compra, las pensiones… y a los múltiples regalos concedidos a los ricos, a los capitalistas. También el descrédito de los partidos políticos que habiendo dirigido el país en alternancia son los responsables de la actual situación social.

Gracias a las reformas fiscales del gobierno, a la supresión del ISF (impuesto sobre las fortunas), la reducción del impuesto sobre las rentas del capital, el 1% de los más ricos verán incrementar sus fortunas en un 6% en 2019, y el 0,4% de los más ricos incrementarán su poder de compra en 28.300€. Al mismo tiempo, el 20% de los menos ricos, con las reforma de los subsidios para vivienda y la reducción de las pensiones, verán reducirse sus ingresos sin ver incrementadas las prestaciones sociales al mismo tiempo que los precios siguen incrementándose.

Impopularidad y crisis de gobierno

Una gran parte de la población ve a Macron como el presidente de los ricos, de los muy ricos. El incremento del impuesto sobre los carburantes, que golpea sobre todo a la gente con salarios más bajos, tras los regalos que ha hecho a los más ricos, ha sido la gota de agua que ha desbordado el vaso.

Además, debido a su política de clase y al descrédito que acumula, el gobierno Macron atraviesa una situación de crisis acelerada desde el verano. El affaireBenalla fue el escándalo del verano. Alexandre Benalla, miembro de la seguridad personal de Macron, reconocido como culpable de agredir a manifestantes el 1 de mayo, emergió como la expresión de una prácticas presidencial basada en utilizar los servicios del Estado para sus necesidades personales a cambio de dar manga ancha a sus colaboradores. Mutas mutandis, lo que le ocurrió a Fillon en víspera de las elecciones presidenciales.

A este escándalo le siguió la dimisión de Nicolas Hulot, la cara ecologista de Macron, tras múltiples renuncias a sus compromisos en el ámbito de la transición energética. Dimisión a la que siguió la de Collomb, ministro del Interior y uno de los primeros en apoyar al nuevo presidente, que dimitió a principios de otoño. Estas sucesivas crisis internas dan testimonio del desgaste acelerado de este gobierno y de la debilidad de su base política y social.

Todas las encuestas sitúan la popularidad de Macron por debajo de la de François Hollande en el mismo momento de su mandato.

Las reivindicaciones de los chalecos amarillos

En todos los mensajes de los chalecos amarillos a través de las redes sociales y en los bloqueos, la exigencia de la retirada del nuevo impuesto sobre los carburantes se mezcla, más allá del cabreo por la carestía de la vida, la exigencia del restablecimiento del impuesto sobre las fortunas… y, a menudo, pura y simplemente la exigencia de que Macron dimita.

Con el objetivo de ganar apoyo popular, a la hora de justificar el nuevo impuesto sobre carburantes, el gobierno utiliza el argumento de la necesidad de combatir el cambio climático y luchar contras la emisión de gases de efecto invernadero y de partículas finas. El portavoz del gobierno, Benjamin Grivaux, pensaba obtener el apoyo de la izquierda ecologista denunciando a "quienes fuman tabaco y circulan con diesel". Pero incluso en el campo electoral ecologista, el incremento del impuesto no tuvo una acogida favorable y la perorata despectiva del gobierno no dio en el blanco.

La razón fundamental de ello es que toda la política de este gobierno (como la de los precedentes) da la espalda a los urgentes imperativos ecológicos: impulsando el uso indiscriminado del vehículo y el diesel, no hace nada para desarrollar el transporte colectivo, tanto en las zonas rurales como en las grandes ciudades. Más teniendo en cuenta, como hemos indicado más arriba, que las clases trabajadoras ven cada vez más distanciados los centros de trabajo de su lugar de residencia.

El hacer pagar el plato fundamentalmente a sectores de la población que no tienen opción de cambiar su modo para desplazarse… ¡ni cambiar de vehículo!, resulta de una arrogancia gubernamental insoportable.

En la contrarreforma ferroviaria puesta en pie por el gobierno se prevé suprimir más de 11000 Km. de vía férrea en tanto que el transporte de mercancías ha sido sacrificado en beneficio del transporte por carretera. En paralelo se exonera a Total (compañía petrolera) de toda contribución fiscal y se le da carta blanca para continuar con las exploraciones para extracción de petróleo.

Además, el debate sobre la ley financiera para 2019 ha puesto al descubierto que más de 500 millones del impuesto sobre carburantes van a ser utilizados no para la transición ecológica, sino a absorber el déficit presupuestario de 2019 y compensar así la recaudación menos por la supresión del impuesto sobre la fortuna.

Durante semanas, el gobierno y los media se han empeñado en intentar desacreditar el movimiento presentándolo como el de "la Francia periférica", de los "territorios olvidados", de una revuelta de gente inculta y sin conciencia del cambio climático (ver análisis de Gerar Noiriel 1/ ).

¿Y el movimiento obrero organizado?

El movimiento obrero y sus organizaciones no están a la cabeza de este movimiento de chalecos amarillos. Esto expresa tanto su pérdida de influencia en muchas regiones y como entre colectivos laborales. Es también, como señalan responsables de ATTAC y de la Fundación Copernic en la trtibuna publicada en Le Monde 2/ el resultado de las derrotas acumuladas por los movimientos sociales estos últimos años.

La voluntad de realizar los bloqueos, de impulsar acciones directas tiene su origen en el rechazo a las formas tradicionales de manifestación, si bien se enmarca en las acciones de bloque impulsadas por los sectores sociales combativos

Además, la política practicada por las direcciones sindicales, la debilidad del recambio de ese movimiento popular plantean un problema. Esta política ha tomado como pretexto las maniobras de la extrema derecha o la voluntad "apoliticista" de los chalecos amarillos. Pero como dicen los responsables de ATTAC y Copernic en la citada tribuna, "No se podrá combatir estar desconfianza o su instrumentalización por la extrema derecha, ni el riesgo del anti-fiscalidad, practicando la política de la silla vacía o culpabilizando a las y los manifestantes. Por el contrario, se trata más bien dotarse de los medios para pesar en seno y ganar la batalla cultural y política en el seno de ese movimiento contra la patronal y la extrema derecha que quieren fagocitarlo".

Muchas estructuras y militantes sindicales no han dudado en prestar su apoyo y llamar a participar en las acciones de los chalecos amarillos: por ejemplo, la CGT de la Metalurgia, Sud-Industria, FO-Transporte y numerosos llamamientos unitarios en diversos departamentos que han puesto por delante una plataforma reivindicativa de incrementos salariales, contra los impuestos indirectos que perjudican a las clases populares y por una reforma fiscal progresiva sobre los salarios.

A menudo, estos llamamientos rechazaban de forma clara los impuestos sobre los carburantes poniendo por delante la necesidad de una verdadera política ecológica que afecte a compañía petrolífera Total, que impulse el transporte colectivo y el transporte de mercancías por carretera.

En las redes militantes, e incluso en la prensa, todos los informes dan testimonio de la base popular de este movimiento, compuesto fundamentalmente de gente asalariada y pensionistas, al lado de autónomos o pequeños empresarios, toda esa gente que sobrevive con salarios bajos en plena ofensiva gubernamental. Los militantes del NPA que han participado en los bloqueos o han distribuidos hojas en los mismos, informan de la buena acogida de los mismos y, sobre todo, de la sintonía en torno a las exigencias de restablecimiento del impuesto sobre las fortunas y el fin de los regalos fiscales a los más ricos.

Los retos del movimiento

Por tanto, más allá de cómo continúe el movimiento existen retos importantes para este movimiento. Uno de ellos, sin que conlleve su control, lograr que se estructure democráticamente y converja con las organizaciones del movimiento obrero dispuestas a desarrollar un combate común de confrontación general con el poder.

El gobierno desea que los chalecos amarillos no sean más que un paréntesis perturbador antes de volver a una vida política y social normal. Tras el 17 de noviembre, todos los media insistieron hasta saciar sobre los enfrentamientos habidos en los bloqueo, la gente herida que resultó herida y la muerte de una chaleco amarillo, atropellada por una automovilista. Insistían también sobre los inaceptables pero muy marginales actos racistas y homófobos que se daban con el fin de desacreditar al conjunto del movimiento. Aún si es más prudente que con las manifestaciones del movimiento social, estos últimos días el poder ha reprimido con dureza los bloqueos y sobre todo la manifestación de los Campos Elíseos de este sábado. Poco habituados a manifestaciones de calle y aún menos a los enfrentamientos, sectores amplios de chalecos amarillos se han visto impresionados por la violencia utilizada, sin que ello ponga en cuestión la voluntad de realizar nuevos bloqueos. El poder espera que las imágenes de los enfrentamientos y el acercamiento de las fiestas de fin de año llevarán a la extinción del movimiento.

Por ello, Si el movimiento obrero se sitúa en la misma lógica, la responsabilidad sería grande. Aún cuando sea marginal, la extrema derecha está en la emboscada de cara a este movimiento y espera que no surja ninguna perspectiva anticapitalista para el futuro del mismo. El movimiento de las Horcas (Forconi) en Italia en 2013, que tuvo ciertas similitudes con el de los chalecos amarillos tiene que alertarnos

Así pues, este movimiento se encuentra ante retos importantes sea cual sea su continuidad. Uno, sin que lo encorsete, lograr que se estructure democráticamente y converja con las organizaciones del movimiento obrero dispuestas a desarrollar un combate común para hacer frente al poder. El gobierno espera que los chalecos amarillos no sean más que un paréntesis perturbador antes de volver a una vida política y social normal. Si el movimiento obrero se sitúa en la misma lógica, la responsabilidad sería grande. Aún cuando sea marginal, la extrema derecha está en la emboscada de cara a este movimiento y espera que no surja ninguna perspectiva anticapitalista para el futuro del mismo. El movimiento de las Horcas (Forconi) en Italia en 2013 3/ , que tuvo ciertas similitudes con el de los chalecos amarillos tiene que alertar a quienes (sobre todo los anticapitalistas) quieren que la ira popular, la exasperación social, no solo se vuelva contra este gobierno de ricos sino que abara la vía a una ofensiva anticapitalista que abra la vía a la emancipación.

León Cremieux , sindicalista y militante del NPA
Traduccción: viento sur





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