Abandonado
por todos, sometido a brutales campañas de hostigamiento, Pedro Castillo ha
sido acusado de golpista y dictador. Los medios de comunicación peruanos y
europeos más importantes han secundado esas ridículas acusaciones. Ellos sabrán
por qué.
La oligarquía peruana derroca al presidente Castillo
Manolo De Los Santos
El Viejo Topo
16 diciembre, 2022
El 6 de junio
de 2021 fue una fecha que conmocionó a muchos en la oligarquía peruana. Pedro
Castillo Terrones, un maestro rural que nunca antes había sido elegido para un
cargo público, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con algo
más del 50,13% de los votos. Más de 8,8 millones de personas votaron por el
programa de Castillo –que incluía profundas reformas sociales y la promesa de
una nueva constitución– frente a la candidata de la extrema derecha, Keiko
Fujimori. En un giro dramático de los acontecimientos, el programa histórico de
neoliberalismo y represión, transmitido por el ex dictador peruano Alberto
Fujimori a su hija Keiko, fue rechazado en las urnas.
Desde ese día,
aún incrédula, la oligarquía peruana le declaró la guerra a Castillo.
Convirtieron los siguientes 18 meses en un período de gran hostilidad para el
nuevo presidente, intentando desestabilizar su Gobierno con un ataque múltiple
que incluía un importante uso de la guerra legal. Llamando a “botar el
comunismo”, la Sociedad Nacional de Industrias (el principal grupo empresarial
de la oligarquía) diseñó su plan para que el país fuera ingobernable por
Castillo.
En octubre de
2021, se hicieron públicas grabaciones
que revelaban que desde junio de 2021, este grupo de empresarios, junto con
otros miembros de la élite peruana y líderes de los partidos de la oposición de
derechas, habían estado planeando una serie de acciones que incluían el
financiamiento de protestas y huelgas. Grupos de antiguos militares, aliados
con políticos de extrema derecha como Fujimori, empezaron a pedir abiertamente
el derrocamiento violento de Castillo, amenazando a funcionarios del Gobierno y
a periodistas de izquierda.
La derecha en
el Congreso se sumó a estos planes e intentó destituir a Castillo en dos
ocasiones durante su primer año de mandato. “Desde mi toma de posesión como
presidente, el sector político no ha aceptado la victoria electoral que nos dio
el pueblo peruano”, dijo Castillo en
marzo de 2022. “Entiendo la facultad del Congreso para ejercer la fiscalización
y el control político, sin embargo, estos mecanismos no pueden ejercerse
mediando el abuso del derecho, proscrito en la Constitución, desconociendo la
voluntad popular expresada en las urnas”, enfatizó. Resulta que varios de estos
legisladores, con el apoyo de una fundación alemana de derecha, también se
habían estado reuniendo para
ver cómo modificar la Constitución para destituir rápidamente a Castillo.
La clase
gobernante de la oligarquía peruana nunca pudo aceptar que un maestro de
escuela rural y líder campesino pudiera ser llevado a la presidencia por
millones de pobres, negros e indígenas que veían en Castillo su esperanza de un
futuro mejor. Sin embargo, ante estos ataques, Castillo se fue distanciando
cada vez más de su base política. Castillo formó cuatro gabinetes diferentes
para apaciguar a los sectores empresariales, cediendo cada vez más a las
exigencias de la derecha de destituir a los ministros de izquierda que
desafiaban el statu quo. Rompió con su
partido, Perú Libre, cuando fue abiertamente cuestionado por sus
dirigentes. Pidió ayuda a la
ya desacreditada Organización de Estados Americanos para buscar soluciones
políticas, en lugar de movilizar a los principales movimientos campesinos e
indígenas del país. Al final, Castillo luchaba solo, sin apoyo de las masas ni
de los partidos de la izquierda peruana.
La crisis final
para Castillo estalló el 7 de diciembre de 2022. Debilitado por meses de
acusaciones de corrupción, luchas internas de la izquierda y múltiples intentos
de criminalizarlo, Castillo fue finalmente derrocado y encarcelado. Fue
sustituido por su vicepresidenta, Dina Boluarte, quien se juramentó en el cargo
después de que el Congreso destituyera a Castillo con 101 votos a favor, seis
en contra y diez abstenciones.
La votación se
produjo algunas horas después de que el país recibiera el anuncio televisado de
que Castillo disolvería el Congreso. Lo hizo de forma preventiva, tres horas
antes del inicio de la sesión del Congreso en la que se iba a debatir y votar
una moción de destitución por “incapacidad moral permanente” debido a las
denuncias de corrupción que se investigan. Castillo también anunció el inicio
de un “Gobierno excepcional de emergencia” y la convocatoria de una Asamblea
Constituyente en un plazo de nueve meses. Dijo que, hasta que se instalara la
Asamblea Constituyente, gobernaría por decreto. En su último mensaje como
presidente, también decretó el toque de queda a partir de las 10 de la noche.
El toque de queda, al igual que sus otras medidas, nunca se aplicó. Horas
después, Castillo fue derrocado.
Boluarte se
juramentó ante el Congreso mientras Castillo era detenido en una comisaría. En
la capital, Lima, estallaron algunas manifestaciones, pero ninguna lo bastante
multitudinaria como para revertir el Golpe, que llevaba casi un año y medio
gestándose, el último en la larga historia de violencia de América Latina
contra las transformaciones radicales.
El Golpe contra
Pedro Castillo supone un duro revés para la actual oleada de Gobiernos
progresistas de América Latina y para los movimientos populares que los
eligieron. Este Golpe y la detención de Castillo son un duro recordatorio de
que las élites gobernantes de América Latina no cederán ningún poder sin una
lucha encarnizada hasta el final. Y ahora que el polvo se ha asentado, los únicos
ganadores son la oligarquía peruana y sus amigos de Washington.
Fuente: Globetrotter.
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