martes, 10 de febrero de 2015

IU: 45 MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, "CÁNCER DE LA DEMOCRACIA"


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06 Nov 2014 09
Izquierda Unida no se limita a las condenas políticas, por altisonantes y efectistas que resulten, contra la corrupción, a la que Cayo Lara califica de “cáncer de la democracia”. Mientras algunos se escuchan a sí mismos en sus intervenciones en tertulias televisivas, y se regodean de lo bien que lo hacen sin aportar ni una sola propuesta alternativa, el grupo parlamentario de IU presentó el día 3 de noviembre en el Registro del Congreso de los Diputados la iniciativa parlamentaria que, como proposición no de ley, desarrolla las 45 propuestas del Plan Integral para la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción elaboradas por la coalición.

Entre estas 45 medidas contra la corrupción, con la que, para Cayo Lara, ha tenido mucho que ver una “legislación débil e insuficiente” que hay que reformar y que, afectan a una decena de leyes, se encuentran la eliminación de la prescripción para “los delitos económicos relacionados con la corrupción”, la ampliación “hasta 30 años de la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público” para los condenados por este tipo de delitos, y el establecimiento de una “responsabilidad económica subsidiaria” para las instituciones financieras que colaboren en operaciones de blanqueo de capitales y ocultación de bienes y capitales.

Además de las ya señaladas, el resto incide, principalmente, en intensificar la persecución de los delitos de corrupción, la prevención y la lucha contra el fraude fiscal, el control de los procesos de contratación de las administraciones públicas y de los procedimientos urbanísticos, la regulación de la labor de los cargos públicos, las campañas electorales, los partidos políticos, medidas contra el transfuguismo y el control de los ‘lobbies’.

Asimismo, en la proposición no de ley de IU se detalla la ampliación de los tipos penales y el endurecimiento de penas en el Código Penal para corruptos y corruptores, el establecimiento de procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales en los que se encuentren imputados cargos públicos o la prohibición de que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en paraísos fiscales.

La iniciativa plantea también que los representantes locales de poblaciones superiores a 50.000 habitantes estén sujetos a una inspección sistemática de Hacienda, la regulación o prohibición para recibir regalos, endurecer las incompatibilidades, impedir las ‘puertas giratorias’, reducir los aforamientos y reforzar la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.

En una intervención pública, Cayo Lara recordó que Izquierda Unida ha sido la que “más ha hecho” para desmontar posibles situaciones de corrupción, incluso en los casos particulares que hayan podido afectarla. Indicó que “no quepa ninguna duda” de que habría denunciado la existencia de las tarjetas opacas de Caja Madrid si hubiera tenido conocimiento de ellas, como hizo con las dos querellas presentadas, una en lo que tiene que ver con esta misma entidad bancaria y su sucesora de Bankia, o con la registrada también en la Audiencia Nacional, en febrero de 2013, por el ‘caso Bárcenas-PP’.

Cayo Lara indicó afirmó que IU es “quien más iniciativas ha presentado en el Congreso para hacer frente a la corrupción”, mientras que el PP se ha encargado de “rechazarlas sistemáticamente. Si ha boicoteado cualquier lucha contra la corrupción en el Parlamento, ¿con qué autoridad pretende ser ahora el abanderado de la regeneración democrática?”. En este sentido, advirtió de que tanto IU como su grupo parlamentario se opondrán tajantes a que salga adelante la “ley de punto final” que busca el Partido Popular con sus propuestas, en las que también quiere involucrar a otras formaciones.

“Justicia, justicia y justicia”, repitió para señalar lo que se necesita prioritariamente en estos momentos contra los corruptos y los corruptores, algo que debe ir acompañado con más recursos materiales y humanos, los mismos con los que hasta ahora no se le ha querido dotar “porque han querido encubrir” las tramas que han ido apareciendo para “no potenciar su investigación”.

El coordinador federal de IU criticó valoraciones como las de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, del viernes, 31 de octubre, tras el Consejo de Ministros por pretender “poner el ventilador” para convencer a la gente de que “todos los partidos son iguales. En IU podemos tener un ‘chorizo’, pero se le fulmina. Otros tienen una ristra entera y, además, está organizada”.

Las 45 medidas de la Proposición no de ley de IU

I.- Medidas relativas a la persecución de los delitos relacionados con la corrupción

  1. Ampliación de los tipos penales y endurecimiento de las penas establecidas en el Código Penal para los corruptos y para los corruptores públicos y privados, especialmente para los delitos en materia urbanística y de ordenación del territorio, malversación o apropiación indebida de caudales públicos, prevaricación con fines de lucro, cohecho, soborno, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, alteración de precios en concursos y subastas públicas, enriquecimiento injustificado con recursos públicos o privados, omisión del deber de perseguir delitos, blanqueo de capitales y cohecho impropio, es decir, aquel en el que no se pueda probar contraprestación a los obsequios recibidos por un cargo público. Inclusión en el Código Penal del delito de soborno impropio y la financiación ilegal de los partidos políticos. Endurecimiento de las penas por delito fiscal. Establecimiento de penas agravadas cuando el delito se comete a través de la utilización de paraísos fiscales. Ampliación de los plazos de prescripción. Simplificación de los procesos y reducción de los plazos de instrucción. Medidas efectivas para la recuperación de las cantidades sustraídas, incluyendo las medidas cautelares pertinentes.

2.- Ampliación hasta 30 años de la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público electo, de libre designación o por concurso público para los condenados por los delitos señalados en el punto anterior.

3.- Establecimiento de procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales en los que se encuentren imputados cargos públicos.

4.- Proceder a modificar la legislación existente con el fin de que los delitos económicos relacionados con la corrupción no tengan fecha de prescripción.

Además y en relación al fraude fiscal, se modificará también la legislación existente mediante una disposición transitoria para que se amplíe en un año el periodo de prescripción de éste en el momento de aprobación de la misma, dos años a partir del primer año de aplicación de la Ley, tres a partir del segundo y cuatro a partir del tercero. La disposición decaería una vez logrado limitar el fraude a un máximo de 3 puntos de PIB. En todo caso, la prescripción prevista por la Ley se extenderá a 10 años cuando se utilicen procedimientos tendentes a ocultar la identidad real del obligado tributario, se utilicen paraísos fiscales o la defraudación se cometa por una red organizada para cometer la evasión fiscal, equiparando la prescripción administrativa a la prescripción del tipo agravado del delito fiscal.

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