Para algunos
son un anatema, pero hay una buena razón para defender gran parte de las
subvenciones y convenios con entidades sociales. Es la única forma de
garantizar una financiación básica a muchas entidades que desarrollan un enorme
trabajo social.
De convenios y subvenciones
Albert
Recio
El Viejo Topo
9 febrero, 2022
I
Dentro de unos
días, la alcaldesa de Barcelona deberá acudir al juzgado para declarar en un
presunto caso de corrupción. La causa es la realización de convenios de
cooperación con entidades amigas: el observatorio DESC, Ingenieros sin
Fronteras, Ecologistas en Acción, la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética,
etc. El denunciante una oscura Asociación por la Transparencia y la Calidad
Democrática, que es tan opaca que ni se conocen sus dirigentes. Nada nuevo en
Barcelona. Esta va a ser la décima denuncia, y por los mismos hechos que ya se
han archivado en anteriores ocasiones.
El Gobierno de
los Comuns ha sido objeto de un implacable marcaje desde su llegada al poder.
Puede que no sean más que reformistas socialdemócratas, pero la verdad es que
han osado meter mano en esas cosas que no deben tocarse: proliferación de
hoteles, desahucios, gestión de servicios públicos… Las querellas han estado
casi siempre presentadas por asociaciones tan opacas como la que nos ocupa y
por despachos de abogados ligados a grandes intereses económicos. Los que
llevamos tiempo en los movimientos sociales de la ciudad sabemos el papel que
ha jugado Agbar en mucho de estos casos. Y tanto acoso judicial si bien no se
ha traducido en condenas por corrupción ha tenido éxito en otros campos: Agbar
ha mantenido su negocio, después que el Tribunal Supremo le diera la vuelta a
una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, y uno de sus
satélites consiguió que se anulara el reglamento de participación de la ciudad
por el que muchas entidades habían trabajado mucho tiempo.
Las campañas
judiciales han tenido, cómo no, su complemento mediático en los tradicionales
medios de la derecha local y en algunos nuevos creados ad hoc. Es
lo que cabía esperar de unos poderes económicos para los que sus privilegios
son sagrados. En todas estas campañas de este mandato aparecen dos dianas
paralelas: Ada Colau y su gente, por un lado, y las entidades sociales por
otro. Por estos las denuncias se enfocan siempre en la misma dirección: los
convenios y subvenciones a determinados colectivos con un perfil marcadamente
reivindicativo. Tras la anulación judicial del Reglamento de Participación, se
ha procedido a elaborar uno nuevo bastante parecido al anterior (aunque el
cambio no es inocuo, para acogerse al mandato judicial se ha pasado de tener
que recoger 15.000 firmas a 88.000 para conseguir que se convoque una
consulta). En este proceso hubo un aluvión de demanda de entidades y grupos
empresariales en las que se proponía eliminar subvenciones y convenios a
entidades sociales, entre otras medidas encaminadas a coartar la participación
organizada. El tema de las subvenciones y apoyos que reciben las entidades
sociales es un tema crucial. No solo en Barcelona. En torno a este tema la
derecha lleva años generando un discurso político que criminaliza a
organizaciones que no les gustan: feministas, de memoria histórica, vecinales,
sindicales…
II
Hay una buena
razón para defender gran parte de las subvenciones y convenios con entidades
sociales. Es la única forma de garantizar una financiación básica a muchas
entidades que desarrollan un enorme trabajo social. Las desigualdades de renta
no solo afectan a la situación individual de la gente, sino a su capacidad para
financiar agencias que representen sus intereses. Cuanto más recursos se tiene,
más posibilidades de pagar asesores, comunicadores, activistas con los que
promover los propios intereses. Es un hecho bien conocido y estudiado en el
caso de Estados Unidos. La derecha reniega de subvenciones (aunque el gran
mundo empresarial está especializado en captar todo tipo de rentas públicas)
porque cuanto menos impuestos se paguen y menos ingresos reciban las
asociaciones y movimientos de base más débiles serán. Ellos siempre podrán
financiar (casi siempre con desgravaciones fiscales) sus propios think
tanks, sus campañas, su sociedad civil. Y por esto también son partidarios
de que no existan regulaciones estrictas a la financiación de los partidos
políticos porque eso garantiza que puedan dirigir un enorme flujo de recursos a
los candidatos que mejor defiendan sus intereses.
La financiación
pública a un amplio abanico de entidades es una forma de redistribuir poder e
ingresos. Casi siempre insuficiente y siempre puesta sobre sospecha. En la
experiencia de Barcelona las subvenciones y los convenios se realizan de manera
transparente (desde hace años); las entidades deben justificar el uso y en
general no hay a cambio una intromisión del poder municipal. Quien quiere
mantener su autonomía la mantiene. Se trata casi siempre de una financiación
insuficiente, en que no se considera la aportación en horas de trabajo del
personal voluntario que garantiza muchas actividades sociales. De forma
creciente, hay más bien una sensación de que la mayoría de ayudas conllevan una
carga tan grande de faena burocrática que desaniman a las pequeñas
organizaciones, las que están más necesitadas de recursos básicos (pienso en
alguna asociación vecinal de un barrio pequeño, de bajos ingresos, donde su
actividad es la base de vertebración de un mínimo tejido social).
Hay incluso
alguna experiencia elocuente al respecto. Cuando el Ayuntamiento inició la
creación de centros cívicos en los barrios, gestionados por empresas privadas,
en algunos barrios con tradición radical surgieron demandas de autogestión de
los mismos. Al principio se consiguió en unos pocos centros de mi distrito, en
una situación de tensión permanente con los responsables municipales. Pero
llegó un momento en que uno de los gerifaltes del distrito (del mismo partido
que llevaba años mandando, el PSC) reconoció que la gestión cívica por parte de
entidades y colectivos de barrio era más barata y tenía más satisfecha a la
gente. Desde entonces la gestión cívica se ha extendido a muchos espacios de la
ciudad y es otro de los modelos que está siendo cuestionada por los grupos
empresariales. La razón no es otra que se les ha quitado un suculento pastel.
Democratizar la
sociedad pasa por dotar de recursos que permitan desarrollar iniciativas
sociales, generar organización de la gente con menos recursos, desarrollar
innovación social. Y esto es lo que en gran medida se quieren cargar los que
denuncian pequeñas subvenciones y convenios y suelen saquear, por vías legales
o ilegales, los presupuestos públicos.
III
Para ciertos
sectores de la izquierda, sobre todo de cultura anarquista pero no
exclusivamente, las subvenciones son un anatema. Es habitual, por ejemplo,
encontrar quien apunta que los sindicatos están domesticados gracias a las
subvenciones. Lo que además de un insulto conlleva evitar discutir qué tipo de
acción sindical es posible, deseable y olvidarse de los condicionantes sociales
en los que tiene lugar.
Se puede
entender parte de esta crítica. Es cierto que durante muchos años las
organizaciones de izquierdas se desarrollaron con sus propias fuerzas, con sus
recursos y el trabajo de sus activistas. En Catalunya construyeron un enorme
tejido de cooperativas, ateneos, asociaciones culturales… Un modelo de
organización social que no solo se daba en la clase obrera, incluía a gran
parte de entidades de la pequeña burguesía local. Es algo que en buena parte
destrozó el franquismo y remató el desarrollismo de los años sesenta. Yo viví
aún la fase terminal de aquella experiencia: forma parte de mi formación
social. Y realmente era muy valiosa. Pero es difícil rehacerla más allá de
pequeños grupos de militantes. Han cambiado demasiadas cosas en los
comportamientos de la gente. Se han transformado las formas de gestión del poder,
se han tecnificado. Algo que impacta no solo en los movimientos sociales y
entidades reivindicativas, sino también en el conjunto de asociaciones que son
la base de organización social. Seguir promoviendo la participación, la
militancia y el compromiso es esencial. Pero también se requiere un realismo.
Están bien las
advertencias del carácter potencialmente corruptor de las ayudas públicas. Por
eso es necesario afrontarlas con una estrategia clara, que mantenga la
autonomía de las organizaciones, que se realice con criterios claros que eviten
corruptelas y compras. Que sirvan para reforzar los movimientos y profundizar
los procesos democráticos.
La derecha lo
tiene claro. Ataca las subvenciones a determinados movimientos y entidades no
porque esté en contra del clientelismo, que practica con fruición. Lo hace por
conciencia de clase. Porque quiere organizaciones sindicales, vecinales,
feministas, ecologistas, de memoria histórica, débiles, infradotadas, sin apoyo
técnico adecuado. De eso van las querellas de Barcelona, o el llamado
“desmontaje de chiringuitos” de muchos otros lugares. Por esto también en
Barcelona se está organizando un amplio abanico de entidades muy diversas
porque saben que esto es parte de una ofensiva contra una amplia base social.
Fuente: Mientrastanto.org
