domingo, 20 de octubre de 2019

SOBRE LA VIOLECIA CALLEJERA EN CATALUÑA


MIQUEL DÍAZ. En torno a la violencia y los infiltrados de estos días


INSURGENTE /19/10/2019 

De nuevo vuelven a salir audios, sospechas y conspiraciones en torno a violentos infiltrados que son quienes prenden las barricadas estos días en Barcelona. Al parecer los rumores también llegan hasta fuera de Catalunya. Este es un asunto complejo, en el que tener todas las certezas es casi imposible, pero sobre el que sí podemos aclarar unas cuantas cosas.

En primer lugar, en manifestaciones importantes, la policía y los Mossos en el caso concreto de Catalunya y Barcelona, SIEMPRE han infiltrado gente. Unas veces para provocar, otras veces incluso para animar a otros a realizar según qué acciones, es cierto. Y muchas veces sencillamente como secretas que llegado el momento determinado hacen de apoyo de la policía oficial, golpeando con sus porras extensibles a manifestantes o ayudando a detener a quien toque en ese momento. En huelgas, desahucios con mucha asistencia, grandes manifestaciones… Nada nuevo hay en esto, lo conocemos muy bien.

¿Puede haber algún infiltrado quemando contenedores estos días, en una estrategia de criminalización del independentismo por parte del estado? Pues puede ser, no me atrevería a negarlo. Ahora bien, los disturbios, las barricadas, la quema de contenedores, la gente que está haciendo frente a las fuerzas represivas, ¿todos estos también son infiltrados? Cualquier persona con la cabeza mínimamente asentada y que conozca un poco lo que se está moviendo en la calle estos sabe que afirmar tal cosa es un disparate. Disparate que por otro lado es un arma que lleva estos dos años utilizando el procesismo oficial para desprestigiar, criminalizar y en última instancia reprimir todo movimiento que se sale de su patético (e inexistente) full de ruta, que cada vez se cree menos gente.

Noticias sobre infiltrados y reducidos grupos de violentos encapuchados, llamadas a señalar a toda la gente que no salga a cara destapada y con las manos en alto a una manifestación, audios de whatsapp que se hacen virales en los que se difunden absurdas conspiraciones y llamadas a delatar a militantes y activistas (vale la pena recordar uno de estos famosos audios hecho por Beatriz Talegón, personaje del que es complicado recordar las vueltas que ha dado con tal de arrimarse a la moda de turno, que en estos años ha sido la del independentismo oficial), etc.

Y claro, en medio de este clima creado ad hoc, es completamente normal que gente de a pie se monte sus películas, vea infiltrados y conspiraciones donde no hay nada, o elabore mensajes y audios que rápidamente pueden llegar a extenderse por la multitud de grupos, canales y chats operativos a día de hoy en el seno del independentismo. Ya hemos visto unas cuantas veces como procesistas señalaban e intentaban delatar a chavales que lo único que hacían era taparse la cara para no ser grabados, o intentar mover cuatro contenedores para frenar las furgonas de la criminal BRIMO.

Lo que está pasando estos días lo esperaba poca gente. Una cosa eran grandes movilizaciones contra la sentencia, otra cosa es esto. Miles y miles de personas, especialmente jóvenes (esta semana llevan de huelga estudiantil desde el miércoles, ya el lunes y el martes apenas hubo clases en muchos lugares) han dicho basta y están mostrando una determinación impresionante. A riesgo de sonar cursi, es hermoso ver cómo tras años de tragar con el relato fantástico del procés, tanta gente joven dice basta y están dispuestos a combatir y jugarse el tipo. De manera espontánea, desorganizada, caótica e incluso a veces contraproducente pensando en términos estratégicos, son estos chavales (y a veces no tan chavales) los que están incendiando Barcelona y otras ciudades estos días, mostrando y expresando un auténtico (y también hermoso) odio contra las fuerzas policiales y contra el Régimen. En muchos casos se trata de gente jovencísima: algunos de los que han metido en prisión estos días apenas pasan de los 18 años, el atropellado por una furgona ayer en Tarragona tiene 17.

¿Alguna barricada ha sido quemada estos días a consciencia por algún agente pagado? Pues no lo sé, igual sí, pero sinceramente no me importa demasiado. Porque la cuestión principal es que quienes están luchando estos días son parte del pueblo. Gente en la inmensa mayoría de casos sin una militancia política estable ni comprometida, sin ninguna perspectiva a medio y largo plazo, y en numerosos casos ni siquiera formando parte ni sintiéndose identificados directamente con el movimiento independentista. De nuevo, como ocurrió el 1 y 3 de octubre de hace dos años, muchísima gente sale a la calle por algo que va mucho más allá la cuestión nacional, dándole incluso un cierto carácter de clase (más del que tiene un transversal movimiento independentista) a la lucha. Y esta vez habiendo aprendido algunas cosas importantes de aquel otoño del 17’, entre ellas el saber de quién no se pueden fiar.

Por supuesto, quien más miedo tiene a todo lo que está pasando es un Govern y unos PdeCat y ERC que están más perdidos que nunca, y que ven cómo cada día más sectores de los algún día fueron su base social dudan cada vez un poco más de ellos, dejan de creerles o incluso algunos empiezan a considerarlos como su enemigo. Y por supuesto, ellos son los primeros interesados en difundir estos bulos, que por suerte cada vez se cree menos gente. Y por cierto, si alguien ha provocado disturbios cuando una manifestación estaba transcurriendo pacíficamente, esta ha sido la policía al llegar y comenzar a cargar. El otro día sin ir más lejos, 324.cat, medio digital vinculado a la Generalitat, borró un tuit suyo que decía que “la manifestación discurría tranquila hasta que ha cargado la policía”, por alguna orden superior que debió llegar al becario de turno. Nada nuevo bajo el sol, también en los medios de la burguesía catalana.

Esto no va de infiltrados, esto va de un Govern que tras un periodo de cierto desacato al estado está volviendo al redil para ser lo que ha sido siempre: el representante del Régimen del 78 en Catalunya, con todo lo que ello implica en estos momentos. Y todo esto mientras aún tienen que seguir jugando a la desobediencia, a representar una comedia cuyos episodios cada vez son más repetitivos y están más desgastados.

Como reflexión final, una cosa es hacer un análisis crítico, entre nosotros, de si puede interesar o no en un momento determinado prenderle fuego a las calles. También hablar de los límites del independentismo, más aún con la poca imbricación que aquí ha tenido y tiene en la lucha de clases. Y por supuesto, tenemos que estar pensando desde ya en el después, en qué pasará y qué posible escenario tendremos tras estas semanas de protestas. Pero esa energía combativa e incluso revolucionaria (me atrevo a utilizar esta palabra, aunque suene un poco ostentosa en estos momentos) que muestra el pueblo en algunas ocasiones, se exprese como se exprese, eso es un tesoro muy grande que no podemos frenar y mucho menos criminalizar.

Me decía hoy un amigo que han montado el Tsunami Democràtic para intentar canalizar la rabia, y que les ha salido el tiro por la culata. Puede ser así, lo que es seguro es que ni ellos se esperaban esta respuesta del pueblo.

Miquel Díaz
Barcelona, 17 de octubre

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CATALUÑA. EL DERECHO SE TUERCE HACIA LA DERECHA


El Foro de Abogadas/os de Izquierdas-Red de Abogados/as Demócratas ante la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra diversos representantes políticos de Cataluña


17/10/2019 

Queremos mostrar nuestra solidaridad con las personas condenadas y que en esta causa se encuentran en estos momentos privadas de libertad, con sus familiares y allegados, así como con los y las abogadas que están trabajando y que sobrellevan una labor de indudable cariz humanitario. Hacemos un llamamiento al respeto al estado de derecho y a todas las garantías y derechos fundamentales que todas las personas tienen garantizados y a la pronta puesta en libertad de las personas que se encuentran privadas de libertad.


Comunicado

El Foro de Abogadas/os de Izquierdas-Red de abogados/as Demócratas quiere mostrar su profundo desacuerdo con el contenido de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra diversos políticos catalanes por el denominado Procés. No podemos compartir la tipificación que hace la Sala de los hechos sucedidos en Cataluña entre septiembre y octubre de 2017, toda vez que se ha utilizado el delito de sedición para sancionar lo que debe catalogarse como el mero ejercicio del derecho de reunión y manifestación, sin que sea comprensible que actos de resistencia pasiva puedan concretarse en una dura condena por el delito de sedición para los dirigentes del independentismo catalán.

El hecho de que finalmente no se haya optado por una condena por rebelión no puede conllevar blanquear la condena por sedición considerándola como justa y proporcionada, todo lo contrario una vez que se adivina con cierta facilidad que se ha utilizado el tipo de rebelión para generar una expectativa de hiper desproporción que luego sirviese como anclaje para encauzar con calzador una injusta condenada por sedición. Todo ello sin obviar que se usó durante la instrucción el tipo de rebelión para justificar la aplicación del art 384 Bis LECrim y suspender así de sus cargos electos a los encausados que habían sido elegidos diputados.

Debemos advertir con severidad que esta sentencia genera prima face un efecto absolutamente indeseado sobre el ejercicio de derechos fundamentales, en este caso lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha calificado en diferentes resoluciones como un «efecto desaliento o disuasorio» del ejercicio de derechos fundamentales, es decir, que la ciudadanía deje de ejercer un derecho fundamental por temor a posibles sanciones coercitivas. Y lo que sería igual de importante, puede conllevar una escalada represiva sobre los movimientos sociales o populares que por la vía del derecho de reunión pacifica quieran expresar su disconformidad o disidencia frente al modelo de estado legalmente vigente o contra el orden socioeconómico. Con esta sentencia nuestra justicia se adentra aún más en un peligroso camino discursivo que puede acabar justificando, jurisprudencialmente, la represión de todo tipo de disidencia que choque con el poder establecido.

A estas consideraciones críticas que hacemos respecto de la sentencia del Tribunal Supremo, compartidas por gran número profesores, juristas y asociaciones de profesionales del ámbito del derecho, debemos igualmente llamar la atención sobre diversas irregularidades que se han producido durante el proceso, como es la más que dudosa competencia del Tribunal Supremo para enjuiciar estos hechos, la ausencia del derecho de apelación de los no aforados ( o doble instancia de revisión de sentencia) o la ausencia una verdadera contradicción de las defensas ante las continuas interrupciones y limitación de preguntas por parte del presidente de la Sala, Sr. Marchena.

Debemos igualmente sumarnos a las denuncias de proceso irregular y sin todas las garantías puestas de manifiesto por los observadores internacionales que recibieron el mandato de la Federación Internacional de Derechos Humanos –la FIDH, que representa a 184 organizaciones de 112 países– y de la Red Euromediterránea de Derechos Humanos –EuroMed Rights, que agrupa a más 80 organizaciones, instituciones y personas en 30 países de la región, entre ellas ELDH de la que forma parte el FAI RADE – y que han publicado su informe sobre el proceso judicial abierto a raíz del referéndum celebrado el 1-O y cuyas conclusiones son extremadamente desalentadoras sobre la calidad democrática de este proceso.

A todo ello, el Foro debe añadir su preocupación por el cariz político de las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo ya que son contraproducentes para la búsqueda de una solución dialogada a la encrucijada política que se vive Cataluña.

Por último, queremos mostrar nuestra solidaridad con las personas condenadas y que en esta causa se encuentran en estos momentos privadas de libertad, con sus familiares y allegados, así como con los y las abogadas que están trabajando y que sobrellevan una labor de indudable cariz humanitario. Hacemos un llamamiento al respeto al estado de derecho y a todas las garantías y derechos fundamentales que todas las personas tienen garantizados y a la pronta puesta en libertad de las personas que se encuentran privadas de libertad.

15 de octubre de 2019.

Foro de Abogadas/os de Izquierdas-Red de Abogados/as Demócratas.

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ASÍ QUE, QUERIDOS MÍOS, USTEDES QUIEREN LA INDEPENDENCIA DENTRO DEL CAPITALISMO. ¿INDE QUÉ QUIEREN USTEDES? PORQUE YO LO QUE QUIERO ES UN CABALLO VERDE Y QUE VUELE COMO LOS AEROPLANOS Y QUE NO CAGUE NI BEBA, OIGAN


Las multinacionales mandan
El negocio del arbitraje contra los Estados

Rebelion
Revista Ecologista
19.10.2019


El acuerdo de inversión, conocido como Tratado sobre la Carta de la Energía, somete la soberanía de los Estados a los intereses económicos de las grandes corporaciones e impide ir hacia la transición energética. 

En los últimos meses se han conocido varias sentencias contra España emitidas por tribunales internacionales de arbitraje al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Este acuerdo de inversión multilateral, que abarca específicamente el sector de la energía, fue firmado por medio centenar de países de Europa y Asia en 1994 con el objetivo de facilitar a las empresas transnacionales europeas el control de la integración de los mercados energéticos de Europa Oriental y Asia Central y asegurar los suministros. 
Las demandas contra España fueron planteadas por inversores extranjeros y tienen su origen en los cambios legislativos que supusieron recortes de los subsidios a las renovables desde 2010. En todos los casos resueltos en 2019 los tribunales han fallado a favor de los inversores, que parecen estar asentando un nuevo modelo de negocio en torno a estas demandas.
Al margen de las razones de fondo de las demandas y la particularidad del caso español, lo relevante es que el TCE y otros tratados de comercio e inversión contienen mecanismos que permiten a corporaciones e inversores condicionar las políticas de los Estados y que además las medidas encaminadas a la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica se encuentran entre las más amenazadas.
Estos mecanismos, conocidos por sus siglas en inglés como ISDS (en castellano Resolución de Disputas entre Inversores y Estados), permiten a las empresas demandar a los países en los que han realizado inversiones por cualquier medida que consideren pueda afectar a sus intereses económicos presentes o futuros.
Las demandas se presentan ante tribunales de arbitraje internacionales, unos tribunales muy especiales por varias razones: no están compuestos por jueces sino por abogados privados, sus decisiones se encuentran por encima de cualquier legislación nacional y sus laudos son definitivos y no recurribles ante ninguna otra instancia. Además, el mecanismo es unilateral, de manera que los inversores pueden demandar a los Estados pero no al revés.
Transición energética
 
La imprescindible transición energética a través del abandono de los combustibles fósiles, la limitación de emisiones contaminantes y las luchas contra el extractivismo y por la protección de los recursos naturales choca frontalmente contra los intereses de muchas corporaciones. Y en esa confrontación, los ISDS son un arma muy potente que puede desequilibrar la balanza en favor del beneficio privado y en contra del interés general, algo especialmente grave en un contexto de crisis ecológica global y de emergencia climática como el actual.
España es el segundo país más demandado del mundo mediante mecanismos ISDS, con 50 demandas, de las cuales 45 se deben al Tratado de la Carta de la Energía.
Dos casos emblemáticos internacionales de demandas bajo el amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía que evidencian el riesgo que este acuerdo supone para la transición ecológica son los de Rockhopper contra Italia y Vatenfall contra Alemania. En el primer caso, la transnacional británica Rockhopper demandó en 2017 al Estado Italiano 300 millones de euros por cancelar sus concesiones para buscar petróleo en la costa del Adriático como consecuencia de la decisión del Parlamento italiano de prohibir este tipo de perforaciones en 2013. En cuanto a Vatenfall, esta multinacional sueca de la energía reclamó 1.400 millones de euros a Alemania en concepto de indemnización por las restricciones ambientales impuestas a una de sus centrales eléctricas de carbón y 3.700 millones de euros por la pérdida de ganancias en dos de sus centrales de energía nuclear después de que el Gobierno alemán anunciara el progresivo abandono de la energía nuclear a raíz de la catástrofe de Fukushima.
Demandas contra el Estado español
 
España es el segundo país más demandado del mundo mediante mecanismos ISDS, con 50 demandas, de las cuales 45 se deben al Tratado de la Carta de la Energía. En los últimos tres meses se han dictado cuatro condenas contra el Estado que supondrán un desembolso de fondos públicos de más de 420 millones de euros. Se estima que el total de demandas existentes a causa del TCE contra España supera los 8.000 millones de euros.
La última demanda contra España ha sido interpuesta en marzo de 2019 por Canepa Green Energy SL. Esta empresa se creó en 2010 para invertir en activos de energías renovables. Para ello constituyó dos sociedades en Luxemburgo que adquirieron los activos en España. El establecimiento de las sociedades fuera del país les ha permitido plantear la demanda al Estado, puesto que el Tratado sobre la Carta de la Energía sólo permite demandar a inversores extranjeros. Su sociedad matriz es el fondo inmobiliario Azora, que en 2013 compró junto con Goldman Sachs 2.935 viviendas de protección pública a la Comunidad de Madrid.
Detrás de otra empresa demandante, 9REN HOLDING S.A.R.L. está el fondo de capital riesgo estadounidense First Reserve que compró en 2008 Gamesa Solar, la filial de Gamesa especializada en parques fotovoltaicos. First Reserve es uno de los mayores fondos del mundo en el sector de la energía, con la mayor parte de sus inversiones en compañías de combustibles fósiles. Tiene participaciones en petroleras, gasísticas, oleoductos y compañías de fracking, entre otras. La demanda se ha resuelto a favor de 9REN, que recibirá 41,8 millones de euros del Estado más 5 millones adicionales para cubrir los costes del proceso.
Aunque en el caso de España la mayor parte de las demandas tengan que ver con el recorte de los subsidios a las energías renovables, lo importante es entender quién tiene la capacidad de utilizar estos tratados e interponer demandas para frenar las medidas adoptadas por los países, y cuáles pueden ser las consecuencias.
Así, vemos como en 39 de las 45 demandas contra España, el inversor demandante no es una empresa de energía renovable, sino un fondo de capital u otro tipo de inversor financiero especulativo, mientras que en 22 de los casos, las demandas son presentadas por compañías que también tienen inversiones en los sectores más contaminantes —carbón, petróleo, gas natural y energía nuclear— y podrían demandar a España por medidas encaminadas a la transición energética.
Fondos de inversión
 
En 21 de los 45 casos, los inversores demandantes se radican en Holanda y Luxemburgo por su baja fiscalidad, constituyendo allí empresas pantalla o fantasma para eludir impuestos. Además, los propios casos se convierten en objeto de compra-venta, ya que existen fondos de inversión que financian las demandas de los inversores y que compran los derechos sobre las sentencias, convirtiendo el arbitraje en un lucrativo negocio especulativo. Por otra parte, en el mundo del arbitraje no son extraños los casos de puertas giratorias entre exaltos cargos y funcionarios del Gobierno, despachos de abogados y tribunales de arbitraje. Un ejemplo de ello es el reciente fichaje de Soraya Sáenz de Santamaría por el despacho de abogados Cuatrecasas, el cual representa a varios inversores internacionales en sus demandas contra España.
El Tratado sobre la Carta de la Energía no es el único acuerdo comercial que incluye mecanismos ISDS, de hecho hay miles de tratados que contienen estas cláusulas y nuevos tratados en fase de negociación. Pero también hay cada vez más instituciones y Estados que toman conciencia del riesgo que suponen estos tribunales. Respecto al TCE, Italia salió del tratado en 2015 —en España se requeriría de la autorización de las Cortes— y Rusia, aunque lo aplicó de manera provisional, finalmente optó por no ratificarlo. Países como Bolivia han resuelto todos los tratados bilaterales de inversiones con cláusulas ISDS y Canadá no ha querido incluirlas en su recién renovado acuerdo de libre comercio de América del Norte (NAFTA). Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado recientemente que el arbitraje Inversor-Estado entre Estados Miembros incluido en tratados bilaterales de inversión intracomunitarios es incompatible con la legislación europea.
Los mecanismos ISDS han sufrido un importante descrédito en los últimos años, en buena parte como consecuencia de las movilizaciones contra los tratados de comercio e inversión y especialmente de la exitosa campaña contra el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos, el conocido TTIP. La Unión Europea no es ajena al cuestionamiento público del sistema de arbitraje y ha intentado lavarle la cara en el acuerdo UE-Canadá (CETA), en las conversaciones sobre el establecimiento de un Tribunal Mundial de Inversiones o en las negociaciones para la modernización de los mecanismos ISDS en el TCE, introduciendo retoques cosméticos y cambios de siglas.
Para muchas organizaciones de la sociedad civil críticas con las políticas comerciales que promueve la UE y que lograron articular una importante movilización en toda Europa contra el TTIP, estas son reformas insuficientes porque no atacan la raíz del problema: los privilegios desproporcionados de las multinacionales. Por ello, la campaña Derechos para las Personas, Paremos a las Multinacionales, lanzada en 2019 y de la que forma parte Ecologistas en Acción, exige la salida de España del TCE y el fin de los tratados que incluyan sistemas ISDS. También reclama instrumentos jurídicos vinculantes que permitan controlar a las empresas multinacionales en todos los niveles de su cadena de suministro para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos y poner fin a la impunidad corporativa.
José Ariza y María Botella. Área de Antiglobalización, Paz y Solidaridad de Ecologistas en Acción.