En
plena crisis climática, la revuelta de los tractores llega al Estado español
Por Corriente Roja
KAOSENLARED
13 de febrero de 2024 /
Como un reguero de pólvora,
las movilizaciones de agricultores y ganaderos se fueron extendiendo desde
principios de año por distintos países de la UE hasta llegar al Estado español.
Unas protestas que no son nuevas pero que esta vez han sorprendido por la
rápida extensión de las convocatorias y la virulencia de sus métodos. Esto se
ha traducido en cortes de calles y carreteras en varias ciudades y comunidades
autónomas, y en intentos de bloquear puertos y centros logísticos que se han
saldado con algunas detenciones junto a posibles sanciones administrativas.
Hablamos de un sector que,
al igual que en otros sectores de la economía en la fase de capitalismo
imperialista en la que nos encontramos, se ha ido centralizando y
concentrando en cada vez menos manos, mientras la agricultura familiar
era condenada a la ruina. Mientras la producción ha ido aumentando de forma
constante, avalada por el desarrollo de la agroindustria que gobiernos y UE han
favorecido, el número de granjas europeas ha pasado de quince a diez millones
en los últimos veinte años y en los próximos 15 años desaparecerán otros 6,4
millones, según el estudio The Future of the European Farming
Model del Parlamento Europeo.
¿Cuáles
son las principales demandas?
Salvando las
particularidades en cada país, hay quejas compartidas: Los bajos
precios a los que les compran las grandes cadenas de distribución el
producto en origen, el aumento del precio del combustible fósil a
la par que varios países retiraron las subvenciones, el aumento del
precio de las semillas -cuyas patentes están en propiedad de grandes
empresas multinacionales y de los químicos como fertilizantes y
fitosanitarios-, la lentitud a la hora de recibir los pagos de
las ayudas de la PAC (Política Agrícola Común) o los temores ante la firma
de nuevos acuerdos comerciales con terceros países de los que
exigen el freno, como Mercosur. A esto se suma la denuncia de las
consecuencias de la peor sequía en los últimos años, que ha
supuesto un duro golpe para el campo.
La
respuesta del nuevo gobierno “progresista” es más de lo mismo
En respuesta a sus
demandas, Pedro Sánchez, que no quiere molestar demasiado a las patronales
agrarias cuyas reivindicaciones considera “legítimas”, ya ha dicho que se
compromete a reforzar los controles para garantizar el cumplimiento de la Ley
de la Cadena Alimentaria, por la que los operadores e industrias
agroalimentarias tienen la obligación de pagar a agricultores y ganaderos unos
precios que supongan al menos los costes de producción. El ministro Planas, por
su parte, ha avalado a Von der Leyen en el desmonte de la supresión progresiva
de los pesticidas.
También ha prometido
simplificar la burocracia relacionada con la Política Agraria Común (PAC) y
redoblar los esfuerzos para que la UE adopte en sus acuerdos comerciales las
llamadas cláusulas espejo en las importaciones
agroalimentarias que fijan las mismas condiciones y requisitos a las
producciones de terceros países y países de la UE. Promesa barata porque para
su aprobación se requiere una unanimidad que ahora mismo no existe en Europa.
Como decíamos en 2020, “si
el nuevo gobierno sigue mirando de rodillas a la Unión Europea y gobernando sin
querer enfrentarse a las multinacionales agroalimentarias y a los
latifundistas, acabará por lograr el repudio de todo el campo y abriendo un
pasillo por el que entre hasta la cocina la derecha franquista”.
La
desfachatez de la derecha y ultraderecha y su agenda negacionista del cambio
climático
No hace falta ser muy
avezada para ver que no se pueden separar estas protestas, que en los últimos
años vienen siendo recurrentes, del contexto de elecciones europeas en la que
nos encontramos y en la que las encuestas auguran un ascenso importante de la
derecha y la extrema derecha.
La sequía como expresión
del cambio climático, es consecuencia de la catástrofe ambiental que estamos
viviendo, a la que se suman otras como la pérdida de biodiversidad o la
contaminación de los suelos y los acuíferos, que son resultado directo de la
extensión del agronegocio. Según diferentes estudios, actualmente el
80% de los hábitats en Europa están en mal estado y el 70% de
los suelos, en un estado poco saludable. A pesar de esta
realidad tan evidente, un sector de los agricultores y ganaderos medianos y
pequeños, obligados a producir de forma cada vez más competitiva y en situación
cada vez más precaria, dan crédito al discurso negacionista de la extrema
derecha y reaccionan con virulencia a la implementación de las nuevas
normativas de la UE para una supuesta transición verde, que
catalogan como una excesiva burocracia.
La extrema derecha trata de
influenciar el movimiento aprovechando la desesperación de los pequeños y
medianos agricultores y ganaderos, su desconfianza hacia los sindicatos
agrarios mayoritarios y las iniciativas autónomas de movilización. Es el caso
de la llamada “Plataforma 6 de febrero”, supuestamente apartidista, pero detrás
de la cual es fácil encontrar la mano de Vox.
Cuando hablan de una
excesiva burocracia, apuntan contra medidas como la obligación de dejar en
barbecho -tiempo de espera sin cultivar para que la tierra recupere nutrientes-
una determinada extensión de terreno de cultivo. También están en contra de la
tibia Ley de restauración de la naturaleza, colocada en el punto de mira ante
posibles futuras reducciones de la superficie cultivable[1] y de la
regulación de los fertilizantes.[2]. Esta ley ha sido
recién paralizada por la Comisión Europea como respuesta a las protestas del
sector. En particular han suspendido el plan de reducción del uso de los
pesticidas, que es una de las piezas clave del “Pacto Verde” (Green New Deal).
También arremeten contra la Ley de Biodiversidad o incluso contra la Ley
estatal del Bienestar animal.
Desde algunos de estos
grupos influenciados por la extrema derecha se exige la derogación de toda
legislación promulgada en los últimos años relacionada con las políticas verdes
procedentes de la Unión Europea, que se permita cultivar en tierras que
se declaren zonas protegidas y un plan hidrológico nacional con las
obras hidráulicas necesarias para que no falte el agua de riego.
Conviene “separar
la paja del trigo”
Cuando hablamos de los
agricultores y ganaderos, no se trata en absoluto de un colectivo homogéneo,
sino que abarca desde las explotaciones familiares abocadas a la ruina hasta
los grandes empresarios de la agroindustria (sin olvidar las grandes
corporaciones de la industria alimentaria, las grandes cadenas de distribución,
los grandes oligopolios químicos y de semillas, así como los sectores
financieros asociados). No es igual un agricultor familiar ecológico de
verduras y frutas que vende en el mercado local, que las macrogranjas de cerdo
y los megainvernaderos del sur de Andalucía. No existe una única realidad que
afecte de forma homogénea a los agricultores y ganaderos de los países que
registran movilizaciones o han llamado a ellas, si bien es cierto que sí
comparten retos y amenazas.
También en el Estado
español, grandes terratenientes del campo que se llevan la mayoría de las
subvenciones del Estado y de la UE, como los fondos de la PAC buscan
intencionadamente aparecer asociados con pequeños agricultores y ganaderos,
algunos de ellos cooperativistas, cuando son sus enemigos. Mientras los
primeros son responsables de mantener en condiciones casi de esclavitud a la
mano de obra en el campo, negándose a aplicar incluso las irrisorias subidas
del Salario Mínimo Interprofesional, los segundos están cada vez más condenados
a desaparecer ante un modelo de producción y distribución, cuya lógica socava
las bases materiales de su existencia.
La “agricultura industrial”
y las “macrogranjas”, ecológicamente insostenibles, devastan los territorios
mientras las provincias del interior se vacían. Disminuyen las explotaciones
agrícolas y ganaderas, pero aumentan su tamaño, al tiempo que la agricultura y
la ganadería se vuelven “industriales” y aparecen las llamadas “empresas
integradoras” (vinculadas a fondos de inversión y de capital riesgo). Es el
resultado de la lógica capitalista de concentración de la riqueza, en la que la
cadena agroalimentaria (insumos, producción, distribución, comercialización) va
quedando en manos de grandes grupos capitalistas, entre ellos Mercadona,
Carrefour, Lidl, Eroski, Ebro o Nestlé. Mientras tanto, la UE y los gobiernos
liberalizan el comercio en relación a Mercosur, Marruecos o Sudáfrica, poniendo
en competencia directa a los agricultores y ganaderos familiares con los
agronegocios de otros países en condiciones muy diferentes de regulación y
costes.
El pacto
verde europeo o la farsa de la transición energética
En palabras de la UE, el
Pacto verde europeo (Green New Deal) sería una “hoja de
ruta» que da respuesta a la «emergencia climática» declarada en noviembre de
2019 por el Parlamento Europeo.
Pero si hay algo que
podamos decir de las medidas que contiene el Pacto Verde europeo además de su
tibieza y su falta de financiación, es que son una farsa y una hipocresía
absoluta, también en lo que se refiere al campo.
Es una ilusión pensar que
manteniendo el actual modelo agro ganadero productivista, todas las granjas
podrán hacer una transición pacífica a la agroecología, una vez que cada
agricultor se convenza de que es un contaminador. La completa
liberalización del mercado, la mundialización de los cultivos y la búsqueda
ciega de beneficios del agrobusiness que la UE y sus gobiernos
protegen son los responsables de la crisis actual.
En cuanto a la PAC, es un
fraude completo en todos los terrenos, excepto en los generosos beneficios que
reciben los grandes empresarios agrícolas. En su inicio, la PAC estableció
medidas efectivas de protección mediante una fuerte regulación y durante mucho
tiempo no hubo necesidad de subvenciones ni ayudas directas a los agricultores.
Pero a partir de 1992–coincidiendo con el Tratado de Maastricht fue
sustituida por una política neoliberal, que instituyó las ayudas por hectárea
(independientemente de la producción) y ninguna condicionalidad en favor de una
agricultura sostenible ni del medio ambiente, pues iba contra del libre mercado
y comenzó con los tratados de libre comercio en beneficio de los oligopolios
industriales y los grandes empresarios agrícolas.
Medidas
para una transición a una agricultura y ganadería justa y en equilibrio con el
medio ambiente
Desde Corriente Roja
pensamos que es imposible disociar la lucha social de la cuestión
medioambiental. Desde las organizaciones políticas y sindicales de clase y
combativas, es preciso organizarse y luchar, buscando la alianza con las explotaciones
familiares, por medidas de transición hacia una agricultura y ganadería menos
consumidora de petróleo, fertilizantes, herbicidas y fitotóxicos, respetuosa
con los animales y en equilibrio con la naturaleza. Hay que poner en
marcha un plan para clausurar las macrogranjas, limitar la agricultura
industrial, reorientarla hacia una agricultura sostenible y de proximidad y
recuperar el cultivo de tierras fértiles abandonadas.
Esto, al tiempo que se
garantizan salarios y condiciones laborales justas y alimentos saludables al
alcance de todas y todos. Eliminar productos químicos y disminuir máquinas
supondría además crear empleo, porque el número de trabajadores agrícolas
tendría que aumentar drásticamente.
Hay que exigir la
regularización de la población migrante que trabaja en el campo, el castigo
efectivo a la patronal que no cumpla con los convenios colectivos, así
como a quienes no coticen por sus empleados/as, en vez de castigar a estos
últimos como ocurrió en el caso de Baena Franco y Agrícola Espino en Andalucía.
Compartimos la exigencia de
un precio justo para los productos agrícolas y ganaderos que cubran los precios
de coste y permitan un nivel de vida digno a las explotaciones familiares
acabando con la desorbitante diferencia entre los precios que se pagan en
origen y los que se cobran a los consumidores, que en su gran mayoría somos
clase trabajadora. Una diferencia que es el resultado del dominio que ejercen
los oligopolios de la industria alimentaria y de la distribución y
comercialización de los productos agrícolas y ganaderos.
Hay que prohibir y castigar
severamente la venta a pérdidas que las grandes cadenas de distribución imponen
a pequeños y medianos agricultores. Hay que establecer un organismo
público que garantice el monopolio estatal de la distribución, fijando
los precios de origen y finales. Dicho organismo debe estar bajo control de la
clase trabajadora del campo, pequeños productores y consumidores.
No se puede dar respuesta a
la crisis del campo sin arremeter contra los latifundistas, las “empresas
integradoras”, las grandes empresas de ganadería industrial, los oligopolios
comerciales, las grandes corporaciones químicas y de semillas y la UE que los
protege. Hay que acabar con el escandaloso reparto de las ayudas de la
PAC comunitaria, al servicio de la gran propiedad y la gran industria
agroalimentaria donde la cuantía de las ayudas agrícolas está basada en el
tamaño de la propiedad y no en los cultivos.
En el Estado español nunca
se realizó una verdadera reforma agraria que modificara sustancialmente la
estructura de propiedad de la tierra y la pusiera al servicio de quienes la
trabajan. Actualmente, el 6,10% de propietarios controlan el 57,83% de las
tierras (13 millones de ha.). Las sociedades mercantiles poseen ya el 14% de
las tierras agrícolas. Entre 1999 y 2020 desaparecieron un total de 49 fincas
diarias, vaciándose los campos. Una de las primeras medidas de esa
reforma agraria pendiente debe ser expropiar los grandes latifundios para que
pasen a ser explotados colectivamente por la clase trabajadora agrícola, bajo
criterios de sostenibilidad ambiental.
Hay que acabar con el uso
disparatado e irracional de los recursos hídricos. Reequilibrar
profundamente la relación entre las grandes ciudades -verdaderos agujeros
negros medioambientales- y el medio rural, cada vez más contaminado,
desatendido y despoblado. No puede haber una sociedad ecológicamente
sana sin resolver este enorme problema provocado por el capitalismo.
[1]. La Ley de
Restauración de la Naturaleza propone incluir en las tierras “elementos
paisajísticos de gran diversidad”, como setos, hileras de árboles, acequias o
estanques. En estos espacios pueden vivir animales polinizadores y otras
especies que puedan llevar a cabo también el control biológico de plagas
y se reduzca la necesidad de pesticidas. Los partidos conservadores
europeos afirmaron que la legislación “obligará a los agricultores a abandonar
algunos de sus campos, pondrá en peligro las cadenas de suministro europeas o
que disparará los precios de los alimentos”. Así, entre los mensajes que han
circulado en España por redes sociales, algunos aseguran que si esta ley sale
adelante, los agricultores españoles “deberán abandonar el 40% de sus tierras”.
[2]. Esta ley
establece objetivos concretos como reducir a la mitad el uso de plaguicidas de
aquí a 2030, reducir los fertilizantes en al menos un 20%, aumentar la
superficie agrícola dedicada a la agricultura ecológica hasta el 25% y reducir en
un 50% los antimicrobianos utilizados en los animales de granja. También la
normativa europea les obliga a reducir la densidad de animales en las granjas,
eliminar las jaulas o restringir el uso de fertilizantes y plaguicidas
