“Estamos ante una nueva crisis que tendrá un efecto demoledor sobre la clase trabajadora del Estado español”
Estas conclusiones están contenidas en La Brecha, “Inflación, poder adquisitivo y pacto de rentas”, el último estudio publicado por la Secretaría de Formación Confederal de la CGT. Encontrarás el mismo publicado al final de esta nota.
A partir de este trabajo, la organización anarcosindicalista denuncia que la contención salarial ante el aumento de los precios tendrá un efecto demoledor sobre la clase trabajadora del Estado español
El pacto entre Gobierno y sindicatos del régimen sobre el control salarial sin control de los beneficios conllevará a un aumento de la pobreza y la desigualdad
El último estudio publicado por la Secretaría de Formación, ha analizado la devaluación salarial que viene arrastrando el Estado español desde el año 1979 y que se ha agudizado mucho más desde el año 2010. En este sentido, la CGT ha señalado que la ausencia de medidas eficaces ante el efecto de la inflación el año pasado supuso la mayor pérdida de poder adquisitivo para personas trabajadoras y pensionistas desde hace 20 años.
El estudio presentado por el gabinete de estudios de los anarcosindicalistas viene a decir que, si bien la inestabilidad de la invasión de Ucrania ha supuesto un importante acicate para la tensión inflacionaria, la presión alcista sobre los precios es previa a este conflicto bélico, estando originada por una batalla por los precios de la energía debido a las mínimas reservas de gas, la dependencia energética, la creciente demanda de materias primas –algunas de ellas escasas-, y la disrupción productiva de la oferta.
Tras las causas que han determinado la subida de los precios existe un factor estructural, como el crecimiento de los beneficios en detrimento de los salarios desde la crisis del año 2008, y otro factor de tipo coyuntural, como está siendo la guerra de los precios energéticos que a su vez está teniendo efectos muy negativos en todos los sectores económicos y en la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora.
De este modo, un ejemplo real para explicar esta situación, como es que en 2021 el aumento del IPC en un 6’5 % significó una pérdida importante de poder adquisitivo, dando lugar a un aumento de la pobreza energética, o dicho de otro modo, teniendo en España a más de 4’5 millones de personas que se veían incapaces de poder afrontar la subida del 70 % del precio de su factura eléctrica.
CGT vuelve a realizar un llamamiento al conjunto de la sociedad, especialmente a la clase trabajadora, para que sea consciente de la situación a la que unos pocos –gobernantes y organizaciones sindicales conniventes con los poderes político y económico- están conduciéndonos con sus pactos vergonzosos.
Inflación, poder adquisitivo y pacto de rentas
Por La Brecha
No cabe duda de que la inflación se ha convertido en una de las principales preocupaciones en estos últimos meses.
Aunque ésta se define como la subida generalizada de precios, lo cierto es que las causas y los factores que la determinan son los aspectos más relevantes a la hora de entender la situación y los escenarios futuros que nos esperan. Cabe decir que la presencia de inflación no supone un escenario negativo per se, siempre y cuando sea un síntoma de activación de la economía y la creación de empleo, que pueda dar lugar a subidas salariales y aumentos en la demanda.
El problema es cuando ésta no se traduce en incrementos salariales y es causante de nuestra pérdida de poder adquisitivo.
Antes de la llegada de la COVID-19 y durante la primera fase de la pandemia, la evolución de los precios no era preocupante. De hecho, durante los primeros meses de confinamiento, los precios, y en concreto los precios del petróleo y del gas, registraban una bajada histórica entre marzo y abril de 2020 a raíz de las fuertes restricciones que se implantaron con la llegada de la COVID.
Sin embargo, y en contra del relato que achaca toda la espiral inflacionaria a las consecuencias de la guerra, en el año 2021 los precios comenzaron a subir, superando en abril de ese mismo año el nivel previo a la pandemia. Aunque las causas son muy variadas, una parte muy significativa de la inflación puede explicarse analizando los recios de la energía, y, en concreto, de la electricidad.
Tal es así, que del 3% de la inflación que se sufría en julio de 2021, un 90% podría explicarse por el aumento del precio de la energía, siendo la electricidad responsable de un 50% del mismo (cuando representa tan sólo un 3% del IPC) .
¿Cómo podemos explicar esto?
Para julio de 2021, las importaciones europeas de gas ruso se encontraban en niveles mínimos. Ello ocasionó que los almacenes de gas en la UE se mantuvieran por debajo de los mínimos históricos de reserva desde esa misma fecha.
Los efectos ya los empezamos a notar en el pasado otoño, cuando la pobreza energética comenzó a normalizarse.
España se convirtió en uno de los países con la electricidad más cara de Europa.
Más de 4 millones y medio de españoles se veían incapaces de afrontar la subida del 70% de la factura eléctrica y a pesar de ello, el gobierno recurrió a la disminución de impuestos como forma de reducir la factura de los hogares.
La situación que acabamos de exponer es doblemente grave:
Todo esto, sumado a la crisis de Argelia y Marruecos, además del corte de uno de los gasoductos más grandes con España, supuso que el coste de la electricidad pasara de unos 50€/MWh en Mayo a más de 380€/MWh en el pico de diciembre, y vislumbraron la fuerte dependencia energética, así como la debilidad del modelo.
Asimismo, la economía digital, fuertemente impulsada por las consecuencias de la pandemia y la transición energética, demanda un enorme consumo de materias primas, algunas muy escasas y también con problemas en la oferta por las disrupciones productivas originadas por la emergencia sanitaria. Como resultado, los precios de
éstas se han incrementado a un ritmo creciente y constante.
Por un lado, más del 70% de la producción eléctrica española se produce mediante fuentes renovables y nucleares, por lo que no alberga relación con los precios del gas u otros combustibles fósiles, principales causantes de la inflación. Esta situación ahonda en la injusta relación entre precios del gas y precios eléctricos que vivimos en España, debido a la laxa regulación del mercado eléctrico y al aprovechamiento por parte de las eléctricas de estos precios disparados; por otro lado, las bajadas impositivas para bienes cuya oferta es inelástica (es decir, bienes como el gas que habrán de seguir siendo consumidos independientemente del precio) sólo favorecen a los productores -en este caso, Rusia- sin ayudar en absoluto a mejorar la situación de los consumidores ni rebajar la inflación, como bien se ha venido comprobando a lo largo de estos meses.
Un parche más que evidencia la incapacidad y la falta de voluntad política del Gobierno para atajar la tremenda injusticia que se deriva de las subastas de fijación de precios de las eléctricas.
Después de las turbulencias y la incertidumbre derivada de la pandemia comenzó una rápida recuperación de la demanda gracias a la vacunación. Un aumento masivo del consumo, acompañado de problemas de abastecimiento en sectores como semiconductores, productos químicos, plásticos, madera y metales industriales, que dieron lugar a tensiones inflacionistas. A su vez, el transporte marítimo y el transporte de las mercancías se vio encarecido, tanto por el aumento del precio del transporte de los buques contenedores como por accidentes imprevistos como el bloqueo del canal de Suez. Esta crisis de abastecimiento fue responsable del cierre de numerosas fábricas industriales ante la falta de partes y componentes. En especial, por la falta de semiconductores y sus efectos en las ensambladoras automotrices a nivel estatal.
Todo este cúmulo de circunstancias causó que 2021 terminara con una inflación del 6.5%, la más alta en los últimos 10 años (según datos del INE).
En el comienzo del 2022 siguió estando latente la preocupación por la evolución de los precios y la pérdida de poder adquisitivo.
Sin embargo, todo empeoró cuando el pasado 20 de febrero comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania. Más allá de los efectos devastadores y destructivos que se derivan de una guerra sobre el terreno, lo cierto es que este conflicto será determinante en muchos aspectos económicos, políticos y sociales a nivel mundial. Entre otros, se ha puesto de manifiesto la debilidad del modelo energético ante la fuerte dependencia de importaciones de gas ruso por parte de Europa. Como resultado, los precios se han disparado, alcanzando una inflación del 7,6% en el mes de febrero.
Y mientras tanto, la clase trabajadora se encuentra ante una situación en la que la pérdida de salarios y poder adquisitivo se consolida e institucionaliza. El gobierno ha iniciado conversaciones con otros agentes sociales -patronal y sindicatos mayoritarios para llevar a cabo el denominado “pacto de rentas”. Un pacto cuyo propósito consiste en congelar los salarios para evitar aumentos mayores de la inflación. No solo nos vemos afectadxs por la subida del precio de la luz, el gas y la gasolina, sino que vemos que la moderación salarial va a ser la protagonista en los próximos años.
Este pacto se presenta como una herramienta antiinflacionista, muy difundida por los recetarios conservadores. Esta herramienta, por supuesto, establece un control salarial, pero ninguna política de control sobre los beneficios.
El gobierno busca un salvavidas para que no se produzca una espiral inflacionista en la que el alza de los salarios estimule un alza en los precios para compensar beneficios y viceversa, pero como el control se establece sólo desde un lado de la balanza, los resultados son claros: pérdida de poder adquisitivo a corto, medio y largo plazo.
Pero ¿Es efectivo un pacto de rentas para parar la inflación? No, no lo es. Los ajustes vía salarial sólo tienen sentido como políticas transitorias para evitar crecimientos endógenos abultados de inflación en el caso de que se espere que esta remita en un lapso corto de tiempo, pero todo nos hace pensar lo contrario: no sólo venimos de una situación inflacionaria desde hace un año, sino que, como ya hemos dicho, la guerra y sus consecuencias pueden agravarla.
Tradicionalmente en España el ajuste salarial ha sido una herramienta muy utilizada para mejorar la productividad y ganar competitividad vía costes. Las consecuencias han dado lugar a una reducción de los salarios reales. El pacto de rentas no hace otra cosa sino consolidar una tendencia que lleva dándose en España desde hace años, ya que se ha sufrido una pérdida del poder adquisitivo del 10% desde el comienzo de la crisis de 2010 (datos del INE). Pero ya hemos explicado que no son los salarios los causantes de esta inflación, sino otros elementos asociados a los precios internacionales, las guerras o el deficiente y tramposo mercado energético. Por mucho pacto de rentas que haya, los precios seguirán subiendo.
La única consecuencia plausible de estos acuerdos organizados entre gobierno, CEOE y sindicatos mayoritarios será un aumento de la pobreza y de la desigualdad.
Asimismo, además de esta política de pacto de rentas, el BCE ha anunciado otra política antiinflacionista: una subida de los tipos de interés para controlar la masa monetaria. La medida no es baladí, pues podría derivar en una subida de las hipotecas. Una medida más que ahoga y asfixia a una parte importante de la clase trabajadora que está endeudada y teme no poder hacer frente al pago de sus cuotas, lo que implicaría el aumento de los desahucios -de nuevo-, que se siguen permitiendo aún sin tener una alternativa habitacional.
Estamos ante una nueva crisis, y una vez más, tendrá un efecto demoledor sobre la clase trabajadora. No sabemos cuánto durará la guerra entre Rusia y Ucrania, pero lo que sí sabemos es que estamos ante un nuevo escenario muy parecido a la crisis del petróleo de finales de la década de los 70.
Esto implica una pérdida en la correlación de fuerzas entre capital y trabajo, y las consecuencias a corto, medio y largo plazo serán muy duras. La destrucción de empleo, la subida del coste de la vida, el estancamiento de los salarios y la pérdida de poder de negociación nos abocan a un escenario muy complicado. Sólo nos queda la lucha en las calles, reivindicando lo público, lo nuestro. Luchando por nuestros derechos y tratando de no perder aquellos logros que tanto costaron alcanzar.
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