viernes, 25 de junio de 2021
Los indultos y las perspectivas de la mesa de diálogo
Los indultos a los nueve líderes independentistas en prisión resultan el paso previo para el inicio de la mesa de diálogo. ¿Cuáles son los horizontes abiertos por esta medida de gracia y las posibilidades de negociación entre ambos ejecutivos?
Los indultos y las perspectivas de la mesa de diálogo
El Viejo Topo
24 junio, 2021
Los indultos a
los nueve líderes independentistas en prisión resultan el paso previo para el
inicio de la mesa de diálogo. Aquí se exploran los horizontes abiertos por esta
medida de gracia y las posibilidades de la negociación entre ambos ejecutivos.
La partida del proceso soberanista se juega en tres tableros: el catalán,
el español y el europeo o si se prefiere en Barcelona, Madrid y Bruselas.
Examinemos los efectos de los indultos concedidos por el gobierno español a los
nueve presos independentistas en cada uno de estos escenarios. Hemos de tener
en cuenta que los indultos resultan el primer paso de cara a propiciar
condiciones favorables a la mesa de diálogo entre los ejecutivos español y
catalán y cuyo corolario sería la reforma del Código Penal respecto a los
delitos de rebelión y sedición.
En Catalunya,
los indultos han provocado cierta división en el movimiento independentista.
Aunque todos comparten la reclamación de la amnistía y la autodeterminación, la
concesión de los indultos es percibida por los sectores más hiperventilados del
secesionismo, representados por la ANC, CUP y la mayoría puigdemontista de
Junts per Catalunya como una maniobra del gobierno estatal para quitarles
argumentos, sobre todo en la escena internacional, donde el independentismo, en
gran parte a causa de la obtusa represión del ejecutivo del PP durante el
referéndum del 1-O, ganó muchos apoyos internacionales. Asimismo, los indultos
les arrebatan una de las bazas victimistas más efectivas para su electorado,
como no dejan de insistir un día sí y otro también sus terminales mediáticas.
No obstante, en sentido contrario, para el movimiento secesionista cada
concesión del gobierno central es percibida como un signo de debilidad y una
meta volante para conseguir sus objetivos máximos.
ERC, como suele
ser habitual, se mueve en una ambigüedad estructural que evoca a la vieja
Convergència con un discurso en Madrid y otro en Barcelona. Hace unos meses,
Oriol Junqueras, su máximo dirigente encarcelado, manifestó que el gobierno
podía meterse los indultos por donde les cupiera. No obstante, el 7 de junio
publicó la carta, Mirando al futuro, donde valora positivamente los
indultos, que consideraba insuficientes, desechaba la vía unilateral y pedía
disculpas a los catalanes que se habían sentido excluidos por el proceso
soberanista. Una misiva que fue recibida con alivio por el gobierno español,
que se hallaba asediado por las feroces descalificaciones de la derecha
tripartita, pero también por dirigentes históricos y barones territoriales del
PSOE. Éstos argumentaban que, frente al elevado coste político de los indultos,
no se había producido ningún gesto por parte de los independentistas
beneficiados por la medida de gracia quienes, por el contrario, ni los habían solicitado,
ni manifestaban ninguna voluntad de arrepentimiento e insistían que cuando
pudieran lo volverían a hacer. Por ello, la carta de Junqueras operó como un
bálsamo en La Moncloa.
Sin embargo,
días después, el 20 de junio, Junqueras se manifestó en sentido contrario,
afirmando que los indultos eran un “triunfo” del secesionismo y una muestra de
la “debilidad de los aparatos del Estado”. Así, si la primera carta iba
dirigida al público español, las segundas declaraciones se enviaban al
electorado independentista. Se trata de la misma actitud del president Pere
Aragonès, que acudió al acto del Cercle d’Economia donde también asistía Rey,
levantando la interdicción del expresident Torra a la Corona, para desplazarse
un par de días después a Waterloo para entrevistarse con Puigdemont, en un
clásico mecanismo de compensación. En efecto, ERC se halla atenazada por la
contradicción entre abrir la vía de diálogo y de negociación en Madrid y el
impacto de las críticas de los sectores más hiperventilados, prestos a
tacharlos de traidores en Barcelona.
En cualquier
caso, ERC necesita tiempo para, desde la presidencia de la Generalitat,
incrementar su distancia con Junts. También para gestionar los fondos europeos
intentando a través de medidas sociales ampliar su base social, algo
imprescindible para volver a intentar acceder a la independencia. El movimiento
independentista ha alcanzado prácticamente el techo de apoyos entre las clases
medias catalanohablantes; por tanto, la única manera de obtener una clara mayoría
social en Catalunya es ganando adeptos entre la ciudadanía castellanohablante
de los barrios obreros de la periferia. Pero para ello se necesita tiempo, y
desplegar toda una serie de medidas sociales para convencerles de que en la
hipotética Republica catalana mejorarían sensiblemente sus condiciones
laborales y de vida.
En el tablero
español el anuncio de los indultos desencadenó la feroz reacción de la derecha
tripartita en una respuesta semejante a la emprendida por el PP, cuando se
tramitó la aprobación del Estatut d’Autonomia del 2006, y con la famosa foto de
Colón de febrero de 2019. Ahora bien, no parece que esta actitud beligerante
esté cosechando el mismo eco social que en el pasado. Así, la asistencia a la
plaza de Colón fue sensiblemente inferior a la anterior convocatoria y la
recogida de firmas no está funcionando con la masividad esperada. Si la vía
unilateral auspiciada por el independentismo fracasó, también lo hizo la opción
de Rajoy de delegar en la administración de justicia el combate contra el
movimiento independentista, de modo que no consiguió ni impedir el 1-O,
ni reducir sus apoyos sociales y electorales.
El movimiento
secesionista carece de la suficiente fuerza dentro y fuera de Catalunya para
materializar su objetivo de constituir un Estado independiente, pero el Estado
español tampoco ha sido capaz de reducir la implantación y la fuerza del
separatismo. Así se diseña una perspectiva de empate infinito, en una sociedad
fracturada y enfrentada, donde la convivencia resulta cada vez más complicada.
En principio,
como hemos apuntado, daba la impresión de que el PSOE arrostraría un coste
político exorbitante por la concesión de los indultos, cuando desde el
independentismo, a excepción de la carta de Junqueras, apenas se aprecian gestos
de concordia y reconciliación –por parafrasear al presidente Sánchez– y cuando
sectores importantes de la sociedad catalana y española se muestran contrarios
a estas medidas de gracia. Sin embargo, en los últimos días, da la impresión de
que el coste podría ser inferior al que en principio se preveía. Así, líderes
socialistas como el expresidente Felipe González, que mostraron su rechazo a
los indultos, han matizado su posición e incluso la gran patronal catalana y
española han manifestado su apoyo, en el segundo caso más matizadamente, a las
medidas de gracia, provocando un notable revés a la estrategia frentista
auspiciada por la derecha nacionalista española encarnada por Vox, PP y Cs.
Acaso, entre importantes sectores de la población española y catalana, se esté
abriendo paso la idea que, tras el relativo fracaso de la vía judicial y
represiva, se debe al menos probar la vía del diálogo político, a pesar de las
escasas facilidades que está dando el movimiento independentista.
El PSOE, al
igual que ERC, necesita tiempo para acabar una legislatura en la que, armado
con los importantes fondos europeos, pueda liderar la recuperación económica
postCovid. Para ello necesita la estabilidad parlamentaria que le pueden
proporcionar ERC y sus aliados en la cámara legislativa española. También, en
la estela del ex presidente José Luís Rodríguez Zapatero en sus negociaciones
con ETA, tantear las posibilidades de un gran acuerdo que eventualmente
desactivara, al menos temporalmente, la crisis catalana, que se alarga desde
hace una década y que sería percibido como un gran éxito.
Sin duda, es en
el tablero internacional donde se aprecian los mayores beneficios para el
gobierno español por la concesión de los indultos. La eficaz campaña
propagandística de las fuerzas independentistas en el extranjero, que enlazaba
con la famosa leyenda negra española, unida a la errática política del PP,
condujeron a que amplios sectores de la opinión pública internacional
simpatizasen con la causa secesionista. No ocurrió lo mismo con los gobiernos
extranjeros, ninguno de los cuales reconoció la autoproclamada independencia de
Catalunya. No obstante, tanto las resoluciones de los tribunales alemanes y
belgas, negando las extradiciones de los líderes independentistas fugados, como
la reciente resolución del Consejo de Europa, indican que el ejecutivo español
tiene un problema en el ámbito internacional en este tema. Por tanto, la
concesión de los indultos, la reforma de los delitos de rebelión y sedición y
la apertura de la mesa de diálogo pueden ser instrumentos eficaces para
encarrilar esta cuestión, así como para arrebatar a los independentistas uno de
sus argumentos favoritos.
Las expectativas de la mesa de diálogo
La concesión de
los indultos es solo un primer paso. En realidad, el éxito o fracaso de esta
operación se dirimirá en la mesa de diálogo entre los gobiernos español y
catalán. Desde el lado independentista, la posición de partida radica en la
reclamación de la amnistía y la autodeterminación. Ahora bien, el ejecutivo
estatal no puede conceder ninguna de estas reivindicaciones.
En vez de la
amnistía, el ejecutivo puede ofrecer los indultos y la reforma de los delitos
de rebelión y sedición, puesto que no puede ni debe interferir en la acción de
los tribunales de justicia donde están abiertas diversas causas contra otros
dirigentes secesionistas. Aquí no es la primera vez que se observa cómo las
mismas formaciones políticas independentistas y sus terminales mediáticas, que
critican al Estado por la inexistencia de la separación de poderes, reclaman a
ese mismo Estado que vulnere este principio. Como hemos apuntado en otras
ocasiones, los secesionistas operan según un uso instrumental de los mecanismos
democráticos y del Estado de derecho, los cuales se invocan cuando favorecen su
causa y se rechazan cuando la perjudican.
Por otro lado,
queda pendiente la situación de los líderes fugados en el extranjero y
especialmente la del expresident Puigdemont, a quienes no afecta el indulto y
solo podrían beneficiarse de la citada reforma de los delitos de sedición y
rebelión si se personasen en España para aceptar ser juzgados. Así las cosas,
está circulando el rumor en determinados círculos políticos y periodísticos de
que Puigdemont –a quien recientemente se le ha levantado cautelar y provisionalmente
la retirada de la inmunidad en su condición de europarlamentario– estaría
dispuesto a volver a España. De este modo reventaría el clima de cierta
distensión creado por los indultos, sabotearía la mesa de diálogo
comprometiendo seriamente la estrategia de ERC y pondría en un aprieto jurídico
al Estado español al invocar su inmunidad parlamentaria en un territorio que
forma parte de la Unión Europea.
Tampoco el
gobierno español puede conceder la autodeterminación que, como es sabido y
según la legislación internacional, únicamente es aplicable a los pueblos
colonizados o bajo ocupación militar, lo cual obviamente no es el caso de
Catalunya. Aquí el ejecutivo estatal puede ofrecer una mejora del sistema de
financiación y un nuevo Estatut d’Autonomia. De hecho, en Catalunya existe la
anomalía política de ser la única comunidad autónoma que no dispone del Estatut
que fue votado por la ciudadanía en referéndum. La tramitación de un nuevo
Estatut, que mediante las reformas legislativas oportunas recuperase el texto
del 2006 y que debería ser votado en referéndum, resolvería esa anomalía
política. De hecho, para amplios sectores del independentismo la sentencia del
Tribunal Supremo sobre el Estatut significó la ruptura del pacto constitucional
e inauguró el proceso soberanista. La restitución de ese Estatut, en la
argumentación del PSOE y el PSC, vendría a cauterizar esta herida. Ciertamente
y a tenor de lo expuesto sobre el uso instrumental de los procedimientos
democráticos, resulta difícil concebir que los sectores más hiperventilados del
independentismo aceptasen esta oferta que considerarán una pantalla pasada y
cuando para ellos lo único factible es la implementación de la República o en
su defecto el referéndum de autodeterminación pactado con el Estado y
reconocido internacionalmente.
En esta
tesitura, la mesa de diálogo no parte con los mejores augurios. Por el lado del
PSOE, sus ofertas se verán impugnadas por la derecha nacionalista española,
para la cual el combate contra el independentismo catalán resulta su principal
banderín de enganche ideológico y electoral y el arma de destrucción masiva
contra el gobierno de coalición progresista. Por otro lado, ERC se verá
sometida a las fuertes presiones de Junts y CUP para no ceder un ápice en las
reivindicaciones de amnistía y autodeterminación y en caso contrario serían
acusados de traidores.
Ahora bien,
tanto PSOE como ERC, por los motivos apuntados, necesitan tiempo y la mesa de
diálogo puede proporcionárselo; aunque, según consta en el acuerdo de legislatura
entre ERC y CUP, este periodo se cifra en dos años, después del cual se
evaluarán los resultados de esta mesa y Aragonès se sometería a una moción de
confianza. Ciertamente, PSOE y ERC se juegan mucho en el envite, pues si
fracasan en esta apuesta compartida por el diálogo y el acuerdo pueden ser
desalojados del poder estatal y autonómico, respectivamente, por la derecha
nacionalista española y catalana partidarias de llevar hasta final el conflicto
político e identitario con el correspondiente riesgo para la convivencia
ciudadana y la paz civil.
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