jueves, 22 de abril de 2010

CONVOCATORIA DE LA CGT


CONCENTRACION Y AYUNO MEMORIA HISTÓRICA.
El próximo día 24 de Abril las Asociaciones por la Memoria con el apoyo de CGT y otras organizaciones convocan concentración en apoyo a las víctimas del franquismo ante las actuaciones del Tribunal Supremo.
Esperamos la asistencia del máximo número posible de afiliados y simpatizantes, sobre todo porque la mayoría de nosotros tenemos familiares enterrados en las cunetas de este país, y se lo debemos.
Se ha comenzado un ayuno todas las tardes en la Plaza de España e instalado una mesa informativa. Podéis pasaros por allí a echar una mano siempre que podáis/queráis.

Texto que será leído después de la concentración:


NUESTRA SOLIDARIDAD CON EL JUEZ GARZÓN
EN DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

Las organizaciones sociales y políticas que suscriben este documento quieren hacer pública su indignación y su rechazo a los procedimientos judiciales incoados por el Tribunal Supremo contra el juez Garzón y su decisión de procesarlo bajo la acusación de prevaricación, como consecuencia de su investigación sobre las desapariciones forzadas en el marco de crímenes contra la humanidad, denunciadas por asociaciones de víctimas de la represión franquista.

El juez Garzón pretendió investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo tras el golpe militar contra la legalidad constitucional republicana, durante la guerra y durante la dictadura; pretendió recuperar los restos de los desaparecidos y asesinados, verificar y revelar de forma pública los hechos, mediante una declaración judicial que restableciera, frente a los crímenes, la dignidad de las víctimas, de sus familiares y de toda la sociedad española.

La actuación, en este caso, de los jueces y de su máximo órgano y la interpretación de la actuación de Garzón como prevaricadora, más allá de la perversión del proceso penal español que señalan los expertos y que ha permitido que dos organizaciones neofranquistas se permitan representar el interés público sustituyendo al Fiscal General del Estado, su representante natural, parece alentada por razones extrajudiciales, compromete el Estado de Derecho y a la independencia del poder judicial y cuestiona la consideración de este tipo de justicia como poder democrático del Estado.

Estas actuaciones del Tribunal Supremo son, de forma inequívoca, un ataque a las víctimas del franquismo, a sus familias y a la memoria democrática española. Pretenden sepultar y borrar dicha memoria, favoreciendo la impunidad de los liberticidas, lo que entendemos incompatible con el Estado Social y Democrático de Derecho en el que vivimos. Con la sanción al juez Garzón se quiere enviar un mensaje negativo e intimidatorio a otros jueces que, en España o fuera de ella, pretendan investigar los crímenes del franquismo, reforzando la impunidad de la que hasta hoy siguen gozando.

Las actuaciones emprendidas contra el juez Garzón y las víctimas que vienen clamando por la reparación de la memoria y la dignidad de sus familiares por la vía judicial, se escuda en la preconstitucional Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977, instrumento garante de la impunidad de los victimarios, que dejó intactos los aparatos represivo y judicial del Estado franquista. Que se invoque esta ley de amnistía para perseguir a un juez por investigar las desapariciones forzadas producidas por un golpe de estado y un régimen represivo e ilegítimo, resulta insólito y ha sumido en la perplejidad a los medios jurídicos y a la prensa internacionales. Sólo el Tribunal Supremo español ignora que las normas internacionales de derechos humanos establecen que el crimen de desaparición forzada no prescribe y que entorpecer su investigación constituye un delito. Ninguna ley de amnistía puede contraponerse a estas normas y las leyes de punto final están explícitamente prohibidas según el Derecho Internacional.

La responsabilidad de esta situación no corresponde únicamente al Tribunal Supremo. La Fiscalía General del Estado intervino, oponiéndose cuando las asociaciones de víctimas presentaron sus peticiones ante el Supremo, e incumpliendo de este modo el mandato legal por el que debe promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, olvidando su fundamental función que le obliga a la protección de las víctimas. Entonces sí que la Sala Penal de la Audiencia