sábado, 19 de enero de 2019

FRANCIA: VOTAR SÍ, PERO PARA DECIDIR Y REVOCAR DECISIONES CUANDO SEAN PERJUDICIALES SIN TENER QUE ESTAR ESPERANDO A QUE PASEN 4 AÑOS HASTA QUE TE HARTES DE ROBARME, ¿ESTAMOS...?



Francia Movimiento de los Chalecos amarillos

A propósito del Referendum de Iniciativa Ciudadana


Léon Cremieux
VIENTOSUR
15.01.2019

La reivindicación del Referéndum de Iniciativa Ciudadana (RIC) ha irrumpido en el debate político, suscitando numerosas discusiones.

Muchos responsables políticos lo han adoptado rápidamente, utilizándolo como un espejismo para desviar al movimiento de la lucha social hacia un debate institucional. Una forma de intentar atascarlo, de situarle en un terreno más favorable a especialistas y notables, que ven con terror la movilización popular y los métodos de acción directa de los Chalecos amarillos.

Exigencias democráticas

Del lado de estos últimos, el RIC intenta poner en cuestión radical el poder de las y los de arriba que, no contentos con confiscar las riquezas, confiscan también la palabra política. Esta reivindicación va acompañada de toda una serie de exigencias democráticas aparecidas en el movimiento, como la supresión del Senado, la proporcional integral, la paga a las y los diputados según el salario medio...

Por tanto, de entrada, se trata de un movimiento por la exigencia de más derechos democráticos para las clases populares a las que la representación política ha hurtado la palabra. Es el rechazo de un sistema en el que, cada 5 o 6 años, se demanda a electores y electoras sin derecho a la palabra que elijan a representantes sin ningún control de lo que hacen y de sus decisiones. El RIC representa la búsqueda de herramientas capaces de remediar esta confiscación. No tiene nada de revolucionario, pero en sí mismo tampoco es reaccionario. La Francia Insumisa lo tenía en su programa en 2017 igual que el FN o DLF [derecha extrema].

Es la idea de obtener un nuevo derecho, de hacer respetar en un momento dado una exigencia popular, igual que referéndums locales, referéndums de destitución de las y los electos. Va en el mismo sentido que la proporcional integral, la no acumulación de mandatos, el hecho de pagar a las y los electos según el salario medio, cuestiones todas ellas presentes en la campaña del NPA de 2017.

Una representación política más fiel a la realidad social no pone en cuestión la explotación capitalista y la naturaleza de clase del Estado, estructurado para mantener esta explotación. Pero el combate del movimiento obrero ha sido siempre, y con razón, luchar por una serie de exigencias, para imponer derechos democráticos para las y los explotados y oprimidos.

Para determinada gente, el RIC sería una reivindicación populista e incluso la puerta abierta a la dictadura, a decisiones forzosamente reaccionarias. Esto hace eco a la campaña que pinta a los Chalecos amarillos como sediciosos de extrema derecha. Detrás de ello, está el miedo a la movilización popular e incluso a la expresión popular directa.

A menudo, en nombre de la defensa de los valores de la República, se combate contra derechos democráticos: fue durante decenas de años el argumento planteado contra el derecho de voto de las mujeres sometidas a las ideas clericales o el de las y los inmigrantes que ponían en cuestión la representación nacional, o contra la proporcional integral para no favorecer al FN, etc.

Es también el viejo fantasma del pueblo frustrado, manipulable y violento cuando rompe su alienación y ataca las instituciones en las que está representado por gente educada e inteligente. ¡La democracia es algo demasiado serio para ser puesto en manos del pueblo! Es el miedo a las movilizaciones e insurrecciones populares que intentan derrocar un sistema de explotación y opresión.

¿Corregir un sistema antidemocrático?

En sentido contrario, hay que plantear la eficacia del RIC cuando se presenta como la panacea, la herramienta que permite cambiar las cosas. Presentado como la corrección de un sistema antidemocrático, se convierte en su muleta sin ponerlo en cuestión. Sobre este punto, Jean-Luc Mélenchon no es el último en respetar profundamente los mecanismos de las instituciones burguesas.

En el entorno de Francia, país ultrarreaccionario en el plano institucional, con un sistema presidencial monárquico que ni siquiera aplica la proporcional, en una mayoría de los países europeos existen sistemas de referéndum a iniciativa de un cierto número de firmantes. Italia prevé esta posibilidad sobre todas las cuestiones constitucionales y Matteo Renzi tuvo que dimitir a causa de ello en diciembre de 2016. Irlanda tiene una Asamblea ciudadana elegida por sorteo que estos últimos años impulsó el derecho al matrimonio para todos y todas, y al aborto. En Portugal, Luxemburgo, Países Bajos, entre otros, se pueden convocar un referéndum.

El mejor ejemplo de los límites de la eficacia de los referéndum es, por supuesto, el del Tratado Constitucional Europeo (TCE), rechazado mayoritariamente en 2005 y reintroducido por la puerta de atrás del Tratado de Lisboa. En un registro diferente, se puede pensar en el referéndum sobre el NDDL (el aeropuerto de Notre Dame des Landes ndt) cuyo marco e interpretación quedaban totalmente en manos de las instituciones existentes. Esto plantea evidentemente la cuestión de quien tiene el poder más allá de una consulta efímera.

Organizarse democráticamente para actuar

Sobre todo, lo anterior pone de relieve la exigencia de ir más lejos en la cuestión de los derechos democráticos y también de exigir la derogación de la Constitución gaullista producto del golpe de Estado de 1958. Sin que de solución a las cuestiones sociales, todo ello apunta a la obtención de derechos democráticos.

El RIC como tal, como existe en Suiza, no pone en cuestión el poder institucional. Como mucho puede dar más visibilidad a las exigencias populares y posibilitar campañas a los movimientos que quieren plantearlas. Por tanto, puede ser una herramienta, entre otras, pero en ningún caso la panacea.

El debate sobre el RIC puede ser la ocasión de plantear la necesidad, al margen de las estructuras institucionales del sistema, de organizarse democráticamente para actuar, debatir, hacer oír las exigencias populares y movilizarse, controlar y poner en cuestión las instituciones y el poder capitalista creando una correlación de fuerzas real.

Esto va en el mismo sentido que la puesta en pie, a escala local, de asambleas populares que tomen a su cargo estas tareas, sin delegar en una representación permanente.

Es también en este sentido en el que hay que responder a la mascarada de consulta lanzada por el gobierno: dar vida a las asambleas populares locales alrededor de los Chalecos amarillos, permitiendo que su palabra no sea confiscada por representantes autoproclamados y, también, permitiendo presentar verdaderos cuadernos de quejas (cahiers de doléances); no los rellenados educadamente en los cuadernos de la alcaldía o en una diálogo amañado, sino los defendidos por las estructuras de la movilización. Los dos llamamientos de los Chalecos amarillos de Commercy [a impulsar la democracia directa, auto-organizarse y coordinarse democráticamente] describen el camino a seguir y merecen ser ampliamente popularizados.

9/01/2010


Traducción: Faustino Eguberri para viento sur

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COLOMBIA, ALLÍ COMO AQUÍ; TIERRA DE GARBANZOS; BARRIO DE BILBAO O QUE LO MISMO TE PLANCHAN UN GUEVO QUE TE FRÍEN UNA CORBATA Y QUE POR ESO TE QUIERO TANTO Y TE DOY MI CORAZÓN



La movilización ciudadana arrincona a la corrupción del sistema

Rebelión
Insurrección
18.01.2019


Crecen las voces y el sentir ciudadano que exige la renuncia del Fiscal General Néstor Humberto Martínez. Este 11 de enero, cuando el país aún no retomaba su ritmo habitual, se realizaron las primeras manifestaciones multitudinarias respaldando esa petición, con un masivo respaldo en Bogotá y en otras ciudades del país.

Después de las contundentes revelaciones sobre la corrupción de Martínez, que dejó Jorge Pizano, de las extrañas circunstancias que rodearon su muerte y la de su hijo; del debate de censura al Fiscal en el Congreso, y de la muerte de Merchán, otro testigo de esta trama criminal; se siguen multiplicando las evidencias sobre la responsabilidad de Martínez, en los negociados entre Odebrecht y el Grupo Sarmiento Angulo, durante la contratación de la licitación de las vías de la Ruta del Sol II, los que ascienden a 50 millones de dólares.

A raíz del escándalo generado, la sociedad colombiana ha ido conociendo otras actitudes dolosas del fiscal Martínez. Este ha colocado a la Fiscalía y sus múltiples recursos al servicio de la impunidad y del encubrimiento de sus responsabilidades y de su empleador, el hombre más rico de Colombia, el multimillonario Luis Carlos Sarmiento Angulo, ambos involucrados en numerosos casos de corrupción.

Ha sido notoria la actividad de Martínez, en utilizar la Fiscalía General para atacar con montajes judiciales a sus contradictores, a líderes de la oposición al régimen, y a quienes se atreven a denunciar sus fechorías.

El Fiscal General por encargo de quienes han jurado “hacer trizas la paz”, también desarrolla múltiples maquinaciones contra los Acuerdos de Paz y contra los esfuerzos de solución política del conflicto; lo que contrasta con su negligencia y encubrimiento, frente al genocidio en curso contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), la matanza de líderes en 2018 alcanzó los 256 asesinados, que significa el asesinato de 3 líderes cada 4 días. En 2017 los líderes eliminados habían sido 170, que demuestra un crecimiento del genocidio en un 51 por ciento; cuando entre 2016 y 2017, el crecimiento de estos asesinatos fue del 45 por ciento.

El fiscal Martínez, en sus declaraciones del pasado 10 de enero, minimiza la gravedad de esta matanza, niega que se tratan de crímenes sistemáticos y planificados de persecución política del régimen; para encubrir a los victimarios, con lo que facilita la continuidad y agravamiento de este genocidio.

Con un fiscal de estas características, ¿Qué avance puede tener la lucha contra la corrupción, cuando el encargado de ella está inmerso en la misma hasta la coronilla?

La movilización ciudadana que exige la renuncia del fiscal Martínez, es tan justa como necesaria. Pero si gracias a ella se lograse su caída, habría que continuar la presión social, para evitar que su reemplazo, sea otra ficha de la extrema derecha violenta, que acaudilla el expresidente Uribe, con lo que “resultaría peor el remedio, que la enfermedad”.

En agosto pasado, 12 millones de colombianas y colombianos votaron en la consulta popular que exigió medidas profundas contra la corrupción; el Gobierno hizo el compromiso de impulsarlas en el Congreso, pero a la vez asumió un decidido respaldo, al más corrupto Fiscal General que haya tenido Colombia. ¿En qué quedaron las promesas del Presidente Duque? En un nuevo engaño, en la demagogia de siempre.

La corrupción en Colombia, como en la mayoría de los países, es un fenómeno endémico y sistémico; por lo que, si bien es válido presionar la renuncia de este Fiscal General, la metástasis de corrupción que sufre nuestro país seguirá extendiéndose; lo que demanda transformaciones sistémicas y de fondo.

No habrá soluciones con este Congreso, ni con esta Fiscalía General, ni bajo la dirección del Estado en manos de la misma élite dominante, quienes son los mayores responsables de la corrupción y los que más se lucran de ella.

La lucha contra la corrupción del sistema para ser efectiva, ha de seguir en manos de la sociedad movilizada.

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