viernes, 3 de diciembre de 2021

El gasto oculto en Defensa. El presupuesto militar real es más del doble de lo que indican los Presupuestos. [Que sí, hombre que sí, que se acepta barco como animal de compañía. Que sí que el poder de la nación reside en la voluntad popular así como el Lucero del Alba y yo formamos el trío de la bencina en plan guay. Que no hay tampoco ningún problema en aceptar alicates como complemento necesariamente obligatorio para el buen funcionamiento del barco que como ya se ha dicho se acepta como animal de compañía. Que estamos en un sistema democrático, que sí hombre que sí. Pero vamos a ver, es que no ven que llevo todo el rato diciendo que sí. Si lo que yo digo es que se fabriquen cuatro tanques sin cañón, que porque vayan cuatro tanques sin cañón a la guerra de matar personas no va a pasar nada, no se va a enterar nadie, y que con el dinero de los cuatro cañones que no se le ponen a los cuatro tanques dedicarlo a que los niños patriota españoles tengan todo una dieta alimenticia adecuada y suficiente… ¡Joder que pesadez! ¿Otra vez con el barco? Pero hombre, ¿no le he dicho ya que sí?]

 

El gasto oculto en Defensa

El presupuesto militar real es más del doble de lo que indican los Presupuestos


Por Óscar F. Civieta

Rebelion / España

 30/11/2021 

Fuentes: La Marea

En el proyecto de Presupuestos, la partida destinada a Defensa asciende a 10.155,27 millones de euros. Un estudio comprueba que el gasto militar real es más del doble. Se trata, además, del ministerio que acapara más inversiones.

De los Presupuestos Generales del Estado, a menudo se destacan las grandes cifras: lo que corresponde a cada ministerio, las oscilaciones respecto a años anteriores, las inversiones… Pero basta con profundizar un poco para comprobar cómo la cantidad destinada a algunos sectores es muy superior a la contemplada oficialmente bajo su epígrafe. Se nutren de consignaciones estratégicamente difuminadas a lo largo de toda la maraña numérica que conforma las cuentas. Es el caso, por ejemplo, de la Religión y, sobre todo, de la Defensa

Quien ha inquirido y recorrido los insondables caminos de las partidas de gastos es Juan Carlos Rois, cuyo análisis –hecho público por el Grup Antimilitarista Tortuga– arroja una conclusión evidente: el presupuesto militar real poco tiene que ver con los 10.155,27 millones de euros consignados al Ministerio de Defensa en los Presupuestos para 2022, recientemente aprobados por el Congreso de los Diputados.

Solo con las aportaciones de otras carteras a programas directa y claramente relacionados con el militarismo, dejaría un gasto de 20.693,85 millones de euros. Más del doble.  

El gasto en armas crece un 21,6%

Antes de ahondar en las cifras, una breve reseña sobre los programas que más dotación se llevan del presupuesto oficial de Defensa. El primero es el llamado «Programas especiales de modernización», o lo que es lo mismo, el gasto en armas, que para 2022 será de 2.848 millones de euros. Esto indica un crecimiento del 21,6% respecto a 2021. Destacan los 593,8 millones destinados a la compra de 87 aviones de combate EF2000, que se describen como «de superioridad aérea y alta capacidad de ataque en superficie».

La segunda gran partida es la de «Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas», que se lleva 2.254,9 millones de euros. Son, tal y como se definen en los Presupuestos, los salarios del personal, incluidos los gastos que implican «su despliegue, adiestramiento e intervención en maniobras y operaciones, así como los gastos corrientes de sus acuartelamientos (gastos de electricidad, agua, gas, combustibles, trabajos realizados por otras empresas, etcétera), la alimentación y equipo reglamentario». La de Defensa es la segunda cartera ministerial que más porción acapara del total de gastos de personal (el 26,3%), solo por detrás de Interior (39,4%).

Subraya Rois en su estudio del gasto para el «Personal en reserva» que, a pesar de poder trabajar en el mundo civil (con la condición de estar disponibles), reciben una retribución del Ejército. En total, son 13.867 personas a las que se les pagan 572 millones de euros.

El bloque militar explícito

El presupuesto de Defensa es un 7,92% más alto que el de 2021. Por encima, en cuanto al porcentaje de crecimiento, de otras carteras como Sanidad (que pierde un 17,3%) o Educación (que aumenta un 2,6%).

A los 10.155,27 millones de euros habría que empezar por sumar lo que se destina a los conocidos como ‘Organismos Autónomos’ (OOAA): en el caso de Defensa, son el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), al que se entregan 832 millones de euros (un 5% más que en 2021); el Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de Defensa (205 millones de euros), y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) Esteban Terradas (196 millones de euros). 

Las anteriores son las consignaciones oficiales a OOAA adscritos a la Defensa, pero hay otra más: sale de la Dirección General de Presupuestos (dependiente del Ministerio de Hacienda) y su concepto es «Cuotas, prestaciones y gastos sociales del ISFAS». La cantidad es de 699 millones de euros. 

También habría que adicionar otros 300 millones de euros contemplados bajo el título de ‘Resto de entidades’ y que se refieren al Centro Nacional de Inteligencia. En total: 2.232 millones de euros.

El siguiente apartado, aún dentro del bloque militar explícito, son las ‘Clases Pasivas’, es decir, las «pensiones a funcionarios de carácter militar», que se llevan 3.665 millones de euros.

El último ítem de este bloque sale del Ministerio del Interior y es el dedicado a la Guardia Civil. Para Rois, no hay duda de que hay que contemplarlo dentro del gasto militar, puesto que «tiene encomendadas labores de seguridad altamente militarizadas, que alcanzan desde el control de fronteras y recintos penitenciarios, a labores de control de tráfico, ciberseguridad y otras, pasando por intervenciones en operaciones en el exterior». 

De hecho, en la página oficial se define a la Guardia Civil como «un Cuerpo de Seguridad Pública de naturaleza militar y ámbito nacional que forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Parece lógico, por tanto, incluir en el coste militar los 3.485 millones de euros que desde Interior se destinan a la Guardia Civil. 

Sumándolo todo, el presupuesto militar ya ascendería a 19.537 millones de euros.

El polo militar industrial

Son varios los ministerios que, de manera más o menos visible, aportan dinero a la ‘causa militarista’. Es el caso del Programa «Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la Defensa» del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Su objetivo, detallan en los Presupuestos, es «apoyar la participación de las empresas españolas en el desarrollo de proyectos tecnológico industriales relacionados con la defensa y que tengan un carácter estratégico y/o internacional».

Para 2022, estos proyectos son los programas de las fragatas F110, los de los helicópteros NH 90 y los de fabricación de los vehículos de combate sobre ruedas 8×8. Tiene una dotación de 708,2 millones de euros.

También dependiente de Industria, la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (SGIPYME), explican en las cuentas, «participa en el desarrollo de la nueva generación de satélites de comunicaciones gubernamentales Spainsat NG, cuya financiación, que se inició en 2019, se realiza mediante préstamos a la empresa HISDESAT, seleccionada por el Ministerio de Defensa». Para 2022 está previsto un desembolso de 155 millones de euros.

Dentro de la cartera de Ciencia e Innovación, hay dos partidas con estrecha relación con lo militar: la primera es una transferencia de 765.100 euros desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas al INTA para la financiación de los gastos corrientes del Centro de Astrobiología, centro mixto CSIC-INTA.

La segunda, de 2,14 millones, parte de la Agencia Estatal de Investigación y su destino es, de nuevo, el INTA. En este caso, es un Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico.

El subtotal de este bloque asciende a 866,11 millones de euros, lo que eleva el total a los 20.403 millones.

Alta implicación en el gasto militar

Es necesario escudriñar las partidas para seguir detectando ese gasto escondido, entre otros, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Concretamente, en el programa de «Acción del Estado en el exterior» hay que poner atención sobre la «Acción Multilateral». Bajo el objetivo general de «potenciar la presencia e influencia de España en procesos de definición de la política de paz y seguridad de los principales Organismos Internacionales (OO.II.) adaptándola a los nuevos desafíos», contempla aspectos como «aumentar el peso de España en la Política Exterior y Seguridad Común». También «promover el desarme y la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva tanto a nivel nacional como internacional», «impulsar la elaboración, propuesta y aplicación de una estrategia nacional para hacer frente al terrorismo internacional» y «promover un ciberespacio internacional seguro y confiable en apoyo a los intereses nacionales».

En definitiva, explica Rois, «misiones militares en el exterior, pago de operaciones que realiza España bajo mandato de la ONU y contribuciones a organismos internacionales de seguridad y defensa como la OTAN o la UE». A todo ello se destinan 236 millones de euros. 

A los que, también dentro de Asuntos Exteriores, se debe sumar otro millón para pagar los desplazamientos de los miembros de la alta dirección del Ministerio de Defensa. Por tanto, 237 millones de euros.

Dentro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se incluye la participación de la Armada y de la Guardia Civil en la inspección de aeronaves: 19,25 millones de euros.

Y aún faltan 20.000 euros más que salen del Ministerio de Cultura y Deporte «para la actualización del Censo Guía de los Archivos Españoles», lo que, según la descripción del programa, implica «establecer nuevos acuerdos con comunidades autónomas y con los archivos militares dependientes del Ministerio de Defensa». 

El total de este apartado es de 256,31 millones de euros. Y la suma general se sitúa en los 20.659,6 millones.

Centros universitarios de la Defensa y aportación al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz

Al gasto militar, lógicamente, también se le debe imputar lo que se aporta a las academias militares. Las cantidades son 925.000 euros para la Academia Central de la Defensa de Madrid; 7,17 millones se le dan a la Academia General Militar de Zaragoza; 3 millones a la Academia General del Aire de San Javier, y 2,99 millones a la Escuela Naval Militar de Marín. En total: 14,16 millones de euros.

Por último, y como novedad en estos presupuestos –señala el autor del informe–, se debe tener en cuenta la aportación española al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, que se describe como un «instrumento fuera del presupuesto europeo destinado a financiar las acciones en el ámbito de la seguridad y la defensa que pueda decidir el Consejo». Se destinan 20 millones de euros. 

De este último bloque, por tanto, dimana un gasto de 34,16 millones de euros. Sumado a lo anterior, el gasto total en Defensa es de 20.693,85 millones de euros. Es decir, más del doble de la dotación oficial: 10.155,27 millones de euros. 

Para llegar a esta cifra, lamarea.com ha tenido en cuenta únicamente los programas con relación directa con el militarismo y cuya dotación específica aparece en las cuentas. 

Pero hay mucho más, apunta Rois. En su estudio, también realiza estimaciones de programas generales (con afectación civil y militar), en los que los presupuestos no detallan lo que corresponde a cada sector. Además de las «operaciones en el exterior no contempladas», «los gastos plurianuales vigentes» y los intereses de deuda a asumir. Con todo ello, el gasto total militar se podría disparar hasta los 43.276,4 millones de euros.

El Ministerio con más inversiones

En Defensa se invierten 3.647,3 millones de euros. La cifra es un 18% más alta que la de 2021 y la coloca como la cartera con más inversiones. Por detrás, aunque a bastante distancia, está el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2.460,2 millones de euros). Todos los demás, no sobrepasan los 1.000 millones euros de inversión. 

Llaman la atención los 104,12 millones de inversiones en Sanidad; los 68,82 de Educación; los 16,8 de Trabajo, o los 4,91 de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Fuente: https://www.lamarea.com/2021/11/29/el-gasto-oculto-en-defensa-el-presupuesto-militar-real-es-mas-del-doble-de-lo-que-indican-los-presupuestos/

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La segunda oleada progresista latinoamericana

 

Un programa de reformas de segunda generación, articuladas en torno a la ampliación de la igualdad y la democratización de la riqueza, debe propugnar una nueva matriz productiva para el crecimiento y bienestar económicos.


La segunda oleada progresista latinoamericana


Álvaro García Linera

El Viejo Topo

3 diciembre, 2021



El mundo está atravesando una transición política-económica estructural. El viejo consenso globalista de libre mercado, austeridad fiscal y privatización que encandiló a la sociedad mundial durante 30 años, hoy se ve cansado y carece de optimismo ante el porvenir. La crisis económica de 2008, el largo estancamiento desde entonces, pero principalmente el lockdown de 2020 han erosionado el monopolio del horizonte predictivo colectivo que legitimó el neoliberalismo mundial. Hoy, otras narrativas políticas reclaman la expectativa social: flexibilización cuantitativa para emitir billetes sin límite; Green New Deal, proteccionismo para relanzar el empleo nacional, Estado fuerte, mayor déficit fiscal, más impuestos a las grandes fortunas, etc., son las nuevas ideas-fuerza que cada vez son más mencionadas por políticos, académicos, líderes sociales y la prensa del mundo entero. Se desvanecen las viejas certidumbres imaginadas que organizaron el mundo desde 1980, aunque tampoco hay nuevas que reclamen con éxito duradero el monopolio de la esperanza de futuro. Y mientras tanto, en esta irresolución de imaginar un mañana más allá de la catástrofe, la experiencia subjetiva de un tiempo suspendido carente de destino satisfactorio agobia el espíritu social.

América Latina se adelantó a estas búsquedas mundiales hace más de una década. Los cambios sociales y gubernamentales en Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, dieron cuerpo a esta primera oleada de gobiernos progresistas y de izquierda que se plantearon salir del neoliberalismo. Más allá de ciertas limitaciones y contradicciones, el progresismo latinoamericano apostó a unas reformas de primera generación que logró tasas de crecimiento económico entre 3 y 5 por ciento, superiores a las registradas en tiempos anteriores. Paralelamente, se redistribuyó de manera vigorosa la riqueza, lo que permitió sacar de la pobreza a 70 millones de latinoamericanos y de la extrema pobreza a 10 millones. La desigualdad cayó de 0.54 a 0.48, en la escala de Gini y se aplicó un incremento sostenido del salario y de los derechos sociales de los sectores más vulnerables de la población que inclinó la balanza del poder social en favor del trabajo. Algunos países procedieron a ampliar los bienes comunes de la sociedad mediante la nacionalización de sectores estratégicos de la economía y, como en el caso de Bolivia, se dio paso a la descolonización más radical de la historia, al lograr que los sectores indígena-populares se constituyan en el bloque de dirección del poder estatal.

Esta primera oleada progresista que amplió la democracia con la irrupción de lo popular en la toma de decisiones, se sostuvo sobre un flujo de grandes movilizaciones sociales, descrédito generalizado de las políticas neoliberales, emergencia de liderazgos carismáticos portadores de una mirada audaz del futuro y un estado de estupor de las viejas élites gobernantes.

La segunda oleada progresista

La primera oleada del progresismo latinoamericano comenzó a perder fuerza a mediados de la segunda década del siglo XXI, en gran parte, por cumplimiento de las reformas de primera generación aplicadas.

El progresismo cambió la tasa de participación del excedente económico en favor de las clases laboriosas y el Estado, pero no la estructura productiva de la economía. Esto inicialmente le permitió transformar la estructura social de los países mediante la notable ampliación de las clases medias, ahora con mayoritaria presencia de familias provenientes de sectores populares e indígenas. Pero la masificación de ingresos medios, la extendida profesionalización de primera generación, el acceso a servicios básicos y vivienda propia, etc., modificó no sólo las formas organizativas y comunicaciones de una parte del bloque popular, sino también su subjetividad aspiracional. Incorporar estas nuevas demandas y darle sostenibilidad económica en el marco programático de mayor igualdad social, requería modificar el modo de acumulación económica y las fuentes tributarias de retención estatal del excedente.

La incomprensión en el progresismo de su propia obra y la tardanza en plantarse los nuevos ejes de articulación entre el trabajo, el Estado y el capital, dieron paso desde 2015 a un regreso parcial del ya enmohecido programa neoliberal. Pero, inevitablemente, este tampoco duró mucho. No había novedad ni expansivo optimismo en la creencia religiosa en el mercado, sólo un revanchismo enfurecido de un libre mercado crepuscular que desempolvaba lo realizado en los años 90 del siglo XX: volver a privatizar, a desregular el salario y concentrar la riqueza.

Ello dio pie a la segunda oleada progresista que desde 2019 viene acumulando victorias electorales en México, Argentina, Bolivia, Perú y extraordinarias revueltas sociales en Chile y Colombia. Esto enmudeció esa suerte de teleología especulativa sobre el fin del ciclo progresista. La presencia popular en la historia no se mueve por ciclos, sino por oleadas. Pero claro, la segunda oleada no es la repetición de la primera. Sus características son distintas y su duración también.

En primer lugar, estas nuevas victorias electorales no son fruto de grandes movilizaciones sociales catárticas que por su sola presencia habilitan un espacio cultural creativo y expansivo de expectativas transformadoras sobre las que puede navegar el decisionismo gubernamental. El nuevo progresismo resulta de una concurrencia electoral de defensa de derechos agraviados o conculcados por el neoliberalismo enfurecido, no de una voluntad colectiva de ampliarlos, por ahora. Es lo nacional-popular en su fase pasiva o descendente.

Es como si ahora los sectores populares depositaran en las iniciativas de gobierno el alcance de sus prerrogativas y dejaran, de momento, la acción colectiva como el gran constructor de reformas. Ciertamente, el gran encierro mundial de 2020 ha limitado las movilizaciones, pero curiosamente no para las fuerzas conservadoras o sectores populares allí donde no hay gobiernos progresistas, como Colombia, Chile y Brasil.

Una segunda característica del nuevo progresismo es que llega al gobierno encabezado por liderazgos administrativos que se han propuesto gestionar de mejor forma en favor de los sectores populares, las vigentes instituciones del Estado o aquellas heredadas de la primera oleada; por tanto, no vienen a crear unas nuevas. Dicho de otra manera, no son liderazgos carismáticos, como en el primer progresismo que fue dirigido por presidentes que fomentaron una relación efervescente, emotiva con sus electores y disruptivas con el viejo orden. Sin embargo, la ausencia de relación carismática de los nuevos líderes no es un defecto sino una cualidad del actual tiempo progresista, pues fue por esa virtud que fueron elegidos por sus agrupaciones políticas para postularse al gobierno y, también, por lo que lograron obtener la victoria electoral. En términos weberianos, es la manera específica en que se rutiniza el carisma, aunque la contraparte de ello será que ya no puedan monopolizar la representación de lo nacional-popular.

En tercer lugar, el nuevo progresismo forma ya parte del sistema de partidos de gobierno, en cuyo interior lucha por ser dirigente. Por tanto, no busca desplazar el viejo sistema político y construir uno nuevo como en la primera época, lo que entonces le permitió objetivamente enarbolar las banderas del cambio y de la transgresión por exterioridad al sistema tradicional. Lo que ahora se proponen es estabilizarlo preservando su predominancia, lo que los lleva a una práctica moderada y agonista de la política.

En cuarto lugar, la nueva oleada progresista tiene al frente a unos opositores políticos cada vez más escorados hacia la extrema derecha. Las derechas políticas han superado la derrota moral y política de la primera oleada progresista y, aprendiendo de sus errores, ocupan las calles, las redes y levantan banderas de cambio.

Han cobrado fuerza social mediante implosiones discursivas reguladas que las ha llevado a enroscarse en discursos antiindígena, antifeminista, antiigualitarista y anti-Estado. Abandonando la pretensión de valores universales, se han refugiado en trincheras o cruzadas ideológicas. Ya no ofrecen un horizonte cargado de optimismo y persuasión, sino de revancha contra los igualados y exclusión de quienes se considera son los culpables del desquiciamiento del viejo orden moral del mundo: los populistas igualados, los indígenas y cholos con poder, las mujeres soliviantadas, los migrantes pobres, los comunistas redivivos…

Esta actual radicalización de las derechas neoliberales no es un acto de opción discursiva, sino de representación política de un notable giro cultural en las clases medias tradicionales, con efecto en sectores populares. De una tolerancia y hasta simpatía hacia la igualdad hace 15 años atrás, la opinión pública construida en torno a las clases medias tradicionales ha ido girando hacia posiciones cada vez más intolerantes y antidemocráticas ancladas en el miedo. Las fronteras de lo decible públicamente han mutado y el soterrado desprecio por lo popular de años atrás ha sido sustituido por un desembozado racismo y anti-igualitarismo convertidos en valores públicos.

La melancolía por un antiguo orden social abandonado y el miedo a perder grandes o pequeños privilegios de clase o de casta ante la avalancha plebeya han arrojado a estas clases medias a abrazar salvacionismos político-religiosos que prometen restablecer la autoridad patriarcal en la familia, la inmutabilidad de las jerarquías de estirpe en la sociedad y el mando de la propiedad privada en la economía ante un mundo incierto que ha extraviado su destino. Es un tiempo de politización reaccionaria, fascistoide, de sectores tradicionales de la clase media

Y finalmente, en quinto lugar, el nuevo progresismo afronta no sólo las consecuencias sociales del gran encierro planetario que 2020 desplomó la economía mundial sino, en medio de ello, el agotamiento de las reformas progresistas de primera generación.

Esto conlleva una situación paradojal de unos liderazgos progresistas para una gestión de rutina en tiempos de crisis económicas, médicas y sociales extraordinarias.

Pero, además, globalmente se está en momentos de horizontes minimalistas o estancados: ni el neoliberalismo en su versión autoritaria logra superar sus contradicciones para irradiarse nuevamente ni los diversos progresismos logran consolidarse hegemónicamente. Esto hace prever un tiempo caótico de victorias y derrotas temporales de cada una de estas u otras opciones.

Sin embargo, la sociedad no puede vivir indefinidamente en la indefinición de horizontes predictivos duraderos. Más pronto que tarde, de una u otra manera, las sociedades apostarán por una salida, la que sea. Y para que el porvenir no sea el desastre o un oscurantismo planetario con clases medias rezando por orden a la puerta de los cuarteles como en Bolivia, el progresismo debe apostar a producir un nuevo programa de reformas de segunda generación que, articuladas en torno a la ampliación de la igualdad y la democratización de la riqueza, propugne una nueva matriz productiva para el crecimiento y bienestar económicos.

Pero, además, con ello, ayudar a impulsar un nuevo momento histórico de reforma moral e intelectual de lo nacional-popular, de hegemonía cultural y movilización colectiva, hoy ausentes, sin los cuales es imposible imaginar triunfos políticos duraderos.

Artículo publicado originalmente en La Jornada.

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