sábado, 22 de junio de 2019

ELCRIMINAL GUAIDO YA NO VALE NI PARA ROBAR A MANOS LLENAS PARA SUS AMOS. VIVIRÁ CON LO ROBADO EN TENERIFE CON SU PADRE? LO CIERTO ES QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL (gobiernillo titiritón) AL IGUAL QUE LA JEFATURA DEL PP (vividora acostumbradamente en plan B, martillazo más martillazo menos), HAN APOYADO Y APOYAN A ES ESTE CRIMINAL DE CAPA CAÍDA, QUE NO VALE NI PARA ROBAR A DABUTE, Y AL QUE SANTIAGO ABASCAL, AY, MI SANTIAGO (terrorista él, con pistola en el sobaco, por ser el terror del emigrante cristiano pobre, porque también hay emigrantes cristiano pobres y sin papeles) DE VOX, QUE NO HA HECHO NI LA MILI, QUE NO HA JURADO NI LA BANDERA DICIENDO: QUE YO ME PINCHO O PINCHARE, OIGA, POR ESTAS LO JURO, Y SI NO, EN BAJANDO DIOS DEMANDOSELO AL PRIMERO QUE PILLE, MÁS NO A MÍ. SALGA, PUES, SANGRE DESPUES DEL PINCHE O PINCHARE, PERO COMEDIDAMENE Y SI EXAGERAR, Y SI DE SU GUSTO FUERA, POR MÍ, LLEGUE HASTA ANTEQUERA. PUES ESTE PÁJARO, Y ANTES QUE TAL, SUBDITO, ADIPTO SIEMPRE A LA PAGA MAGRA Y SEGURA, QUE NI A RECLUTA EN LA ESCALA MILITAR LLEGA, QUERIA MANDAR SOLDADOS DEL EJERCITO DE ESPAÑA A QUE FUERAN MATANDO VENEZOLANOS PARA QUE EL GUAIDÓ DA LE QUE TE PEGO. Y SON ESTOS GUATIPEDIS LOS MISMO QUE NOS ENGAÑAN A A LOS TRABAJADORES Y ROBAN AL ESTADO ESPAÑOL (me parece que´sto ma´quedao niquelaoclavao. Me parece a mí, pero no me hagan caso...)


La estocada final a Juan Guaidó

Tercerainformación

21/06/2019


Juan Guaidó y Leopoldo López están juntos desacreditados por la trama de corrupción sobre la «ayuda humanitaria» en Cúcuta. Foto: RTVE 


El plan parecía limpio y rápido de ejecutarse en el papel, sobre todo con el avance del bloqueo vía sanciones de la Casa Blanca, una suerte de preámbulo turbulento en el sector económico-social de Venezuela que daba pie a un nuevo escenario de desestabilización para provocar, al fin, un cambio de régimen.

La agenda de John Bolton se impuso, sobre todo en las formas, con la amenaza militar y la incorporación de las compañías energéticas estadounidenses en los negocios venezolanos como cartas primarias. Esto se conseguiría con la construcción de un «líder local», cercano al aparato del establishment de Washington, dando forma a un «gobierno en la sombra»: por ello la necesidad de poner a Voluntad Popular (VP) de frente en la lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro, incluso con su principal líder, preparado en Harvard, encarcelado.


Para infortunio de la Casa Blanca, el «cese de la usurpación» con Juan Guaidó de protagonista expiró en apenas seis meses, con el reportaje de PanAm Post sobre la trama de corrupción como una estocada sensible a la credibilidad política del diputado perteneciente a VP, y que se lleva consigo a Leopoldo López por complicidad.


Washington y Miami inflaron diplomática y mediáticamente a Guaidó y ellos mismos se encargaron, vía Colombia, de desinflarlo. Una trama de intereses en los Estados Unidos decidió que no proseguía, con la agenda electoral sonando tanto en ese país como en Venezuela.


Golpe interno en la oposición


Lo que sería una agenda de golpe trazada entre varios factores antichavistas terminó siendo cooptada por el equipo de Juan Guaidó, apoyado fuertemente por el gobierno estadounidense, con el desplazamiento de la dirigencia de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia (PJ) de las decisiones a tomar en el terreno.


Con la filtración de PanAm Post no sólo descubrimos lo que sabíamos de facto a través de varias denuncias por medios colombianos y por lógica escuálida, sino que también dio cuenta de la profunda división que existe en la dirigencia antichavista por las agendas personales de sus miembros.


El desplazamiento de PJ y VP de los fondos y recursos de la «ayuda humanitaria» para construir un red propia de malversación a beneficio del círculo íntimo de Guaidó y López sólo puede significar un golpe interno a la oposición.


Toda la estafa en torno a la cifra de soldados desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los medios de manutención tenía la intención de crear un fondo propio a través de los recursos provenientes de Caracas, en donde también se presentó la actitud derrochadora de Rossana Barrera y Kevin Rojas. La «defensa a ultranza» de Guaidó y López a sus «emisarios» sólo puede inferir que ellos también se lucraban de la situación, que la corrupción dada no era un caso aislado.


Tal comportamiento no es una sorpresa para los avisados de quiénes son realmente los dirigentes del antichavismo local e internacional. No en balde, como parte del plan también estaba el secuestro y la repartición de Citgo, filial de PDVSA en los Estados Unidos. Las pruebas son claras en ese sentido.


Sin embargo, tal desplazamiento a beneficio de un pequeño grupo de la oposición es sólo una ventana más de cómo se han repartido los recursos estadounidenses y engañado entre ellos en las últimas dos décadas.


Pompeo y los 40 presidentes


Pero no nos engañemos: lo que avalaron Guaidó y López desde sus influyentes posiciones lo hicieron con anterioridad los demás dirigentes que hoy piden un lugar como protagonistas.

Ahí están María Corina Machado y Antonio Ledezma, que son contrarios a los diálogos en Noruega y, por ende, de cualquier construcción política para dirimir las actuales tensiones a lo interno de Venezuela.


Esa situación se refleja en los 40 aspirantes a presidente que refirió el secretario de Estado Mike Pompeo, hablando de la imposibilidad de unirse en un plan sólido para vencer al chavismo.


Cada paso que da la oposición en los últimos tiempos no hace sino desarticularla y fortalecer la posición de Nicolás Maduro. El desinfle de Guaidó también tiene que ver con ese golpe que recibió en simultáneo de todos aquellos que no quieren volver a la rueda política, con decisiones constitucionales de por medio.


Desde este punto de vista, con el paso del tiempo, el antichavismo muestra cada vez más su verdadero rostro. Y con ello, el fracaso como divisa.


Nuevo golpe a la oposición


Avendaño asegura que la inteligencia colombiana le dio la información. De ser cierto, podemos inferir que un sector de ese aparato, tal vez autorizado por el presidente Iván Duque, pretende beneficiar a personalidades más afines con el actual gobierno colombiano.


En ese escenario entra María Corina Machado y la extrema derecha venezolana que impugna a Guaidó por sentarse a negociar con el gobierno y pide la activación de una guerra multidimensional, que de hecho ya está en curso desde hace años.


Si se conectan los hilos que unen a PanAm Post con las fuentes que usa para dar un estacazo mediático a los de VP, más el espaldarazo de Luis Almagro a una investigación a profundidad con lo sucedido, todo converge en que se está demandando un cambio desde Estados Unidos en el liderazgo opositor.


El desgaste de Guaidó como la figura salvadora del antichavismo ya presenta caducidad en los tiempos presentes. Incluso el mismo Trump, según filtró la muy reaccionaria ABC de España, habría «pasado la página con Venezuela»: el cese de la usurpación más bien se refiere, ahora, al mismo presidente de la Asamblea Nacional, el frontman de turno.


La oleada de filtraciones, de esta manera, sólo confirma que el plan Guaidó está en su fase «autodestructiva», pues quienes lo inflaron son los mismos que en este momento están produciendo su debacle.


¿Qué queda para alguien que pretendía granjearse una buena cantidad de dinero del Fondo Monetario Internacional y el apoyo de la FANB en una situación como ésta? Parece que es el cierre de telón para un personaje «desdichado», como lo describe Daniel McAdams, el director ejecutivo de la Fundación Ron Paul.


El desplazamiento ahora es de un orden mucho mayor, en el que sale Guaidó con su improvisada agenda, y de la que el gobierno colombiano recela según lo expuesto por Avendaño. El golpe a Guaidó fue orquestado en Bogotá. Y más cerca de las simpatías del uribismo, por afinidad ideológica y enfoque mafioso, está la Machado.




Iván Duque y Maria Corina Machado. Foto Mision Verdad


Caída de un gobierno 2.0


El de Guaidó fue el primer gobierno creado en redes sociales, bajo una operación de márketing político vendido como producto publicitario, que se instaló con el aval de Washington.


Ante la imposibilidad de repetir un 2002 con la correlación de fuerzas a lo interno del poder en Venezuela, Estados Unidos dio fuerza a un «interinato» que nunca fue, que legisló, ordenó y gerenció siempre desde la Web y no en el terreno de lo real. Eso no detuvo que robaran los activos de Citgo, pero tal hecho dependió más de la fuerza estadounidense que de la voluntad de la oposición en el parlamento nacional.


En todo caso, el principal responsable del descalabro en torno al «cese de la usurpación» en la Casa Blanca es John Bolton, quien se ha visto cada vez más ridiculizado por parte del propio Trump. En las negociaciones de su gobierno con el de Corea del Norte, el magnate presidente desautoriza todo tremendismo proveniente de su Asesor de Seguridad Nacional.

De igual manera lo hace con Irán. Asimismo con Venezuela.


Esto se hace evidente con las diferentes filtraciones (vaya el papel que han jugado últimamente) habidas con relación a las divergencias en forma (mas no en fondo) en política exterior entre Bolton y Pompeo. El último, de hecho, refleja mucho mejor la posición negociadora de Trump que las amenazas militares del bigotón guerrerista.


A fin de cuentas, fue el mismo Bolton quien aseguró a su presidente que Maduro caía más pronto que tarde con un «gobierno 2.0». No fue así, ni tampoco lo será. Como soplan los vientos, también cambia la agenda de los jefes de Washington y Miami ante el descalabro de la operación Guaidó.


Fueron ellos mismos quienes cavaron la tumba de su peón en favor de una nueva ruta para manejar la «situación venezolana». Para mejor o peor, eso está por verse en las próximas semanas.

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QUÉ PERSONAL, PERSONALA, ASIMILADO O ASIMILADA, DEL GOBIERNO PROPICIA, FOMENTA, PERMITE Y SILENCIA EL ROBO A LOS ESPAÑOLES (Y AHORA NO ME REFIERO AL DINERO DE LAS PENSIONES A TRAVÉS DEL PACTO DE TOLEDO...¡COÑO, DÓNDE ESTÁ...? SI ANTES ESTABA)



¿Quién está detrás de la demanda millonaria a España por las renovables?

Rebelión
Público.es
22.06.2019

La Carta de la Energía está siendo el instrumento por el que el Estado Español está siendo demandado por los recortes en los programas de ayudas las renovables hecho por el gobierno del PP. Según un informe de Corporate Europe Observatory y el Transnational Institute, en el 88% por ciento de las demandas presentadas no es una empresa de energía renovable sino un fondo de inversión, a menudo vinculado con el sector del carbón, del gas o del petróleo. Además muchos de estos fondos están radicados en espacios de baja fiscalidad como Luxemburgo.

El 31 de mayo el Estado español fue condenado a pagar 41,8 millones de euros a la sociedad radicada en Luxemburgo 9REN Holding tras perder el arbitraje de inversiones interpuesto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). A esta suma se añaden casi seis millones de euros en costes del procedimiento y gastos del tribunal más los intereses generados desde junio de 2014.

Desde 2011, España se ha visto afectada por 45 demandas al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía, debido a los recortes en las ayudas a las energías renovables que se iniciaron en medio de una dura crisis financiera y que acabaron con los precios bonificados para la electricidad generada de manera renovable. Esto afectó a personas corrientes, a cooperativas de energía renovable y a pequeñas y medianas empresas, pero son los fondos de inversión quiénes se han beneficiado del arbitraje de inversiones lo cual revela uno de los defectos más graves del Tratado. El Tratado sobre la Carta de la Energía es un acuerdo internacional firmado en 1994 sobre el sector energético y que incluye a casi 50 países de Europa occidental y del este, Asia Central, y Japón. El acuerdo se compone de un amplio número de reglas, incluyendo aquellas sobre la circulación energética y el comercio. Sin embargo, las provisiones relacionadas a la protección de las inversiones extranjeras en materia energética son la piedra angular del mismo.

El Tratado contiene el polémico mecanismo de resolución de controversias entre inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés) según el cual los inversores pueden demandar a los Estados por cambios legislativos o regulatorios que afecten a los beneficios de sus inversiones. Esto, además de suponer un coste enorme para las arcas del Estado, compromete la necesaria transición ecológica, al posibilitar a las multinacionales que se lucran de los combustibles fósiles demandar al Estado en el caso de que éste legisle con el objetivo de hacer disminuir o desaparecer su consumo.

A día de hoy, España es el país del mundo más demandado invocando el Tratado sobre la Carta de la Energía. De los 45 casos, ocho –teniendo en cuenta la nueva condena– ya han sido resueltos a favor del inversor, por los cuales España ha sido condenada a pagar la cantidad aproximada de 729 millones de euros. Sin duda, nuevas sentencias surgirán en lo que queda de año.

¿Quién está demandando? 
 
Según un informe de Corporate Europe Observatory y el Transnational Institute, en el 88% por ciento de las demandas presentadas contra España por los recortes en los programas de ayuda a la energía renovable, no es una empresa de energía renovable sino un fondo de inversión, a menudo vinculado con el sector del carbón, del gas o del petróleo. Por otro lado, dado que la definición de “inversor” o “inversión” que establece el Tratado es tan amplia, los Estados pueden ser demandados por inversores de todo el mundo. Esto propicia a que el TCE sea objeto de abuso por parte de sociedades pantalla, que por lo general sólo existen sobre el papel y se suelen usar para la evasión de impuestos.

9REN Holding fue creada por el fondo de capital riesgo estadounidense First Reserve tras la compra en 2008 de Gamesa Solar, la filial de Gamesa especializada en parques fotovoltaicos. Bajo esta sociedad, domiciliada en Luxemburgo probablemente por motivos fiscales, 9REN aglutina diversos negocios de generación y venta de energía solar en España e Italia (estos últimos fueron traspasados exitosamente en 2016). El modelo se benefició de la recepción de los subsidios que habían entonces del Estado para construir y explotar instalaciones de energía renovable.

First Reserve es una de las principales gestoras de fondos del mundo especializada en el sector de la energía, con más de 35 años de experiencia y 32.000 millones de dólares invertidos. Entre las inversiones que ha realizado, se encuentran compañías de alto riesgo como Abengoa. El Tratado sobre la Carta de la Energía está siendo cada vez más utilizado por inversores financieros o sociedades de cartera.

Los argumentos de desamparo legal de este tipo de compañías son más que cuestionables. Con este perfil inversor, es indudable que First Reserve debería realizar durante la ejecución de sus numerosas inversiones un riguroso análisis para asegurar que cumple con sus obligaciones en materia de debida diligencia.

9REN Holding inicia sus operaciones en España en 2008, cuando ya estábamos en plena crisis económica y se empezaban a introducir algunos cambios en los programa de ayuda a las energías renovables. Resulta sorprendente que incluso dos años más tarde, tras anunciar el Gobierno en 2010 planes para recortar la retribución a las renovables, en diciembre de 2011, First Reserve decidiera incrementar su exposición al sector con una nueva inversión. En esta ocasión, fueron 150 millones de dólares invertidos de la mano de la promotora española Renovalia, creando Renovalia Reserve para desarrollar y explotar conjuntamente parques eólicos.

Pese al impacto mediático de la condena a su favor en el caso 9Ren por el recorte a las renovables, la mayoría de las inversiones de First Reserve se dirigen a compañías productoras de combustibles fósiles. Entre sus empresas participadas en cartera se encuentran desde extractoras de petróleo y gas hasta constructoras de oleoductos. No obstante, en el apartado de su web sobre sus criterios en materia medioambiental, social y gobernanza (ESG por sus siglas en inglés), la compañía dice buscar la protección del medio ambiente colaborando en programas con el Departamento de Energía de EE UU para “la implantación de las mejores prácticas en la producción de gas de esquisto”.

Salirse del Tratado sobre la Carta de la Energía 
 
La campaña ‘Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales’, de la que forma parte Ecologistas en Acción, pide al gobierno de España salirse del Tratado sobre la Carta de la Energía para evitar nuevas demandas de arbitraje internacional y garantizar la soberanía de los gobiernos nacionales y autonómicos en su capacidad de legislar a favor de un marco regulatorio que favorezca las energías limpias.

Según el Artículo 37 Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales y el Artículo 94.1 de la Constitución española, salirse de un tratado internacional como el TCE requiere de la autorización de las Cortes. Una vez aprobada la salida por las Cortes, el Estado español deberá remitir una carta al depositario, el gobierno de Portugal, manifestando su denuncia del tratado, tal y como se recoge en el Artículo 47 de este. Es decir, recuperar nuestra soberanía legislativa y regulatoria en materia energética, combatir el cambio climático con una urgente transición energética y ahorrarnos el coste de futuras demandas millonarias requiere principalmente de voluntad política.

Notas
José Ariza de la Cruz es portavoz de Ecologistas en Acción y Lucía Bárcena es investigadora en Transnational Institute.

 
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