sábado, 13 de mayo de 2017

EL CICLO POLÍTICO DEL AGUA: CAUDALES TURBULENTOS


LA CORRUPCIÓN LA PODEMOS PINTAR DE AZUL, TIPO PP; ROJO-AZULINO-PSOE; COLOR PNV O MAS-MACIONALISTA QUE EL COPÓN. PERO ESENCIALMENTE EMPIEZA POR D (D = DINERO QUE ME LLEVO DEL ERARIO PÚBLICO, Y OYES, LOS PARDILLOS A LOS QUE ROBO, NOI, QUE NI SE ENTERAN, Y ENCIMA ME VOTAN Y VOTAN Y VUEVEN A VOTAR, LOS PECES EN EL RIO NO ME ENCHIQUERARÁN. Y SE REPITE EL ESTRIBILLO. COMO TE LO ESTOY CONTANDO, COLEGUI)

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EL CONTROL INDIRECTO DE LOS MEDIOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS ACREEDORAS ES UN DATO CENTRAL PARA ENTENDER EL DESISTIMIENTO CIUDADANO –LA SERVIDUMBRE VOLUNTARIA– ANTE EL EXPOLIO GENERALIZADO DE SUS DERECHOS

Pero los tentáculos de la Caixa van más allá del grupo Godó, integrado por La Vanguardia, Rac1 –la cadena de radio líder de audiencia en Cataluña– y el canal 8tv. El conde Javier Godó es vicepresidente segundo de la Caixa y consejero de Caixabank. La Caixa es a su vez el mayor acreedor del grupo Zeta, editor de El Periódico y las revistas Tiempo e Interviú. El tercer gran bloque de influencia es a través del grupo Prisa, propietario de El País –HSBC, la Caixa y Santander son accionistas–, Cadena Ser, Huffington Post y Cinco Días. El control indirecto de los medios por las entidades financieras acreedoras es un dato central para entender el desistimiento ciudadano –la servidumbre voluntaria– ante el expolio generalizado de sus derechos: los encargados de dar información sensible tienen intereses superiores que les obligan a callarla. Es una paradoja el bajísimo coste político de la corrupción en relación al daño que causa: aquí reside una parte principal de la explicación de ese fenómeno funesto. Sería interesante en este punto contrastar el balance hidrofinanciero con el etnopolítico; la circulación del flujo de liquidez del primero con la supuesta plantilla de los agravios del segundo.

2. Compra de derecho

Ahora el modelo es Banca Catalana. Un caso que ilustra la confluencia de togas de oro, algunas luego en la cárcel por comportamiento mafioso, con una sentencia absolutoria de un tribunal que hoy sabemos que no debería haberlo sido; la connivencia/colusión de las caras privada y pública del derecho. Por una parte, las grandes corporaciones se hacen con los servicios de los mejores bufetes de abogados y consultores que, por así decir, les escoltan, a lo largo de todo el ciclo (o el curso). Primero elaboran informes favorables a la liberalización/privatización con los que justificar decisiones en esa dirección; luego asesoran en la elaboración de los contratos; por fin, cuando aparecen prácticas ilegales, se aprestan a defender a sus ejecutores. Los excedentes de beneficio (una expresión no homologada) se canjean por este tipo de servicios; por eso los profesionales dedicados a ellos figuran entre los mejores pagados. Mucho mejor desde luego que los funcionarios públicos. Cuando se llega al extremo de que la parte se convierte no ya en juez sino en instructora de jueces, como acredita el convenio marco, el ciclo del agua se precipita en una cascada de impunidad.

3. Compra de voluntades

Los dos apartados anteriores se inscriben en el rubro del mantenimiento, están encaminados a asegurar la subsistencia de las entidades gestoras. Pero el ciclo requiere la renovación continua. Para esto hacen falta funciones de tarea, funciones que corresponden a conseguidores o ‘abrelatas’ dispuestos a facilitar el acceso al goloso abrevadero. A su vez, estas figuras, colocadas estratégicamente, necesitan ser engrasadas. Masajes, balnearios, jamones, relojes, viajes y otras primas menos confesables moldean las voluntades y ablandan las decisiones. Con eso volvemos a la anécdota inicial. Los ‘abrelatas’ funcionaron, las concesiones tuvieron lugar y a algunos de los responsables les ha salido más gratis, valga la extraña expresión, que lo que denunciaba la consejera catalana en la inauguración de los cursos a los jueces.
Porque el régimen de precipitaciones no afecta solo a los individuos, también a los partidos. La Caixa condonó en 2004 6,57 millones de euros en créditos al PSC y 2,7 a ERC. Así empezó el tripartito, del que el economista Antoni Serra Ramoneda dice que nada hacía “sin antes hablar con Fainé”, quien “desayunaba todos los lunes” con el consejero de Economía. “Desde que CiU gobierna la Generalitat, ni eso necesita” (Marc Andreu, Tinta Libre, 08/10/2013).

LOS MEJORES BUFETES DE ABOGADOS Y CONSULTORES ELABORAN INFORMES FAVORABLES A LA PRIVATIZACIÓN; LUEGO ASESORAN EN LA ELABORACIÓN DE LOS CONTRATOS; POR FIN, CUANDO APARECEN PRÁCTICAS ILEGALES, SE APRESTAN A DEFENDER A SUS EJECUTORES

La hidrología política es una disciplina con futuro en el esquema neoliberal, del que el paisaje catalán es un buen exponente. Tenemos aquí un doble trasvase: de recursos en la dirección público-privado –fase extractiva, de oferta–, y de control en la dirección contraria –fase manipulativa, de demanda–. Este es el rasgo distintivo de la economía neoclásica, en el que el eje de la soberanía material ha sido desplazado desde el ágora a los fondos de inversión. La compra de voluntades es el nicho más rentable de la economía especulativa, asegurado por la irrelevancia a que han sido reducidas buena parte de las fuerzas de la izquierda. El Estado de bienestar se ha convertido en víctima de las prácticas depredadoras de las élites extractivas. Volvemos con ello a la idea de laboratorio: Agbar es una suerte de buque insignia de la nueva economía del emprendedurismo, postmoderna y postdemocrática.

Es ciertamente integral, pues comprende el ciclo completo, que abarca desde la impunidad –¿precocinada por los cursos a jueces?– al acondicionamiento de voluntades –‘abrelatas’– y la eufemística o inexistente presentación de los hechos turbios en los medios concertados. Agbar/La Caixa juegan así con ventaja en todas las fases del ciclo.

La remunicipalización: exigencia social y necesidad democrática

Precisamente por su condición de modelo la hidrocorrupción no es un hecho diferencial; el caso Acuamed, que bien merece un capítulo monográfico, muestra una vez más las constantes transterritoriales de ciertas lógicas del funcionamiento político-financiero. Por cierto, su director general, Francisco Javier Baratech, ha admitido que, pese a que FCC cobró 190 millones de euros de fondos públicos para limpiar el embalse de Flix (Ribera de Ebro), los trabajos de descontaminación no se completaron y cerca de 80.000 metros cúbicos de lodos tóxicos permanecen sumergidos. Dicho de otro modo: la cuenca política del negocio del agua desborda generosamente la cuenca hidrográfica del Ebro. 1.000 km separan la desembocadura del Ebro de El Ferrol. Desde allí un titular: “Florentino Pérez (ACS) se llevó más de 20 millones con la depuradora de Ferrol que no funciona” (galicia.economiadigital.es, 29/08/2015). Urbaser es la marca para la gestión del agua de ACS, controla el 49% de EMAFESA, Empresa Mixta de Aguas de Ferrol (el 51% restante corresponde al municipio). El gobierno local comprobó que la estación depuradora (EDAR) vertió al mar las aguas sin depurarlas durante un año (eldiario.es/Galicia, 01/09/2015). También varios municipios se quedaron sin agua potable por contaminación.

La fiscalía archivó el caso al entender que no se puso en peligro la salud de los ciudadanos. El alcalde de El Ferrol declaró que lo sucedido permitía “abrir una nueva vía” para la remunicipalización. Esta es la palabra. Entre El Ferrol y Tarrassa hay 1.100 km. En Tarrasa, más de 3.000 personas, con el alcalde al frente, se manifestaron para reclamar la municipalización del agua el 19 de marzo último. Apenas el 20% de los municipios catalanes conservan la gestión pública. Poco a poco la idea de la municipalización, tan de sentido común, se va abriendo camino. La gestión municipal permite inversiones que no hace el sector privado y a menudo reduce la tarifa a los usuarios, como en París donde bajó un 8%. Pero además elimina uno de los veneros más poderosos para la corrupción política, un fenómeno cuyo coste es difícilmente evaluable. Porque las válvulas giratorias son de doble dirección. El dinero puede ablandar voluntades políticas (casos citados), pero la voluntad política puede intercambiarse por dinero.

Volvamos a la privatización de ATLL. Dos semanas antes de las elecciones del 25 de noviembre de 2012, tiene lugar el Congreso del Instituto de Empresa Familiar (IEF). La presidencia pasa de José Manuel Lara a José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona. El IEF había previsto realizar una declaración contra el soberanismo, algo que preocupaba a Mas en vísperas electorales. De modo que este anima a Acciona a presentarse al concurso para la adjudicación de ATLL, que la Generalitat se disponía a privatizar de inmediato. Hasta ese momento, las apuestas favorecían a Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB, Agbar), 75% de Suez y 24% de Criteria. Parece que los enjuagues también han irrigado la flora del procés. En las dos direcciones: Acciona ocupa el número 28 –pero es de las recién llegadas, su contribución empieza en 2013– entre la lista de los mayores 100 donantes a la fundación de CDC entre 2008 y 2013 (Oriol Güell, El País, 14/09/2015).

Agbar ocupa el primer lugar –significativamente sin donaciones en 2013, el año tras la privatización de ATLL–, y le acompañan entre las más generosas la Fundación ACS o FCC, entre las constructoras con intereses en el agua[13]. En el año 2013, Acciona comparte la cuarta posición lugar junto con el Grupo Soler y Pujol Excavaciones. A lo mejor la querencia de Artur Mas por las metáforas náuticas no es agua de borrajas. La privatización fue aprobada por un gobierno en funciones y su anulación por el TSJC tendrá un coste superior a los 300 millones. Como leemos en El Triangle (14/12/2016), “la privatización de ATLL es una espada de Damocles sobre las precarias finanzas de la Generalitat”. Y para subir de la letra a la música: Acciona es una de las empresas del Ibex 35 que tiene más filiales radicadas en paraísos fiscales: 40, según el último informe presentado en la CNMV. Por eso, el agua (como la sanidad, la educación y la justicia) se sitúa en el ámbito de lo que el mercado no debería poder comprar, según la fina fórmula del politólogo Michael J. Sandle.
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Martín Alonso Zarza es doctor en Ciencias Políticas y autor de No tenemos sueños baratos”. Una historia cultural de la crisis. Anthropos.
Fernando Urruticoechea Basozabal es economista e interventor municipal.

Notas:
1. Agbar pasó al grupo francés Suez Environnement en 2014. Según un comunicado de prensa de Criteria
(18/07/2014), este grupo inversor de La Caixa se convertirá en el segundo accionista con el 15% de lasacciones de Aigües de Barcelona (70% Agbar y 15% AMB). Suez Environnement, ahora Suez Spain, cuenta con una plantilla de 80.000 trabajadores repartida por los cinco continentes. En cualquier caso,para el objeto de este escrito el asunto de la propiedad es prácticamente irrelevante, lo que importa son las prácticas.
2. La jueza del caso Aquagest ha imputado a otros políticos asturianos, de los cuales cinco alcaldes ytrece concejales por viajes pagados (El Diario Vasco, 06/03/2015). De los veintitrés imputados en el caso, no todos asturianos, veinte seguían activos en política. En 2013, según la propia compañía, Aquarbe prestaba servicio en Cantabria a los municipios de Santoña, Camargo, Los Corrales de Buelna, San Felices de Buelna, Val de San Vicente y Astillero. La mayoría en manos del PP, también alguno del PSOE y del PRC; el propio Diego había sido alcalde de Astillero 11 años. Desde este municipio escribía
Leticia Martínez en su Facebook el 20 de mayo de 2015: “[…] Aquarbe, la actual concesionaria del servicio de agua de Astillero, es la que ha denunciado al Ayuntamiento de Astillero. Aquarbe considera que los pagos realizados de manera anticipada, como es el pago de balnearios a Ignacio Diego, el importe del contrato, etc., no han sido resarcidos de igual manera en su cuenta de resultados. Ellos tampoco contaban con la crisis y su cálculo de beneficios se ha visto mermado de modo considerable y ahora quieren que seamos los vecinos los que sigamos pagando. Lo cierto es que a los vecinos nos han subido la factura del agua por encima del IPC. Lo cierto es que la calidad del agua que recibía la mitad de la población era agua con demasiada cal, lo que ha llevado a un gasto en reposición de electrodomésticos muy elevado. Lo cierto es que los que pagamos y lo seguiremos haciendo somos los vecinos de Astillero. Lo cierto es que los perjudicados somos nosotros, los que pagamos las facturas y los impuestos”. En la publicidad corporativa la frase de presentación de Aquarbe dice: “La excelencia al servicio de todos nuestros clientes”. La observación de la usuaria de Astillero se corresponde con una alegación presentada por la empresa al ayuntamiento de Los Corrales de Buelna solicitando la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por el suministro de agua y por la prestación de los servicios de alcantarillado. En un pleno celebrado el 27 de noviembre de 2014 el ayuntamiento desestimó la petición. Acaso ayudó el conocimiento de los lujos gratuitos del presidente regional. Por otro lado, la denuncia de la mala calidad del agua había aparecido recurrentemente en los medios (El Diario Montañés, 29/05/2013). Y para comprender la tolerancia a la corrupción, conviene saber que a Ignacio Diego no le castigó la justicia; tampoco su partido, el PP. De modo que este diario regional podía titular al cabo del caso (28/01/2016): “Diego gana confianza en Madrid”. Hay que añadir que Diego estaba al frente del partido en Cantabria cuando salieron a la luz los papeles de Bárcenas –senador por Cantabria, recuérdese– que mostraban que habían llegado a la sede montañesa 90.000 euros de la caja B. Pero volviendo a Astillero, cuatro meses después del fin de semana de lujo, el ayuntamiento aceptó la subrogación del contrato de agua que tenía por concurso Aguas del Norte (ANSA) desde 1988. Aunque ANSA fue absorbida por Aquagest el cambio de titularidad habría obligado a una reconsideración de la concesión, lo mismo que cuando Aquagest pasa a denominarse Aquarbe (Gente de Santander, 12 al 22/12/2014).
3. Asturias también merece un excurso. Hola calificó como boda del año la celebrada en 2013 en los Caputxins de Sarrià para Magalí Fainé –hija de Isidro Fainé, presidente de la Caixa y accionista de peso en Agbar; de tanto peso que su hijo Ignasi es allí director de Reputación y RSC–, y que contó con una nutrida representación de la alta sociedad, del president Mas a Godó. Para la de Xavier, cuatro años antes, Isidro eligió la catedral de Oviedo que acogió a más de 600 invitados, de los duques de Palma –la Caixa no está lejos del caso Noos, aprovechando este Pisuerga– a Miquel Roca, Rodrigo Rato, Florentino Pérez (ACS), Juan Antonio Samaranch o Juan Luis Cebrián. El cóctel y la cena en el Hotel La Reconquista. Para un recorrido por “la estrella supernumeraria”, es muy recomendable el reportaje de Marc Andreu con ese título (TintaLibre, octubre 2013). No sabemos si entre los invitados de Oviedo se encontraba Henry Laíño. Esta figura merece reconocimiento por su aportación a la lexicología de la corrupción: designaba a los políticos contratados-compinchados como “abrelatas”, porque eran los encargados de “abrir puertas” con las administraciones (El Faro de Vigo, 18/02/2014). Es la figura del ‘conseguidor’, persona con tentáculos en los ayuntamientos o militantes de un partido que hacían de intermediarios a favor de las empresas a la caza de contratos.
4. Carles Escolano, Eloi Badia, Jaume Delclòs y Lidia Serrano, “Cataluña”, en el informe de ATTAC, La privatización de los servicios públicos en España, mayo 2012: 28-30.
5. Para completar este dato: Salvador López Arnal, “El intento de privatización (antidemocrática) del agua por el gobierno de los mejores privatizadores”, Rebelión, 06/11/2012.
6. Roser Bach es la esposa de Germà Gordó, nombrado por Mas en diciembre de 2010 secretario del Govern de la Generalitat de Catalunya, y dos años más tarde conseller de Justícia de la Generalitat. Desde enero de 2016 es presidente de la Comisión de Justicia del Parlament. En marzo de 2017 la Fiscalía Anticorrupción le vincula con la trama del 3%. Se le atribuyen los delitos de soborno, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilícita, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos. Gordó nos devuelve a la firma del convenio marco por la vía de Ramón Camp, y de la trama del 3% por la del empresario Josep Manel Bassols. En una carta intervenida a Bassols este pretendía poner en conocimiento de Mas “la situación de su cónyuge que estaba interesada en ‘un cambio de puesto de trabajo’”. Mencionaba como persona de contacto al diputado de CiU Ramón Camp i Batalla, entonces vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según el sumario, Camp i Batalla le comentó que estaba en contacto con el exconseller de Justicia y exsecretario del Gobierno de Cataluña, Germà Gordó, y se refirió a él como “a persona ideal”. “Entre los dos resolveremos la situación”, dijo según reflejan documentos que obran en la causa. El empresario consideraba a Gordó –al que la Fiscalía Anticorrupción califica como “el conseguidor o el recaudador” de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obras públicas– como la única persona de CDC que había respondido a sus ruegos (Informativos Telecinco, 10/03/17). Gordó forma parte del pinyol, el núcleo duro que aupó a Mas al liderazgo de CDC; formación de la que fue gerente durante la travesía del desierto de Mas. También fue secretario general de Associació Catalana de Municipis y formaba parte del círculo íntimo del hermano mayor de los Pujol. Viene a cuento una anécdota contada por Francesc-Marc Álvaro (Ara sí que toca! Jordi Pujol, el pujolisme i els successors, Barcelona, Edicions 62, 2003, p. 206):
“‘—Escolteu, escolteu! Us estic mirant i ¿què veig? Tu ets cap de gabinet, i tu també. I tu ets director general, i tu diputat, i tu sotsdirector general, i tu regidor, i tu cap de servei, i tu cap de gabinet… Escolteu bé: nosaltres, els que estem aquí reunits, d’aquí a deu anys hem d’estar dirigint aquest país. Per collons hem de guanyar i estar dirigint aquest país. Vull que us ho poseu al cap’.
Qui ha passat llista i qui parla així de dicidit davant de tots és Germà Gordó”.
Así como la relación familiar de Bach con Gordó no quiere decir que la primera tenga que ver con los posibles enjuagues del segundo es más difícil defender la distancia entre Gordó y Camp, pues ambos son militantes significados de CDC. Camp fue secretario general de las juventudes de CDC y ha sido diputado en el Parlament y en el Congreso antes de ser vocal del CGPJ. El 25/10/2013, con motivo del Día de la Justicia, Mas, acompañado del consejero del ramo Germà Gordó, entregó medallas de honor por sus servicios excepcionales a cuatro juristas, entre ellos los dos firmantes del convenio con Agbar, R. Camp y F. V. Azón. Gordó, exgerente de CDC llevó la iniciativa en el proceso de privatización de ATLL.
7. La Fundación Nueva Cultura del Agua, de cuya web procede esta noticia es una referencia obligada en este terreno.
8. Un mes después la consejera era la invitada del Fórum Europa. Tribuna Catalunya (21/10/2011) en un desayuno informativo patrocinado por Assistència Sanitària, Agbar y Red Eléctrica de España; esta última en un 20% participada por el organismo público SEPI. Tras dejar el cargo –la sucedió Germà Gordó– fue contratada por Ernst & Young para dirigir la división legal de esa consultora en Cataluña. No hace falta añadir glosas.
9. “Cómo ganar la batalla del agua”, Atlántica XXII, septiembre 2014. Este artículo, así como en “El abastecimiento de agua potable a domicilio, un servicio público y municipal en el que no cabe el lucro”, proporciona una batería de argumentos jurídicos que constituyen un complemento técnico al enfoque sociológico de este trabajo.
10. Como coordinador figura Santiago Milan del Bosch y Jordán de Urríes. El libro es el volumen primero de la colección Derecho de Aguas; le siguieron otros tres volúmenes correspondientes a los años del convenio: Aigua: legislació i justicia (2013), La contractació en el sector de l’aigua (2014) y III Foro de Derecho de Aguas (2015). Pese a la cancelación del convenio, en la página institucional leemos que “El Foro de Derecho de Aguas se creó en el año 2011 por iniciativa del Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Agbar, como un punto de encuentro periódico centrado en el pensamiento y la reflexión multidisciplinar, con el fin de ampliar el conocimiento, contribuir al desarrollo de la doctrina jurídica y facilitar la unificación de criterios en materia medioambiental, y, sobre todo, en el ámbito del agua. El Foro de Derecho de Aguas constituye la primera iniciativa de este tipo en Europa, donde hay una realidad normativa muy diversa y compleja, desde la legislación local hasta la comunitaria. Mediante sus actividades de estudio y divulgación, el Foro se ha consolidado como un referente esencial en estas materias”. Subrayable el orgullo de la innovación.
11. Para las posiciones de Paricio: Àlex Font, “Un dels jutges de la ‘guerra de l’aigua’ va escriure un llibre finançat per Agbar” en Ara, 01/04/2013.
12. Pero hay antecedentes que remiten a unas ventajas otorgadas a la burguesía catalana ya en tiempos del franquismo y que no fueron después subsanados sino utilizados en la dirección de la privatización. El lector puede encontrar los pormenores del proceso en la Sentencia 126/2016 (09/07/2016) de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta del TSJC, especialmente pp. 13-22.
13. A finales de 2012, solo cuatro semanas antes de las elecciones autonómicas catalanas, filiales de Agbar/Aquagest de Murcia, Alicante y Valladolid ingresaron cantidades a CDC dentro de la trama del 3%. De manera que, como titula La verdad (27/02/2017), “el dinero de la factura del agua de los murcianos pagó la campaña electoral independentista de CDC”.

 

SISTEMA CORRUPTO, PATRIA CORRUPTA






SOSPECHOSA DECISIÓN: EL JUICIO POR CORRUPCIÓN A CHAVES Y GRIÑÁN SE RETRASA UN AÑOS MÁS. 



Por Kaos. Estado Español
13.05.2017

La macrocausa por el escándalo de los EREs en Andalucía la inició la juez Ayala en 2011, que fue apartada de la instrucción del caso, y ahora resulta que el fiscal anticorrupción, el inefable Manuel Moix, anuncia que será complicado que el juicio se inicie antes de 2017: ¿qué habrá detrás de esa decisión? ¿Tendrá algo que ver con la candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General del PP? ¿O quizás con el acuerdo de apoyo al gobierno del PP?





Fiesta en el PSOE: el juicio a Chaves y Griñán se retrasa otro año extrañamente

La más beneficiada es Susana Díaz, a la que le habría venido rematadamente mal que si gana las primarias en sus primeros meses de liderazgo Chaves y Griñán se sentaran en el banquillo.

En las últimas semanas se barruntaba en los mentideros políticos, judiciales y periodísticos andaluces lo que se ha acabado confirmando: el juicio de la llamada pieza política de los EREs no arrancará este año como estaba previsto, sino casi con toda probabilidad el que viene. Con lo que suma un retraso más a los ya indecibles de una macrocausa que inició la juez Mercedes Alaya allá por enero de 2011.

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, se reunió este miércoles con la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, y con los cuatro fiscales delegados que se encargan de los EREs y tras ese encuentro comunicó a la prensa la noticia. Según él será “complicado” que el juicio se inicie en este 2017.

La enésima demora ha sido recibida con alivio por parte de los socialistas andaluces, puesto que si finalmente Susana Díaz gana las primarias no le vendría nada bien que durante sus primeros meses de liderazgo en el PSOE inundaran las televisiones las imágenes de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros 20 exaltos cargos de la Junta de Andalucía en el banquillo de los acusados.

Sin embargo, para el PP de Juanma Moreno supone un mazazo. El retraso viene motivado en parte por la recusación que precisamente los populares presentaron contra uno de los magistrados que componen la Sección Primera de la Audiencia, a la que por sorteo (para evitar suspicacias) le ha tocado juzgar este caso. Menuda carambola.

Se trata de Pedro Izquierdo, que fue alto cargo de la Consejería de Justicia de la Junta con Chaves, Griñán y hasta con Díaz: entre 2008 y julio de 2014 ocupó la Secretaría General de Justicia.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para Griñán, que fue procesado por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación; mientras que a Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Junto con ellos serán juzgados también el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y los exconsejeros Magdalena Álvarez -que fue ministra de Zapatero-, José Antonio Viera, Antonio Fernández,Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo.

Nota: este jueves la Audiencia de Sevilla ha anunciado que acepta la recusación del magistrado Pedro Izquierdo, así que ahora deberá designar un nuevo ponente.

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USA PREPARA LA GUERRA (QUE YA LLEGARÁ A ESPAÑA, NO HAY QUE PREOCUPARSE POR ESTO) MEDIANTE UN CURSILLO ACELERADO, MASIVO Y OLÉ, DEL INEM PARA EL REPARTO MASIVO DE LECHE DE BURRA, CARAMELOS, CHICLES, PIPAS, TABACO Y MATASUEGRAS ESCOPETA EN MANO



Se cumple el 'sueño americano': tropas de EEUU en la Amazonia

Rebelion
Russia Today
13.05.2017


Por primera vez en la historia tropas de Estados Unidos participarán en un ejercicio militar en el corazón de la Amazonia. Se trata del AmazonLog que se desarrollará entre el 6 y el 13 de noviembre en la brasileña Tabatinga, ciudad situada en la orilla izquierda del río Solimoes, en la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia.

Los ejercicios militares no tienen precedentes en América Latina. La propuesta tomó como referencia la operación de la OTAN realizada en Hungría en 2015, que desplegó 1.700 militares en una simulación de ayuda logística. Los objetivos consisten en el control de la migración ilegal, la asistencia humanitaria en grandes eventos, operaciones de paz en regiones remotas, acciones contra el tráfico de drogas y los llamados 'delitos ambientales'.

"El lugar elegido fue Tabatinga porque queremos mostrar al mundo las dificultades de nuestra Amazonia", dijo el general del Ejército de Brasil, Guilherme Cals Theophilo. No dijo que mostrarán también los secretos mejor guardados de la región considerada el pulmón del planeta, la más rica en agua y biodiversidad. Agregó que se trata a la vez de enseñar cómo los bosques tropicales son útiles para "un debate científico y tecnológico" relacionado tanto con la paz como con la guerra.


Han sido invitadas las fuerzas armadas de Colombia, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Panamá y Canadá. Entre los países con Gobiernos de izquierda ha sido Bolivia el primero en confirmar su participación. También ha sido invitado el Consejo de Defensa Suramericano (CDS), perteneciente a la Unasur, así como la Junta Interamericana de Defensa situada en la órbita del Pentágono.

La realización de estos ejercicios supone tres cambios importantes, dos de ellos afectan directamente a Brasil y el tercero a toda la región.

El primero es que Brasil había sido hasta ahora muy celosa en la custodia de la Amazonia. Un mensaje que circula entre militares dice: "Invitar a las Fuerzas Armadas de EEUU para hacer ejercicios conjuntos con nuestras Fuerzas Armadas, en la Amazonia, es como un crimen de lesa patria. Enseñar al enemigo cómo combatirnos en la selva amazónica es alta traición", según
divulgó el periódico Zero Hora.


Nelson Düring, director de la página militar Defesnet.com.br, señala que los ejercicios son "un retroceso que confunde la inserción brasileña en asuntos internacionales". El experto en temas militares recuerda que "hasta ahora no eran aceptados militares extranjeros en el Centro de Instrucción de Guerra en la Selva (CIGS). Ahora ya tenemos norteamericanos, europeos y hasta chinos". Concluye en sintonía con las voces críticas: "Brasil debe preservar sus secretos" (goo.gl/UTyr4r). Los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas temen que la base multinacional temporal que se establezca en Tabatinga, pueda convertirse en permanente, como sucedió en Hungría en 2015.


En segundo lugar, AmazonLog 2017 refleja una inflexión en las relaciones militares entre Brasil y Estados Unidos. En 1952 se firmó un acuerdo militar entre Brasil y Estados Unidos, rubricado por los presidentes Harry Truman y Getulio Vargas, para el intercambio de armamento por minerales estratégicos como uranio. Era un momento de fuertes presiones de Washington sobre Brasilia para impedir el desarrollo de tecnología nuclear propia.

El 11 de marzo de 1977 el presidente militar Ernesto Geisel denunció el tratado, ya que el Gobierno de Jimmy Carter interfirió en los asuntos internos con el argumento de la defensa de los derechos humanos. En 1989 esa distancia se incrementó.

Joao Roberto Martins Filho, expresidente de la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa, señala que "desde el fin de la guerra fría Brasil se separó de EEUU, que era un aliado estratégico y de repente comenzó a actuar como superpotencia única. Eso provocó una reacción de hiperdefensa de la Amazonia".

​Con la llegada de Donald Trump y de Michel Temer a la presidencia de EEUU y Brasil, las relaciones están cambiando. Los ejercicios conjuntos de noviembre son apenas la parte más visible de un acercamiento en el área de defensa. En marzo el jefe del Comando Sur, Clarence K. K. Chinn, fue condecorado en Brasilia con la Medalla al Mérito Militar y visitó las instalaciones del Comando Militar de la Amazonia donde se realizarán los ejercicios AmazonLog.
La crisis en Brasil responde a un plan coordinado y dirigido por EEUU La principal empresa brasileña de defensa, Embraer, cerró un acuerdo en abril con la estadounidense Rockwell Collins en el área aeroespacial y el Comando de Ingeniería, Desarrollo e Investigación del Ejército de EEUU abrió una oficina en Sao Paulo, para profundizar en las relaciones de investigación e innovación de tecnologías de defensa. El 3 de abril el Ministerio de Defensa de Brasil anunció que está desarrollando un "proyecto de defensa" conjunto con EEUU, según informó CNN.

Por último, se registra un paso atrás en el proceso de integración regional. En el marco de la Unasur, espacio sudamericano en el que no participa Estados Unidos, se creó en 2008 el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) con el objetivo de consolidar una zona de paz suramericana, construir una visión común en materia de defensa y articular posiciones regionales en foros multilaterales.


El CDS apuntaba hacia la autonomía regional en materia de defensa y consolidaba la ruptura con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) creado en 1947, que refleja la dominación de EEUU sobre el continente. El TIAR se deslegitimó durante la guerra de las Malvinas(1982) ya que EEUU apoyó a Inglaterra. Con los años, varios países se salieron del TIAR: Perú, México, Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Ecuador.

Ahora el nuevo Gobierno de Brasil invita a los ejercicios AamazonLog tanto al CDS como a la Junta Interamericana de Defensa que pertenece a la OEA. De ese modo, se legitiman los espacios en los que participa el Pentágono y se diluyen los espacios propios de la región sudamericana. Un juego nada sutil en momentos críticos en que la región necesita establecer distancias con Washington y afirmar su indentidad.


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EL CICLO POLITICO DEL AGUA: CAUDALES TURBULENTOS


LA CORRUPCIÓN LA PODEMOS PINTAR DE AZUL, TIPO PP; ROJO-AZULINO-PSOE; COLOR PNV O MAS-MACIONALISTA QUE EL COPÓN. PERO ESENCIALMENTE EMPIEZA POR D (D = DINERO QUE ME LLEVO DEL ERARIO PÚBLICO, Y OYES, LOS PARDILLOS A LOS QUE ROBO, NOI, QUE NI SE ENTERAN, Y ENCIMA ME VOTAN Y VOTAN Y VUEVEN A VOTAR, LOS PECES EN EL RIO NO ME ENCHIQUERARÁN. Y SE REPITE EL ESTRIBILLO. COMO TE LO ESTOY CONTANDO, COLEGUI)

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EL ACUERDO SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN AGBAR Y EL CGPJ PARA REALIZAR ACTIVIDADES FORMATIVAS VENÍA A INSTRUIR A LOS JUECES SOBRE EL SENTIDO DE LAS DECISIONES EN CASO DE CONFLICTO ENTRE LA CIUDADANÍA Y LA EMPRESA

¿Qué implicaciones tuvo este acuerdo, que establecía un puente líquido entre las instituciones democráticas y los intereses crematísticos de Agbar? Como ocurrió en Murcia, muchas de las sentencias de los TSJ han sido favorables a Agbar y contrarias a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Supremo, que consideran las tarifas del agua como tasas y no como precios. El asunto no es baladí dado que si son lo primero deben estar sujetas a control público; pero, como apunta el economista e interventor municipal Fernando Urruticoechea: “Llama la atención que en los casos de gestión indirecta mediante concesionarios (Aquagest/Agbar, Aqualia/FCC, Acciona), sus ingresos y gastos no figuren habitualmente en los presupuestos municipales, a pesar del principio constitucional de la universalidad de los ingresos y gastos (art. 134 CE). Sin gastos y sin facturas, no es posible realizar control alguno por las intervenciones municipales”[9]. De manera que las empresas que de hecho controlan los recursos públicos están libres de control público: pueden actuar con impunidad de facto. De nuevo, la transparencia no es una cualidad del negocio del agua.

Y es llamativo que la principal barrera frente a la impunidad no sea la proveniente del derecho público –puesto que afecta a bienes comunes– sino la que procede del derecho privado. Así, la denominada “guerra del agua en Cataluña” (economía digital, 20/04/2015) es una guerra entre Agbar y Acciona. La primera ha fichado al letrado estrella Cristóbal Martell –el de los Pujol, ITV y otras causas; José Luis Núñez, caso Hacienda; Álvaro Lapuerta, caso Bárcenas; los socios de Urdangarin, caso Nóos; Leo Messi; Manuel Bustos (PSC), caso Mercurio; Xavier García Albiol, PP, panfletos racistas; entre otros–. El objetivo del abogado es que Acciona pida perdón a Agbar por haberla acusado de apropiarse del canon de los servicios de Aigües Ter-Llobregat (ATLL). El asunto parte de las sospechas de ilegalidad en el contrato de la Generalitat con Acciona, avaladas por varias sentencias. Un efecto colateral de la “guerra del agua” es que ha venido a apuntalar las tesis de Atlántica XXII sobre las amistades peligrosas entre la justicia y el negocio del agua. Ni la primera ha sido ciega ni el segundo transparente. Resulta que dos magistrados que debían dirimir sobre el conflicto por los macrocontratos de la privatización de ATLL tienen vínculos con Agbar (El País, Cataluña, 23/06/2013). Uno de ellos, Joaquín José Ortíz, a su vez imputado por el caso ITV, decidió inhibirse por sus estrechas relaciones con Agbar; sobre el otro, Eduardo Paricio Rallo, Acciona pidió la recusación porque había participado en el seminario de Agbar, aunque la petición no prosperó. En 2012 la Generalitat, en la mayor operación privatizadora, adjudicó a Acciona la explotación de la ATLL; una decisión que, como se ha dicho, ha recibido continuos varapalos judiciales y que un órgano de control de la Generalitat, el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC), había desaconsejado por cuanto Acciona no cumplía alguno de los requisitos y recomendaba en consecuencia que fuera Agbar la beneficiaria. En su intento por hacer frente al auto que obligaría a revocar la adjudicación Acciona ha movido todos los resortes, entre ellos la recusación del juez Eduardo Paricio, aduciendo que el magistrado había participado en un seminario organizado por la Fundación Agbar. Paricio no se ha apartado del caso y cree que su invitación al seminario obedece a una resolución suya de 2010.

MUCHAS DE LAS SENTENCIAS DE LOS TSJ HAN SIDO FAVORABLES A AGBAR Y CONTRARIAS A LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DEL SUPREMO, QUE CONSIDERAN LAS TARIFAS DEL AGUA COMO TASAS Y NO COMO PRECIOS

Para hermeneutas freudianos aquella resolución –la sentencia 298/2010 del Juzgado Contencioso Administrativo n.º 12 de Barcelona– señalaba a propósito de Agbar que “la gestión del servicio de abastecimiento de aguas en la ciudad de Barcelona era ilegítima”, y en consecuencia “el precio que cobra la compañía a los ciudadanos de Barcelona es ilegal”. Posteriormente, en enero de 2012, Eduardo Paricio aparece como relator del libro de autoría múltiple El precio del agua. Aspectos jurídicos y financieros en la gestión urbana del agua en España, editado por la Fundación Agbar[10]. El mismo juez firmó una interlocutoria que anulaba la privatización de la empresa pública ATLL contra Acciona y el propio gobierno de CiU, con la previsión que se hiciera cargo de la gestión Agbar. Finalmente, es el juez que ha dictado esta sentencia de anulación[11]. Paricio atribuye la adjudicación de la autoría del libro a los editores y no aclara si cobró por aquellas jornadas de las que resultó el libro. Añadió que para un observador no interesado no puede deducirse una relación de colaboración y amistad con Agbar y que por tanto no se ve condicionada su independencia. El magistrado del caso aceptó estos argumentos y desestimó la petición de Acciona para recusarle. El asunto ha destapado otros posibles apaños acuáticos. Aqualia pregunta si el desistimiento de Ortiz por su relación con Agbar es anterior a estos cursos y si podría haber influido en dos sentencias del juez en las que Aqualia perdió contratos en Torredembarra y El Vendrell a favor de Sorea, del grupo Agbar. Agua va.

Precipitaciones

Se recogía más arriba el dato de que el 56% de la factura de Agbar no tiene que ver propiamente con el servicio del agua y este es un detalle de interés para la última fase del ciclo –el de la condensación o acumulación–, en el que tienen un destacado protagonismo las instituciones financieras, el estandarte de la economía neoliberal. El papel de la Caixa, accionista destacada de Agbar, es aquí fontal. La fase anterior del ciclo, la evaporación, tiene que ver con la procedencia de ese 56%, con las prácticas extractivas propias de la economía de la oferta. Aquí encontramos igualmente piezas representativas de la economía liberal en la que los recursos del Estado de bienestar han venido, por una parte, a sustituir al ladrillo como fuente de beneficios y, por otra, a pagar los platos rotos en aquella burbuja; por ejemplo, el rescate bancario[12]. La fase siguiente tiene que ver con el uso de los recursos acumulados –precipitación–. Una parte de ellos remontan a los accionistas, como en la economía convencional, pero otra parte se dedica a otras funciones encaminadas a asegurar el caudal de liquidez en el ciclo. Voy a señalar aquí tres destinos principales, muy propios de la economía postmoderna emparentada con la burbuja cognitiva de la posverdad y los hechos alternativos.

1. Compra de imagen

En mayo de 2012, con motivo del primer aniversario del 15-M, un grupo de indignados protesta frente a la sede de la Caixa con cacerolada y pancartas con consignas como: “No más tóxicos. Que nos devuelvan nuestro dinero” o “La Caixa es Mordor”, en referencia a la región oscura que habitan los malvados en El Señor de los Anillos. La prensa mayoritaria ignora la protesta, pese a que la entidad se vio obligada a tapar su logotipo en la torre de la Diagonal para evitar costes reputacionales. La persistencia de la inmaculada concepción del oasis catalán habría sido imposible sin este lavado de imagen a través de la lluvia fina de los medios.

“Si no puede evitar protestas, Fainé las silencia. Apenas hubo eco de las protestas del 15-M en la Diagonal y de la cadena anticapitalista del 11-S. Lo que fue censura total en La Vanguardia apenas se relajó en otros medios. Eficaz apagón informativo aplicado también sobre el nombre de la “entidad bancaria nacional” que facilitó la opaca transferencia de 1,2 millones de euros del Rey a su hija Cristina para la hipoteca de la casa de Pedralbes”. (Marc Andreu, “Estrella supernumeraria”, Tinta Libre, 08/10/ 2013)
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