EL CICLO POLÍTICO DEL AGUA: CAUDALES TURBULENTOS

LA CORRUPCIÓN LA PODEMOS PINTAR DE AZUL, TIPO PP; ROJO-AZULINO-PSOE; COLOR PNV O MAS-MACIONALISTA QUE EL COPÓN. PERO ESENCIALMENTE EMPIEZA POR D (D = DINERO QUE ME LLEVO DEL ERARIO PÚBLICO, Y OYES, LOS PARDILLOS A LOS QUE ROBO, NOI, QUE NI SE ENTERAN, Y ENCIMA ME VOTAN Y VOTAN Y VUEVEN A VOTAR, LOS PECES EN EL RIO NO ME ENCHIQUERARÁN. Y SE REPITE EL ESTRIBILLO. COMO TE LO ESTOY CONTANDO, COLEGUI)

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EL CONTROL INDIRECTO DE LOS MEDIOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS ACREEDORAS ES UN DATO CENTRAL PARA ENTENDER EL DESISTIMIENTO CIUDADANO –LA SERVIDUMBRE VOLUNTARIA– ANTE EL EXPOLIO GENERALIZADO DE SUS DERECHOS

Pero los tentáculos de la Caixa van más allá del grupo Godó, integrado por La Vanguardia, Rac1 –la cadena de radio líder de audiencia en Cataluña– y el canal 8tv. El conde Javier Godó es vicepresidente segundo de la Caixa y consejero de Caixabank. La Caixa es a su vez el mayor acreedor del grupo Zeta, editor de El Periódico y las revistas Tiempo e Interviú. El tercer gran bloque de influencia es a través del grupo Prisa, propietario de El País –HSBC, la Caixa y Santander son accionistas–, Cadena Ser, Huffington Post y Cinco Días. El control indirecto de los medios por las entidades financieras acreedoras es un dato central para entender el desistimiento ciudadano –la servidumbre voluntaria– ante el expolio generalizado de sus derechos: los encargados de dar información sensible tienen intereses superiores que les obligan a callarla. Es una paradoja el bajísimo coste político de la corrupción en relación al daño que causa: aquí reside una parte principal de la explicación de ese fenómeno funesto. Sería interesante en este punto contrastar el balance hidrofinanciero con el etnopolítico; la circulación del flujo de liquidez del primero con la supuesta plantilla de los agravios del segundo.

2. Compra de derecho

Ahora el modelo es Banca Catalana. Un caso que ilustra la confluencia de togas de oro, algunas luego en la cárcel por comportamiento mafioso, con una sentencia absolutoria de un tribunal que hoy sabemos que no debería haberlo sido; la connivencia/colusión de las caras privada y pública del derecho. Por una parte, las grandes corporaciones se hacen con los servicios de los mejores bufetes de abogados y consultores que, por así decir, les escoltan, a lo largo de todo el ciclo (o el curso). Primero elaboran informes favorables a la liberalización/privatización con los que justificar decisiones en esa dirección; luego asesoran en la elaboración de los contratos; por fin, cuando aparecen prácticas ilegales, se aprestan a defender a sus ejecutores. Los excedentes de beneficio (una expresión no homologada) se canjean por este tipo de servicios; por eso los profesionales dedicados a ellos figuran entre los mejores pagados. Mucho mejor desde luego que los funcionarios públicos. Cuando se llega al extremo de que la parte se convierte no ya en juez sino en instructora de jueces, como acredita el convenio marco, el ciclo del agua se precipita en una cascada de impunidad.

3. Compra de voluntades

Los dos apartados anteriores se inscriben en el rubro del mantenimiento, están encaminados a asegurar la subsistencia de las entidades gestoras. Pero el ciclo requiere la renovación continua. Para esto hacen falta funciones de tarea, funciones que corresponden a conseguidores o ‘abrelatas’ dispuestos a facilitar el acceso al goloso abrevadero. A su vez, estas figuras, colocadas estratégicamente, necesitan ser engrasadas. Masajes, balnearios, jamones, relojes, viajes y otras primas menos confesables moldean las voluntades y ablandan las decisiones. Con eso volvemos a la anécdota inicial. Los ‘abrelatas’ funcionaron, las concesiones tuvieron lugar y a algunos de los responsables les ha salido más gratis, valga la extraña expresión, que lo que denunciaba la consejera catalana en la inauguración de los cursos a los jueces.
Porque el régimen de precipitaciones no afecta solo a los individuos, también a los partidos. La Caixa condonó en 2004 6,57 millones de euros en créditos al PSC y 2,7 a ERC. Así empezó el tripartito, del que el economista Antoni Serra Ramoneda dice que nada hacía “sin antes hablar con Fainé”, quien “desayunaba todos los lunes” con el consejero de Economía. “Desde que CiU gobierna la Generalitat, ni eso necesita” (Marc Andreu, Tinta Libre, 08/10/2013).

LOS MEJORES BUFETES DE ABOGADOS Y CONSULTORES ELABORAN INFORMES FAVORABLES A LA PRIVATIZACIÓN; LUEGO ASESORAN EN LA ELABORACIÓN DE LOS CONTRATOS; POR FIN, CUANDO APARECEN PRÁCTICAS ILEGALES, SE APRESTAN A DEFENDER A SUS EJECUTORES

La hidrología política es una disciplina con futuro en el esquema neoliberal, del que el paisaje catalán es un buen exponente. Tenemos aquí un doble trasvase: de recursos en la dirección público-privado –fase extractiva, de oferta–, y de control en la dirección contraria –fase manipulativa, de demanda–. Este es el rasgo distintivo de la economía neoclásica, en el que el eje de la soberanía material ha sido desplazado desde el ágora a los fondos de inversión. La compra de voluntades es el nicho más rentable de la economía especulativa, asegurado por la irrelevancia a que han sido reducidas buena parte de las fuerzas de la izquierda. El Estado de bienestar se ha convertido en víctima de las prácticas depredadoras de las élites extractivas. Volvemos con ello a la idea de laboratorio: Agbar es una suerte de buque insignia de la nueva economía del emprendedurismo, postmoderna y postdemocrática.

Es ciertamente integral, pues comprende el ciclo completo, que abarca desde la impunidad –¿precocinada por los cursos a jueces?– al acondicionamiento de voluntades –‘abrelatas’– y la eufemística o inexistente presentación de los hechos turbios en los medios concertados. Agbar/La Caixa juegan así con ventaja en todas las fases del ciclo.

La remunicipalización: exigencia social y necesidad democrática

Precisamente por su condición de modelo la hidrocorrupción no es un hecho diferencial; el caso Acuamed, que bien merece un capítulo monográfico, muestra una vez más las constantes transterritoriales de ciertas lógicas del funcionamiento político-financiero. Por cierto, su director general, Francisco Javier Baratech, ha admitido que, pese a que FCC cobró 190 millones de euros de fondos públicos para limpiar el embalse de Flix (Ribera de Ebro), los trabajos de descontaminación no se completaron y cerca de 80.000 metros cúbicos de lodos tóxicos permanecen sumergidos. Dicho de otro modo: la cuenca política del negocio del agua desborda generosamente la cuenca hidrográfica del Ebro. 1.000 km separan la desembocadura del Ebro de El Ferrol. Desde allí un titular: “Florentino Pérez (ACS) se llevó más de 20 millones con la depuradora de Ferrol que no funciona” (galicia.economiadigital.es, 29/08/2015). Urbaser es la marca para la gestión del agua de ACS, controla el 49% de EMAFESA, Empresa Mixta de Aguas de Ferrol (el 51% restante corresponde al municipio). El gobierno local comprobó que la estación depuradora (EDAR) vertió al mar las aguas sin depurarlas durante un año (eldiario.es/Galicia, 01/09/2015). También varios municipios se quedaron sin agua potable por contaminación.

La fiscalía archivó el caso al entender que no se puso en peligro la salud de los ciudadanos. El alcalde de El Ferrol declaró que lo sucedido permitía “abrir una nueva vía” para la remunicipalización. Esta es la palabra. Entre El Ferrol y Tarrassa hay 1.100 km. En Tarrasa, más de 3.000 personas, con el alcalde al frente, se manifestaron para reclamar la municipalización del agua el 19 de marzo último. Apenas el 20% de los municipios catalanes conservan la gestión pública. Poco a poco la idea de la municipalización, tan de sentido común, se va abriendo camino. La gestión municipal permite inversiones que no hace el sector privado y a menudo reduce la tarifa a los usuarios, como en París donde bajó un 8%. Pero además elimina uno de los veneros más poderosos para la corrupción política, un fenómeno cuyo coste es difícilmente evaluable. Porque las válvulas giratorias son de doble dirección. El dinero puede ablandar voluntades políticas (casos citados), pero la voluntad política puede intercambiarse por dinero.

Volvamos a la privatización de ATLL. Dos semanas antes de las elecciones del 25 de noviembre de 2012, tiene lugar el Congreso del Instituto de Empresa Familiar (IEF). La presidencia pasa de José Manuel Lara a José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona. El IEF había previsto realizar una declaración contra el soberanismo, algo que preocupaba a Mas en vísperas electorales. De modo que este anima a Acciona a presentarse al concurso para la adjudicación de ATLL, que la Generalitat se disponía a privatizar de inmediato. Hasta ese momento, las apuestas favorecían a Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB, Agbar), 75% de Suez y 24% de Criteria. Parece que los enjuagues también han irrigado la flora del procés. En las dos direcciones: Acciona ocupa el número 28 –pero es de las recién llegadas, su contribución empieza en 2013– entre la lista de los mayores 100 donantes a la fundación de CDC entre 2008 y 2013 (Oriol Güell, El País, 14/09/2015).

Agbar ocupa el primer lugar –significativamente sin donaciones en 2013, el año tras la privatización de ATLL–, y le acompañan entre las más generosas la Fundación ACS o FCC, entre las constructoras con intereses en el agua[13]. En el año 2013, Acciona comparte la cuarta posición lugar junto con el Grupo Soler y Pujol Excavaciones. A lo mejor la querencia de Artur Mas por las metáforas náuticas no es agua de borrajas. La privatización fue aprobada por un gobierno en funciones y su anulación por el TSJC tendrá un coste superior a los 300 millones. Como leemos en El Triangle (14/12/2016), “la privatización de ATLL es una espada de Damocles sobre las precarias finanzas de la Generalitat”. Y para subir de la letra a la música: Acciona es una de las empresas del Ibex 35 que tiene más filiales radicadas en paraísos fiscales: 40, según el último informe presentado en la CNMV. Por eso, el agua (como la sanidad, la educación y la justicia) se sitúa en el ámbito de lo que el mercado no debería poder comprar, según la fina fórmula del politólogo Michael J. Sandle.
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Martín Alonso Zarza es doctor en Ciencias Políticas y autor de No tenemos sueños baratos”. Una historia cultural de la crisis. Anthropos.
Fernando Urruticoechea Basozabal es economista e interventor municipal.

Notas:
1. Agbar pasó al grupo francés Suez Environnement en 2014. Según un comunicado de prensa de Criteria
(18/07/2014), este grupo inversor de La Caixa se convertirá en el segundo accionista con el 15% de lasacciones de Aigües de Barcelona (70% Agbar y 15% AMB). Suez Environnement, ahora Suez Spain, cuenta con una plantilla de 80.000 trabajadores repartida por los cinco continentes. En cualquier caso,para el objeto de este escrito el asunto de la propiedad es prácticamente irrelevante, lo que importa son las prácticas.
2. La jueza del caso Aquagest ha imputado a otros políticos asturianos, de los cuales cinco alcaldes ytrece concejales por viajes pagados (El Diario Vasco, 06/03/2015). De los veintitrés imputados en el caso, no todos asturianos, veinte seguían activos en política. En 2013, según la propia compañía, Aquarbe prestaba servicio en Cantabria a los municipios de Santoña, Camargo, Los Corrales de Buelna, San Felices de Buelna, Val de San Vicente y Astillero. La mayoría en manos del PP, también alguno del PSOE y del PRC; el propio Diego había sido alcalde de Astillero 11 años. Desde este municipio escribía
Leticia Martínez en su Facebook el 20 de mayo de 2015: “[…] Aquarbe, la actual concesionaria del servicio de agua de Astillero, es la que ha denunciado al Ayuntamiento de Astillero. Aquarbe considera que los pagos realizados de manera anticipada, como es el pago de balnearios a Ignacio Diego, el importe del contrato, etc., no han sido resarcidos de igual manera en su cuenta de resultados. Ellos tampoco contaban con la crisis y su cálculo de beneficios se ha visto mermado de modo considerable y ahora quieren que seamos los vecinos los que sigamos pagando. Lo cierto es que a los vecinos nos han subido la factura del agua por encima del IPC. Lo cierto es que la calidad del agua que recibía la mitad de la población era agua con demasiada cal, lo que ha llevado a un gasto en reposición de electrodomésticos muy elevado. Lo cierto es que los que pagamos y lo seguiremos haciendo somos los vecinos de Astillero. Lo cierto es que los perjudicados somos nosotros, los que pagamos las facturas y los impuestos”. En la publicidad corporativa la frase de presentación de Aquarbe dice: “La excelencia al servicio de todos nuestros clientes”. La observación de la usuaria de Astillero se corresponde con una alegación presentada por la empresa al ayuntamiento de Los Corrales de Buelna solicitando la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por el suministro de agua y por la prestación de los servicios de alcantarillado. En un pleno celebrado el 27 de noviembre de 2014 el ayuntamiento desestimó la petición. Acaso ayudó el conocimiento de los lujos gratuitos del presidente regional. Por otro lado, la denuncia de la mala calidad del agua había aparecido recurrentemente en los medios (El Diario Montañés, 29/05/2013). Y para comprender la tolerancia a la corrupción, conviene saber que a Ignacio Diego no le castigó la justicia; tampoco su partido, el PP. De modo que este diario regional podía titular al cabo del caso (28/01/2016): “Diego gana confianza en Madrid”. Hay que añadir que Diego estaba al frente del partido en Cantabria cuando salieron a la luz los papeles de Bárcenas –senador por Cantabria, recuérdese– que mostraban que habían llegado a la sede montañesa 90.000 euros de la caja B. Pero volviendo a Astillero, cuatro meses después del fin de semana de lujo, el ayuntamiento aceptó la subrogación del contrato de agua que tenía por concurso Aguas del Norte (ANSA) desde 1988. Aunque ANSA fue absorbida por Aquagest el cambio de titularidad habría obligado a una reconsideración de la concesión, lo mismo que cuando Aquagest pasa a denominarse Aquarbe (Gente de Santander, 12 al 22/12/2014).
3. Asturias también merece un excurso. Hola calificó como boda del año la celebrada en 2013 en los Caputxins de Sarrià para Magalí Fainé –hija de Isidro Fainé, presidente de la Caixa y accionista de peso en Agbar; de tanto peso que su hijo Ignasi es allí director de Reputación y RSC–, y que contó con una nutrida representación de la alta sociedad, del president Mas a Godó. Para la de Xavier, cuatro años antes, Isidro eligió la catedral de Oviedo que acogió a más de 600 invitados, de los duques de Palma –la Caixa no está lejos del caso Noos, aprovechando este Pisuerga– a Miquel Roca, Rodrigo Rato, Florentino Pérez (ACS), Juan Antonio Samaranch o Juan Luis Cebrián. El cóctel y la cena en el Hotel La Reconquista. Para un recorrido por “la estrella supernumeraria”, es muy recomendable el reportaje de Marc Andreu con ese título (TintaLibre, octubre 2013). No sabemos si entre los invitados de Oviedo se encontraba Henry Laíño. Esta figura merece reconocimiento por su aportación a la lexicología de la corrupción: designaba a los políticos contratados-compinchados como “abrelatas”, porque eran los encargados de “abrir puertas” con las administraciones (El Faro de Vigo, 18/02/2014). Es la figura del ‘conseguidor’, persona con tentáculos en los ayuntamientos o militantes de un partido que hacían de intermediarios a favor de las empresas a la caza de contratos.
4. Carles Escolano, Eloi Badia, Jaume Delclòs y Lidia Serrano, “Cataluña”, en el informe de ATTAC, La privatización de los servicios públicos en España, mayo 2012: 28-30.
5. Para completar este dato: Salvador López Arnal, “El intento de privatización (antidemocrática) del agua por el gobierno de los mejores privatizadores”, Rebelión, 06/11/2012.
6. Roser Bach es la esposa de Germà Gordó, nombrado por Mas en diciembre de 2010 secretario del Govern de la Generalitat de Catalunya, y dos años más tarde conseller de Justícia de la Generalitat. Desde enero de 2016 es presidente de la Comisión de Justicia del Parlament. En marzo de 2017 la Fiscalía Anticorrupción le vincula con la trama del 3%. Se le atribuyen los delitos de soborno, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilícita, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos. Gordó nos devuelve a la firma del convenio marco por la vía de Ramón Camp, y de la trama del 3% por la del empresario Josep Manel Bassols. En una carta intervenida a Bassols este pretendía poner en conocimiento de Mas “la situación de su cónyuge que estaba interesada en ‘un cambio de puesto de trabajo’”. Mencionaba como persona de contacto al diputado de CiU Ramón Camp i Batalla, entonces vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según el sumario, Camp i Batalla le comentó que estaba en contacto con el exconseller de Justicia y exsecretario del Gobierno de Cataluña, Germà Gordó, y se refirió a él como “a persona ideal”. “Entre los dos resolveremos la situación”, dijo según reflejan documentos que obran en la causa. El empresario consideraba a Gordó –al que la Fiscalía Anticorrupción califica como “el conseguidor o el recaudador” de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obras públicas– como la única persona de CDC que había respondido a sus ruegos (Informativos Telecinco, 10/03/17). Gordó forma parte del pinyol, el núcleo duro que aupó a Mas al liderazgo de CDC; formación de la que fue gerente durante la travesía del desierto de Mas. También fue secretario general de Associació Catalana de Municipis y formaba parte del círculo íntimo del hermano mayor de los Pujol. Viene a cuento una anécdota contada por Francesc-Marc Álvaro (Ara sí que toca! Jordi Pujol, el pujolisme i els successors, Barcelona, Edicions 62, 2003, p. 206):
“‘—Escolteu, escolteu! Us estic mirant i ¿què veig? Tu ets cap de gabinet, i tu també. I tu ets director general, i tu diputat, i tu sotsdirector general, i tu regidor, i tu cap de servei, i tu cap de gabinet… Escolteu bé: nosaltres, els que estem aquí reunits, d’aquí a deu anys hem d’estar dirigint aquest país. Per collons hem de guanyar i estar dirigint aquest país. Vull que us ho poseu al cap’.
Qui ha passat llista i qui parla així de dicidit davant de tots és Germà Gordó”.
Así como la relación familiar de Bach con Gordó no quiere decir que la primera tenga que ver con los posibles enjuagues del segundo es más difícil defender la distancia entre Gordó y Camp, pues ambos son militantes significados de CDC. Camp fue secretario general de las juventudes de CDC y ha sido diputado en el Parlament y en el Congreso antes de ser vocal del CGPJ. El 25/10/2013, con motivo del Día de la Justicia, Mas, acompañado del consejero del ramo Germà Gordó, entregó medallas de honor por sus servicios excepcionales a cuatro juristas, entre ellos los dos firmantes del convenio con Agbar, R. Camp y F. V. Azón. Gordó, exgerente de CDC llevó la iniciativa en el proceso de privatización de ATLL.
7. La Fundación Nueva Cultura del Agua, de cuya web procede esta noticia es una referencia obligada en este terreno.
8. Un mes después la consejera era la invitada del Fórum Europa. Tribuna Catalunya (21/10/2011) en un desayuno informativo patrocinado por Assistència Sanitària, Agbar y Red Eléctrica de España; esta última en un 20% participada por el organismo público SEPI. Tras dejar el cargo –la sucedió Germà Gordó– fue contratada por Ernst & Young para dirigir la división legal de esa consultora en Cataluña. No hace falta añadir glosas.
9. “Cómo ganar la batalla del agua”, Atlántica XXII, septiembre 2014. Este artículo, así como en “El abastecimiento de agua potable a domicilio, un servicio público y municipal en el que no cabe el lucro”, proporciona una batería de argumentos jurídicos que constituyen un complemento técnico al enfoque sociológico de este trabajo.
10. Como coordinador figura Santiago Milan del Bosch y Jordán de Urríes. El libro es el volumen primero de la colección Derecho de Aguas; le siguieron otros tres volúmenes correspondientes a los años del convenio: Aigua: legislació i justicia (2013), La contractació en el sector de l’aigua (2014) y III Foro de Derecho de Aguas (2015). Pese a la cancelación del convenio, en la página institucional leemos que “El Foro de Derecho de Aguas se creó en el año 2011 por iniciativa del Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Agbar, como un punto de encuentro periódico centrado en el pensamiento y la reflexión multidisciplinar, con el fin de ampliar el conocimiento, contribuir al desarrollo de la doctrina jurídica y facilitar la unificación de criterios en materia medioambiental, y, sobre todo, en el ámbito del agua. El Foro de Derecho de Aguas constituye la primera iniciativa de este tipo en Europa, donde hay una realidad normativa muy diversa y compleja, desde la legislación local hasta la comunitaria. Mediante sus actividades de estudio y divulgación, el Foro se ha consolidado como un referente esencial en estas materias”. Subrayable el orgullo de la innovación.
11. Para las posiciones de Paricio: Àlex Font, “Un dels jutges de la ‘guerra de l’aigua’ va escriure un llibre finançat per Agbar” en Ara, 01/04/2013.
12. Pero hay antecedentes que remiten a unas ventajas otorgadas a la burguesía catalana ya en tiempos del franquismo y que no fueron después subsanados sino utilizados en la dirección de la privatización. El lector puede encontrar los pormenores del proceso en la Sentencia 126/2016 (09/07/2016) de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta del TSJC, especialmente pp. 13-22.
13. A finales de 2012, solo cuatro semanas antes de las elecciones autonómicas catalanas, filiales de Agbar/Aquagest de Murcia, Alicante y Valladolid ingresaron cantidades a CDC dentro de la trama del 3%. De manera que, como titula La verdad (27/02/2017), “el dinero de la factura del agua de los murcianos pagó la campaña electoral independentista de CDC”.