Habló el Banco de España, la institución que más dinero nos cuesta a los
españoles
KAOSENLARED
22 May, 2021
El Banco de España es posiblemente la institución
pública que más dinero ha costado a los españoles en el último medio siglo. No
por los privilegios y altos sueldos de sus directivos, que serían pocos si
hicieran bien su trabajo. Lo que nos cuesta un riñón es que no desarrolla con
eficacia su función principal de promover el buen funcionamiento y la
estabilidad del sistema financiero. En lugar de garantizarlos, ha cometido
fallos calamitosos de supervisión y control que han producido o no han evitado
insolvencias y crisis de un coste financiero elevadísimo.
Desde la de 1977 a 1985, que acabó con 56 de los 110
bancos existentes al inicio del periodo, y que se calcula costó entre 1,3 y 2
billones de las antiguas pesetas (cuando los ingresos del Estado eran de unos
4,5 billones), el Banco de España no ha sabido o no ha querido evitar la
creciente concentración bancaria, el crecimiento excesivo del crédito en unos
casos y la escasez en otros, las comisiones y tipos de interés abusivos, los
beneficios extraordinarios de la banca, el exceso de riesgo asociado a la
burbuja inmobiliaria, las insolvencias y la morosidad, las quiebras, el
desastroso control político de las cajas de ahorro y el antidemocrático que los
banqueros ejercen sobre la política y la sociedad, los fraudes y engaños a
millones de clientes…, por citar tan solo algunos hitos más costosos de esos
últimos 45 años de historia financiera española.
El fracaso regulador del Banco de España en la última
crisis fue apoteósico y a los españoles debería avergonzarnos que nadie haya
pagado penalmente por él. Sus propios inspectores tuvieron que denunciar al
gobernador Caruana por su actitud pasiva y complaciente ante el riesgo que se
estaba acumulando (la carta de denuncia al ministro de Economía aquí).
Y cuando sus errores comenzaron a surtir efectos lo que hizo fue aprobar
cambios de normas para ocultar el daño y promover fusiones de entidades para
entregar el sector a la banca privada que nos costaron todavía más dinero. Si
al coste de la última crisis reconocido por el Tribunal de Cuentas (122.122
millones de euros) se le suman avales, créditos fiscales, ventas de activos,
efectos de cambios normativos… la factura de la incompetencia y del apoyo del
Banco de España a la banca privada debe superar los 300.000 millones de euros.
Además de todo lo que eso lleva consigo, la desaparición de miles de empresas y
la ruina o el desempleo de millones de personas.
Hasta el presidente saliente de la Comisión Europea,
José Manuel Durão Barroso, lo reconoció abiertamente al afirmar que el Banco de
España había tenido «errores muy importantes de supervisión» antes de y durante
la crisis.
Aunque es muy ingenuo creer que esos errores lo hayan
sido solo como consecuencia del azar o del desconocimiento. Son el resultado
del fundamentalismo ideológico que se cultiva en su seno pero, sobre todo, de
que el Banco de España es una institución puesta al servicio exclusivo del
capital bancario privado. Caruana, a quienes sus inspectores denunciaron, como
he dicho, por dejar hacer y permitir que crecieran la burbuja y los desmanes
del sector, no hizo mal su trabajo. Al revés, hizo eso porque estaba ahí para
hacer lo que hizo, permitir que se multiplicara el negocio bancario aunque
fuese a costa de hundir a la economía española.
La prueba es que, después de esas denuncias y de que
se hiciera patente el efecto de su gestión, pasó a ocupar un cargo directivo en
el Fondo Monetario Internacional, a ser luego Director Gerente del Banco
Internacional de Pagos y, por fin, a formar parte del Consejo de Administración
del BBVA. El mismo destino final que han tenido otros gobernadores o altos
directivos del Banco de España, como prueba definitiva de que no han sido
servidores públicos sino empleados del capital privado. Lean, si no lo
creen, El libro negro: La crisis de Bankia y Las Cajas. Cómo falló el
Banco de España a los ciudadanos, de Ernesto Ekaizer.
El Banco de España tampoco acierta cuando hace
pronósticos sobre el horizonte de los problemas económicos. En 2007, cuando ya
se había iniciado la crisis, escribió en su Informe Anual sobre 2007 que lo que
estaba ocurriendo era un simple «episodio de inestabilidad financiera», si
acaso, con solo «algunas incertidumbres sobre la continuidad del crecimiento de
la economía en horizontes más alejados». Y el año pasado, a pesar de haber
hecho dos previsiones sobre la evolución del PIB, no acertó ni en la más
optimista ni en la pesimista y su margen de error fue mayor que el de
instituciones con muchos menos medios e información (una comparación con las de
otros organismos aquí).
Sin embargo, a pesar de que su historia reciente está
plagada de desaciertos, de incompetencia, de responsabilidad y de daño a la
economía española, los dirigentes del Banco de España no dejan de pontificar
como si fueran los únicos que saben lo que realmente conviene hacer.
¿Se imaginan a un médico al que se le murieran todos
sus pacientes alardeando por el hospital de ser él quien únicamente sabe la
terapia a seguir con los enfermos y queriendo imponerla a cualquier precio?
Pues algo así es el Banco de España en nuestra economía. Nunca acierta, no sabe
cumplir con su función y nos impone una carga multimillonaria a los españoles,
pero se empeña en decirnos qué es lo que se debe hacer para resolver los
problemas que sus propias medidas anteriores han provocado.
Ahora vuelve a la carga, metiéndose una vez más en
camisa de once varas, pues esa no es la función que corresponde a un banco
central. En su reciente Informe Anual insiste de nuevo en el mismo tipo de
reformas que a su juicio hay que acometer para hacer frente a la crisis
provocada por la Covid. Olvidando que si esta ha tenido un efecto tan grande ha
sido, como acabo de señalar, justamente a consecuencia de las políticas de
recortes de servicios públicos esenciales, de las laborales que han producido
precariedad y desigualdad y de las financieras que han multiplicado la deuda
que los dirigentes del Banco de España han impulsado en los últimos años.
En concreto, ahora aprovecha su publicación para
reforzar la propuesta con la que el capital bancario, de la mano de sus
representantes políticos, trata de capturar el ahorro de las clases
trabajadoras, la llamada «mochila austriaca».
Esta consiste básicamente en un fondo constituido
desde la empresa pero lógicamente a cargo de los salarios que se asigna a cada
trabajador y que puede ser utilizado en caso de despido, de traslado, para
actividades formativos o, si llegara el caso, para completar la pensión.
La propuesta se justifica desde hace tiempo diciendo
que así se combate la dualidad entre trabajadores fijos y temporales, algo que
no tiene mucho sentido porque este problema de nuestro sistema laboral más bien
tiene su origen en la contratación fraudulenta. La realidad es que esta medida
perjudicaría a las empresas que realizaran menos despidos, incitaría a
llevarlos a cabo, desincentivaría la adopción de medidas de flexibilidad
interna y no sería fácil que pudiera servir como fondo de pensión cuando los
despidos, como cabe esperar que ocurra al desaparecer la indemnización, se
reiteran a lo largo de la vida laboral.
Es cierto que teóricamente podría facilitar la
movilidad (algo que ni siquiera se ha demostrado que ocurra en Austria) pero
ese no es el problema principal de nuestro mercado laboral. En definitiva,
prácticamente ninguna ventaja y una sola virtud: permitir que los bancos
manejen el ahorro de los trabajadores, un botín suculento para hacer negocio
especulativo en los mercados especulativos aunque, eso sí, a costa de un gran
riesgo y volatilidad que antes o después pondría en peligro el patrimonio de
las clases trabajadoras, e imponiendo más costes todavía a las empresas
productivas que crean más empleo fijo.
También aprovecha el Banco de España para defender el
mantenimiento de la última reforma laboral que básicamente supuso concentrar
aún más poder de decisión en manos del empresariado, desequilibrando en mayor
medida el ya de por sí desigual balance de fuerzas en nuestro sistema de
relaciones laborales. Eso es lo único que parece interesarle.
Como he dicho, al Banco de España no corresponde hacer
este tipo de propuestas de política económica y que, como todas, tienen un
efecto muy desigual sobre el bolsillo y las condiciones de vida de la gente,
pero no lo hace gratuitamente ni como fruto de la casualidad.
En su libro Guardians of Finance. Making
Regulators Work for Us, James R. Barth, Gerard Caprio y Ross Levine
demuestran que la crisis que comenzó en 2007 fue un «homicidio por negligencia»
porque «los reguladores de todo el mundo sabían o deberían haber sabido que sus
políticas estaban desestabilizando el sistema financiero mundial y, sin
embargo, optaron por no actuar hasta que la crisis hubiera emergido por
completo… mantuvieron políticas que alentaron el riesgo excesivo incluso
sabiendo que sus decisiones incrementaban la fragilidad del sistema. Ha sido un
desastre regulatoriamente inducido. Los reguladores pusieron en peligro a
sabiendas sus economías en los diez o quince años antes de la reciente crisis».
Entre esos reguladores homicidas se encuentra el Banco de España que sigue empeñado en hacernos creer que darle todavía más privilegios y poder de decisión a la banca y a las grandes empresas, provocando así nuevas crisis, es la solución de nuestros problemas. Y no se pone freno a semejante desvergüenza e indignidad.
