viernes, 28 de marzo de 2014

MANIFIESTO DEL 22 M




NO AL PAGO DE LA DEUDA
NI UN RECORTE MÁS
FUERA LOS GOBIERNOS DE LA TROIKA
PAN, TRABAJO Y TECHO PARA TODOS Y TODAS
 
En 2014 nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, una situación límite, de emergencia social, que nos convoca a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la ciudadanía y los pueblos.
 
Millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran sin empleo. Tener unas manos para trabajar; tener una carrera terminada; disponer de tu capacidad tanto manual como intelectual y no encontrar un trabajo digno es humillante. Se está desperdiciando el talento colectivo de una sociedad, hipotecando indefinidamente su futuro. Los trabajadores y trabajadoras no se merecen este atropello a nuestra dignidad colectiva.

Cientos de miles de familias han perdido su casa. No hay nada más inhumano que desalojar a una familia de su hogar, solo para alimentar la voracidad insaciable de unos banqueros sin escrúpulos. Banqueros a los que los estados siervos de la Troika alimentan a costa de empobrecer aún más a la clase trabajadora y a las personas más indefensas.
 
Mientras, la patronal, aprovechando el drama del paro masivo, aprieta las tuercas a la baja de los salarios y de las condiciones de trabajo a las personas que aún tienen un empleo. Trabajadores y trabajadoras que, ante la difícil situación, no pueden ni siquiera cuestionar su papel de meros explotados/as por el capital. El sistema intenta obligarnos a mostrar agradecimiento a los empresarios, convertidos por el sistema en benefactores de la sociedad. Es hora de repartir el trabajo y la riqueza, y que las personas trabajadoras puedan sentirse dueñas de su futuro.
 
Nuestra juventud no tiene posibilidad de forjar un proyecto de vida digno con las actuales políticas y  se ve abocada a buscarse la vida en el extranjero como antes hicieron nuestros padres y abuelos.
Decimos no a un sistema patriarcal que nos arrastra a épocas del pasado, quitándonos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, negándonos la capacidad para decidir sobre si queremos o no ser madres, provocando la vuelta a los hogares para dedicarnos a la crianza.
 
Estamos sufriendo las políticas ejecutadas por el gobierno del PP al dictado de la Troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea), consistentes en el robo de derechos y el empobrecimiento generalizado de la mayoría social. Estas políticas que se fundamentan en el pago de una Deuda ilegítima que no han contraído los ciudadanos y ciudadanas, son producto de la especulación bancaria y los excesos de los distintos gobiernos.
 
Privatizan lo rentable mientras nos recortan el presupuesto en salud, educación, dependencia, transportes públicos, agua, energía, comunicaciones, servicios sociales, etc.., lo que redunda negativamente en nuestros derechos ciudadanos. Se ríen de nuestros mayores que sufren una enorme pérdida de su poder adquisitivo, mientras ven como sus ahorros de toda la vida están secuestrados por la estafa bancaria de las preferentes y otros productos financieros delictivos.
 
El gobierno del PSOE, con el apoyo del PP, modificó el artículo 135 de la Constitución para que se priorice el pago de la deuda frente a los derechos y necesidades de las personas. Lo justificaron diciendo que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que había que ser austeros y, por tanto, era imperativo recortar el déficit. Sin embargo, no ha habido ningún recorte a la hora de inyectar decenas de miles de millones de euros para salvar a los bancos y especuladores.
 
Están aprovechando la crisis para recortar derechos. Estas políticas de recortes están causando sufrimiento, pobreza, hambre e incluso muertes y todo para que la banca y los poderes económicos sigan teniendo grandes beneficios a costa de nuestras vidas.
 
Porque nos han robado la libertad.  Al capitalismo le sobran las libertades y los derechos de la mayoría social. Es un sistema que busca exclusivamente el beneficio privado de unos pocos y que nos lleva inexorablemente a una catástrofe medioambiental y social de alcance incalculable.
 
Para la mayoría social esta crisis-estafa está significando un gigantesco drama humano. Sin embargo, para una insignificante minoría supone un gran negocio. Y cuando se protesta, siempre obtenemos la misma respuesta: la represión y criminalización del sindicalismo de clase y de los movimientos sociales. Es un sistema que necesita la represión para mantenerse y que debe ser superado con la lucha en la calle.
 
La descomposición del régimen surgido de la Constitución del 78 se hace evidente debido a los mismos elementos presentes en su nacimiento, el cual tuvo lugar en contra del pueblo, está corroído por la corrupción y no tiene ninguna legitimidad. Los derechos y libertades nos han sido robados para favorecer los intereses de una minoría y asegurar sus beneficios, los mismos que nos han llevado a este estado de excepción social, a base de desmantelar la educación y la sanidad públicas, de reducir drásticamente las pensiones de nuestros mayores, de apoderarse de nuestras  viviendas y de cerrar empresas, y despedir a miles de trabajadoras y trabajadores.

Los distintos Gobiernos se sitúan fuera de la legalidad, convierten en negocio los derechos que tanto costaron conquistar y sustentan la corrupción, un hecho generalizado pero no independiente del sistema económico, que forma parte de la estructura misma de esta sociedad y es indispensable para su desarrollo. Tanto los corruptores como los que se dejan corromper forman parte de este sistema injusto de producción y distribución de la riqueza.
 
Llamamos a los pueblos a que ejerzan su soberanía, alzando su voz de abajo arriba, democráticamente, para construir un proceso constituyente que garantice realmente las libertades democráticas, el derecho a decidir y los derechos fundamentales de las personas.
 
Desde la MARCHA DE LA DIGNIDAD 22M, consideramos que es importante articular una movilización unitaria, masiva y contundente contra las políticas que atentan contra los derechos humanos y la justicia social.
 
Una movilización contra el pago de la deuda, por el empleo digno, por la renta básica, por los derechos sociales, por las libertades democráticas, contra los recortes, la represión y la corrupción, por una sociedad de hombres y mujeres libres, una movilización contra un sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan.
 
Exigimos, por tanto, que se vayan. Que se vaya el Gobierno del PP y, también, todos los gobiernos que recortan derechos sociales básicos, todos los gobiernos que colaboran con las políticas de la Troika.
Por eso hacemos un llamamiento a llenar de dignidad y rebeldía la capital del Estado español, Madrid, el 22 de Marzo. Ese día llegaremos columnas de todas las latitudes de la Península a Madrid y convocamos a los madrileños y madrileñas a salir a la calle e incorporarse a esa gran movilización de la mayoría social.
PAN, TRABAJO Y TECHO
A LA CALLE!!, QUE YA ES HORA
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22 M: ANTES Y EL DESPUES



LAS NECESARIAS MARCHAS DE LA DIGNIDAD

Público.eS
Rebelión
28-03-2014

Durante este fin de semana, más de dos millones de ciudadanos procedentes de todos los pueblos que constituyen España confluyeron en Madrid (donde está la sede central del Estado español) para protestar contra un Estado que no les representa y que está imponiendo unas políticas públicas a la población que están dañando enormemente el bienestar y calidad de vida de las clases populares, sin que exista ningún mandato popular para que se realicen (puesto que no estaban en el programa electoral de los partidos gobernantes), y, por lo tanto, carentes de legitimidad democrática. Tales políticas de austeridad y reducción, cuando no eliminación, de derechos sociales, laborales y políticos, han respondido a las instrucciones de la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional), dominada por intereses financieros que configuran unas políticas que benefician predominantemente a la banca junto a otros establishments financieros, así como a grupos económicos, mediáticos y políticos que, en la práctica, gobiernan el país. El Manifiesto de estas marchas representa un documento de denuncia a este Estado, denuncia procedente predominantemente de las clases trabajadoras de las distintas partes del país que constituyen el eje de la España real, pluricéntrica, laica, democrática, con una diversidad social y nacional que la enriquece, unidas ahora frente a un Estado que domina y asfixia a los distintos pueblos de España. 

Predeciblemente, el gobierno del Partido Popular, el más reaccionario de los existentes en la Europa Occidental y uno de los más corruptos, con una sensibilidad política que, según el panorama político europeo, corresponde a la ultraderecha, está desmontando el ya escasamente financiado Estado del Bienestar español, redistribuyendo la riqueza a favor de los poderosos a costa de las clases populares, y reduciendo incluso más la calidad del sistema democrático español, ya en sí muy insuficiente debido a la Transición inmodélica de la dictadura a la democracia que se hizo bajo el enorme dominio de las fuerzas conservadoras, herederas de las que controlaban el Estado dictatorial. El partido gobernante, continuador de estas fuerzas, carece de sensibilidad democrática y está recentralizando y empobreciendo (de un modo nunca visto antes durante el periodo llamado democrático) su Estado del Bienestar, todo ello al servicio de unos intereses financieros y económicos minoritarios y particulares, y a costa de los intereses generales de la población. 

La denuncia del Estado resultado de la Transición, punto central de las marchas

Las Marchas de la dignidad denunciaron estos hechos, exigiendo una democracia real, con el desarrollo de instituciones representativas junto a formas de participación directa de la ciudadanía, incluyendo el derecho a decidir de los pueblos. Esta es la España popular y republicana, heredera de todas las luchas que hicieron posibles los avances políticos y sociales del país y que se expresaban a lo largo del territorio español a través de movimientos sociales que gozaron y gozan de gran apoyo popular. La enorme simpatía y apoyo que las marchas tuvieron a lo largo de estos días (ignorados por los medios), reflejan claramente el sentido popular.

El otro partido al que el sesgado sistema electoral convierte, junto con el PP, en partido mayoritario, es decir, el PSOE, respondió a las marchas de manera distinta según cuál fuera la posición jerárquica de cada miembro en el aparato de aquel partido. Sus bases populares apoyaron en su mayoría las marchas, las denuncias que realizaron y las demandas que exigieron. La dirección y las élites gobernantes del partido intentaron, de forma oportunista, apoyar la marcha, olvidando, sin embargo, que las marchas los incluían en su denuncia, pues muchas de las políticas que denunciaban se habían iniciado durante su mandato, incluyendo el cambio de la Constitución que exigía como primera prioridad el pago de la deuda, una deuda escandalosamente alta como consecuencia del comportamiento especulativo de la banca, favorecida, por cierto, por las políticas del Banco de España, como toda la evidencia científica existente muestra. Es extraordinario que la dirección del PSOE no haya hecho ninguna autocrítica del gobierno socialista presidido por Zapatero, uno de los presidentes más impopulares (en el momento de su retirada) que haya tenido España, siendo uno de sus vicepresidentes el que ahora es el actual secretario general del partido, una situación que no variará con un nuevo cambio de personajes, pues la mayoría de posibles sucesores fueron parte –a distintos niveles– de aquel aparato, compartiendo sus políticas. 

Como era de esperar, la hostilidad por parte del gobierno PP y las declaraciones de adhesión (oportunistas) del equipo dirigente del PSOE han sido las notas más visibles en los medios de información y persuasión del establishment español que, además de ignorar el contenido del manifiesto (el documento más importante que se ha escrito en estos últimos años y que marca una pauta de cambio en las fuerzas progresistas del país), se han centrado en los actos violentos ocurridos, los cuales han sido sumamente minoritarios y han favorecido que se desviara la atención mediática hacia la periferia, dejando de lado lo esencial de las marchas.

El significado histórico de las marchas

Estas marchas, unas de las más grandes que hayan tenido lugar en Madrid, tal como han indicado muchos medios extranjeros, son un movimiento histórico que establece un antes y un después. Eran la España real, la España de los distintos pueblos, hermanados en su denuncia de un Estado que no es su Estado, que es un Estado impuesto a la población, que ha perdido legitimidad, y que ha vendido su soberanía a los intereses financieros y económicos que continúan optimizando sus intereses a costa de los de las clases trabajadoras, que están sufriendo en sus propias carnes las consecuencias de su codicia. Estos más de dos millones, y muchos otros que les vitorearon durante las marchas, están de acuerdo con el eslogan del 15M “no nos representan”. Ellos son los herederos de la España republicana que luchó por la democracia y la justicia social durante la II República, que los golpistas fascistas interrumpieron con un golpe de Estado que triunfó gracias a la ayuda del nazismo alemán y del fascismo italiano, sin cuyo apoyo jamás habrían vencido. Son también los herederos de los que lucharon en la resistencia antifascista contra la dictadura, una de las más crueles que existió en Europa en el siglo XX (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió diez mil), y son también los herederos de los que con su continua presión han ido mejorando la tan insuficiente democracia española. No es por casualidad que el mismo gobierno, el mismo Estado y el mismo establishment político y mediático del país que están imponiendo las políticas que generaron las protestas, y que niegan a los pueblos el derecho a decidir, sean prácticamente los mismos que diseñaron en su día un sistema electoral que es escasamente proporcional y que permite que un partido que solo consiguió el apoyo del 30% del voto del censo electoral tenga mayoría absoluta en las Cortes españolas. Representan las mismas fuerzas que han sido responsables del enorme retraso social de España, y son los mismos que ahora quieren reprimir físicamente y psicológicamente a las voces críticas que, con dignidad, les muestran lo que son: los herederos de aquellos que dominaron la dictadura y la Transición.

El agotamiento final de la inmodélica Transición

Estas marchas y su composición muestran claramente el agotamiento y fin de la inmodélica Transición, simbolizada por la muerte de uno de sus protagonistas, Adolfo Suárez, en las mismas fechas en las que han ocurrido las marchas, y que, veremos, será utilizada por el establishment españolista para poder promover una idealización de la Transición para neutralizar la popularidad que hoy tienen los críticos de dicha Transición, incluyendo las marchas del 22M.

De ahí la enorme importancia de unas de las mayores marchas que se han visto en la capital del Reino (que contó, por cierto, con una gran simpatía y el apoyo de las clases populares de la ciudad de Madrid), que mostraron las enormes causas comunes existentes entre los distintos pueblos de España frente a un adversario común. El respeto y la estima por la diversidad no dificultaron, todo lo contrario, facilitaron el espíritu de camaradería y hermandad de las marchas. En la de Catalunya, una de las mayores marchas, se pudieron ver los componentes más arraigados en las clases populares, que compaginan sus luchas sociales con la defensa de la identidad catalana (tales como los Yayoflautas, el Procés Constituent, la PAH, y otros), y que no tienen porqué dividir y separar, sino, todo lo contrario, aunar al pueblo catalán con los otros pueblos de España, con los cuales hay tantos lazos de hermandad, no solo por los lazos familiares, sino también por una lucha común frente a este Estado que, para máxima ofensa, definió y todavía los define como la anti España. Es obsceno que las derechas, que están haciendo tanto daño a los distintos pueblos de España, se presenten como las que representan a España. Ellas, que han vendido la soberanía a la Troika, como antes la vendieron a Hitler y a Mussolini, se presentan como las defensoras de España. 

Pero el reto ya no son ellas. Su comportamiento es coherente con toda su historia. El reto es continuar esta unidad, dentro de la diversidad, para conseguir un nuevo sistema democrático en el que los intereses particulares queden supeditados a los generales, con una alianza de todos los movimientos sociales y partidos políticos para establecer una democracia real en la que el derecho a decidir, sea al nivel que sea, se convierta en la práctica común del sistema. Y las marchas del 22M, continuadoras del 15M, son los inicios de este cambio. 

Vicenç Navarro. Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra (www.vnavarro.org)

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ELECCIONES EUROPEAS: LO QUE NOS GUARDAN "NUESTROS BUENOS DIRIGENTES" ACTUALES




LA CUMBRE UE-EE UU ACELERA NEGOCIACIÓN PELIGROSA Y ANDIDEMOCRÁTICA
Rebelión
28-03-2014

Organizaciones sociales y sindicales [1] han entregado una cartaVentana nueva en las sedes de la Comisión Europea en Madrid y Barcelona destinada a Francisco Fonseca Morillo, Director de la Representación Permanente. Con ello se han sumado a la campaña internacional en oposición a las negociaciones comerciales que tienen lugar de forma antidemocrática y a espaldas de la sociedad. 

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP) suscita una creciente oposición a ambos lados del Atlántico. Grupos de la sociedad civil de la Unión Europea y de EE UU han expresado su preocupación por una posible eliminación de salvaguardas y la degradación de normas y regulaciones en materia social, laboral, alimentaria, medioambiental, sanitaria y energética. Se vislumbra un recorte generalizado de los derechos fundamentales de la población y un poder de influencia sin precedentes para las grandes corporaciones.

El TTIP permitiría a los inversores reclamar indemnizaciones como resultado de regulaciones, leyes, normativas u otras decisiones gubernamentales que tengan el efecto de reducir sus oportunidades de lucro. Debido a que casi todas las medidas de la administración pueden ajustarse a esa definición, las políticas públicas han sido objeto de demandas inversor-Estado en todo el mundo.

Según las filtraciones de documentos "secretos", varias regulaciones previstas por el TTIP serían contrarias al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Además, los posibles impactos del Tratado sobre las reglas de seguridad alimentaria afectarían directamente a las y los consumidores causando problemas de salud.

En el ámbito de la salud y de la educación pública, el Tratado reforzaría la liberalización de los mercados de servicios, es decir, una mayor privatización de los servicios públicos, a pesar de que una amplia mayoría de la población se opone rotundamente a ello.

Finalmente, en un contexto de economía de casino financiero y responsable de la actual crisis, que impacta gravemente en los derechos básicos de la población mediante los recortes actuales, preocupa el objetivo del TTIP de liberalizar aun más los servicios financieros que podría impedir a la administración regular el sector financiero, restringir fusiones y adquisiciones, establecer impuestos y tasas a bancos y transacciones financieras, así como establecer un control de los capitales.

La eliminación de los controles sobre el capital y la liberalización de los servicios financieros ha exacerbado la crisis de la deuda europea. La consiguiente imposición de privatizaciones, el desmantelamiento de las leyes de protección laboral y los drásticos recortes sociales –mientras los bancos que alimentaron la crisis siguen protegidos por las leyes comerciales- son un reflejo del impacto devastador de las normas comerciales.

Ante esta situación, las organizaciones del Estado español demandan la paralización inmediata de las negociaciones del TTIP. Asimismo han emprendido una amplia campaña de denuncia y movilización a nivel europeo y transatlántico, con el objetivo de evitar que la firma del Tratado tenga lugar. En la misma línea, han reivindicando la urgente necesidad de un Mandato de Comercio Alternativo y una revisión del actual régimen comercial que desemboque en alternativas basadas en la democracia, cooperación, participación real, derechos humanos, justicia social, igualdad de género y sostenibilidad.

Notas
[1] Organizaciones firmantes: ATTAC España, Baladre, Confederación General del Trabajo (CGT), EdPAC, Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad-Cátedra UNESCO de Sostenibilidad UPC, HuertAula de Agroecología Cantarranas UCM, Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid, Marxa Mundial de Dones - Catalunya, Observatori DESC, Observatorio de la Deuda en la Globalización, Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia, Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid, Plataforma Rural (ACSUR-Las Segovias; Amigos de la Tierra; Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI); Colectivo Tierra de Campos; Colectivos de Acción Solidaria (CAS); Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU); Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG); Ecologistas en Acción; Emaús Fundación Social; Entrepueblos; Fundación Global Nature; GRAIN; Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos; Movimiento Rural Cristiano; Mundubat; Perifèries; Sindicato de Obreros del Campo (SOC-SAT); Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE); SODePAZ; Universidad Rural Paulo Freire (URPF); Justicia Alimentaria Global-VSF; Xarxa de Consum Solidari), Suds, Unión Sindical Obrera (USO)

22 M: COMUNICADO EQUIPO JURIDICO



Madrid, 28 de marzo de 2014


COMUNICADO RUEDA DE PRENSA EQUIPO JURÍDICO MARCHAS DE LA DIGNIDAD 22M

El pasado sábado 22 de marzo, las Marchas de la Dignidad congregaron a más de un millón de personas, colectivos y pueblos de todas partes del estado que salieron a la calle reclamando una vida digna, trabajo, casa, servicios públicos para todos y todas y el no al pago de una deuda ilegítima.

En las semanas previas a la manifestación se realizaron varias reuniones con Delegación del Gobierno en Madrid, con el fin de que las marchas se desarrollaran sin incidentes, tanto durante los tramos desde los diversos puntos del Estado como a la entrada en Madrid, así como durante el día 22 de marzo. El equipo jurídico de las Marchas considera que la actitud de los organizadores muestra una absoluta colaboración con la Delegación del Gobierno, poniendo de manifiesto el evidente interés de los organizadores en que las marchas se realizaran sin problema alguno, al amparo de lo establecido en los Arts. 20 (libertad de expresión), 21 (derecho de manifestación) y 23 (derecho a participar en los asuntos públicos) de la Constitución.

Sin embargo, con anterioridad al 22 de Marzo tanto la delegada del Gobierno en Madrid como el Presidente de esta comunidad autónoma han venido efectuando manifestaciones públicas degradantes e injuriosas respecto de las personas que se movilizarían en a Madrid el día 22M, interfiriendo claramente en el derecho de manifestación recogido en nuestra constitución y en el derecho al honor protegido en el Art. 18 CE, al equiparar a los manifestantes con alborotadores y nazis. Desde el viernes 21 de marzo las fuerzas de seguridad del estado retuvieron injustificadamente más de 100 autobuses que se desplazaban a Madrid para participar en la manifestación, efectuando identificaciones y registros indiscriminados sin existir motivo alguno para ello, vulnerando el derecho a la intimidad y a la no injerencia de la autoridad pública en la vida privada de las personas (Art.18 CE y Art. 8 CEDH). La comisión legal 22M considera este tipo de actuaciones como una intimidación contra las personas que acudían a ejercer su derecho a manifestarse, y sin que existiese circunstancia alguna que justificase dicha disuasión frente al ejercicio de un derecho fundamental.

El sábado 22 la masiva manifestación transcurrió con absoluta calma, tranquilidad y civismo, asegurando en todo momento los organizadores el respeto en los recorridos de todos cuanto participaban en ella.

Este servicio jurídico, a la vista de las distintas declaraciones de asistentes a la manifestación, organizadores, periodistas que cubrían el acto final, e incluso de los detenidos, hemos podido verificar que sin existir motivo racional, en torno a las 20.40 horas del sábado 22 de marzo, aproximadamente, unidades de policías antidisturbios irrumpieron en la Plaza de Colon, pese a las advertencias de los organizadores y la gran congregación de personas, y efectuaron varias cargas –sin advertencia previa-contra quienes se encontraban en el lugar atendiendo al acto de clausura que se estaba realizando en el escenario situado en los jardines de Colon.

La totalidad de personas que se encontraban en la Plaza de Colon en ese momento mantenían una actitud tranquila y pacífica, al igual que había ocurrido durante la manifestación.

Esta actuación, además de vulnerar la normativa aplicable a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, es claramente contraria al Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, artículos 2 y 3, así como los principios 12, 13 y 14 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. A su vez, los responsables de dicha intervención policial podrían ser penalmente sancionados en virtud de lo establecido en los Art. 540 y 542 del Código Penal.

Los fallos en el dispositivo policial fueron evidentes desde antes de las primeras cargas en Colón. La actuación policial posterior fue dirigida de forma indiscriminada y brutal contra el conjunto de manifestantes, dejando un saldo de lesionados que no coincide con la versión de los hechos difundidas por los responsables policiales: un total de 108 personas fueron asistidas por los servicios sanitarios con heridas de considerable gravedad -es decir, la mayoría de las personas heridas fueron los asistentes a la manifestación-; incluidos al menos 2 fotógrafos heridos, una persona que ha perdido un testículo como consecuencia del impacto de una pelota de goma y otra que ha estado cerca de perder un ojo por el mismo motivo; a pesar de la insistencia de los sindicatos policiales en que no se les permitió el uso de material antidisturbios, se utilizaron gases lacrimógenos -inusuales en movilizaciones sociales en la ciudad de Madrid-por primera vez desde hace dos años mientras el uso de pelotas de goma -recordamos, prohibidas en la mayor parte de la Unión Europea-fue abundante y lesivo.

Mostramos especial preocupación por la difusión masiva en los medios de comunicación, a iniciativa de mandos policiales y gubernamentales, de supuestas armas incautadas a los manifestantes –“muleta espada” y rodamientos-respecto a las cuales el pasado martes 25 de marzo se reconoció por las autoridades que correspondían a incautaciones efectuadas en anteriores intervenciones policiales en absoluto relacionadas con las Marchas de la Dignidad, lo que parece poner de manifiesto la existencia de un plan preconcebido para criminalizar a las personas que porcientos de miles se manifestaron el pasado día 22M. Esperamos que se adopten las medidas disciplinarias correspondientes respecto a los funcionarios que han difundido de forma torticera esta grave información falsa.

Según los datos de que dispone esta comisión, un total de 21 personas resultaron detenidas en las cargas de ese día, 2 de ellas menores de edad. Una persona más fue detenida el día 23 de marzo tras la concentración en Madrid reclamando la libertad de l
os detenidos. Gran parte de ellas sufrieron lesiones durante la detención. No es correcto mantener que una detención conlleva golpes y reducciones violentas bajo el amparo de la "mínima fuerza imprescindible" por parte de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Varias de las personas detenidas, lo fueron en el acceso al metro y fueron trasladadas esposadas en transporte público, a la vista de los pasajeros, lo que significa trato humillante y vejatorio al detenido. Otras lo fueron en la
vía pública, siendo obligadas a correr, a modo de castigo, aleatoriamente de un lugar a otro mientras permanecían esposadas, lo que igualmente supone un trato degradante y vejatorio.

La práctica totalidad de los hombres detenidos denunciaron haber sido obligadas a permanecer hasta 7 horas de pie con los brazos en alto, haber sufrido cambios de temperatura bruscos e intencionados y privación de comida y agua y de la posibilidad de acudir al baño durante las primeras 24 horas, lo que parece acreditar la existencia de un plan sistemático de efectuar malos tratos a estos detenidos. A las mujeres detenidas se les negó el acceso a medicamentos y material higiénico necesario (una práctica no solo degradante sino especialmente discriminatoria), lo cual resulta especialmente grave respecto a personas detenidas diagnosticadas con enfermedades crónicas, a las que se les retrasó el acceso a medicación imprescindible para su tratamiento. También hemos constatado obstaculización a la asistencia de letrados libremente designados, hecho tipificado como delito en el Art. 537 CP.

Estos hechos conculcan la proscripción de sufrir tratos inhumanos y degradantes establecida en el Art. 15 de la C.E., así como los principios 1, 2, 3 y 6 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, Adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988. Igualmente los anteriores hechos podrían ser constitutivos de un delito de tortura y malos tratos previstos en los artículos 173 y ss del Código Penal. Recordamos que con anterioridad a estos hechos, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa había emitido un duro informe contra el Estado Español denunciando la práctica "no esporádica" de malos tratos por parte de FCSE a manifestantes, lo que supone una práctica policial intolerable e impropia de un Estado de Derecho.

Esta comisión jurídica ha recibido igualmente denuncias de familiares de personas detenidas que acudieron a la comisaría de Moratalaz a interesarse por las mismas, y que tuvieron que soportar insultos por parte de agentes de paisano que salieron de la propia comisaría en actitud intimidatoria. También hemos constatado que uno de los letrados defensores recibió amenazas y gritos por recomendar a un detenido que no declarara.

A juicio de esta comisión jurídica, las actuaciones antes relatadas podrían perseguir generar una imagen de peligrosidad social de los manifestantes, equiparándolos a "enemigos" de la sociedad, para así justificar las reformas legislativas recientemente anunciadas (Ley de Seguridad Ciudadana y Código Penal). Únicamente tres de las 21 personas detenidas el día 22 fueron objeto de petición de medidas cautelares (en concreto, prisión preventiva) por parte de la fiscalía. Esta petición se ha vuelto a repetir con un cuarto detenido un día después, acusado de los mismos hechos, medidas que solo se han acordado finalmente respecto a uno de los detenidos, poniéndose así de manifiesto la desproporcionada actuación policial durante la manifestación, especialmente a partir de las 20.40 horas del día 22 en la Plaza de Colon.

La única persona que a consecuencia de los anteriores hechos se encuentra en la actualidad en prisión preventiva ha visto rebajada la calificación inicial de los hechos imputados a un delito de lesiones, no existiendo ningún cargo por intento de homicidio contra ninguno de los manifestantes detenidos. Pese a ello, la Delegación de Gobierno ha vuelto a redoblar la campaña mediática, pidiendo nuevamente una modificación de los delitos que se le imputan; una nueva muestra del escaso respeto a la separación de poderes de la que suele hacer gala el actual gobierno, signo de preocupante deterioro democrático. No podemos dejar de señalar que una persona se encuentra en estos momentos privada de libertad, sin que se haya acreditado en ningún momento su participación en los hechos o las manifestaciones que el atestado policial le atribuye. Mantendremos todos los esfuerzos jurídicos necesarios para su puesta en libertad.Por ello, esta comisión jurídica entiende que:

1. Deben ser investigadas en sede judicial las declaraciones previas a la manifestación
efectuadas por distintos responsables políticos disuadiendo a los ciudadanos para acudir a la anterior, así como tachándolos de agitadores y vándalos.

2.-Deben ser investigadas en sede judicial las detenciones e identificaciones que de forma masiva se han producido respecto a las personas que se trasladaban a Madrid en autobús para participar en las Marchas de la Dignidad.

3.-Deben ser investigada en sede judicial la actuación policial emprendida a las 20.40 horas del día 22 de marzo en la plaza de Colon antes de concluir la manifestación, así como su relación con la aparición en los noticieros de televisión de las 21h de estas cargas policiales y los posteriores altercados producidos a raíz de dicha actuación policial.

4.-Deben ser investigadas en sede judicial la difusión de imágenes de supuestas armas incautadas a los manifestantes que posteriormente se han demostrado falsas.
5.-Deben ser investigados en sede judicial los malos tratos recibidos por los detenidos en las dependencias policiales, por sus familiares y por alguno de los abogados defensores actuantes.

Por todo lo anterior, este equipo jurídico ha recomendado a los organizadores de las Marchas de la Dignidad 22M que se emprendan las correspondientes acciones legales para depurar las anteriores responsabilidades, incluida en su caso la interposición de querellas criminales contra los responsables de las mismas, por haber vulnerado la normativa aplicable a las actuaciones policiales así como los derechos fundamentales de manifestación, reunión, expresión, al honor, y a la participación en losasuntos públicos, estando a la espera de que las organizaciones convocantes decidan las acciones a emprender.


Comisión Jurídica Marchas 22M

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