COMISIÓN EUROPEA
VIENTOSUR
26 NOVIEMBRE 2021
Detalle del cable subterráneo de interconexión eléctrica entre Francia y España. https://elperiodicodelaenergia.com/
El pasado
viernes la Comisión Europea (CE) presentaba la 5ª lista de Proyectos de Interés Común (PIC), el hardware para
la futura Unión de la Energía Europea, siendo el Plan Juncker el software financiero para
su construcción. Mediante este ambicioso plan de interconexión energética entre
los Estados miembros, se planea ir integrando, gradualmente, los sistemas
energéticos estatales bajo el supuesto de que esto permitirá aumentar
la potencia renovable, asegurar el suministro y reducir
los costes del sistema. Así, bajo el supuesto bien común, se
abre una serie de ventajas para las promotoras de estos proyectos, que van
desde una agilización de trámites y plazos, hasta la financiación parcial de la
ejecución de los mismos.
El nuevo
listado confirma todos nuestros miedos, pues consolida 3 proyectos de
interconexión eléctrica entre España y Francia: tres grandes autopistas
eléctricas o líneas de Muy Alta Tensión (400 kV) para la evacuación de la
ingente cantidad de energía renovable que se espera generar en el territorio
peninsular en su nuevo rol de principal productora renovable para Europa. En
concreto, dicha lista incluye el proyecto de interconexión eléctrica submarina a través del Golfo de
Bizkaia junto a otros dos que atravesarían los Pirineos, uno por Aragón y otro por
Navarra. Y confirma nuestros miedos porque, si bien los argumentos
que esgrime la Comisión Europea podrían parecer incontestables en un escenario
de crisis climática y energética, veremos, a poco que rasquemos, que tras ellos
hay mucho más discurso que realidad contrastable.
Del mismo
modo que el diámetro de una tubería nos habla de la cantidad de líquido que
esta puede desplazar, la capacidad de las redes eléctricas establece la
cantidad de energía que puede transportar. Así, las interconexiones
incrementarían la capacidad de la red para absorber la nueva producción renovable generada
en la península y, al conectar los sistemas eléctricos de distintos estados,
darían acceso a los productores a los mercados europeos. Sin embargo, la CE, en
vez de establecer un determinado objetivo de capacidad de interconexión entre
estados acorde con las necesidades y capacidades de cada uno, ha impuesto arbitrariamente que esta capacidad debe alcanzar en todos los
casos el 15 % de la potencia instalada en cada uno de ellos. De esta
perversa manera, lejos de limitarse la producción energética al consumo de un
determinado territorio, todo aumento de la potencia exigirá el correspondiente
aumento de la capacidad de interconexión, un auténtico círculo vicioso que
amenaza con no parar nunca y que resulta contrario a los principios de
anteponer la eficiencia energética y reducir el consumo y el despilfarro de
energía que hipócritamente pregona la UE.
La
creación de esta gran red continental facilita que los severos impactos
asociados a estos mega proyectos tengan que ser asumidos por
territorios muy alejados de aquellos que motivan su construcción y que se
beneficiarán de la energía transportada. Toda una actualización verde de las
clásicas prácticas extractivistas que, en un doble tirabuzón hacia delante,
implementan un nuevo ciclo extractivista sin precedentes. Y no solo por la cantidad de minerales que requiere la futura
infraestructura renovable, sino por el proceso de especialización territorial que
da alas a una falsa transición energética que no contempla límite alguno a los
deseos de consumo que impone a la ciudadanía. Vemos así como el providencial
sol y el impetuoso viento de algunas zonas se convierte en una condena para sus
habitantes, recordándonos a esa niña iraquí que rezaba aquello de que «ojalá no
tuviéramos petróleo». Pero no olvidemos que las interconexiones lo mismo llevan
que traen electricidad, que la interconexión proyectada a través del Golfo de
Bizkaia tiene como destino la central nuclear de Blayais y que Francia acaba de
anunciar la construcción de nuevas centrales nucleares: más que de una condena,
deberíamos hablar sin ambages de una auténtica estafa.
Por si
fuera poco, este modelo de transición energética, basado en la ominosa figura
del megaproyecto, desata un ataque
a la biodiversidad sin precedentes justo en un momento en el que esta se erige
como garante de adaptación al cambio climático. Y así, mientras las
ciudades, verdaderos sumideros de consumo energético, desoyen su
responsabilidad en esta transición, mega centrales eólicas y solares aterrizan
como una tormenta perfecta sobre el mundo rural. Tal planteamiento levanta un
verdadero muro entre el consumidor y el entorno, invisibilizando las profundas
implicaciones geopolíticas de unos niveles de consumo imposibles de satisfacer
mediante fuentes renovables, tal como apuntan cada vez más voces expertas. Es
decir, que, bajo la lógica del ojos que no ven, corazón que no siente,
se genera la base material para que la ciudadanía consuma todo lo que le plazca
para mayor gloria del capital privado, que hace tiempo que convirtió la energía
en una mercancía y que se empeña, frente a todas las señales de naufragio, en
que la orquesta siga tocando bien fuerte.
Resulta
paradójico, además, que, para asegurar el suministro, la apuesta de la CE sea
la construcción de unos pocos cables de gran potencia, cuando la experiencia
nos dice que las redes basadas en grandes líneas de transporte eléctrico son
poco resilientes —especialmente en un contexto de crisis climática y
energética— y pueden generar apagones de dimensiones internacionales. La propia ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico descartaba,
en unas recientes declaraciones, la posibilidad de un gran apagón eléctrico en
el Estado español precisamente por la naturaleza del sistema eléctrico ibérico,
menos interconectado con Europa que el de otros estados, aunque,
paradójicamente y al mismo tiempo lamentase que la interconexión fuese inferior
a la deseada por el Gobierno. Pero si el objetivo que se busca es
aumentar la resiliencia de los sistemas eléctricos, la consecuencia obvia que
debería extraerse es que tiene mucho más sentido apostar por un mallado de la
red distribuido que acerque la nueva generación renovable a los verdaderos
sumideros de consumo del mundo urbano. Este modelo, contrario al centralizado
que pretenden imponernos, resultaría más eficiente y aprovecharía las virtudes
inherentes a las energías renovables, entre ellas, la posibilidad de devolver
la energía a las personas como un bien común y un derecho humano, y no como una
mercancía sometida a la lógica del mercado.
Cabría preguntarse si esta integración
de sistemas eléctricos permitiría verdaderamente reducir los costes de la
electricidad, y en caso afirmativo, cómo se repartiría esta potencial
reducción. Tal como indicábamos anteriormente, las interconexiones permiten una
mayor integración de renovables a nivel europeo. De este modo, podrían reducir
el coste de la electricidad si logran sustituir la operación de fuentes más
caras, como lo son actualmente las plantas de gas natural, causantes del
elevado precio de la electricidad. Esta potencial reducción de costes en el
continente arroja, sin embargo, efectos bien distintos cuando analizamos la
realidad local de estas zonas de producción renovable.
Con el
mismo criterio, si el aumento de la producción renovable en el Estado español
buscase satisfacer su propia demanda eléctrica, podría teóricamente abaratarse
el precio de la electricidad. Y decimos teóricamente porque
las habituales prácticas del oligopolio nunca han permitido que ningún aumento
de la potencia renovable resulte en una bajada del precio de la luz, sino más
bien en un sostenido incremento de sus beneficios anuales. Pero incluso
quedándonos en la teoría, si el desarrollo renovable en el Estado español va
acompañado de la construcción de un gran mercado energético europeo, el aumento
de producción renovable vendrá acompañado de un aumento mucho mayor del número
de consumidores conectados a esa nueva producción. Y aquí la ley de la oferta y
la demanda es implacable: los costes de la electricidad se verían reducidos
para las zonas importadoras, mientras que se aumentaría la factura de la luz de
las zonas exportadoras. Y todo esto sin hablar de la otra cara de la moneda, de
la capacidad de las interconexiones para repartir por toda Europa electricidad
sucia proveniente del carbón. De hecho, ya hay estudios que avisan de que un aumento de las interconexiones solo
serviría para aumentar las emisiones de la Unión.
Por
añadidura, la inversión necesaria para la construcción de estas autopistas
eléctricas ha de ser afrontada por los estados que las alojan, en nuestro caso
y como bien sabemos, vía factura de la luz. Así que olvidémonos
definitivamente del abaratamiento de los costes del sistema,
que incluso José Folgado, entonces Presidente de REE, reconocía en abril de 2015,
al ser preguntado sobre si las interconexiones eléctricas abaratarían la
factura de la luz, que estas facilitarían «precios competitivos», pero
advirtiendo que esto no supondría obligatoriamente que los precios de la luz
bajasen, sino «que sus costes en España no se diferencien tanto de cómo
evolucionan los del resto de los países europeos» —un buen ejemplo de cómo los
vendedores no usan las mismas palabras cuando se dirigen a sus clientes que
cuando explican el negocio a sus accionistas.
La actual
agenda europea pone en serio peligro la oportunidad de una transición
energética justa que dé respuesta a los retos ecosociales que tenemos delante.
Haciendo oídos sordos a los límites que entraña necesariamente una transición a
fuentes renovables, se ha decidido sacrificar el Sur del continente para
intentar saciar, doblemente, el hambre ilimitado de energía barata por parte
del mundo urbano y de beneficios por parte del capital. Es de urgencia instar
al Parlamento Europeo a rechazar este 5º listado de PIC y a iniciar, cuanto
antes, un plan de transición energética que, tal como prometía la UE a través
del Paquete de Invierno, priorice la reducción del consumo, el uso
eficiente de la energía, el autoconsumo energético y que —añadimos nosotras—
destine el dinero público a que la energía vuelva a ser un bien común.
25/11/2021
Grupo de Trabajo de Modelo Energético
del colectivo ALIENTE (Alianza Energía y Territorio)
