Las
políticas de Menem que inspiran a Milei y los ultraderechistas
TERCERAINFORMACION /
03.01.2024
Las privatizaciones de los
’90, entre los negociados y los fracasos.
De cara al revival
noventista, conviene recordar el perjuicio estructural que provocó en
muchos casos el proceso de las privatizaciones.
En la Argentina, las privatizaciones
masivas y corridas por la urgencia macroeconómica ya fueron probadas y el
resultado fue en general muy malo. La experiencia con Aerolíneas Argentinas
en manos españolas, la gestión de los franceses en Aguas Argentinas, el manejo
de YPF por parte de Repsol y la destrucción del sistema ferroviario nacional
dan cuenta de algunos de los fracasos más rotundos en esta materia. Sin
embargo, la nueva experiencia neoliberal, esta vez liderada por
Javier Milei, va otra vez por todo. Conviene entonces hacer un ejercicio de
memoria.
Un mes luego de la asunción adelantada de Carlos
Menem y en medio de la crisis hiperinflacionaria, el Congreso aprobó la Ley
de Reforma del Estado, herramienta que dio luz verde a las privatizaciones.
Se alinearon los planetas: el gobierno necesitaba reducir el déficit
fiscal, que achacaba al mal funcionamiento de las empresas públicas, y
solucionar el problema de la deuda, que logró canjear por las “joyas de la
abuela”, había entusiasmo en capitales foráneos en hacerse a precio de ganga de
activos estatales y presión norteamericana para aplicar reformas
neoliberales.
De acuerdo con Juan José Carbajales, de la
Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), en la década de los ’80 existían
en el país casi 300 empresas estatales. Los primeros años del menemismo fueron
una carrera de privatizaciones. El corto período en el cual se concretaron una
enorme cantidad de ventas de empresas estratégicas fue formidable: la primera
fue ENTel, repartida entre Telecom y Telefónica de España.
Como enumera Juan Pablo Csipka, luego fue el turno
de los canales 11 y 13 y en los meses siguientes se vendieron Aerolíneas
Argentinas, los trenes, los peajes, Segba, Obras Sanitarias de la Nación,
el correo, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Somisa y Gas del
Estado, ésta última con el “diputrucho” incluido. En 1992 se concretó
la venta de YPF, tal vez la más importante de todo el proceso privatizador.
También se vendió la Empresa Líneas Marítimas (ELMA) y centrales generadoras de
energía eléctrica, como Puerto Nuevo, Costanera, Dock Sud y Pedro de Mendoza.
Memoria
— ¿Qué similitudes y diferencias es
posible detectar en el actual postulado privatizador respecto de la
experiencia menemista?, le preguntó este diario al economista Alberto
Muller, director del Centro de Estudios de la Situación y Perspectivas,
dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires.
–Veo más similitudes que diferencias. El
argumento aparente es terminar con el déficit fiscal, asignando a las empresas
públicas el grueso de la responsabilidad por el mismo. Esto no es así, porque
solamente los ferrocarriles y AYSA son empresas públicas cuyo déficit tiene
algún peso, a nivel nacional. YPF y Banco Nación no son deficitarias;
Aerolíneas lo fue, pero con una clara tendencia decreciente. El grueso
del “déficit” de las empresas públicas se encuentra en realidad en el sector
energético, en particular, el eléctrico, y es esencialmente el resultado de la
política de subsidiar el consumo. No es un tema de eficiencia, sino de
tarifas, y la solución no es la privatización.
Al igual que en los ’90, creo que el propósito
central de las privatizaciones es fiscal: la Argentina enfrenta una deuda de
muy difícil gestión. Si en los ’90, el eje pasaba por encontrarle una salida a
los bancos que habían sobreprestado a los países emergentes, llevando a la
“crisis de la deuda” de los ’80, ahora pasa por arribar a una solución
viable para el ingente endeudamiento con el FMI.
No se trata en ambos casos de vender empresas
deficitarias, sino de vender empresas que fueran atractivas para el sector
privado, para reducir el endeudamiento. La principal diferencia es que ahora
hay poco para vender. En 1989, había un lote de empresas industriales
estatales (en los sectores siderúrgico y petroquímico), que hoy ya no
pertenecen al Estado. Esto explica que el Banco Nación haya pasado a
integrar la lista de lo privatizable, cuando en los ’90 no estuvo en ese lugar,
y de hecho contribuyó en alguna medida a paliar los efectos de la crisis
financiera de 1995.
— ¿Cómo caracteriza el resultado de
aquel proceso privatizador? ¿Cuáles fueron las peores experiencias? ¿Hay alguna
que a la luz de los años haya tenido un resultado positivo?
— Un aspecto característico de las
privatizaciones de los ’90 fue la completa ausencia de principios de
política sectorial. De allí que el protagonismo haya sido, en muchos
ámbitos, el de economistas formados en economía de la regulación, una rama que
pretende basarse en principios generales para la gestión de los sectores, con
independencia de cualquier otro propósito. La doctrina de la regulación
económica generalmente pone el eje en la conformación de mercados competitivos,
o en desarrollar mecanismos con alguna analogía con aquéllos, cuando se trata
de monopolios naturales.
Fue así como se abandonó el programa
nuclear, deteniéndose la construcción de AtuchaIIy llevando a la vía
de la extinción a la Comisión Nacional de Energía Atómica (algo que no ocurrió
sólo porque la Convertibilidad se derrumbó antes). En el caso del modo
ferroviario, se reconoció la importancia del servicio metropolitano del AMBA (y
de hecho se lo subsidió); pero en el caso de las cargas, quedó en manos
de privados sin compromisos reales de inversión o de logro de metas.
La eficiencia operativa aumentó, pero al costo
de mantener un ferrocarril con tráficos acotados, y
fuertemente subinvertido en infraestructura. El ferrocarril que
volvería a privatizarse ha sido reequipado por el Estado en material rodante, y
en medida más acotada en infraestructura; las líneas en manos privadas
presentan un fuerte déficit en relación a ésta última. Por otro lado, hubo
gruesos fracasos en la privatización del servicio metropolitano, cuyo punto más
evidente fue la seguidilla de accidentes que culminó con la tragedia de
Once, en 2012.
— ¿Cómo describe el proceso privatizador
en el sector energético?
–En cuanto al sector de gas y petróleo, fue
claro el desinterés del sector privado en desarrollar nuevas reservas, al
tiempo que se intensificó la explotación de las existentes; esto dio lugar a
una persistente declinación de la producción de hidrocarburos
convencionales (desde 1998 en petróleo y desde 204 en gas), siendo que
la recuperación posteriores obedece en gran medida a la decisión estatal de
impulsar el aprovechamiento de reservas no convencionales.
El sector de generación y distribución eléctrica
tuvo un desempeño dispar. En cuanto a la generación, hubo un incremento
fuerte en la capacidad, fruto tanto de la entrada en servicio de unidades
hidroeléctricas (Piedra del Águila, Yacyretá) como del aprovechamiento de la
entonces nueva tecnología de ciclo combinado. Pero fue visible la detención
de fuentes alternativas a las térmicas convencionales, hasta que el Estado
no retomó el programa nuclear e impulsó las centrales del río Santa Cruz, e
impulsó también las fuentes no convencionales.
En el rubro de agua y saneamiento
básico, se acumularon los fracasos por incumplimientos, y las redes
retornaron en gran medida a la gestión estatal. Lo hecho mediante AySA en
términos de nuevas obras de captación y tratamiento supera largamente lo
logrado por Aguas Argentinas.
Fuente: Página 12
