EL DRAMA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
Defensa renegocia una
deuda de 26.000 millones que no puede pagar
El plazo
para abonar tanques, aviones y fragatas se alargará cinco años hasta 2030
Para
atender los compromisos hacen falta 2.500 millones al año
Carro de
combate Leopard, durante el desfile del Doce de Octubre de 2002, que fue
prestado a España para esta parada. / RICARDO GUTIÉRREZ
Si el dueño de una casa
deja de pagar la hipoteca, el banco no dudará en embargarla. Pero si el Ministerio
de Defensa no abona las anualidades de un buque de guerra, un carro
de combate o un cazabombardero, ¿quién se atreverá a embargarlos?
La situación puede
parecer surrealista, pero es real. Las Fuerzas Armadas españolas han abordado
en la última década un proceso de modernización sin precedentes.
Aunque tienen algunas carencias clamorosas y parte de su material está
obsoleto, disponen de algunos de los armamentos más avanzados del mundo: el
caza EF-2000, el tanque Leopardo o la fragata F-100, cuyo sistema de combate es
capaz de integrarse en el futuro escudo antimisiles.
Es verdad que muchos de
estos proyectos tenían un objetivo más industrial que militar —permitir la
privatización de una empresa pública o su integración en un consorcio
multinacional— y que nunca existió un planeamiento global, que permitiera
asignar los recursos en función de las prioridades de los ejércitos. Pero ello
fue posible porque se abusó de la compra a crédito, engordando una deuda que
toca pagar ahora, en el peor momento.
La factura global de los
llamados programas especiales de armamento —19 sistemas de armas que, en su
mayoría, incorporan nuevas tecnologías— suma 30.000 millones de euros, en torno
al 3% del PIB español, de los que Defensa ha pagado hasta ahora algo menos de
5.000.
Los
expertos sugieren condonar 15.000 millones de créditos de Industria
Los restantes 26.000
millones deberían abonarse a las empresas en sucesivas anualidades hasta el año
2025, pero los propios responsables de Defensa reconocen que eso es imposible
sin un drástico aumento del presupuesto, lo que resulta impensable cuando
España se ha marcado como objetivo prioritario reducir el
déficit al 6% al final de este año y al 3% en 2013 (con datos de
2010, el déficit del conjunto de las administraciones es del 9,2% del PIB).
Ya en 2011 el Ministerio
de Defensa se ha visto en serios apuros para atender sus obligaciones. La
partida que recibió para pagar esos 19 grandes programas fue de 204,5 millones,
inferior en 543 a
la inicialmente prevista. Gracias a los créditos de Industria logró llegar a
los 1.000 millones y aun así faltaron 690 para cumplir los compromisos
adquiridos con las empresas.
Carme
Chacón. /
Si se tratara de un
problema coyuntural, bastaría con posponer los pagos. Pero la situación no será
mejor sino que se agravará en el futuro. El programa de pagos se diseñó de tal
forma que en los primeros años, los de bonanza económica, las cuotas eran
reducidas; mientras que ahora, en plena crisis, su cuantía se multiplica, hasta
el punto de que a partir de 2014 será superior a la suma de todo el capítulo de
inversiones del ministerio: 1.005 millones en 2011.
Según fuentes de Defensa,
mantener los plazos previstos supondría que en 15 años las Fuerzas Armadas no
podrían hacer ninguna nueva inversión y aun así no bastaría. Cuando se decidió
la adquisición de las nuevas armas no se tuvo en cuenta el alto coste que
supone mantenerlas operativas: más de 400 millones anuales ahora y 800 millones
a medio plazo. En conjunto, según los cálculos de Defensa, harían falta 1.500
millones de euros más al año para cumplir lo comprometido.
En su comparecencia ante
el Congreso de octubre pasado, para presentar los presupuestos de este año, el
secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, ya se
refirió en términos muy duros a la política que ha llevado a esta situación. “No
deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a utilizar, para
escenarios de confrontación que no existen y, lo que es más grave, con un
dinero que no teníamos entonces ni tenemos ahora”, admitió. Méndez precisó
después que, “de los 27.000 millones de deuda”, a las legislaturas del PP
corresponden “23.000 y pico millones”, y a las dos últimas del PSOE, “3.000 y
pico”.
Si tal alegría
presupuestaria fue posible —“irresponsabilidad” la llamó Méndez— es porque los
gastos de Defensa tuvieron un fuerte crecimiento a principios de este siglo,
hasta llegar a 8.500 millones en 2008. Desde entonces han caído un 16%,
limitándose este año a 7.154 millones.
Además, Defensa contaba
con los ingresos derivados de la venta de viviendas y solares ocupados por
antiguos cuarteles, pero el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha secado ambas
fuentes de ingresos. Si entre 2004 y 2007 se generaron por estos conceptos unos
500 millones anuales, en 2009 fueron 148 millones y en 2010 solo 100.
Con todo, lo que ha mantenido
en pie el sistema son los créditos sin interés que, por unos 15.000 millones de
euros, ha concedido el Ministerio de Industria a las empresas. El problema es
que ahora toca devolverlos.
Como todo acreedor que no
puede atender sus obligaciones, lo primero que se ha planteado Defensa es la
reestructuración de su deuda. Fuentes de dicho departamento confirman que se
está negociando con Hacienda una reprogramación de los pagos, de forma que los
plazos se alarguen cinco años: del 2025 al 2030. Las empresas aceptarán si
pueden aplazar a su vez la devolución de los créditos a Industria.
Las mismas fuentes
reconocen que esta medida solo permitirá un alivio pasajero, sin resolver el
problema de fondo. Un estudio editado por Defensa propone traspasar la deuda a
un organismo público de nuevo cuño que se encargaría de gestionarla; o bien que
las devoluciones a Industria generen automáticamente nuevos fondos para
Defensa. Algunos expertos sugieren lisa y llanamente la condonación de los
créditos de Industria con el argumento de que, en realidad, no se trata de una
deuda de las empresas con el Estado sino de un ministerio con otro, pero eso
supondría computar los 15.000 millones como déficit, y no parece la mejor coyuntura
para hacerlo.
Se
venden tanques y aviones
La resolución del
problema de la deuda pasa por suprimir algunos programas de armas o, al menos,
reducir el número de unidades, según todas las fuentes consultadas. Seguramente
es tarde para renunciar al EF-2000 o al Leopard, pero no para cuestionarse si
España necesita 87 cazabombarderos o 235 carros de combate.
El problema es que
recortar el pedido puede suponer penalizaciones económicas, disparar el coste
unitario y poner en graves dificultades a empresas emblemáticas del sector. Un
ahorro mal meditado podría dar al trastre con buena parte de las ventajas
obtenidas en programas multinacionales.
Por eso, el Ministerio de
Defensa busca una tercera vía que le permita reducir su pedido sin incumplir
sus compromisos. Por ejemplo, traspasando a terceros países algunas de las
unidades destinadas a España. Si se consuma la venta de 200 carros Leopard a
Arabia Saudí, los 50 primeros podrían proceder del pedido español y un fórmula
similar sería de aplicación al EF-2000, como ya ha demostrado Reino Unido.
PSOE y PP no se ponen de
acuerdo sobre quién tiene la responsabilidad de haber engordado la bola nieve.
Según Defensa, en las legislaturas del PP se comprometieron programas por más
de 23.000 millones y, en las del PSOE, por algo más de 3.000. Sin embargo, en
el último Consejo de Ministros se aprobó la segunda serie de los Buques de
Acción Marítima por lo que la deuda se ha engordado en 740 millones.
En lo que ambos partidos
están de acuerdo es en que el calado de las medidas necesarias —recorte de
programas, reducción de pedidos o condonación de créditos— requiere un pacto de
Estado. Aunque nunca antes de las próximas elecciones.
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